Nicolás Maduro opera como el principal actor de intermediación dentro de una estructura de corrupción transnacional que ha desviado más de 36115 millones de dólares de las arcas públicas. Así lo establece un estudio presentado por la organización Transparencia Venezuela ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el cual cartografía las conexiones entre el régimen venezolano, economías ilícitas y redes de poder globales.
El documento, que analiza 154 casos de corrupción documentados entre 2013 y 2025 (de los cuales 110 han llegado a tribunales en 26 países), revela una “súper red” compuesta por 13521 actores, 30467 conexiones y 865 empresas.
En este entramado, Maduro ocupa el primer lugar en intermediación estructural, mientras que su esposa, Cilia Flores, se ubica en la novena posición.
La arquitectura de la “Captura del Estado”
Lejos de ser actos de corrupción aislados, el informe define la dinámica del régimen como una “captura del Estado”; un proceso mediante el cual las instituciones, leyes y recursos públicos han sido alterados estructuralmente para facilitar actividades ilícitas, garantizar la impunidad y generar recursos para el grupo en el poder.
El análisis distingue dos redes complementarias:
- La red de Nicolás Maduro: Se caracteriza por una concentración abrumadora en designaciones y ocupación de cargos (88,51% de sus relaciones directas). Su poder emisor se dirige principalmente a reconfigurar el aparato estatal, con foco en la política exterior (Cancillería), la renta petrolera (Petróleos de Venezuela S.A.) y la coordinación ejecutiva.
- La red de Cilia Flores: Presenta una composición distinta, actuando como un puente entre el poder político y el sector privado. Un 35,80% de sus interacciones son de tipo “socio-vinculado”, conectando a la “primera dama” con estructuras corporativas a través de intermediarios familiares y de confianza.
El negocio familiar
El informe desmonta la fachada institucional para exponer el nepotismo como columna vertebral del sistema. De los 29 familiares registrados en la base de datos de Transparencia Venezuela, al menos 17 han ocupado altos cargos públicos.
El caso más emblemático es el de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quien acumuló el control de la Tesorería de la Nación, la Vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa y el Fondo Simón Bolívar.
Otros casos destacados incluyen a Giuson Fernando Flores (hermano de Cilia), quien dirigió el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) hasta enero de 2026 tras pasar por la Procuraduría y la Contraloría, y Numidia Rocío Flores (prima), con roles clave en contrataciones públicas de la Asamblea Nacional.
El caso “Money Flight”
El estudio utiliza el caso “Money Flight”, actualmente bajo investigación en Florida, como la prueba tangible de cómo esta red opera. Entre 2014 y 2015, Pdvsa realizó pagos irregulares por 1200 millones de dólares a empresarios a una tasa preferencial, cuando la deuda real era de apenas 57 millones.
El informe señala que, durante la ejecución de estas operaciones, Maduro designó a su sobrino político, Malpica Flores, en cargos financieros clave de la petrolera. Además, el documento vincula al empresario fugitivo Raúl Gorrín, beneficiario de 68,2 millones de euros en esta trama, con sociedades cuyos titulares formales están conectados a Cilia Flores y sus hijos.
Corrupción electoral
La captura del Estado también se refleja en el uso de la maquinaria pública para fines partidistas y represivos.
El informe documenta 152 irregularidades durante la campaña presidencial de 2024, incluyendo el uso de recursos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la coerción a funcionarios públicos para promover la candidatura de Maduro, quien fue declarado ganador sin presentar las actas electorales.
Este control coercitivo del Estado tuvo un costo directo para los derechos humanos. Según datos de la ONG Espacio Público citados en el reporte, en 2024 se registraron 311 violaciones a la libertad de expresión. El régimen cerró al menos 23 medios de comunicación (principalmente radios en Zulia y Bolívar) y bloqueó 32 sitios web a través de Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y operadores privados, consolidando un entorno de intimidación para silenciar a la sociedad civil.
Una red resiliente
Transparencia Venezuela advierte que la arquitectura de esta red es altamente resiliente. Aunque Maduro concentra la máxima intermediación, las miles de conexiones internas entre los actores de su entorno inmediato (militares como Vladimir Padrino López y Nestor Reverol, gerentes de PDVSA y familiares) permiten que la estructura de corrupción y control se mantenga operativa incluso si el eje central es apartado.
De acuerdo a la ONG, la presentación de este informe ante las autoridades estadounidenses marca un paso estratégico para internacionalizar la rendición de cuentas, proporcionando a los fiscales un mapa detallado para rastrear activos, congelar bienes y perseguir a los beneficiarios de esta red transnacional.
“Esperamos que pronto esta personas puedan ser investigadas y procesadas para que rindan cuentas en Venezuela”, dijo la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país






