Expertos en materia legal consideran que la detención y destitución del alcalde de El Tigre por someter al escarnio a niños con Asperger pareciera un pretexto para sacarlo de circulación
Coinciden en que si bien los comentarios del alcalde son repudiables, la actuación del Ministerio Público fue desproporcionada y fuera de lugar
“¿Quién pintó eso tan horroroso? Me cuentan que fueron los niñitos con Asperger ¿Con qué lo pintaron? ¿Con las patas? Me quitan eso de ahí, qué cosa tan espantosa ”, dijo en un audio que se hizo viral el alcalde del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima el pasado 3 de mayo.
A raíz de la masiva difusión del audio, el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenó la detención del funcionario.
En un periodo de apenas tres días fue destituido de su cargo, trasladado esposado y con una capucha a Caracas por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e imputado por los supuestos delitos de promoción al odio, acto arbitrario, agravante de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y obstrucción a la libertad de comercio.
De acuerdo con el fiscal, Paraqueima violó la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y Tolerancia aprobada por la ANC. Aunado a haber incurrido en el pasado en irrespeto a las mujeres, comerciantes, adultos mayores y personas en situación de indigencia.
De ostentar el poder en la localidad de El Tigre, Paraqueima fue fotografiado esposado con ropa deportiva y sin cordones en los zapatos y repudiado por sus propios antiguos compañeros en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Posteriormente, el Ministerio Público solicitó casa por cárcel para Paraqueima por padecer un “trastorno depresivo mayor”.
Además, la Contraloría General de la República inhabilitó a Paraqueima para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 15 años.
Sobre el proceso exprés y la imputación de Paraqueima Runrunes conversó con el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli; la exdiputada y abogada, Tamara Adrián y la experta en criminología y psicólogo social, Magally Huggins.
¿Considera que la detención, destitución e imputación del alcalde Paraqueima estuvo apegada a derecho?
Juan Manuel Raffalli: Toda persona que sea sujeto de una orden aprehensión por la presunción de que haya cometido un delito puede ser arrestada en los términos y condiciones que establece la ley mientras se determina su culpabilidad y, mientras tanto, debe presumirse inocente. Lo que ocurre en este caso son los términos en los que se produce, algo absolutamente desproporcionado. Su comentario fue una gran estupidez, sin embargo, lo que hay detrás de esto es una detención desproporcionada a un alcalde que fue electo popularmente y está en funciones. Ni siquiera a los delincuentes agarrados en flagrancia los detienen de esa manera. De inmediato se habló del exalcalde y juramentaron a otra persona. Lo ideal hubiese sido citarlo para que compareciera por sus propios medios ante las autoridades competentes en su domicilio. De hecho, haberlo trasladado de esa forma también puede considerarse una incitación hacia el odio de la persona que se está juzgando. Es un tema delicado que está vinculado a los derechos humanos y a la dignidad de las personas detenidas.
Tamara Adrián: La actitud de Paraqueima es absolutamente populista y despreciable en cuanto al respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con discapacidad, y es un comportamiento que comparte con otros miembros del chavismo como el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, entre otros. Pero incitar al odio es una cosa e imputar un delito de odio es otra. Llamar a la discriminación, al irrespeto e incluso a la muerte es incitación al odio propiamente. Esta Ley contra el Odio no es tal porque fue aprobada por un órgano írrito que fue la Asamblea Nacional Constituyente, creada únicamente con la finalidad de bloquear a la Asamblea Nacional electa democráticamente en 2015.
Magally Huggins: Lo del alcalde Paraqueima tiene puntadas de hilo al revés: eso fue una jugada política, una fachada, porque la Ley para la Atención a las Personas con Trastorno del Espectro Autista Integral acaba de entrar en vigencia y no se podía aplicar cuando Maduro llamó autistas a los opositores o en este caso. En Venezuela las leyes se escriben, pero no se cumplen. Tanta es la farsa que por un lado lo juzgaron y por otro lado lo declararon depresivo para darle casa por cárcel. Como buena venezolana que vive en este país considero que esto es una farsa.
¿Estamos todos en peligro de ser encarcelados si decimos algo que pueda ser considerado incitación al odio por el Gobierno?
JMR: En cuanto a la Ley del Odio, hemos tenido críticas muy serias, el problema no es que exista una Ley del Odio, hay muchos países que tienen una legislación contra las personas que incitan al odio y son instrumentos que tratan de establecer límites a individuos que promueven el odio hacia otros. El asunto es que, a diferencia de muchas otras leyes, los tipos penales son abiertos, están sujetos a una importante discrecionalidad porque la determinación del odio y si se produjo este sentimiento es algo muy difícil de probar. Por ejemplo, la estupidez cometida por el alcalde no causó odio contra los niños que pintaron el mural, más bien produjo el rechazo de todos los sectores de la sociedad hacia él.
TA: Esta Ley del Odio se ha aplicado en la práctica contra disidentes políticos, es algo elaborado por el régimen de Maduro para perseguir a quienes lo adversan y por ello la usan con discrecionalidad. Hasta ahora, todos los que han sido encarcelados por esta Ley es porque dijeron algo o tuitearon algo que al Gobierno no le gustó, no es más que un elemento de eliminación de la disidencia. El caso Paraqueima parece tener el mismo sentido, eliminar a alguien que se les había vuelto incómodo porque sus relaciones con el régimen no eran tan fluidas como fueron al comienzo y pudiese estarse perfilando como un ganador para las elecciones de 2025, y esto les preocupaba.
MH: Claro que la Ley del Odio es discrecional, por supuesto que a cualquier defensor de derechos humanos se la pueden aplicar porque no les gusta lo que dice. Todas las leyes en Venezuela son así: leyes solamente se aplican de acuerdo con el interés político y la principal misión es callarnos a todos. La única fuente de información confiable que existe en Venezuela son las organizaciones de la sociedad civil y a ese nivel no han podido penetrar para que la gente desconfíe de ellas.
¿La Ley del Odio es algo que funciona a discreción, porque con la finalidad de descalificar y ofender desde el alto Gobierno se ha llamado autistas y homosexuales a miembros de la oposición?
JMR: El problema de la Ley del Odio es su discrecionalidad, eso que llaman los tipos penales en blanco. Genera una profunda inseguridad jurídica y se convierte en un elemento o una herramienta de persecución, y además de manera injusta, porque en programas de TV percibimos a gente que expresamente se dirige a opositores con palabras altisonantes, incluso desde el alto gobierno, en medios masivos de comunicación. Esta Ley, más que eliminada, debe ser revisada y reformada. En Venezuela, el que se exprese de una manera que no le guste al poder puede ser perseguido bajo la excusa de fomentar el odio, es difícil probar el odio y la extensión de este.
TA: Existen otros casos que también deberían ser juzgados con el mismo criterio y no lo son. Esto lo que demuestra es el uso instrumental de la justicia y la imputación a través del Ministerio Público de los casos en los que hay temas políticos de por medio. Esto deja claro la ausencia de independencia de poderes, y eso en el fondo lo que impide es que en Venezuela haya inversiones extranjeras, trabajo digno y, por ende, salarios acordes con la situación económica.
MH: La justicia en Venezuela tiene un nivel cero, es un instrumento de represión social y de control polític0. Por lo tanto, la impunidad tiene todo el control. La Ley del Odio se aplica cuando y contra quien le interese al régimen. Hay una total discreción en todo el sistema de justicia, en donde la principal cabeza es el Presidente, que decide todo lo que se hace para lo cual hay que ver la capacidad que tiene para destruir y no de construir.
