A lo largo del año el gobierno contará con más recursos, pero en lo inmediato enfrenta el desafío de aplacar la protesta de los trabajadores y contener la inflación
Víctor Salmerón/ @vsalmeron
El colapso de la moneda, la aceleración de la inflación y las protestas por los bajos salarios en el sector público elevan la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, pero todo indica que progresivamente ganará capacidad de maniobra gracias al aumento de la producción de petróleo y al alza en los precios del barril.
La escalada en los precios del petróleo, consideran analistas, vendrá de la mano del incremento de la demanda por la reapertura de la economía china, hasta hace poco maniatada por las restricciones para combatir al Covid. Al mismo tiempo, se espera menos oferta de crudo por el impacto de las sanciones a Rusia tras su invasión a Ucrania.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) explica en su informe de enero de este año que el escenario más probable es que se desarrollará un «déficit sustancial de crudo durante toda la segunda parte de 2023 a medida que la demanda avance a toda velocidad”.
El barril Brent, el crudo marcador, se cotiza en torno a 80 dólares y Goldman Sachs contempla que alcance los 110 dólares en el tercer trimestre, mientras que los analistas de UBS esperan que el precio “supere los 100 dólares en los próximos meses”.
El petróleo es la principal fuente de dólares de la administración de Nicolás Maduro y el alza en el precio del barril se combinará con el incremento de la producción, gracias a que el gobierno de Joe Biden otorgó una licencia a Chevron, la multinacional estadounidense, para que aumente sus operaciones en Venezuela.
Estados Unidos, al igual que una larga lista de países, considera ilegítimas las elecciones de 2018 en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente y mantiene vigentes sanciones que limitan el comercio de petróleo con Venezuela, así como las operaciones de las empresas estadounidenses y extranjeras.
La producción
Chevron tiene una participación minoritaria en cuatro empresas en las que está asociada con Pdvsa, la compañía de petróleo del estado venezolano: Petropiar, Petroboscán, Petroindependencia y Petroindependiente. En el pasado, Chevron financió parte de las operaciones de estas empresas y Pdvsa tiene una deuda por pagarle.
Aunque no se conoce en detalles el contrato firmado entre Chevron y Pdvsa, se sabe que la empresa estadounidense invertirá y aumentará la producción en las compañías en que son socios. Luego exportará el petróleo a Estados Unidos y una parte de los beneficios ingresarán a la caja del gobierno venezolano.
La información entregada por el gobierno a la OPEP indica que la producción de Venezuela promedió 716 mil barriles diarios en 2022 y fuentes petroleras calculan que para finales de este año Chevron estará produciendo unos 300 mil barriles, con lo que la producción aumentaría hasta una cifra cercana al millón de barriles.
Gustavo García, execonomista jefe de la División Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, indica que esto sería entre el tercer y cuarto trimestre: «Lo más probable es que, en promedio, la producción de Chevron se ubique entre 150 mil y 200 mil barriles diarios”.
La caja
Para exportar petróleo al margen de las sanciones la administración de Nicolás Maduro recurre a intermediarios que revenden el crudo en Asia con un descuento considerable, pero Chevron podrá ofertar los barriles extraídos en Venezuela a precios de mercado.
Gustavo García señala que como no se conoce el contrato firmado por Chevron, para calcular un aproximado del ingreso, asumió que Pdvsa recibirá la mitad de los beneficios a un precio de 80 dólares el barril para el crudo venezolano.
De acuerdo con este ejercicio, a través de Chevron, el gobierno recibiría este año alrededor de 2 mil 200 millones de dólares, una cifra que en las actuales circunstancias proveería oxígeno porque ayudaría a disminuir el severo desequilibrio en las finanzas del Estado.
El Banco Central utiliza los bolívares que crea para financiar a Pdvsa y luego Pdvsa transfiere dinero al resto del sector público. Una vez este dinero ingresa a la economía genera presión inflacionaria porque se traduce en más bolívares detrás de pocos productos o en una demanda de dólares que propicia la depreciación de la moneda.
A la par de que emite bolívares para financiar al gobierno el Banco Central vende dólares a través de la banca, pero es un monto muy pequeño respecto a la demanda y por tanto el bolívar no deja de hundirse. En enero de 2022 un dólar costaba 4,5 bolívares y hoy cuesta 22 bolívares en el mercado oficial.
