La directora interina de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, afirma que el proyecto de ley «tendría un impacto sumamente negativo no solo para quienes defienden Derechos Humanos (…), sino también para las víctimas que han recibido su apoyo y acompañamiento»
Miguel Pizarro: «El proyecto de ley busca criminalizar cualquier asociación que busca defender los Derechos Humanos»
La ONG Promedehum afirma que más del 70% de las asociaciones civiles venezolanas ya presentaban restricciones para formalizarse jurídicamente
Diosdado Cabello propuso discutir una ley de regularización para las ONG en Venezuela. Casi 18 años después de su planteamiento, la Asamblea Nacional oficialista aprobó un Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.
Los esfuerzos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por retener las acciones de la sociedad civil en el país no son nuevas, desde el año 2005 se plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. En 2021 se intentó implementar un mecanismo de fiscalización a la sociedad civil que fue rechazado. Pero las declaraciones del diputado Diosdado Cabello este 24 de enero son el primer paso para hacer realidad las restricciones.
Los dirigentes del chavismo argumentan que algunas organizaciones trabajan «exclusivamente con fines políticos» para «desestabilizar el país» bajo el financiamiento de países como Estados Unidos y el Reino Unido.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello presenta ante la AN de Maduro un proyecto de ley contra las ONG en Venezuela: "Son apéndices de organismos para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero" https://t.co/c0FHsVwBU6 pic.twitter.com/tIB1E7Uu59
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 24, 2023
Distintas instituciones dentro y fuera de Venezuela advocadas a los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y la ONG Acceso a la Justicia, advierten que la ley, de ser aprobada, degradará a la sociedad civil a «cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal» parecidas a gobiernos autoritarios como el de Nicaragua.
Para Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas en Human Rights Watch, la aprobación de esta ley responde a uno de los «picos de la política de represión del gobierno» como patrón estatal frente a los comicios presidenciales del próximo año.
Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria en Venezuela de la Asamblea Nacional de Venezuela del 2015 y comisionado presidencial ante la Organización de las Naciones Unidas, expresó que el proyecto de ley «intenta degradar las oportunidades de un proceso de justicia transicional o que se elimine y se evite la rendición de cuentas de quienes perpetraron violaciones de Derechos Humanos».
El director de la ONG Promedehum, Rigoberto Lobo, expresó que de aprobarse esta ley «estaríamos hablando de una forma de controlar de manera absoluta y arbitraria la existencia y el trabajo de las organizaciones para lo que esté permitido por parte del gobierno».
También les será aplicable a las ONG y sus integrantes la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo o LOCDOFT @CumpliCriminal @DhMonitor @MonitorIndigena #CriminalCompliance https://t.co/Jk8KfVoXu3
— Fernando M.Fernández (@FM_Fernandez) January 24, 2023
En un panorama de emergencia humanitaria compleja, el gobierno de Nicolás Maduro aún enfrenta una investigación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese aspecto, la ONG Trasparencia Venezuela junto a EsPaja.com advierte que la sociedad civil es una de las pocas ventanas informativas y críticas frente a la opacidad sobre la violencia estatal venezolana.
Mientras la asamblea nacional oficialista discute el proyecto de ley, el Alto Comisionado de las ONU, Volker Türk, visitó Venezuela para seguir la investigación por crímenes de Lesa Humanidad auspiciado por el gobierno de Maduro.
Runrun.es consultó a tres expertos para analizar el impacto de la propuesta de ley de regulación de ONG y afines en la sociedad venezolana.
¿Cómo afectaría la propuesta de «ley de regulación de ONG y afines» al proceso de investigación de la ONU sobre los crímenes de lesa Humanidad en Venezuela?
Tamara Taraciuk Broner:
«Recientemente, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte ha invitado a las víctimas —incluyendo a familiares de quienes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, individuos arbitrariamente detenidos y aquellos que han sido torturados por las fuerzas de seguridad— a enviar sus opiniones y observaciones. Muchas de estas personas cuentan con el apoyo de una organización no gubernamental por detrás y su cancelación tendría consecuencias nefastas».
«Intentar limitar el trabajo de estas organizaciones no parece ser más que un intento burdo por acallar no solo a voces que cuestionan la represión, sino a aquellas que han sido esenciales para el avance de cualquier mecanismos internacional de rendición de cuentas».
Miguel Pizarro:
«La ley tiene como objetivo controlar, inhibir e incluso destruir la cooperación internacional y la capacidad de la sociedad civil. Primero, busca asustar a los activistas y que sientan que denunciar, decir la verdad, documentar y llevar un trabajo de incidencia podría llevar desde multas hasta la ilegalización de las organizaciones».
«Luego busca afectar a las víctimas, a sus representantes e indirectamente a los prestadores de ayuda humanitaria que han venido construyendo el expediente de violaciones a los Derechos Humanos del régimen de Maduro».
