El elevado riesgo y la poca transparencia apuntan a la venta de acciones a precios de remate y a una baja captación de fondos para empresas como Cantv
El 8 de enero de 2007 el expresidente Hugo Chávez decidió minimizar al sector privado y ordenó: “todo aquello que fue privatizado, nacionalícese”, iniciando un proceso que agigantó al Estado y sembró la semilla del colapso que Nicolás Maduro intenta atenuar con guiños al capital.
Bajo Chávez, el Estado pagó 6.400 millones de dólares por el control de Cantv, la Electricidad de Caracas, Sidor, las compañías de cemento y el Banco de Venezuela. También, hubo expropiaciones de tierras y de compañías de alimentos. Así el gobierno se convirtió en el principal empresario del país.
Hoy, tras años en los que la lealtad política ha sido la principal condición de los directivos de las empresas, nóminas infladas, opacidad y caída de la renta petrolera que tapaba déficits, Maduro busca inversionistas que inyecten dinero.
“Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas. Necesitamos tecnología”, dijo el mandatario y anunció que ofertará entre 5% y 10% de las acciones de distintas compañías en la bolsa a “la inversión nacional fundamentalmente o internacional”.
Cantv como vitrina
Cantv, la principal empresa de telecomunicaciones, por la que el gobierno de Chávez pagó 1.300 millones de dólares para tomar el control, hará una asamblea el próximo 10 de junio donde decidirá la emisión de nuevas acciones.
La empresa es una muestra de cómo arranca el proceso. El balance de 2019, auditado por Deloitte, indica que “la compañía presenta deficiencias significativas en su estructura de control interno a nivel de entidad, así como en sus principales procesos de negocio”.
Añade que, “a la fecha de este informe, no estamos en capacidad de determinar los efectos derivados de esta situación, sobre los estados financieros consolidados adjuntos y sus revelaciones”.
La empresa registró pérdidas en 2019. Los balances de 2020 reflejan pérdidas operativas pero gracias a ganancias cambiarias obtiene beneficios. Todavía no son públicos los balances auditados de 2021 y el primer trimestre de 2022.
El 15 de septiembre de 2020, la Cantv traspasó las acciones de Movilnet, su filial de telefonía celular, a la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones, desprendiéndose de este brazo del negocio.
El 91% de las acciones de Cantv están en manos del gobierno, 5,4% pertenecen a los trabajadores y 3,4% ya se negocian en la Bolsa de Valores de Caracas. La incertidumbre es total.
Rodrigo Naranjo, director de VIP Capital, afirma que “hay muchas preguntas sin contestar. ¿Qué se va a hacer con Movilnet? Ese fue el activo más importante dentro de la Cantv. Fue sacado y no se les ha pagado a los inversionistas minoritarios”.
Agrega que antes de opinar sobre la venta de acciones prefiere esperar a conocer “quién va a gerenciar la empresa, cuál va a ser el plan de negocios, quiénes van a auditar la compañía, cuál va a ser el marco de gobernanza”.
La economista Litsay Guerrero, experta en temas de inversión extranjera, explica que, suponiendo que la venta de acciones se concrete, la pregunta es: “¿cuál va a ser el modelo de desarrollo de esa empresa desde un punto de vista gerencial?”.
Carolina Pagliacci, economista y profesora del IESA, considera que “hay que entenderlo más como una señal en términos de liberalización económica. Pensaría que tiene que ver más con acuerdos políticos que con condiciones económicas”.
Gerentes de fondos de inversión adelantan que, en las actuales circunstancias, la compra de acciones de Cantv sería altamente especulativa y riesgosa. Anticipan que el gobierno obtendrá pocos recursos y se desprenderá de las acciones a precios de remate.
Otras en fila
Aparte de Cantv, Maduro anunció que venderá acciones de Movilnet y de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana donde se encuentra Sidor, la siderúrgica comprada al grupo argentino Ternium por 1.970 millones de dólares.
Por ahora, no hay balances actualizados de Sidor y trabajadores han señalado que la empresa es un esqueleto que utiliza menos de 5% de su capacidad.
Además, el Banco de Venezuela, la principal entidad financiera del Estado, comprada al Grupo Santander por mil millones de dólares, anunció que venderá acciones. El sistema bancario está altamente regulado y debe congelar a manera de reserva 73% de los depósitos que gestiona.
