Para el abogado Nizar El Fakih, la inclusión del delito de conspiración para cometer tortura en el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Distrito Sur de Nueva York introduce una dimensión diferente en el caso y podría ampliar el número de personas involucradas.
El Fakih fue uno de los invitados de este martes 13 de octubre en La Conversa de la Alianza Investiga (ARI) de Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.
En el programa semanal estuvieron Ronna Rísquez, directora de ARI; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes.
El Fakih dijo que con esta modificación, Maduro y Flores quedan formalmente acusados de cinco delitos: terrorismo, narcotrafico: terrorismo, narcotráfico, posesion de ametralladores y equipos destructivos, y ahora conspiración para cometer tortura.
El abogado explicó además que a Cilia Flores se le incorporó el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que figuraba en la acusación original contra Maduro, pero no contra ella.
El Fakih destacó que la nueva imputación tiene características distintas de los delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, debido a que introduce una teoría del caso centrada en la existencia de presuntas víctimas.
Nueve víctimas
Uno de los elementos que distingue la nueva acusación es la referencia a nueve víctimas que no son identificadas públicamente en el documento.
Según El Fakih, el delito de conspiración para cometer tortura no es equivalente al delito de tortura como hecho consumado.
“Una cosa es conspirar, acordar o articular acciones para cometer un delito y otra es ejecutar directamente estos actos”, dijo el profesional del derecho.
El abogado señaló que esta figura puede aplicarse extraterritorialmente a personas que no sean estadounidenses.
“La acusación no menciona únicamente a víctimas estadounidenses, sino que contempla esa posibilidad sin excluir a otras personas”, expresó El Fakih.
A su juicio, los testimonios de las presuntas víctimas podrían tener un peso importante si el caso llega a juicio, porque permitirían exponer ante un jurado experiencias concretas, a diferencia de los cargos relacionados con narcotráfico, que no requieren identificar víctimas individuales.
¿Por qué el cargo de tortura no apareció desde el principio?
El Fakih indicó que la incorporación de nuevos delitos puede responder al desarrollo de las investigaciones y a la recopilación de elementos probatorios.
“En los procesos penales federales estadounidenses, la Fiscalía debe reunir pruebas, establecer una teoría del caso y contar con testimonios que permitan determinar cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Posteriormente, la acusación debe pasar por un gran jurado, que evalúa si existen elementos suficientes para formalizar los cargos”, dijo
El abogado explicó que estos procedimientos pueden prolongarse durante meses o años.
“Además, por razones estratégicas, una acusación puede haberse formalizado sin que se haga pública inmediatamente”, añadió.
El abogado recordó que la acusación contra Maduro se remonta a 2020, aunque en ese momento no figuraban Cilia Flores ni Nicolás Maduro Guerra en los mismos términos que se discuten actualmente.
El caso podría involucrar a otros funcionarios venezolanos
La acusación hace referencia reiterada a Maduro y Flores junto con otros funcionarios venezolanos, altos cargos y personas que ocupan posiciones de confianza pública.
Para El Fakih, esa formulación permite advertir que la Fiscalía está planteando un caso que podría abarcar una estructura más amplia que la de los dos principales acusados.
El abogado no descartó que puedan surgir nuevos nombres, aunque subrayó que no es posible hacer afirmaciones definitivas mientras continúe el proceso.
También explicó que las autoridades estadounidenses no pueden revelar libremente la identidad de personas vinculadas a acusaciones que todavía no han sido hechas públicas.
Fiscalía habla de múltiples testigos y posibles cooperantes
Otro aspecto relevante es la referencia a múltiples testigos que podrían colaborar con la Fiscalía.
El Fakih sostuvo que esa expresión apunta a un universo de personas más amplio que los nombres que han aparecido públicamente en relación con el caso.
Entre ellos mencionó a Clíver Alcalá Cordones y Hugo “El Pollo” Carvajal, cuyos procesos judiciales se encuentran en etapas diferentes.
El abogado explicó que una persona procesada, acusada e incluso sentenciada puede llegar a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía federal, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.
