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La represión elevó la desconfianza contra los cuerpos de seguridad

Luego de las elecciones del 28J, los organismos de seguridad del Estado apretaron las tuercas de la represión causando zozobra y miedo en la población. Los más afectados fueron habitantes de zonas populares donde el descontento se hizo sentir más. Organizaciones como Human Rights Watch y Acceso a la Justicia piden a la sociedad civil organizada que sigan denunciando atropellos a los DDHH y a la comunidad internacional inmiscuirse en una eventual transición a la democracia. 

seguridad
Redacción Runrun.es
Hace 3 semanas

“Ahora te piden que abras WhatsApp y pongas en el buscador Maduro, guarimba o María Corina, a ver qué consiguen”, dijo un caraqueño que pidió no ser identificado en una zona popular de la capital venezolana sobre la conducta de los cuerpos de seguridad del Estado después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio

Aunque el nivel de patrullaje y alcabalas ha bajado, especialmente después de la partida del candidato presidencial Edmundo González Urrutia a España, en zonas populares de Caracas como El Valle, Caricuao, Petare y Catia, la gente sigue con cautela y evita confrontar a cualquier uniformado.

Tampoco es que la relación entre los ciudadanos  y los cuerpos de seguridad era cordial, pero según las propias cifras del gobierno, luego de los comicios del 28J, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas, entre ellos más de 100 adolescentes.

El régimen madurista a través del Ministerio Público controlado por el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, les imputa delitos de odio, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir.

Y es que en los sectores populares fue donde las protestas poselectorales se hicieron sentir más. Luego que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, leyera un escueto comunicado dando como ganador a Nicolás Maduro, cientos de personas se lanzaron a las calles a protestar por el cuestionable resultado. La reacción desató una ola represiva por parte de funcionarios que decantó en una veintena de muertos, heridos y miles de detenidos.

“Tu sabes que yo no hablo de esos temas”, dijo otro de los caraqueños entrevistados, quien ha visto de cerca la represión en barriadas y ahora ni se atreve a tocar el tema de la política con sus vecinos por miedo a ser delatado.

No solamente en la calle aprehendieron a personas, agentes de seguridad buscaron en sus casas a personas opuestas al régimen, algunas casas fueron marcadas con una X y un simple estado de WhatsApp era suficiente para subir a una patrulla y posteriormente ser enviado a una cárcel común como Tocorón, Tocuyito o Yare.

“Después de las elecciones del 28J, el gobierno tomó una posición sumamente represiva y agresiva frente a las concentraciones, el 29J cualquier persona que estuviera en la calle era arbitrariamente detenida”, dijo Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia.

“Sacaron a gente de sus casas en sectores populares porque ellos fueron los que más manifestaron, la política de Estado se basaba en crear un ambiente de miedo y terror para que la gente no se manifestara”.

Louza denunció que las personas detenidas se encuentran prácticamente incomunicadas.

“Trasladados a zonas lejanas donde conviven en una situación de precariedad,  a todos se les imputaron los mismos cargos sin hacer distinción, eso ha causado un pánico importante en la población, el discurso desde el poder ha sido bastante violento”.

Réplica del modelo cubano

Para Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) es evidente que en Venezuela se copiaron el modelo cubano de contrainteligencia para delatar a la disidencia opositora y generar zozobra en la población.

“Eso ha sido ampliamente documentado y en este contexto ha habido sectores de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que estarían interesadas en dar un paso hacia la democratización, porque se han percatado que la represión también ha sido contra ellos”.

Goebertus indicó que pese a la cruenta arremetida del régimen, la sociedad civil venezolana se ha mantenido activa documentando y denunciando atropellos a los derechos humanos.

“Nosotros hemos desarrollado un laboratorio de investigaciones digitales para certificar los videos, poder hacer cronologías y corroborar que la mayoría de los atropellos se cometieron en el marco de protestas pacíficas. El principal rol de la sociedad civil organizada y las ONG es documentar y denunciar porque es la única forma de obtener justicia”.

Louza comentó que el problema en Venezuela es que el sistema de justicia no es independiente y la Defensoría del Pueblo menos.

“No hay donde acudir y por eso se ha disparado el éxodo y la migración”.

Louza indicó que no pareciera que la conducta del Estado vaya a cambiar en torno a la protesta pacífica ciudadana.

 

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“Ahora te piden que abras WhatsApp y pongas en el buscador Maduro, guarimba o María…

 

“Hay que recordar que la líder es Maria Corina Machado y sigue teniendo mucha popularidad, eso puede llevar a que el gobierno suba el volumen cada vez que ella haga una convocatoria. El objetivo del gobierno es controlar la calle”.

El papel de la comunidad internacional

Goebertus aseguró que desde HRW le han escrito cartas públicas a los gobiernos de Colombia, Brasil y México para que intercedan en la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.  

“Básicamente les hicimos tres observaciones, la primera es que la propuesta de repetir las elecciones es grave porque desconoce la voluntad de los venezolanos, instamos a que se cuenten cada uno de los votos del 28J y por otro lado nos parece descabellado que sean las propias instituciones venezolanas que resuelvan la crisis electoral, cuando hemos insistido que tanto el CNE como el TSJ no son órganos imparciales e independientes”.

Igualmente Goebertus criticó la proposición del presidente colombiano Gustavo Petro, quien habló de una amnistía amplia para los crímenes cometidos durante los últimos 25 años.

“Es una burla a las víctimas y desconoce el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela en la ONU, que ha llegado a la conclusión de que se han cometido crímenes de lesa humanidad”.

Goebertus manifestó que si bien un acuerdo de transición a la democracia podría incluir elementos de justicia transicional. “De ninguna manera se podría desconocer, dejar de investigar, juzgar y sancionar a los culpables”.

La directora de HRW dijo que de los presidentes de la región con tendencia izquierdista, la voz de Gabriel Boric en Chile ha sido la más contundente.

“Quizás no hemos visto la misma reacción en Petro porque seguramente considera la posición de tener una frontera compartida de 2 mil kilómetros, sin embargo ello no debe ser excusa para exigir que cese la represión”.

Goebertus alabó el reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos. 

“Nos pareció que se hizo sobre la base de un proceso riguroso, hemos trabajado para que se logre que el mandato de la Misión continúe y porque esta sea renovada por dos años más en octubre. Entendemos que el gobierno de Maduro ha hecho esfuerzos diplomáticos para que el trabajo de la Misión cese, pero la expulsión de la oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU de Venezuela y la reciente represión poselectoral son elementos suficientes para que se mantenga”.

Louza agregó que de acuerdo a la coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas Civicus, Venezuela es considerada “un espacio cerrado”.

Esto significa que el Estado lo controla todo y no quiere ningún tipo de disentimiento y para ello han tomado medidas radicales”.  

La directora de Acceso a la Justicia dijo que si bien han sido excarcelados una cifra importante de adolescentes, la mayoría de los detenidos luego de las elecciones permanecen tras las rejas.

“Más bien el número ha ido aumentando”.

Louza recomendó a la población acudir a las ONG vinculadas a defensa de DDHH.

 “Para ser escuchados, porque lamentablemente más de eso no se puede hacer”.

A juicio de Goebertus es importante seguir denunciando así no se obtenga justicia de manera inmediata.

Es lo que permite mucho tiempo después empujar procesos de transición y rendición de cuentas. Tanto Colombia como otros países de la región podrían tener un rol fundamental en función de impulsar un diálogo”.

 

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