Activistas consideran que la nueva Asamblea Nacional tendrá como objetivo criminalizar a las organizaciones a través de instrumentos jurídicos
Amnistía Internacional identificó 50 países, entre ellos Rusia, Nicaragua y el Reino Unido, que han aprobado leyes en la última década que someten a las ONG a una vigilancia extrema y obstaculizan de diversas maneras el trabajo que realizan
El chavismo ha tenido en la mira a las organizaciones no gubernamentales desde que el fallecido Luis Miquilena soltó aquello de “¿Sociedad civil, cómo se come eso?”, en el marco de la Constituyente de 1999. En 2006, la Asamblea Nacional controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para posteriormente desempolvarla en 2010. Con ese recurso, la AN pretendía reducir el acceso al financiamiento de las organizaciones.
De acuerdo con un informe elaborado por el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), el Centro para los Defensores y la Justicia, la Organización Mundial contra la Tortura y la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, entre 2018 y 2019 se registraron 121 ataques contra organizaciones civiles.
“La intención es dificultar el trabajo de las ONG y obligar a salir del país a quienes las dirigen, ya que la amenaza directa es la cárcel”, sostuvo Génesis Dávila, directora de Defiende Venezuela.
El pasado 27 de octubre de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial número 41.994 una resolución en la que se establece que las agrupaciones internacionales que operan el país deben inscribirse en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones Gubernamentales No Domiciliadas, el cual tendrá vigencia de un año y deberá en consecuencia ser renovado.
Aunado a esto, la gestión de Nicolás Maduro ordenó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) vigilar las transacciones financieras de las organizaciones. En la circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre, Sudeban instó a los bancos y otras instituciones financieras a “ïmplementar medidas que fortalezcan los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las operaciones de negocios llevadas a cabo por parte de las ONG”.
De acuerdo con el boletín, Sudeban hará un seguimiento a las ONG nacionales e internacionales en función de detectar posibles actividades de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Apenas cinco días después de emitida la circular de Sudeban, las cuentas de las ONG Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad fueron congeladas y la Policía Nacional contra la Corrupción allanó las oficinas y la residencia de los padres de Roberto Patiño, directivo de ambas organizaciones.
“Es una medida que no se justifica porque Alimenta la Solidaridad trabaja conjuntamente con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el marco del plan para la emergencia humanitaria, algo que fue aprobado por el gobierno”, dijo Laura Louza, directora de la ONG, Acceso a la Justicia.
Louza aseveró que de nada sirve tener los documentos en regla a la hora de una fiscalización, si no se respetan las leyes. “La realidad es que hay una persecución. El problema es que no hay estado de derecho y hay una intención de disuadir, castigar y criminalizar a las organizaciones, como pasó con Alimenta La Solidaridad”.
“A nosotros nos acaba de citar del Seniat, no sabemos de qué se trata”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). “Tenemos una área de administración que cumple escrupulosamente con todo lo legal, pero en el último año algo que ha dado mucho trabajo es el sobrecumplimiento del tema sanciones. Los bancos locales y foráneos nos piden información sobre cada transacción, de dónde viene y hacia dónde va”.
“El problema ha sido en los registros para levantar actas y cambios o inscribir nuevas ONG”, añadió Laura Louza.
Louza indicó también que este año Acceso a la Justicia fue denunciada por supuesto plagio. “No sabemos de dónde provino, pero son nombres y paginas web inventadas. Organizaciones como Espacio Público, Front Line Defenders, Instituto de Prensa y Sociedad y Amnistía Internacional nos apoyaron”.
Nueva AN como verdugo
Para Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo a partir 2021 tendrá como uno de sus objetivos amedrentar a cualquier sector que haga oposición en el país y eso incluye a las ONG.
“En la evaluación de escenarios que hacemos para el año próximo, creemos que el Parlamento se va a convertir en el centro de la ofensiva contra la disidencia venezolana mediante la posible aprobación de leyes regresivas en materia de derechos humanos”, manifestó Uzcategui.