José Guerra, exgerente del Banco Central y diputado por la Asamblea elegida en 2015, se pregunta:» ¿Quién que tenga dinero ganado lícitamente lo va a invertir en empresas de las que no se sabe la situación financiera porque la mayoría no publica balances? La mayoría están quebradas y tienen nóminas recrecidas”.
“Además, solo se va a ofertar hasta 10% de las acciones, lo planteado es meter dinero para que los que quebraron las empresas las sigan manejando”. No obstante indica que “puede haber gente que no pueda invertir su dinero en el exterior y lo ponga allí”.
Maduro también anunció que contempla vender acciones de “la petroquímica, las empresas mixtas del petróleo y las de gas”, sectores que requieren inversiones cuantiosas para su desarrollo que exceden por mucho lo que se pueda obtener a través de la Bolsa de Caracas.
El entorno
La investigación del Banco Mundial Listing State-Owned Enterprises in Emerging and Developing Economies: Lessons Learned from 30 Years of Success and Failure, precisa las condiciones para una exitosa venta de acciones de empresas públicas en el mercado de capitales.
El trabajo precisa que los inversionistas necesitan instituciones fuertes que garanticen el derecho de propiedad y protejan de la corrupción. Adecuada infraestructura del mercado de capitales y empresas públicas grandes y rentables.
El Banco Mundial indica que las empresas estatales que coticen en bolsa deben tener un historial de rentabilidad y, de no tenerlo, es importante la reestructuración gerencial y operativa antes de salir al mercado.
El mercado de capitales requiere escala, por lo tanto, el Banco Mundial advierte que las acciones de empresas pequeñas o la venta de un porcentaje poco adecuado de las compañías grandes genera problemas de liquidez.
La administración de Nicolás Maduro iniciará el proceso en un entorno complicado. Una larga lista de países considera fraudulentas las elecciones en las que Maduro se reeligió como presidente en 2018 y Estados Unidos aplicó sanciones económicas que dificultan la venta de petróleo y el acceso al crédito internacional.
El Estado ha colapsado y no es capaz de garantizar servicios públicos básicos como la electricidad para que las empresas operen adecuadamente. Además, si bien ha habido un giro de facto hacia el mercado, las leyes que permiten expropiar empresas y controlar precios siguen vigentes.
La inflación sigue siendo muy elevada y tras siete años continuos de recesión, la economía apenas emite incipientes señales de recuperación que se concentran en el comercio de productos básicos.
Otro aspecto es que el mercado de capitales venezolano es enano, la Bolsa de Valores de Caracas es muy poco líquida y para los inversionistas no hay garantía de que puedan vender una acción en poco tiempo.
Si bien entre los años 90 y principios de los 2000 Venezuela fue capaz de atraer la mirada de multinacionales, en la actualidad está fuera del radar de las empresas con tecnología, capaces de impulsar la productividad y las exportaciones.
Esto complica la posibilidad de atraer inversionistas estratégicos, empresas con gran capacidad y músculo financiero, que asuman la administración de las empresas y compren un porcentaje accionario significativo como paso previo a la oferta de acciones en la bolsa.
El riesgo Yeltsin
Una posibilidad latente es que, al igual que en la Rusia de Yeltsin, Maduro avance hacia un proceso de privatización de empresas públicas poco transparente que principalmente beneficie a grupos económicos cercanos al gobierno.
El 12 de octubre de 2020 fue aprobada la Ley Antibloqueo que otorga amplios poderes al gobierno para que, de forma poco transparente, con la potestad de catalogar como confidencial determinadas transacciones, privatice o incremente la transferencia de la gestión de empresas estatales al sector privado.
La ley abre la puerta para que el sector privado gestione empresas que han sido estatizadas al prever que “los activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial” podrán “ser objeto de alianzas con entidades del sector privado”.
Además, prevé que “el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos.
Las transacciones pueden permanecer ocultas “por tiempo determinado” y las autoridades “podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia”.
De esta manera, se crea un entorno perfecto para que empresarios locales o de países aliados como Turquía e Irán, dispuestos a tomar el riesgo de negociar con la administración de Maduro, inviertan en sectores como telecomunicaciones, electricidad, cemento, hotelería, manufactura, gas, petroquímica, hierro, acero y agroindustria.
En 2011, Hugo Chávez afirmó que “todo lo que aquí se privatizó y se iba a privatizar muchas veces a precios de gallina flaca se hacía con la excusa de que el país no tenía ingresos fiscales suficientes y que para desarrollar al país había que privatizar estas empresas”.
¿Qué diría hoy?
