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Candidatos pactaron un acuerdo con violaciones anticipadas

Ocho candidatos firmaron un acuerdo de reconocimiento de resultados con el CNE. En uno de los puntos los aspirantes a la presidencia ratifican que el CNE "ha venido dando cumplimiento a las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecidos en el cronograma electoral", pero la realidad dista de esta aseveración

acuerdo candidatos
Yakary Prado
Hace 4 semanas

Este 20 de junio de 2024, el gobernante Nicolás Maduro y otros siete candidatos acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) a firmar un acuerdo de reconocimiento de resultados de cara a los comicios del 28 de julio. 

El documento fue suscrito por Maduro y por Daniel Ceballos, (Arepa) Benjamín Rausseo (Conde), José Brito (Primero Venezuela), Luis Eduardo Martínez (AD intervenida por el TSJ), Claudio Fermín (Soluciones) , Javier Bertucci (El Cambio) y Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz). Los ausentes fueron el candidato Enrique Márquez y el aspirante por la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, quien aseguró más temprano que no fue invitado a la firma.

Previamente, en un comunicado difundido en sus redes sociales, González Urrutia argumentó que el reconocimiento de los resultados ya está contemplado en el Acuerdo de Barbados, suscrito por oposición y chavismo en octubre de 2023, y también consideró que un acuerdo de este tipo “nunca debe ser impuesto unilateralmente”. 

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, se refirió a la ausencia de González durante la lectura del acuerdo. La cámara de VTV mostró un sillón vacío que supuestamente habían reservado para el candidato opositor mientras Amoroso expresaba: “Edmundo González no acudió al llamado de la patria”.

 

En otras declaraciones difundidas por medios que cubrieron el evento Amoroso señaló: “Ellos -la oposición- lo que quieren es desconocer, desestabilizar y sabotear este proceso, pero con ellos o sin ellos, aquí habrá elecciones el 28 de julio (…) Si ellos no quieren presentarse, es problema de ellos”.

Ya el CNE se cobró el cheque en blanco

El acuerdo suscrito por ocho de los candidatos consta de nueve puntos, entre los que se mencionan la necesidad de respetar la Constitución y las leyes electorales, reconocimiento a la autoridad del CNE  y al “cumplimiento de garantías electorales” por parte del máximo órgano comicial, el clima que debe reinar en las elecciones, el compromiso de aceptar los resultados, un pedido de “respeto” a los gobiernos del mundo a la soberanía de Venezuela, la exigencia del levantamiento de sanciones, entre otros aspectos. 

A continuación, detallamos los puntos controversiales del acuerdo y los que, anticipadamente, se han venido violando. 

Unilateralidad y censores en el CNE

El primer punto del acuerdo suscrito destaca que se debe reconocer al CNE como la única autoridad “legítima y competente para la organización, administración dirección y vigilancia” de la elección presidencial del 28 de junio.

Pero pareciera que es el propio CNE quien está poniendo en entredicho su credibilidad y reconocimiento de su autoridad con sus acciones. Una semana antes de la firma de este acuerdo un rector principal sorprendió al alertar sobre irregularidades dentro del ente comicial que afectan el proceso de las presidenciales.

En entrevista con Efecto Cocuyo Juan Carlos Delpino reveló que el CNE “no se reúne desde marzo”, denunció que Elvis Amoroso tomaba decisiones de forma “unilateral” y alertó sobre la existencia de “censores internos” en el ente comicial. 

“Elvis Amoroso toma decisiones sin convocar a sesión desde marzo. El CNE es un cuerpo colegiado y yo tengo derecho a votar, salvar mi voto y razonarlo, y a hacer valer el derecho de todos los candidatos”, disparó Delpino en esa conversación, en la que también que la decisión de revocarle la invitación a la misión electoral de la UE “la tomó él”. 

Sin plenas garantías electorales

En el  punto tres del acuerdo, los candidatos que suscribieron el documento certificaron con su firma que el Consejo Nacional Electoral “ha venido dando cumplimiento a las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecidos en el cronograma electoral”. De igual forma,  se comprometen a “convalidar los resultados emitidos por el Poder Electoral, respetando la expresión perfecta de la voluntad popular manifestada a través del sufragio, en consonancia con lo previsto en los acuerdos de Barbados y Caracas”.

Sin embargo, la realidad ha sido otra desde las primeras fases del proceso. Aunque el Acuerdo de Barbados, que menciona el propio CNE , establecía que se debía respetar el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato, lo cierto es que a la oposición se la pusieron difícil para postular a su aspirante: a la ganadora de las primarias, María Corina Machado, la bloquearon por la inhabilitación que le ratificó el Tribunal Supremo de Justicia.  A la candidata sustituta, Corina Yoris, tampoco se le permitió la inscripción y solo fue en los minutos finales del lapso estipulado por el CNE cuando la Plataforma Unitaria pudo inscribir a Edmundo González como candidato “tapa”. 

Por otra parte, organizaciones como la Red Electoral Ciudadana han denunciado que las garantías electorales no han sido plenas. Hubo varios alertas sobre los obstáculos que puso el organismo comicial a la inscripción de votantes en el exterior, ya que en países como Argentina el registro abrió hasta con dos semanas de retraso, lo que limitó la inscripción de votantes.

Las quejas sobre retrasos en la apertura del proceso en las sedes diplomáticas del Gobierno venezolano en el extranjero no solo vinieron desde Argentina,  sino desde otras ciudades del mundo como Madrid, Berlín, Quito, Bogotá, entre otras.  

