La gestión de la actividad petrolera en Venezuela atraviesa una transformación de facto y jurídica marcada por la opacidad, la arbitrariedad y el alto riesgo de captura cleptocrática.
Así lo advierte la ONG Transparencia Venezuela en su más reciente informe, que analiza la evolución del sector durante los primeros diez primeros meses de 2026.
Lejos de garantizar una reactivación transparente, la redistribución de campos y bloques ha estado acompañada de desplazamientos abruptos de actores históricos, la irrupción de empresas con beneficiarios finales no identificados y un vacío legal propiciado por la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH).
A continuación, las claves para entender este nuevo escenario de riesgo para la principal industria del país de acuerdo con los hallazgos de transparencia:
Consolidación de transnacionales bajo “cajas negras” contractuales
Gigantes como Chevron, ENI y Repsol han ampliado su control operativo, pero bajo condiciones de absoluta opacidad. Chevron aumentó su participación en empresas mixtas como Petropiar, Petroboscán y Petroindependencia, desplazando a socios minoritarios como Suelopetrol.
Sin embargo, la imposibilidad de acceder a los documentos de estas contrataciones impide saber si se mantienen las figuras de empresa mixta o si se han migrado a Contratos de Participación Productiva (CPP) y cuáles son las implicaciones fiscales reales para el país. De igual forma, ENI se quedó como operador exclusivo en Petrojunín (CPPH) y Petrosucre, mientras que Repsol obtuvo licencias en Quiriquire Gas.
El ascenso de Nabep y la sombra de Alejandro Betancourt
Uno de los movimientos más controversiales es el protagonizado por North American Blue Energy Partner (Nabep). Tras la venta de la participación de Harry Sargeant III, el empresario Alejandro Betancourt López tomó el control de la firma, de la que según anuncios recientes, el Departamento de Guerra de Estados Unidos tendría derechos futuros sobre un 35%.
Nabep ha absorbido bloques que antes estaban en manos de consorcios chinos (Sinopec, CNPC, China Concord) y rusos (Rozsarubezhneft/Petromost). Expertos alertan sobre la trayectoria de Betancourt, vinculado en el pasado a presuntos esquemas de sobreprecios, préstamos fraudulentos a Pdvsa y lavado de dinero.
Desplazamiento abrupto y vulneración de derechos de propiedad
La redistribución ha implicado la expulsión de facto de actores con derechos adquiridos, levantando alertas sobre la vulneración del derecho a la propiedad. Suelopetrol fue retirada abruptamente de Petroindependencia y Petrocabimas (cuya vigencia estaba prevista hasta 2039), luego de que sus directivos enfrentaran presuntas acusaciones políticas que los obligaron a salir del país en 2020.
De igual manera, DP Delta Finance BV de la familia Cisneros, anunció acciones legales tras perder su 40% en Petrodelta, cuyos campos fueron entregados a Pacific Coast Energy Co. (PCEC), reportó Transparencia.
Actores sin trayectoria y beneficiarios finales ocultos
El informe identifica una preocupación creciente por la capacidad técnica y la integridad de los nuevos adjudicatarios. PCEC, que recibió 12 bloques, es propiedad de Alshair Fiyaz, sin que estén garantizadas sus capacidades de inversión. UCC Holding, vinculada comercialmente al yerno de Donald Trump según investigaciones del New York Times y Armando.info, no muestra experiencia previa en hidrocarburos.
Otras firmas como Glenoil Energy, Primavera Infinita y Haxcon Internacional operan con estructuras accionarias opacas, compartiendo directivos con múltiples empresas o con antecedentes puramente de servicios, no de explotación.
El vacío legal de la reforma de la LOH de 2026
El marco jurídico actual facilita la discrecionalidad, de acuerdo con Transparencia Internacional. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos eliminó el requerimiento de aprobación de los acuerdos por parte de la Asamblea Nacional y la obligación de publicarlos en la Gaceta Oficial.
Esto, advierten, concentra un poder absoluto en el Ministerio de Hidrocarburos, sin una autoridad regulatoria independiente. Expertos como Francisco Monaldi y José Ignacio Hernández han señalado que esta falta de estabilidad jurídica y claridad en los derechos de comercialización ahuyenta la inversión genuina y fomenta la corrupción.
Lo que ocultan los contratos secretos: un riesgo fiscal y ambiental
El manejo confidencial de cada acuerdo impide a la sociedad venezolana conocer cinco aspectos críticos, según las conclusiones a las que llega Transparencia:
- La carga fiscal real (impuestos, regalías, costos recuperables) y si se seleccionó la opción más conveniente para el país.
- Las reglas auditables sobre medición, calidad y mermas de los volúmenes fiscalizados.
- El control de la operación, presupuestos y compras a empresas vinculadas.
- La asignación de responsabilidades por pasivos ambientales, pozos abandonados y costos de cierre.
- La gestión de riesgos, dado que el arbitraje internacional ha demostrado ser ineficaz para ejecutar laudos a favor de inversionistas en el contexto venezolano.
El llamado urgente a la rendición de cuentas
Ante la cooptación de la Contraloría y la Fiscalía, que guardan silencio ante estas irregularidades, Transparencia Venezuela insiste en un decálogo de exigencias para frenar la captura del Estado. Entre las más urgentes:
- Publicar todos los contratos y los beneficiarios reales de cada empresa adjudicataria.
- Que Pdvsa y la Contraloría auditen y hagan públicos los reportes de ventas de petróleo amparados por la Orden Ejecutiva nº 14.373 (operadores, precios, volúmenes y condiciones).
- Que el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio de Finanzas informen con detalle sobre las divisas y recursos recibidos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y su destino final.
- Exigir a entes como Minerven la misma transparencia en la venta de otras materias primas.
“No es posible dimensionar las mejoras en producción, ingresos o empleos si se mantiene la opacidad. La pregunta es si Venezuela está superando la captura cleptocrática de su principal actividad económica o si, por el contrario, se están sentando las bases para que nuevos actores se apoderen de ella”, concluye el informe.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
