La Ley Constitucional Antibloqueo es una norma hecha a la medida para otorgarle a Maduro un amplio margen de maniobra, disponer sin cortapisas del erario público y favorecer el regreso de los fondos de la “boliburguesía”.
El último acto en agenda de la Asamblea Nacional Constituyente, con la forma de una “ley constitucional”, paradójicamente le confirió a Nicolás Maduro la potestad de “inaplicar” las leyes que considere según su propia conveniencia.
No bastó la emergencia económica, que ya tiene más de tres años, ahora complementada por una “alarma nacional” impuesta desde marzo con el pretexto de la pandemia. Era necesario darle más poder al Gobierno.
De allí que el texto aprobado por la ANC establezca en su artículo 19 que el Ejecutivo “procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral u otra medida restrictiva o punitiva”.
Para el exjuez Jesús Ollarves, esto raya en la locura.
“Si antes decíamos que había un déficit en cuanto al Estado de derecho, ahora podemos decir que hay un andamiaje seudolegal que le permite al régimen de Maduro quitarle vigencia y efectividad a cualquier norma del ordenamiento jurídico venezolano”, advirtió.
Según este docente y especialista en Derecho internacional económico, la Ley Antibloqueo posibilita que el régimen disponga del erario público en medio de la clandestinidad, puesto que todas las informaciones y documentos relacionados con estas transacciones serían clasificadas como secretas o confidenciales, y divulgarlas podría constituir un delito.
Atraer a la economía gris
Debido a las sanciones implantadas a través del Departamento del Tesoro estadounidense, y en menor medida por la Unión Europea y algunos países en forma individual, como Canadá y Suiza, los capitales internacionales evitan cualquier negociación con entidades del Estado venezolano, aun si se trata de vender alimentos o medicinas.
A la vuelta de apenas cinco años, invertir en Venezuela se ha convertido en una operación en extremo azarosa. Solo los iraníes se aventuran a abrir un automercado en el país, y los traders internacionales ya no se retratan con la gente de Maduro, no vaya a ser que terminen perseguidos y encarcelados en una remota isla africana, como el colombiano Alex Saab. No importa si son enviados del Gobierno dotados de pasaportes diplomáticos.
Aun así, de acuerdo con el analista de riesgos emergentes Alberto Ray, el régimen de Maduro ha logrado mitigar en lo interno las consecuencias políticas de la presión internacional, y ahora se encamina hacia una fase de “estabilización”.
Pero los capitales de Rusia, China y Turquía no han sido suficientes, y según Ray tampoco necesitan de un instrumento como el aprobado por la ANC.
Esta ley, entonces, tiene otro “público”.
“Es dinero oscuro, en apariencia asociado a estos aliados del régimen, para comprar a precios baratísimos, por no decir regalados, algunas industrias venezolanas. Pero es una ley para proteger al chavismo y a sus amigos, para que metan sus reales en el país”, afirmó.
Es difícil calcular el monto de los capitales que han salido del país por medios ilegales, y que podrían retornar mediante la aplicación de esta ley. Un reporte de Global Financial Integrity, presentado en marzo de este año, calcula en 8,46 millardos de dólares anuales en promedio la brecha entre los valores reales y los declarados para los bienes que fueron importados a Venezuela entre 2008 y 2017. Según los autores del reporte, este es uno de los indicadores más sólidos para acercarse al flujo de fondos ilícitos de un país a otro. Pero no es el único. Serían en total más de 76,1 millardos de dólares, los cuales en su mayoría se encuentran en manos de particulares que pudieron beneficiarse de la bonanza petrolera de principios de siglo, y que conformaron la clase llamada “boliburguesía”.
En esta misma línea, el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Carlos Tablante, adelantó que Venezuela se aproxima a un proceso de “privatización salvaje”, mediante el cual serán entregadas a elementos cercanos al régimen “las pocas áreas que aún se pueden exprimir de la economía”.
“La comercialización de combustibles está en la mira, como uno de los objetivos de primera importancia”, advirtió.
Tablante cree que esta ley también será utilizada para “tentar” a algunos sectores empresariales que hasta el momento han sido hostiles o fríos ante las propuestas del régimen, con la perspectiva de llevar a cabo “negocios rápidos, sin controles y con extraordinarios márgenes de ganancia”. Esto incluye el oro del Arco Minero.
