—Si alguien te toca aquí, tú dices que no. Si insisten, pides ayuda si lo necesitas…
Oriana* señaló una calcomanía roja y circular que cubría la zona genital de un muñeco de papel. Estaba en una escuela primaria en El Callao, un poblado minero en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela. Aunque no es profesora, Oriana* trabaja para una organización de la salud. Ella se dedica a detectar y apoyar mujeres y las infancias frente a situaciones de riesgo psicosocial y de salud sexual reproductiva.
Era abril de 2026. En el salón, unos 30 niños y niñas de 9 años aplaudían y repetían las frases que les enseñaba Oriana*. Miraban con atención al muñeco de papel lleno de círculos de colores rojo, amarillo y verde, la herramienta pedagógica del «semáforo corporal» que ayuda a las personas a identificar riesgos de abuso sexual.
Unos días antes la maestra llamó a la Oriana* porque presumía que una de sus alumnas era víctima de violencia y había bajado su rendimiento escolar en los últimos tres meses. Oriana* le explicó que parte de su trabajo era dar charlas para enseñar «el semáforo corporal» a niños, niñas, adolescentes y adultos.
Desde su organización han considerado que los entornos educativos son espacios seguros para hablar sobre los riesgos de la violencia basada en el género y así lo hacen en municipios del sur de Bolívar que se encuentran dentro del Arco Minero del Orinoco, un área de 111.843 kilómetros demarcada en 2016 por la administración de Nicolás Maduro para extraer minerales como oro y coltán.
El Arco Minero es parte de la Amazonía venezolana y hay presencia de organizaciones armadas y criminales nacionales, como el Tren de Aragua, e internacionales, como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y actores locales que ejercen violencia, según Transparencia Venezuela, Insight Crime, Runrun.es, El Correo del Caroní y el Observatorio Venezolano de Violencia.
ara el mes de junio de 2026, cuando cierra este reportaje, la presencia de estas bandas sigue en la zona. Los representantes de las instituciones dedicadas a los derechos humanos y la salud mental de las mujeres en las minas del sur del estado Bolívar prestan sus servicios con protocolos de seguridad extrema, como el anonimato entre los psicólogos que atienden a las víctimas.
La violencia paramilitar impide que las mujeres, niñas, niños y adolescentes denuncien libremente si son víctimas de violencia basada en género, según lo que han visto cuatro trabajadores de organizaciones sociales que tienen presencia en el estado Bolívar y que han pedido proteger sus identidades para evitar represalias.
Educación frente a la opacidad
Oriana* puso los puntos rojos en el muñeco de papel para indicarle a los niños qué zonas del cuerpo no se deben tocar y que pueden significar un alto riesgo de violencia: las calcomanías estaban en la boca, en el pecho y en la zona genital.
Luego, señaló unas calcomanías de color amarillo en los brazos y piernas del muñeco de papel.
—Si te quieren tocar por aquí, deben pedir permiso—explicó. Los niños aplaudían y repetían lo que escuchaban.
Oriana* trató de ver con atención la expresión corporal de los niños mientras ellos señalaban las calcomanías verdes de la coronilla de la cabeza y los hombros del muñeco de papel. Estaba atenta si alguno aplaudía sin sonreír, si no cantaba, si movía su mirada hacía la maestra. Ella consideraba que esos gestos en actividades grupales son señales de que un niño o un adulto podría ser víctima de violencia basada en género.
La Federación de Psicólogos de Venezuela, en su seccional del Estado Bolívar, denuncia que no tiene una sede física. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos como Provea denuncian que el acceso a la salud (física y mental) de las comunidades en el estado amazónico es escaso y vulnerable: sin medicinas, edificaciones ni personal para atender a la población. Mapa elaborado por: VE360
Aunque no hay datos oficiales sobre la prevalencia de este tipo de violencia en Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – UCAB), uno de los principales referentes de educación universitaria privada en el país, ha documentado desde el 2021 distintos casos de explotación laboral, matrimonios infantiles y la explotación sexual en el Arco Minero del Orinoco en su serie de informes titulado «Historias de vida sobre esclavitud moderna en Venezuela».
Walk Free, una ONG internacional dedicada a la identificación, denuncia y mejorar las legislación multilateral para eliminar la esclavitud moderna, hizo un estudio junto a la Organización Internacional del Trabajo en 2023 y reportó que Venezuela era, para el momento, el país con mayor prevalencia de esclavitud moderna en toda América: por cada 1.000 habitantes, al menos 10 se encontrabanaen situaciones de explotación y/o esclavitud.
Según sus propias cuentas, cada dos semanas Oriana* atiende un caso de violencia en El Callao, como mínimo. Níobe*, una líder de una ONG de derechos humanos de las mujeres en el municipio Sifontes, estado Bolívar, también cuenta más de 10 casos atendidos a la semana.