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Este 20 de junio de 2024, el gobernante Nicolás Maduro y otros siete candidatos acudieron…

Al retraso se le sumó la petición de requisitos casi imposibles a los venezolanos en el exterior. En entrevista a Runrun.es el pasado 5 de abril la coordinadora de AlertaVenezuela, Ligia Bolívar, denunció que con estas acciones el ente electoral estaba violando el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que reza que podrá votar todo el que demuestre legalidad de permanencia fuera de Venezuela. 

Proyecciones del Observatorio Electoral Venezolano indican que apenas 69.000  de los 7,7 millones de venezolanos residentes en el exterior podrán sufragar en las presidenciales del 28 de julio, menos del 1% de la diáspora, reseña una nota de Efecto Cocuyo

Asimismo, el CNE publicó el registro electoral preliminar un par de días después de lo contemplado y, a pesar de ello, no se extendió el lapso para generar solicitudes de incorporación e impugnación.

Además se ha señalado la ausencia de comunicación desde el CNE para promover cada hito del proceso, vacío de comunicación “que afecta los derechos de los electores”, expresó en una presentación virtual el pasado 18 de junio Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven. 

El clima no ha sido de respeto, sino de persecución y arbitrariedades

El punto cuatro del acuerdo que firmaron en el CNE ocho candidatos invita a “competir en un clima de respeto, paz y participación democrática, para que durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024 y los días posteriores a éste, no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país”.

Pero la cordialidad salió del grupo a pocos minutos de la firma del acuerdo. El candidato Antonio Ecarri le insistió a Maduro para que concurrieran a un debate nacional y Maduro, en tono displicente, le respondió: “Tú no aguantas un espuelazo, Ecarri”. Horas después decía, Maduro se refirió a ese episodio con Ecarri y dijo ante sus seguidores que Ecarri lo tenía “ladillado”. 

 

Y para quienes apoyan al candidato opositor Edmundo González el clima no ha sido ni de respeto, ni de paz como pide el acuerdo. El pasado 17 de junio la líder opositora, María Corina Machado, denunció que el régimen siguen “criminalizando la lucha electoral y la campaña” y precisó que, en lo que va de año, son 37 los dirigentes políticos y sociales “detenidos por la tiranía”,  10 directamente vinculados al comando de campaña opositor.

A las detenciones se suman otras acciones de amedrentamiento.  Hasta el 10 de junio pasado, la ONG venezolana Laboratorio de Paz registraba que  solo un estado de Venezuela de los 13 por donde había pasado la campaña electoral del candidato Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición María Corina Machado no había reportado violaciones a los derechos civiles y políticos.

A excepción del mitin político en Delta Amacuro, se registraban para ese momento 69 casos de violaciones a los derechos humanos. A la par de 25 detenciones, la ONG contabilizó  la clausura de nueve establecimientos por ofrecer bienes y servicios a la campaña electoral, órdenes de cierre temporal de al menos 35 locales en Quíbor y la confiscación de un número indeterminado de bienes vinculados al trabajo y sustento de trabajadores y trabajadoras. 

El 19 de junio pasado también se anunció la inhabilitación por 15 años de diez alcaldes opositores entre Nueva Esparta y Trujillo, así como la destitución, por la mayoría chavista de la Cámara Municipal,  de dos concejales opositores en Tucupita tras la visita de la líder opositora, María Corina Machado, al estado Delta Amacuro.

Adicional a estos atropellos, sobre la tarjeta de la MUD sigue pesando como la espada de Damocles de una posible anulación, tras un recurso introducido en marzo de 2024 por Luis Ratti, y luego de que el propio Diosdado Cabello expresara en alocución televisiva que se  mantenía “por ahora” gracias a las negociaciones con Estados Unidos. 

¿Soberanía o ausencia de observación?

En el quinto punto del acuerdo del CNE se pide que los candidatos ratifiquen el llamado a los gobiernos del mundo al “respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestra Nación”. 

El acuerdo no indica si ese respeto significa que no puedan alertar sobre las irregularidades que se denuncian desde Venezuela. Y es que cuando faltan menos de 40 días para las presidenciales, varios gobiernos del mundo han alzado su voz y no desde la perspectiva injerencista, sino para expresar preocupación por la falta de observación electoral suficiente, luego de que el pasado 28 de mayo el Consejo Nacional Electoral revocara la invitación que había extendido a la Unión Europea para enviar una Misión de Veeduría Electoral.

El propio Lula da Silva, primer mandatario brasileño, aliado ideológico de Maduro, se comunicó telefónicamente con el gobernante para recordarle la importancia de “contar con una amplia participación de observadores internacionales”.  El 19 de junio, a través de su canciller, Brasil insistió en que aspiraba que las presidenciales de Venezuela tuvieran una “amplia observación internacional” para garantizar su legitimidad. 

Otro conocido aliado del gobierno, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, también fijó posición respecto al tema de la observación electoral en las presidenciales 

En lo que respecta a la observación electoral solo se sabe que la misión de observación del Centro Carter tiene previsto llegar al país el 28 de junio. La última vez que observaron un proceso electoral en Venezuela fue en 2021, cuando se celebraron las elecciones regionales. En esa ocasión, denunciaron la  interferencia política en el CNE y concluyeron que los comicios no cumplieron con las normas internacionales básicas ni democráticas.

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