«Ahora, también, este tema jurídico, como esta “Ley de regulación de ONG y afines”, tiene frente de sí una realidad: el sistema de Naciones Unidas tiene muy claro cuál es el contexto en Venezuela. De hecho, la Corte Penal Internacional ya va por la etapa de recabar los testimonios directos de las víctimas, igual que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU está renovada por dos años más y siguen aumentando su capacidad de investigación. A pesar de la amedrentamiento, no creo que en las Naciones Unidas se pueda creer que en Venezuela ya no se cometen crímenes de lesa humanidad».
Rigoberto Lobo:
«Afectaría en específico la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque es eso: es una presencia, no es una oficina en Venezuela. La Oficina no tiene capacidad de cubrir el país y de lograr documentar las violaciones en los derechos humanos y acceder a todas las víctimas. Todo este trabajo lo realiza apoyándose sobre la sociedad civil venezolana, sin ellas sería bastante difícil lograr documentar lo que sucede a lo largo y ancho de Venezuela. Las asociaciones civiles son las que tienen conexión en las comunidades».
«Que aprueben esta ley no afectaría directamente y literalmente a las Naciones Unidas, pero en conclusión terminará afectando lo que sostiene sus investigaciones. Sin un tejido social, un tejido asociativo sobre el cual apoyarse, el trabajo sería bastante difícil, por no decir imposible».
¿Qué tanto se restringiría la libertad de asociación en Venezuela y el alcance que pueden tener la sociedad civil para las víctimas o la población vulnerable de cara al 2023 y la posible aprobación de la «ley de regulación de ONG»?
Tamara Taraciuk Broner:
«Aprobar esta ley es un esfuerzo burdo para darle apariencia de legalidad a una persecución que lleva años. Es tan burdo que será el propio Ejecutivo el encargado de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las ONG y podrá disolver de oficio a las organizaciones que, en su criterio, permiten «actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional». Este lenguaje es sumamente amplio y puede prestarse abusos, como ocurre con la Ley contra el Odio».
«Con elecciones presidenciales programadas para 2024 y elecciones legislativas y regionales para 2025, Venezuela encara un periodo electoral que en el pasado ha resultado en picos de la política de represión del gobierno. Las organizaciones son las que, en el pasado, han monitoreado e identificado patrones de represión del gobierno y cualquier intensificación en su ofensiva contra el espacio cívico».
«Ya en mayo, junto con otras organizaciones, habíamos expresado nuestra preocupación por un proyecto de cooperación internacional que se presentó a la Asamblea Nacional que permitía la cancelación arbitraria de la personería jurídica de las organizaciones por promover o participar en actividades contrarias a intereses del gobierno. En ese entonces manifestamos que el proyecto tendría consecuencias aún más devastadoras para las personas en situación de vulnerabilidad, cerrando el acceso al apoyo que ofrecen las organizaciones para la protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria; lo mismo puede ocurrir ahora».
«En un contexto como el actual, la aprobación de esta nueva propuesta de ley dejaría a las víctimas más solas, sin el apoyo de quienes han estado a su lado en todos estos años».
Miguel Pizarro:
«Creo que puede afectarse mucho, y creo que una de las cosas responsables que debemos hacer todos es no disminuirlo solo por narrativa heróica, sino ser muy francos: las organizaciones sin capacidad de recibir financiamiento se van a ver afectadas, las organizaciones sin capacidad de tener protección para poder cumplir con su labor —con su trabajo— en el medio de un asedio del régimen sin duda alguna va a generar dificultades».
«Lo vimos antes con los medios de comunicación y luego con los partidos políticos. Es parte de una política de hegemonía dentro de Venezuela, donde el poder y el Estado son lo único que está en pie y lo único que decide qué es correcto y qué es incorrecto».
«Además, esto no apunta solo al corto plazo. El régimen está bajo diversas formas de investigación y busca el desgaste diplomático y el desgaste político en el mediano y largo plazo para tener un control férreo de la vida social, política e institucional del país que los lleve a tener una realidad diferente y tratar de engavetar las investigaciones y de paralizarlas».
«El antídoto contra esto es mantener más incidencia, mantener más capacidad de alzar la voz. Aquí lo digo un poco como reflexión desde el mundo político: cuando esto ocurrió en el mundo político no hubo la misma cohesión de respuesta para defenderse de los ataques que venían ocurriendo pensando que puede afectar más a unos que otros. Pero también es una gran oportunidad para la sociedad civil y para todos nosotros como venezolanos de apoyar su labor de defender y de tratar de salvar su espacio de acción sin criminalización y represalias».
