Gobierno elude su responsabilidad con los presos políticos fallecidos bajo su custodia

Tras semanas de denuncias sobre su deteriorado estado de salud, el dirigente político del estado Trujillo y preso político, Reinaldo Araujo, murió después de ser ingresado al Hospital Pedro Emilio Carrillo de la entidad, donde falleció el 24 de febrero, detalló Moreno.

Es el sexto dirigente político fallecido en custodia del Estado Venezolano desde el 28 de julio y es parte de los 23 actores políticos muertos tras las rejas desde 2015 principalmente por ”torturas, tratos crueles e inhumanos y la falta de atención médica adecuada”, se lee en un recuento de casos elaborado por el medio El Nacional.

Araujo era dirigente de Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora María Corina Machado, en el municipio Valera, del estado andino de Trujillo. Fue capturado el 9 de enero, cuando se llevaron a cabo las manifestaciones convocadas por la oposición en rechazo a los resultados electorales transmitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 29 de julio, que anunciaron ganador a Nicolás Maduro, quien se juramentó al día siguiente. 

“Hace cuatro días su esposa lo había logrado ver y se dio cuenta que no estaba bien. Él era obeso y sufría de hipertensión. Después de tantas solicitudes de atención médica, hoy se la otorgaron y falleció en el Hospital Pedro Emilio Carrillo (Valera). ¿Cuántos más tienen que morir?“, reclamó Moreno a través de una publicación de publicación de X.

Machado sostuvo que el “régimen lo asesinó”, y agregó: “Reinaldo era un hombre bueno, un esposo, hijo y padre amoroso, un amigo incondicional, un ciudadano ejemplar (…) Tenía serios problemas de salud, pero le negaron la asistencia médica. Hasta el día de hoy, cuando ya era demasiado tarde“.

Ni el primero ni el último

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Orlando Moreno, manifestó que es el ”sexto” preso político que fallece en custodia del Estado venezolano tras su detención en después de los comicios presidenciales. 

El pasado 8 de noviembre, murió el comerciante y opositor, Asdrubal Santana, en San Fernando de Apure, estado Apure. Fue detenido el 18 de septiembre y murió por un presunto infarto cuando fue traslado al ”seguro social del municipio Biruaca, donde posteriormente se notificó su deceso por un presunto infarto”, informó la plataforma Punto de Corte. 

Días más tarde, 14 de noviembre, murió el miembro VV y testigo de mesa, Jesús Manuel Martínez – detenido el 29 de julio-, víctima de complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padecía y para la cual no recibió atención médica oportuna, denunció la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).  

Casi un mes después, en la madrugada del 13 de diciembre, falleció Jesús Rafael Álvarez, de 44 años. Estaba preso en el Internado Judicial de Tocuyito del estado Carabobo. Había sido detenido junto a su esposa . Su hijo manifestó que su padre era una persona sana.  “Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban”, lamentó. 

El día 16, Osgual Alexander González, de 43 años, detenido el 1 de agosto, falleció en el mismo penal por una hepatitis, para la cual recibió atención médica tardía, denunciaron familiares. 

Moreno agregó al conteo la muerte del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos, quien fue detenido por funcionarios del Estado – según testigos- el 23 de octubre y encontrado muerto el día 25. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, sostuvo que su fallecimiento se produjo por un accidente de tránsito. 

 

 

 

 

 

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Una miembro de la organización defensora de los derechos de los presos, Una ventana a la libertad (UVL),  que solicitó resguardar su identidad, apuntó que para el Estado venezolano, estos sucesos no resultan importantes,  a pesar de ser consecuencia directa de la grave situación en los penales, que a su vez representan violaciones a los derechos constitucionales. ”Si le es útil (al Estado), le es útil (…)”, lamentó.

Expresó que aunque estos eventos ocurren de manera ”goteada”, es decir, no se repiten todos los días, no le quita la relevancia. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró en 2023 el fallecimiento de 61 presos, así como tres huelgas de hambre, cuatro motines y 533 fugas. El 51% de muertes fueron por condiciones salud y el restante murió a consecuencias de hechos violentos. 

Por otro lado, un informe de UVL contabilizó 17 muertes el mismo año por enfermedades en calabozos: seis por complicaciones respiratorias, cinco por tuberculosis, tres por desnutrición, dos por infarto y en una no se pudo obtener el certificado forense.

Una condena sin sentencia

Actualmente, en las cárceles y calabozos venezolanos se encuentran cientos de personas en delicado estado de salud debido a las condiciones infrahumanas de reclusión que excarcelados, familiares, actores políticos, activistas y ONG como UVL y el OVP denuncian desde hace años. 

La gran cantidad de presos políticos recluidos en los centros desde el 28 de julio ha permitido que la problemática haya captado mucha más atención, según UVL. 