“Para que esa colaboración sea aceptada, debe resultar útil, novedosa y verificable. El proceso requiere evaluaciones y trámites que pueden tomar tiempo, por lo que la identidad y el alcance de los eventuales cooperantes todavía podrían tardar en conocerse”, dijo El Fakih
Defensa conocerá pruebas antes de un eventual juicio
El Fakih explicó que la Fiscalía tiene la obligación de revelar a la defensa los elementos probatorios que pretende utilizar durante el juicio.
“Parte de ese material ya habría sido comunicado de forma confidencial a los abogados de Maduro y Flores”, apuntó.
Agregó que no todas las pruebas se entregan bajo las mismas condiciones.
Indicó que algunos elementos considerados sensibles pueden estar sujetos a órdenes de protección y restricciones de acceso.
El abogado señaló que la defensa conocerá las pruebas que se presentarán en un eventual juicio antes de que comience esa fase, aunque no todo el material se encuentre disponible públicamente en la etapa actual.
Inmunidad de Maduro y Flores sigue pendiente de decisión
La situación jurídica de ambos acusados también está marcada por la solicitud de inmunidad.
El abogado recordó que la inmunidad de un jefe de Estado reconocido por Estados Unidos puede impedir su procesamiento mientras ejerce el cargo, pero señaló que esa protección está vinculada al ejercicio de las funciones y al reconocimiento correspondiente.
El Fakih mencionó el reconocimiento estadounidense de Delcy Rodríguez como jefa de Estado y las implicaciones jurídicas que puede tener esa decisión.
No obstante, advirtió que el cese de esas funciones o del reconocimiento puede modificar el escenario. Por ello, consideró que la inmunidad y sus posibles consecuencias deben seguirse como parte de la evolución del proceso.
Solicitud de casa por cárcel de Flores coincidió con nueva acusación
Mediante una modalidad que podría incluir el arresto domiciliario, Flores solicitó libertad bajo fianza.
Según El Fakih, la petición no estaba prevista originalmente en el cronograma de la Corte.
El abogado expuso que la solicitud coincidió con la audiencia en la que se hizo pública la acusación sustitutiva que incorporó el cargo de conspiración para cometer tortura.
De acuerdo con El Fakih, Flores compareció individualmente en esa audiencia, en la que estaba previsto discutir su petición de libertad mientras continuaba pendiente la decisión sobre la inmunidad.
Eventual perdón presidencial tendría un costo político
El Fakih también abordó la posibilidad de que un presidente estadounidense conceda un perdón.
Explicó que esta figura responde a una facultad constitucional y constituye una decisión política, distinta de las figuras de amnistía e indulto tal como se entienden en Venezuela y otros países latinoamericanos.
Sin embargo, consideró que el costo político sería un factor relevante en un caso tan conocido como el de Maduro y Flores.
Como antecedente, mencionó el proceso contra el ex general panameño Manuel Antonio Noriega, quien fue capturado durante una operación militar estadounidense en Panamá y posteriormente procesado y condenado.
Según el abogado, el caso continuó bajo distintas administraciones demócratas y republicanas sin que se le concediera un perdón presidencial.
El Fakih también recordó que el proceso contra Maduro no comenzó con la administración de Donald Trump
“Sus antecedentes se remontan a años anteriores y la acusación de 2020 se mantuvo durante el gobierno de Joe Biden”, dijo.
Proceso todavía tiene capítulos por revelar
La nueva acusación, las posibles declaraciones de cooperantes, la identificación de las presuntas víctimas y la eventual aparición de otros funcionarios mantienen abierto el alcance del caso.
El Fakih insistió en que el proceso continúa en una fase preliminar y que todavía deben conocerse elementos importantes antes de sacar conclusiones definitivas.
El abogado situó el juicio para junio de 2027 y advirtió que aún quedan aspectos por aclarar sobre la inmunidad, las pruebas y las personas que podrían estar vinculadas a la investigación.
“Por ahora, la evolución del expediente dependerá de las próximas decisiones judiciales y de los elementos que la Fiscalía incorpore o haga públicos conforme avance el proceso”, dijo.
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