Rigoberto Lobo:
«Lo que sabemos, porque no es realmente publica una versión del proyecto de ley, es que podría dejar a las organizaciones en un limbo, imposibilitando la regulación de las mismas bajo criterios arbitrarios y discrecionales. También busca anular la libertades y autonomías propias de las organizaciones para definir a qué se dedican, cuándo hacen incidencia y cómo trabajar».
«Esto reduciría el trabajo de las organizaciones a solo lo que esté permitido por parte del gobierno, y eso le restaría total autonomía y quitaría la independencia en su imparcialidad».
«La imparcialidad no impide que se puedan hablar sobre la situación de de Derechos Humanos en el país, sino simplemente que la asistencia humanitaria es para todas las personas, contrario a lo que puede ser un plan social del gobierno, que va dirigido a las personas susceptibles a ser sujetos (de su medida ideológica) y no a sus necesidades».
«Lo que quizás es menos visible, pero es más importante, son todas esas personas que son beneficiarias de las organizaciones de Derechos Humanos, bien sea por asistencia humanitaria como tal, pero también por servicios de asistencia jurídica y acompañamiento de casos».
«Previo a esto ya se vieron unas restricciones de facto: registrar una asociación civil sin fines de lucro en Venezuela que contenga en su acta constitutiva y en su objeto las palabras Derechos Humanos es motivo de rechazo inmediato. Muchas organizaciones se han inscrito de alguna manera cambian esas palabras para poder pasar estos bloqueos de facto que no están en las leyes».
«Hemos visto muchos registros de asociaciones civiles que expresan que su inscripción ha sido suspendida. En una investigación que hicimos a 53 asociaciones civiles en Venezuela constatamos que más del 70% nunca habían podido constituir el registro, y el resto, que ha podido formalizarse, consiguieron obstáculos para renovar sus juntas constitutivas y cambios de objeto».
«En años anteriores ha sucedido una serie de restricciones a partir de la Providencia 001 y 002, que, si bien no fue aprobada en curso, trajo arbitrariedades individuales por parte de ciertos funcionarios».
«Hay que insistir que ONG no es un término jurídico en Venezuela, es un término que se utiliza a nivel internacional y que sí puede ser la clasificación en otros países. El término ONG se comenzó a usar con el presidente anterior como una etiqueta para estigmatizar a las organizaciones que son realmente autónomas del Estado. Cuando hablamos de “ONG y afines” en este proyecto de ley estamos hablando de un control social a cualquier tipo de asociación que ellos crean que no complace sus criterios».
¿Cómo describiría el panorama de los Derechos Humanos en Venezuela desde el año 2021, cuando se tuvo el intento más reciente de regular las ONG, hasta ahora?
Tamara Taraciuk Broner:
«Hay una falsa idea de que las cosas han mejorado en el país, pero la realidad es que el panorama de Derechos Humanos sigue siendo de enorme preocupación, y lo que ocurrió esta semana —con la propuesta de ley para regular a las organizaciones de la sociedad civil— lo demuestra»
«Venezuela es uno de los pocos países donde podemos ver tres crisis simultáneas: una crisis de derechos humanos, una crisis humanitaria y una crisis migratoria que tienen un impacto devastador en los derechos de los venezolanos. Hay más de 7 millones de personas que se vieron obligadas a salir del país, una de las crisis migratorias más grandes del mundo, y otros 7 millones que requieren ayuda humanitaria. Y cómo si fuera poco, se cometen una larga lista de abusos contra los Derechos Humanos con total impunidad».
Miguel Pizarro:
«Venezuela ha tenido un ataque progresivo contra el espacio cívico, contra la capacidad de asociación, la capacidad de organización, la capacidad de expresarse, la capacidad de militar o de activar en distintos tipos de movimiento. Esto ha tenido diversas expresiones: desde la represión masiva en protestas del 2017 y como eso derivó en más de 100 asesinados en el marco de las manifestaciones, la ilegalización de los partidos políticos, la construcción de poderes supraconstitucionales, y muchas otras más».
«Tal como lo han determinado diversas investigaciones y reportes de tanto de la OEA como de la ONU: el Estado venezolano busca destruir cualquier forma de disidencia, de callar o eliminar cualquier forma de organización y reclamo. Todas estas acciones, como el proyecto de ley, buscan criminalizar la asociación y organización que defiende los derechos».
Rigoberto Lobo:
«Es una continuación e incremento del retroceso que vemos desde el año 2013 en el caso de Venezuela».
«Cuando hablamos del término amplio de la libertad de asociación vemos que ya ha sido bastante golpeado: los partidos políticos y los sindicatos y los gremios que estuvieron mucho tiempo acaparados por el oficialismo hasta hace poco. Además de los atropellos de violencia física y estructural de las instituciones críticas al gobierno y dedicadas a los Derechos Humanos».
«Tenemos un contexto de libertad de asociación bastante deteriorado en Venezuela. Todo indica que no será un panorama para seguir trabajando de la mejor manera».
