Foto sup. La jueza Marjorie Calderón; imagen inf.: policías apuntando a pistoleros de Puente Llaguno, en abril de 2002. Comp. N. Silva / Runrunes.
Marjorie vuelve a ser mencionada en los medios a raíz de que el ciudadano Arube Pérez, exfuncionario de la Policía Metropolitana, saliera de “donde toda incomodidad tiene su asiento”, como decía el manco inmortal. Arube estuvo preso injustamente durante 17 años y 10 meses. Por la misma causa, siguen en la ergástula de Ramo Verde Luis Molina, Héctor Rovaín y Erasmo Bolívar, quienes fueron sentenciados a 30 años de presidio.
Esa misma pena fue aplicada a Julio Rodríguez y a los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas, quienes por razones de salud no están en la cárcel, pero sí sujetos a restricciones. Iván Simonovis tuvo igual sentencia, pero afortunadamente logró fugarse. Marco Hurtado salió recientemente en libertad, después de cumplir casi 17 años injustamente preso.
Simonovis, ocupaba el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital, los otros citados formaban parte del grupo de Policías Metropolitanos que intentaba impedir que los civiles armados en Puente Llaguno, convocados por el presidente Chávez, José Vicente Rangel y Freddy Bernal, agredieran a la marcha opositora.
Al poco tiempo de subir por la avenida Baralt, escuchamos disparos procedentes de Puente Llaguno. Vimos caer, aparentemente muerto, a un participante de la marcha. Nos protegimos detrás de un quiosco de periódicos. No vimos disparar a la policía, pero posteriormente hubo fotos y quizá algún video, donde se aprecia al menos a uno de ellos con un arma de fuego en la mano. El libro Las balas de abril, de Francisco Olivares y el documental Radiografía de una mentira, de Thaelman Urgelles y Wolgang Shalk, recogen fidedignamente los sucesos de ese 11 de abril 2002.
También asistí a algunas de las audiencias del juicio. En el mismo, el comisario de la policía judicial, CICPC, Domingo Chávez, dio testimonio de que las pesquisas no habían podido determinar la responsabilidad de los imputados. Fue destituido por ser honesto al atenerse a los hechos. Anteriormente, el juez Doménico Di Gregorio había negado la solicitud de privación de la libertad de los mencionados porque no encontró elementos de convicción. Por ello, el presidente Hugo Chávez ordenó públicamente su destitución. Ninguno de los testigos promovidos por la fiscalía atribuyó responsabilidad individual a los acusados. La experticia evidenció que ninguna de las armas de los policías había causado muertes, ni lesiones. La fiscalía ni siquiera pudo probar que esas armas habían sido disparadas.
Entre la jueza Marjorie Calderón y la fiscal Haifa El Aissami decidieron imputar y dictar sentencia por solo dos de los 19 asesinados y por varios heridos. Unos policías fueron sentenciados por homicidio calificado en complicidad correspectiva, otros por homicidio calificado frustrado y los tres comisarios por cómplices necesarios en la comisión de homicidio calificado. Por seguir instrucciones de Miraflores, Marjorie Calderón fue premiada con la designación de magistrada del Tribunal Supremos de Justicia y Haifa El Aissami como representante de Venezuela ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
Los miembros de la PM citados trabajaron y estudiaron en la cárcel; sin embargo, no fueron favorecidos con la disposición de reducir un día de la pena por cada dos trabajados o dedicados al estudio. Los jueces Rosa De Freites Vieira y Francisco Motta les negaron esa medida alternativa de cumplimiento de la pena. Los jueces Cintia Meza, Oswaldo Flores y Enrique Leal también negaron derechos a los procesados.
El magistrado del TSJ Eladio Aponte, después de asilarse, declaró que los jueces cumplían órdenes de Hugo Chávez. Los numerosos pistoleros captados en videos, disparando en contra de los manifestantes, no fueron apresados y Chávez les concedió amnistía. Tampoco fueron sentenciados los guardias nacionales que asesinaron a opositores en las cercanías del liceo Fermín Toro. El libro Las balas de abril, del periodista Francisco Olivares y el documental Radiografía de una mentira, de Thaelman Urgelles y Wolfang Schalk, recogen fidedignamente esos sucesos
Quienes participamos en esa marcha agradecemos la protección de los policías metropolitanos, quienes evitaron una masacre mayor. Los abogados José Luis Tamayo, Theresly Malavé e Igor Hernández han sido unos adalides en defensa de los policías. Yajaira de Forero, esposa de Lázaro, se graduó de abogada y ha sido una valiente defensora de los derechos humanos. Igualmente, la abogada Bony Pertinez de Simonovis. El Foro Penal Venezolano ha denunciado los numerosos casos de arbitrariedades de los jueces. Según esa organización, actualmente hay 329 presos políticos.
Jueces y militares son los responsables de que perdure la usurpación de los Poderes Públicos, con las consecuentes violaciones a la Constitución. La tendencia general es a culpar en mayor grado a los militares, porque al tener las armas pueden poner fin a la dictadura. Como no proceden, violan el artículo 333 de la Constitución que obliga a cualquier ciudadano a contribuir a restablecerla. Es decir, que los militares pecan por omisión.
Al mencionar a Marjorie Calderón, estamos incluyendo a la mayoría de los jueces que han dictado sentencias contrarias al derecho.
Los policías metropolitanos: los presos políticos más antiguos del chavismo. Vídeo de NTN24
Como (había) en botica
√ El joven Josnars Adolfo Baduel, secuestrado en el Sebin del Helicoide desde hace nueve meses, fue asfixiado mecánicamente en cinco oportunidades, sufrió descargas eléctricas y lesiones por haber sido colgado. No le permiten las visitas de su abogado, ni de sus familiares, según denunciaron sus valientes hermanas Margareth y Andreína Baduel. También su padre, Raúl Isaías Baduel, preso político desde enero del 2017, ha sido sometido a malos tratos en el Sebin.
√ Lamentamos el fallecimiento de Neri Hernández Hernández, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
√ ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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