Reforma a ley del sistema eléctrico: Gobierno quiere inversiones, pero no suelta el enchufe

🇻🇪🏛️💡 Al revisar los primeros 95 artículos de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, vemos unos cambios que pueden modificar el funcionamiento del sistema eléctrico, en materia de propiedad, participación privada, control del Estado, tarifas, generación, distribución y derechos de los usuarios. Aunque la reforma plantea un cambio de modelo: conserva rectoría y control estratégico el Estado, pero abre espacios amplios a la inversión privada, la contratación de energía a precios de mercado y la explotación económica de instalaciones eléctricas. El Art. 4 sancionado en segunda discusión por la AN; establece que las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización son servicios públicos, pero podrán ser prestadas por personas públicas y privadas. El 20 reconoce cuatro tipos de operadores: Empresas propiedad exclusiva de la República; Empresas mixtas con participación pública superior al 50 %; Empresas privadas domiciliadas en Venezuela; Empresas operadoras de hidrocarburos. El 44 permite la generación eléctrica por empresas públicas, mixtas y privadas, siempre que cuenten con la habilitación correspondiente. “La electricidad sigue siendo declarada servicio público, pero su prestación deja de estar reservada” El Art. 23 Establece que CORPOELEC podrá celebrar contratos de asociación público-privada, rehabilitación, operación, mantenimiento y modernización sobre sus activos e instalaciones existentes. Es decir “podrían recibir responsabilidad de operar y explotar económicamente determinadas instalaciones eléctricas de CORPOELEC, conforme a un contrato”. La reforma permite separar: Propiedad de Instalaciones, el Control Operativo, y los Ingresos. La reforma permite separar esas tres funciones. También establece que los pasivos laborales, ambientales, contractuales y fiscales acumulados antes de los contratos no serán transferidos. El Art. 49 establece que los precios y condiciones de suministro entre empresas operadoras, generadores independientes y usuarios especiales podrán pactarse. El 50 permite a los usuarios especiales: Autogenerar electricidad; Contratar energía y potencia con empresas generadoras o comercializadoras; Construir líneas dedicadas; Utilizar las redes existentes pagando; Instalar sistemas de almacenamiento y vender excedentes. El 61 establece una diferencia Para los usuarios generales se mantiene el régimen tarifario fijado por el Estado. Para las operaciones entre agentes habilitados (especiales) se establece una actividad de mercado, con precios y condiciones pactados. Se crea la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional como instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio. (Artículos 15, 16 y 17) Entre sus facultades: Calcular la tarifa técnica de costo eficiente. Otorgar licencias y constancias de registro. Fiscalizar empresas públicas, mixtas y privadas. Ordenar auditorías. Regular el acceso a las redes. Dictar normas técnicas. Resolver reclamos en segunda instancia. Aplicar sanciones administrativas. Clasificar usuarios y establecer el umbral de gran consumidor. La reforma (Art. 45, 46, 47) facilita que empresas y particulares produzcan electricidad para sus propias necesidades y bajo determinadas condiciones, puedan incorporarla al sistema o comercializar excedentes. La autogeneración podrá operar independientemente del Sistema Eléctrico Nacional. Las instalaciones de autogeneración de 2 MW o más necesitarán habilitación. Las instalaciones inferiores estarán sujetas a registro técnico e interconexión. La generación distribuida renovable y las microrredes tendrán su regulación. El almacenamiento de energía se reconoce como una actividad de mercado. “Empresas económicamente más fuertes tengan mayor capacidad para garantizar su propio suministro” mientras que usuarios residenciales dependerán de lo público La reforma permite que personas jurídicas públicas, privadas y mixtas desarrollen proyectos (…) 1/2

1/ Reforma de la Ley Servicio y Sistema Eléctrico 🧵: Mientras Venezuela sigue a oscuras el interinato plantea una reforma eléctrica llena de discrecionalidad. Una reforma estética para no cambiar su lógica de corrupción y control.