Negocios crípticos
El artículo 32 del texto aprobado por la ANC hace referencia a la posibilidad de “proteger las transacciones” llevadas a cabo por el Ejecutivo mediante la creación e implementación de “cualquier mecanismo financiero (…) incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en tecnologías de cadenas de bloques”, también conocidas como blockchains.
Esta disposición coloca enorme importancia en el uso de las monedas virtuales, una actividad que en el país es vigilada por la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. Su máximo exponente, Joselit Ramírez Camacho, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Recientemente, además, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita ubicarlo.
Desde 2018, cuando arreciaron las sanciones de EE. UU., el régimen ha promovido el uso de las criptomonedas, al punto que puso sobre la mesa el petro. Sin embargo, de acuerdo con Ray, Maduro no ha tenido éxito en este campo pues este criptoactivo “no es convertible”.
A pesar de todo, el régimen insiste en moverse en este campo.
“Venezuela es el país con más transacciones en criptomonedas en Latinoamérica. Es la manera más fácil y directa que tiene el régimen para mover dinero por el mundo. El secretismo de la Ley (Antibloqueo) y el anonimato de las criptos se potencian en este caso”, dijo.
Breves
√ La estafa es uno de los pocos delitos que ha incrementado sus cifras absolutas durante 2020 con respecto al año anterior. Hasta el mes de septiembre, las autoridades habían recibido y procesado 7005 denuncias sobre timos de toda naturaleza, así como de sus delitos conexos, como pueden ser la suplantación de identidad, forjamientos de documentos, etc. Estos son llevados a cabo con la finalidad de “perfeccionar” el engaño y obtener una ganancia económica. Según cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de 2019 fueron iniciadas 5700 averiguaciones de estafas. El incremento entonces, ha sido de 23% este año. Todo esto en un contexto de reducción general de las cifras de delitos, como consecuencia directa de la inmovilización social por la cuarentena y el éxodo a otros países, que ya supera los cinco millones de personas.
La web también ha servido como medio para las fases preparatorias de otros delitos, estos más violentos, como asaltos y secuestros. En septiembre, por ejemplo, Cicpc procesó la denuncia sobre el plagio de tres personas (dos hombres y una mujer) cautivas de una banda del sector Parosca, municipio Lander del estado Miranda, cuando fueron a concretar la adquisición de un camión ofrecido a través de Facebook Marketplace. Las víctimas fueron liberadas luego de pagar varios miles de dólares.
√ Las muertes del general de brigada de la Guardia Nacional Sergio Negrín Alvarado y del sargento Deivis Eduardo Suárez Castillo fueron la consecuencia de un conjunto de hechos, que hacen pensar en la existencia de una especie de fatum trágico, al estilo de la saga cinematográfica Destino final. Todo comenzó con la súbita destitución del general Wilmer Octavio Herrera del comando de la zona 35 de ese componente, con sede en San Fernando de Apure. Herrera apenas estuvo un par de meses en esa posición. Su remoción ocurre con posterioridad a ciertos conflictos con sectores del oficialismo local, y una serie de acciones de menor envergadura que le dieron prominencia a este oficial en los medios regionales.
Negrín entregó la jefatura del Estado Mayor del comando de zona de la GN en Zulia, y en la noche del lunes inició el viaje a San Fernando, vestido de civil junto al sargento Suárez, quien como el general hizo pasantía por el Grupo de Acciones de Comando de Macarao. En el viaje, Negrín era monitoreado por el jefe de la zona de Yaracuy, general de brigada Wolmar Guevara. Cuando se perdió la comunicación, el oficial emprendió la vía que su compañero de fuerza debía recorrer. Luego, declaró a los agentes de Cicpc que Negrín tuvo que detener su marcha en el sector conocido como Alpargatón, al toparse con un bloqueo en la vía, colocado por delincuentes del sector. De acuerdo con una versión extraoficial, el sargento intentó una maniobra evasiva, cuando recibió un disparo mortal de una escopeta calibre 12, que atravesó el cristal del puesto de piloto de la pick up Hylux. Luego, desde el mismo lugar, le dieron un tiro en la cabeza al general, que iba en el puesto del copiloto. Se desconoce si los antisociales se llevaron alguna pertenencia de las víctimas, puesto que los investigadores de Cicpc encontraron en el sitio del suceso un celular, una tableta y una pistola Beretta. Los homicidios de Negrín y su conductor, hasta el momento, han sido catalogados como el producto de una “resistencia al robo”, en una Venezuela mexicanizada, donde las bandas también toman el control de las autopistas.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