Las reglas de Nelson Mandela, un conjunto de lineamientos conformados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establecen cómo deben tratarse a las personas privadas de su libertad, escriben en su primera regla que ”(..) Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario”.

Pero la realidad es que de ”52 cárceles en el país, solo 38 están operativas, y la población carcelaria es de 30.332 personas, con un hacinamiento crítico de 154%”, indicó Prado en una declaración para la Organización Mundial Contra la Tortura, publicada en diciembre de 2024. 

Dicho hacinamiento y las condiciones insalubres de los penales venezolanos han desencadenado una crisis de salud pública. Enfermedades como tuberculosis, VIH, hepatitis, sarna y diarreas pueden ser comunes entre los reclusos, informó un estudio del OVP sobre los calabozos de Zona 7, ubicada en Miranda. 

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela documentó en su informe de octubre de 2024 que los mismos hechos se presentan en la prisión Rodeo I, a las afueras de Caracas, también en Miranda, mediante denuncias y entrevistas a familiares. 

Y como en esos lugares, se plantean situaciones similares en el resto de centros de reclusión del país, según reportes. 

Aunado a esto, la alimentación deficiente de los presos, a quienes se les entrega poca o nada de comida, y la que pueden recibir, en muchos casos está descompuesta o contaminada, como el agua que consumen. También se suman las limitaciones en la entrada de medicamentos a los penales. 

La misma miembro de UVL señaló en entrevista con Runrun.es que las principales causas de muerte en penales son, precisamente, las enfermedades y desnutrición, ”acompañada, en muchísimos casos, de tuberculosis”. 

Yorman David León, un joven de 28 años detenido el 29 de julio en Naguanagua, estado Carabobo, sufrió las consecuencias de estas condiciones tras ser liberado el 4 de enero bajo régimen de presentación cada 15 días, ya que murió el 4 de febrero por su grave estado de salud. León estuvo en la cárcel de Tocorón, en Aragua, donde salud se deterioró. Fue diagnosticado con dengue, presentaba obstrucción estomacal, hematomas y una fisura, posiblemente resultado de golpes y torturas, relataron familiares. 

En cifras generales, de 2011 a 2024, el OVP registró el fallecimiento de 3.423 personas privadas de libertad, víctimas de hacinamiento, hambre, violencia y falta de atención médica.

A nivel internacional

El UVL mencionó otros países con gobiernos señalados por violaciones de DDHH, donde los presos políticos – y presos comunes- viven situaciones extremas en los centros de reclusión. 

En Cuba, organizaciones de DDHH reportaron que al menos 95 personas murieron a causa de la violencia policial entre 2018 y 2023. “76 estaban bajo custodia estatal, 33 perdieron la vida debido a problemas de salud, 28 por suicidios o presuntos suicidios y 12 por huelga de hambre, golpizas o accidentes”, subrayó el medio internacional DW.

De 2022 a junio de 2024, una ONG publicó que en El Salvador, el número de muertes bajo custodia estatal llegó a 301. 

En China, de 1999 a 2016,  hubo más de 5800 casos, con muertes en custodia por suicidio, accidentes, homicidios, enfermedades cardiovasculares y ”causas no determinadas” y en Rusia se contabilizaron al menos 50 fallecimientos en centros de detención durante 2023.

La integrante de UVL sostuvo que es una ”política de Estado” para estos países y los sucesos no pueden clasificarse como ”hechos aislados”. 

¿Existe posibilidad de justicia?

UVL indicó que los gobiernos responsables de estos sucesos tienen alta probabilidad de ser enjuiciados cuando ya no están en el poder.

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene potestad para hacerlo, porque los hechos comprenden una ”violación a los derechos fundamentales”, especialmente en el caso de presos políticos, quienes ”no han cometido ninguna falta”, están ”secuestrados” y no tienen acceso a la defensa privada.  Pero es destacable que la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo.

Desde su entrada en funcionamiento en 2002 hasta 2022, se sometieron 31 causas a la CPI y emitieron 37 ordenes de detención. 21 personas fueron detenidas en centros de detención del organismo y han comparecido ante la Corte.

Uno de sus casos más relevantes fue el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, detenido de 2011 por crímenes de lesa humanidad y de guerra por la violencia postelectoral que hubo en dicho país entre 2010 y 2011. Fue el primer exjefe de Estado bajo custodia de la Corte, liberado y absuelto en 2019.

En diciembre de 2024, la PUD pidió a la CPI la investigación de las muertes de los presos políticos, como parte de sus tareas por documentar y evaluar la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En enero de este año, 52 organizaciones venezolanas en el exterior solicitaron al organismo un rápido juzgamiento de los crímenes, para los que más de 11.000 víctimas han presentado pruebas.

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.