Jorge Rodríguez dice que la nueva ley eléctrica “no promueve, en modo alguno, la privatización”. Sin embargo, dicen abrir la industria a la inversión privada, reconocen el fallo del socialismo, pero no sueltan el control. El Ministerio se convierte en una acabala y Corpoelec seguirá intacto. Lo que la ley deja en manos del Ejecutivo: • Nombra al superintendente que debe regular el sector. • Fija las tarifas junto con Finanzas. • Otorga las concesiones. • Es dueño de Corpoelec, que va a competir con los privados. Juez y parte. Con esas reglas no llega la inversión seria; llega la que tiene padrinos, es decir los enchufados. Rodríguez admite que hay “un tremendo problema eléctrico”. Es cierto, pero no cayó del cielo. Viene de la estatización de 2007 y de la ley de 2010 que aprobaron ellos mismos. Promete tarifas justas, indexadas y con subsidio. Pero la ley no trae fórmula: deja la tarifa a un reglamento que dictará el mismo Ejecutivo. ¿Quién paga el subsidio? ¿Con qué partida? ¿Qué pasa cuando al gobierno le convenga congelarla en un año electoral? Y los contratos: una comisión del gobierno escoge a los contratistas y se firman memorandos sin licitación pública conocida. Discrecionalidad sin transparencia es la receta exacta de la corrupción. No hay que inventar nada. La ley eléctrica de 1999 ya tenía regulador autónomo, mercado mayorista y concesiones con garantías para el inversionista. Lo que exigimos: 1. Un regulador elegido por concurso, con período fijo y que no se pueda destituir a capricho. 2. Una tarifa calculada con fórmula pública y un subsidio focalizado, pagado por el presupuesto y no escondido en la factura. 3. Licitación pública para toda nueva generación y rehabilitación, con contratos publicados. 4. Compensación justa y arbitraje internacional, como ya se aceptó en la ley de hidrocarburos. 5. Datos abiertos del sistema y un registro público de los dueños reales de cada empresa. Sí a la inversión privada. No a que dependa de la firma de un ministro.

🚨 | Con la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico, básicamente están permitiendo que se siga robando la electricidad. ¿Este es el cambio que queremos para Venezuela? PD: Y si vivo en una buena zona, pero no tengo cómo pagar la luz, ¿a mí sí me van a meter dos años preso? https://t.co/c2azdegBIc

🇻🇪🏛️💡 Al revisar los primeros 95 artículos de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, vemos unos cambios que pueden modificar el funcionamiento del sistema eléctrico, en materia de propiedad, participación privada, control del Estado, tarifas, generación, distribución y derechos de los usuarios. Aunque la reforma plantea un cambio de modelo: conserva rectoría y control estratégico el Estado, pero abre espacios amplios a la inversión privada, la contratación de energía a precios de mercado y la explotación económica de instalaciones eléctricas. El Art. 4 sancionado en segunda discusión por la AN; establece que las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización son servicios públicos, pero podrán ser prestadas por personas públicas y privadas. El 20 reconoce cuatro tipos de operadores: Empresas propiedad exclusiva de la República; Empresas mixtas con participación pública superior al 50 %; Empresas privadas domiciliadas en Venezuela; Empresas operadoras de hidrocarburos. El 44 permite la generación eléctrica por empresas públicas, mixtas y privadas, siempre que cuenten con la habilitación correspondiente. “La electricidad sigue siendo declarada servicio público, pero su prestación deja de estar reservada” El Art. 23 Establece que CORPOELEC podrá celebrar contratos de asociación público-privada, rehabilitación, operación, mantenimiento y modernización sobre sus activos e instalaciones existentes. Es decir “podrían recibir responsabilidad de operar y explotar económicamente determinadas instalaciones eléctricas de CORPOELEC, conforme a un contrato”. La reforma permite separar: Propiedad de Instalaciones, el Control Operativo, y los Ingresos. La reforma permite separar esas tres funciones. También establece que los pasivos laborales, ambientales, contractuales y fiscales acumulados antes de los contratos no serán transferidos. El Art. 49 establece que los precios y condiciones de suministro entre empresas operadoras, generadores independientes y usuarios especiales podrán pactarse. El 50 permite a los usuarios especiales: Autogenerar electricidad; Contratar energía y potencia con empresas generadoras o comercializadoras; Construir líneas dedicadas; Utilizar las redes existentes pagando; Instalar sistemas de almacenamiento y vender excedentes. El 61 establece una diferencia Para los usuarios generales se mantiene el régimen tarifario fijado por el Estado. Para las operaciones entre agentes habilitados (especiales) se establece una actividad de mercado, con precios y condiciones pactados. Se crea la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional como instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio. (Artículos 15, 16 y 17) Entre sus facultades: Calcular la tarifa técnica de costo eficiente. Otorgar licencias y constancias de registro. Fiscalizar empresas públicas, mixtas y privadas. Ordenar auditorías. Regular el acceso a las redes. Dictar normas técnicas. Resolver reclamos en segunda instancia. Aplicar sanciones administrativas. Clasificar usuarios y establecer el umbral de gran consumidor. La reforma (Art. 45, 46, 47) facilita que empresas y particulares produzcan electricidad para sus propias necesidades y bajo determinadas condiciones, puedan incorporarla al sistema o comercializar excedentes. La autogeneración podrá operar independientemente del Sistema Eléctrico Nacional. Las instalaciones de autogeneración de 2 MW o más necesitarán habilitación. Las instalaciones inferiores estarán sujetas a registro técnico e interconexión. La generación distribuida renovable y las microrredes tendrán su regulación. El almacenamiento de energía se reconoce como una actividad de mercado. “Empresas económicamente más fuertes tengan mayor capacidad para garantizar su propio suministro” mientras que usuarios residenciales dependerán de lo público La reforma permite que personas jurídicas públicas, privadas y mixtas desarrollen proyectos (…) 1/2

