Las principales irregularidades son el hurto y la destrucción de las instalaciones. 

Autoridades en todo el país se preguntan con qué se van a encontrar cuando vuelvan a clases. 

@gchenriquez1 // Imagen e infografía: Mayerlin Perdomo. 

El inicio del confinamiento en Venezuela ha creado las condiciones perfectas para que la delincuencia en las universidades públicas del país se desate. Hurtos, robos y daños a sus infraestructuras han repuntado en tan solo tres meses. El acoso a las casas de estudio por distintos flancos es una situación que tiene años denunciándose, pero ahora, en el marco de una cuarentena, tiene la misma respuesta gubernamental: silencio. 

Sin embargo, para el Observatorio de Universidades (OBU), esto no es algo nuevo, pero sí sigue siendo algo alarmante. Piero Trepiccione, politólogo y director de la organización, dijo a RunRun.es que desde que inició la cuarentena ha habido un aumento importante en los incidentes en cuanto a la infraestructura de las universidades. 

Entre los meses de marzo, abril y mayo, OBU registró más de 90 hechos delictivos en las universidades públicas del país, de los cuales el 50% fueron reportados por autoridades universitarias y el 30% por representantes estudiantiles. En un periodo similar, entre los meses de noviembre y febrero, el observatorio documentó 44 incidentes de hurtos. 

Asimismo, durante los meses de cuarentena, se generaron 463 noticias referentes a las instituciones de educación superior; y se registraron 61 comunicados de las universidades públicas en Venezuela. 54% fueron pronunciamientos en rechazo a los hechos delictivos en las instituciones de educación superior.

Por su parte, la ONG Aula Abierta, también dedicada a la defensa y registro de incidentes en la educación registró entre el 14 de marzo y el 5 de junio 112 incidentes contra el patrimonio universitario, tales como: robos, hurtos, incendios provocados en espacios, destrucción de bienes y de de áreas universitarias destinadas a la conservación ambiental, asesinatos y actos de otra naturaleza. 

Trepiccione explica que frente a la asfixia que hace el gobierno con sus presupuestos, ellas no tienen cómo contratar servicios de vigilancia privada y no tienen cómo defenderse en una cuarentena que facilita el robo, el hurto y las irregularidades -como el control que algunas bandas delictivas tienen sobre su territorio. 

“Es una situación bastante compleja porque el tema es: luego de la cuarentena ¿qué nos va a quedar como infraestructura universitaria en el país? No se vislumbra de dónde podrían salir los recursos para recuperar todo lo perdido durante estas semanas de cuarentena”, dijo Trepiccione. 

El director del OBU detalló que el hurto y el ataque de las infraestructuras son los dos ataques más constantes en el marco de la pandemia. Entre ellos, la sustracción de equipos necesarios para el funcionamiento de cualquier universidad y el desmantelamiento de los vehìculos de las casas de estudio. “Es todo un mercado alrededor de la infraestructura universitaria que lamentablemente se está desarrollando con total impunidad”, acotó. 

Trepiccione explicó que las universidades ya venían sufriendo de un acoso por parte del gobierno, al tener restricciones presupuestarias que no permiten mantener sus infraestructuras, sino para pagar la nómina profesoral, administrativa y de obreros. 

“Esto no es un fenómeno nuevo, esto es algo que ya ha venido sucediendo en las universidades. A falta de presupuesto, muchas no han tenido la posibilidad de contratar servicios de vigilancia privada. Si ya antes  había muchos inconvenientes con respecto al respaldo de la infraestructura universitaria, luego de la aplicación de la cuarentena ha habido un incremento extremadamente notable”, sentenció. 

Donde se queman libros

El  pasado 31 de mayo, un incendio provocado en la Biblioteca Central de la Universidad de Oriente, en el núcleo de Sucre, acabó con casi 120.000 ejemplares, valorados en más de un millón de dólares y con un aporte cultural incalculable. 

Odlanier Gómez, director general del Sistema de Bibliotecas de la UDO (Sibiudo), relató que el edificio estuvo en llamas desde finales de la tarde del 31 de mayo hasta el amanecer del lunes 1° de junio, porque los bomberos universitarios, al no contar con acompañamiento policial, no pudieron ingresar al núcleo de Sucre para combatir el incendio. 

La falta de apoyo institucional por parte del Estado es otro problema que desde el Observatorio de Universidades registran. 

“Las autoridades se han presentado en oportunidades muy puntuales y generalmente es después de que ocurren los incidentes. No hay una política integral del Estado venezolano para custodiar los activos de las universidades venezolanas que son públicos y le pertenecen a todos los venezolanos”, lamentó. 

Explicó que por el contrario, lo que sí ha sido una política de Estado es el descuido, la omisión y la desidia por no atender al sector universitario, especialmente a las universidades públicas, autónomas y experimentales. “El resguardo externo de las universidades es un rol del Estado que éste debe cumplir”, señaló. 

Algunos de los sucesos también ocurridos durante el confinamiento que lleva Venezuela, desde mediados de marzo, son el robo número 76 en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el pasado 6 de abril; el robo del cableado eléctrico en las escuelas de Mecánica y eléctrica de la Universidad del Zulia (LUZ), el 14 de abril; el saqueo al cafetín de la Universidad de los Andes (ULA), núcleo Táchira, ocurrido el 15 del mismo mes; el asesinato y descuartizamiento de una yegua en el campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Aragua, perteneciente a la Facultad de Ciencias Veterinarias, el pasado 22 de mayo; y el ataque a la Facultad de Agronomía de la UCV, núcleo Cagua, estado Aragua, el pasado 9 de junio. 

A esto se le suman problemas como la migración de los profesores capacitados para dar las cátedras, el descenso en las matrículas de las carreras, y la violación a sus autonomías desde el año 2010, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la aplicación de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de  Universidades,  que hacen referencia a  la  elección  de  los  rectores,  vicerrectores  y secretarios de las casas de estudio.  

Desde  entonces,  no  ha  habido  renovación  de  autoridades y las que  fueron electas  antes  de  ese  año  han  permanecido  en  sus  cargos  a la espera de nuevos comicios. Algunos miembros de los consejos universitarios, sin embargo, han fallecido, como es el caso del rector de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Francesco Leone. 

“Septiembre-Octubre no pintan para nada bien  para comenzar el sistema de clases presenciales, por este aumento en los hurtos y de la delincuencia desatada”, sentenció Trapiccione.