El auxilio
Para colocar los números en contexto, Gustavo García precisa que con el ingreso que recibiría a través de las operaciones de Chevron el gobierno podría duplicar el monto de dólares que el Banco Central vende en el mercado cambiario.
“Además, si utiliza los bolívares que recibirá por la venta de los dólares para ajustar los salarios de los trabajadores públicos y las pensiones, no habría un efecto inflacionario considerable. No estaría emitiendo dinero adicional, los bolívares vendrían de los bancos, son bolívares que ya están en el mercado”, dice Gustavo García.
Desde su punto de vista, en este escenario, “el gobierno pudiera hacer un aumento que seguramente no va a ser lo que los empleados públicos y pensionados aspiran, podría llevar el salario mínimo en torno a 50 dólares y con un poco de habilidad alejarse del peligro de regresar a la hiperinflación, aunque seguirá habiendo una inflación elevada”.
El gobierno no ajusta los salarios desde marzo de 2022 y el salario mínimo, que es equivalente a las pensiones, solo representa seis dólares. En el caso de los maestros, un gremio que comenzó el año protestando en las calles, el salario base es de 15 dólares.
El Observatorio Venezolano de Finanzas precisa que en diciembre la inflación fue la más alta en veinte meses y se ubicó en 37,2%, una magnitud que encendió las alarmas. Según la definición clásica, creada por el economista Philip Cagan en 1956, un país se hunde en la hiperinflación cuando los precios aumentan 50% en un mes.
“El riesgo es que el gobierno siga emitiendo dinero al mismo ritmo en que lo viene haciendo para aumentar el gasto en mayor proporción. El financiamiento del Banco Central al sector público aumentó 898% al comparar 2022 con 2020” advierte Gustavo García.
Un factor a tomar en cuenta es que otras empresas petroleras como Repsol y ENI están presionando a Estados Unidos para que les otorgue una licencia similar a la de Chevron. Además, es probable que Chevron asuma un rol más activo en el mediano plazo.
“Tengo la impresión de que el contrato con Chevron, por la forma en que está redactada la licencia, implica que Chevron va a entrar como proveedor de servicios para aumentar la producción en los campos petroleros que están por completo bajo control de Pdvsa”, indica Gustavo García.
En este escenario considera que en 2024 la producción petrolera continuaría aumentando hasta una cifra en torno a 1 millón 300 mil barriles y el gobierno estaría en condiciones de aumentar el salario mínimo y las pensiones hasta los 100 dólares.
“Esto es un escenario donde los problemas de Venezuela no se van a resolver, podría haber mayor estabilidad en la tasa de inflación y el tipo de cambio si estos supuestos se materializan, pero sigue siendo un escenario mediocre”, dice Gustavo García.
El corto plazo
Los trabajadores del sector público han tomado las calles y presionan por un ajuste en el salario. El ingreso mínimo legal, que aparte del salario incluye un bono de alimentación, equivale a 8 dólares y aumentarlo en el corto plazo representa un desafío para el gobierno.
La consultora Síntesis Financiera indica que el costo mensual de la nómina del sector público, incluyendo pensionados, equivale a 2,45 millardos de bolívares que al tipo de cambio oficial actual equivalen a 111 millones de dólares.
La firma precisa que si el ingreso mínimo legal aumenta hasta el equivalente a 30 dólares, el costo mensual de la nómina en bolívares se elevaría en 257%, en 491% si aumenta hasta el equivalente a 50 dólares y en 1.075% si aumenta hasta el equivalente a 100 dólares.
“Estos incrementos en el gasto fiscal ilustran el desafío de política económica que enfrenta el gobierno. En primer lugar, está el reto de financiar ese mayor gasto con ingresos ordinarios petroleros y no petroleros, sin recurrir al financiamiento monetario del Banco Central”, explica Síntesis Financiera.
Añade que “el Banco Central enfrentará una presión mayor en el control de la liquidez monetaria y la defensa del bolívar descansando esencialmente en la venta de divisas en efectivo”.
El auxilio proveniente del aumento de la producción petrolera y el alza del petróleo llegará progresivamente y difícilmente será suficiente para satisfacer las aspiraciones de los trabajadores del sector público. En lo inmediato aplacar la protesta, enfriar la inflación y regresar a un clima de normalización es el gran reto de Nicolás Maduro.