1/ Reforma de la Ley Servicio y Sistema Eléctrico 🧵: Mientras Venezuela sigue a oscuras el interinato plantea una reforma eléctrica llena de discrecionalidad. Una reforma estética para no cambiar su lógica de corrupción y control.

Jorge Rodríguez dice que la nueva ley eléctrica “no promueve, en modo alguno, la privatización”. Sin embargo, dicen abrir la industria a la inversión privada, reconocen el fallo del socialismo, pero no sueltan el control. El Ministerio se convierte en una acabala y Corpoelec seguirá intacto. Lo que la ley deja en manos del Ejecutivo: • Nombra al superintendente que debe regular el sector. • Fija las tarifas junto con Finanzas. • Otorga las concesiones. • Es dueño de Corpoelec, que va a competir con los privados. Juez y parte. Con esas reglas no llega la inversión seria; llega la que tiene padrinos, es decir los enchufados. Rodríguez admite que hay “un tremendo problema eléctrico”. Es cierto, pero no cayó del cielo. Viene de la estatización de 2007 y de la ley de 2010 que aprobaron ellos mismos. Promete tarifas justas, indexadas y con subsidio. Pero la ley no trae fórmula: deja la tarifa a un reglamento que dictará el mismo Ejecutivo. ¿Quién paga el subsidio? ¿Con qué partida? ¿Qué pasa cuando al gobierno le convenga congelarla en un año electoral? Y los contratos: una comisión del gobierno escoge a los contratistas y se firman memorandos sin licitación pública conocida. Discrecionalidad sin transparencia es la receta exacta de la corrupción. No hay que inventar nada. La ley eléctrica de 1999 ya tenía regulador autónomo, mercado mayorista y concesiones con garantías para el inversionista. Lo que exigimos: 1. Un regulador elegido por concurso, con período fijo y que no se pueda destituir a capricho. 2. Una tarifa calculada con fórmula pública y un subsidio focalizado, pagado por el presupuesto y no escondido en la factura. 3. Licitación pública para toda nueva generación y rehabilitación, con contratos publicados. 4. Compensación justa y arbitraje internacional, como ya se aceptó en la ley de hidrocarburos. 5. Datos abiertos del sistema y un registro público de los dueños reales de cada empresa. Sí a la inversión privada. No a que dependa de la firma de un ministro.

🚨 | Con la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico, básicamente están permitiendo que se siga robando la electricidad. ¿Este es el cambio que queremos para Venezuela? PD: Y si vivo en una buena zona, pero no tengo cómo pagar la luz, ¿a mí sí me van a meter dos años preso? https://t.co/c2azdegBIc