“Esto es algo grave que se ha venido anunciando desde hace tiempo y el vocero ha sido Diosdado Cabello”, añadió Génesis Dávila.
De acuerdo con Uzcátegui, los diputados de la Asamblea Nacional que comenzarán a legislar a partir de enero de 2021 tendrán varias funciones. “Además de perseguir a los parlamentarios de la AN saliente, quieren redactar una ley para impedir o regular el financiamiento de las organizaciones civiles en Venezuela”.
Para el coordinador general de Provea, la AN se convertirá en un centro de simulación de participación de la sociedad civil, donde se aprobarán leyes regresivas con nombres políticamente correctos. “Desde la nueva AN se harán nuevas convocatorias para tener espacios de diálogo y eso le servirá al gobierno para decir que hay entendimiento entre varios sectores”.
En su informe de 2017 sobre la situación de derechos humanos en Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aclaró que las organizaciones civiles tienen derecho a recibir financiamiento de entes nacionales e internacionales y que el Estado debe respetar este mandato.
“Los Estados deben abstenerse de crear obstáculos o mantener cualquier impedimento o restricción desproporcionada al registro, establecimiento, financiamiento y operación de organizaciones de derechos humanos”.
El acoso a las ONG es ley en 50 países
En el informe Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil, publicado por la organización Amnistía Internacional en 2018, se identificaron 50 países que han aprobado leyes en la última década que someten a las ONG a una vigilancia extrema y obstaculizan de diversas maneras el trabajo que realizan.
El informe detalló múltiples tácticas jurídicas que buscan intimidar, y en última instancia asfixiar, la labor de las agrupaciones de la sociedad civil. “Hemos documentado como cada vez hay más gobiernos que someten a las ONG a obstáculos y restricciones irrazonables, impidiendoles llevar a cabo su esencial labor”, dijo Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.
“En muchos países se acosa hasta sumir en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos. Las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para trabajar con libertad y seguridad”, explicó Naidoo.
De acuerdo con este informe, en los últimos 10 años se han aprobado 40 instrumentos legales en 50 países, que van desde los sospechosos habituales en materia de violación de derechos humanos como Cuba, Rusia, Bielorrusia y Nicaragua, hasta democracias consolidadas como los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido.
Las razones que esgrimen los gobiernos para aprobar estas leyes suelen incluir la preocupación por la seguridad nacional, evitar las injerencias extranjeras, la necesidad de proteger la identidad nacional, los valores y la moral tradicionales, las creencias religiosas, el desarrollo económico u otros imperativos.
Los obstáculos más comunes que imponen estas leyes a las ONG incluyen la obligatoriedad de reunir incontables recaudos a fin de inscribirse en un registro oficial, la presentación periódica de informes de gestión, y el monitoreo estricto por parte del Estado de la actividad bancaria de las organizaciones.
Las restricciones en materia financiera han tenido un impacto considerable en el funcionamiento de las ONG, pues como consecuencia de la vigilancia, la fuentes de financiamiento que provienen del exterior se han reducido o cerrado del todo, impidiendoles continuar con su labor.
Esto ha afectado a organizaciones pequeñas y anónimas -como a una ONG en Rusia que ayudaba a personas con diabetes, la cual fue multada y debió cerrar-, tanto a organizaciones de la talla de Greenpeace, que recibió una multa de 30.000 libras esterlinas por parte del gobierno británico, que argumentó que la campaña ambientalista de la ONG tenía tintes políticos.
En octubre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual proporciona al Estado un mayor control sobre las organizaciones de la sociedad civil. La oposición nicaragüense se ha referido a este instrumento legal como la “ley Putin”, ya que se asemeja a la ley homónima aprobada en Rusia en 2012, con la cual las ONG que reciben financiación extranjera son catalogadas como “agentes extranjeros” si llevan a cabo lo que de manera imprecisa definen como “actividad política”. En 2016, el gobierno ruso amplió esa definición para incluir casi cualquier forma de participación de la sociedad.