Al no tener estadísticas sobre la violencia, instituciones como las de Níobe* han levantado sus propias encuestas. Y, para su equipo, existe una tendencia clara desde el 2021 hasta los primeros seis meses de 2026: de 100 personas encuestadas en las minas de Las Claritas, municipio Sifontes, cerca de 74 no conoce qué son los derechos humanos o a dónde acudir cuando estos son vulnerados.
Frente a ese panorama de vulnerabilidad, organizaciones de la sociedad civil propician espacios de aprendizaje grupales en las comunidades, como en las que participa Oriana*.
Ha sido a través de la educación que mujeres que trabajan en zonas mineras se interesan en aprender sobre la prevención de la violencia basada en el género y le recomiendan a otras compañeras que participen. Luego, con el conocimiento adquirido, cada mujer se convierte en una “centinela” en su comunidad. Monitorean a otras compañeras que pueden ser víctimas o se autoperciben en un contexto riesgoso.
Así, poco a poco, de boca en boca, se crea una red de apoyo psicosocial en la comunidad.
La violencia normalizada
En su último informe sobre la violencia basada en el género, publicado en agosto de 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destacó que las víctimas de violencia basada en el género van a las minas de la Amazonía venezolana, en un principio, bajo la promesa de mejorar su capacidad adquisitiva.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) destacó en su informe anual de 2025 que la ciudadanía no puede costear su canasta básica: el ingreso mínimo integral —conformado por el salario y distintas bonificaciones gubernamentales— ronda en los 240 dólares americanos, según el Ejecutivo Nacional. La canasta básica se encuentra por los 772 dólares para mayo de 2026, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
«Entre las formas de afrontamiento negativo identificadas, destaca en las zonas fronterizas el recurrir a grupos armados irregulares como mecanismo para intimidar a los agresores», destacó el informe del UNFPA. «Esta práctica se consolida principalmente en áreas rurales con escasa o nula presencia de instituciones estatales competentes para recibir denuncias por violencia de género. Además, su persistencia se ve reforzada por la revictimización que experimentan las mujeres al intentar denunciar mediante los canales oficiales, lo que las lleva a preferir estas alternativas informales».
Euxenia*, abogada que trabaja en otra organización dedicada al registro de violaciones a los derechos humanos en todo el Arco Minero del Orinoco, consideró que en ese proceso también inciden las condiciones de esclavitud moderna en el trabajo minero ilegal como un fin para mejorar su economía personal. Según su análisis, la normalización de la violencia basada en género se ha expresado con mayor frecuencia desde el año 2022, luego de la pandemia de covid-19.
Ese factor ha hecho que la abogada cambie su propia interpretación de la esclavitud moderna y la violencia: las víctimas, en la mayoría de las ocasiones, van por la presión o coerción que les impone la Emergencia Humanitaria en Venezuela y no por caer o exponerse a las redes de tráfico de personas o redes criminales.
Tanto Euxenia* como otras personas dedicadas a la psicología y los derechos humanos han optado por el acompañamiento continuo de las víctimas. Hablan con ellas al menos una vez al mes. Pero la decisión de salir del entorno minero y de denunciar a un ente gubernamental —que incluye in viaje que puede durar ocho horas de ida y vuelta sin seguridad a ser antendidas— recae en las personas que atienden.
El proceso de acompañamiento, según la explicación de la abogada, debe incluir primeros auxilios psicológicos porque el proceso de justicia suele ser largo y, en muchos casos, revictimizante por parte de las autoridades: largas horas de espera, comentarios estigmatizantes, retardos en el proceso de investigación. En la experiencia de Euxenia*, las mujeres que han sido víctimas de violencia se sienten escuchadas cuando conversan con otras mujeres en su misma situación o con profesionales de la salud mental.
Tejer redes comunitarias
—Si juegas con otros niños o te van a saludar, estas zonas son seguras de tocar —dijo Oriana* en el salón de clases de El Callao.
Señaló unas calcomanías verdes ubicadas en la coronilla y los hombros del muñeco de papel. Todos los niños parecían aplaudir y asentir con la cabeza.
Desde que empezó en la ONG como voluntaria en 2022, Oriana* ha contactado con otras mujeres que trabajan en las minas de El Callao. En todos los casos que ha acompañado se mantiene la dinámica minera del silencio impuesto: no se habla directamente de la violencia basada en el género.
Aún así, no ha encontrado resistencia en conectar con personas de la comunidad para aprender y enseñar. Cada mujer que entra en los grupos de escucha guardan sus contactos y, entre ellas, mandan números de teléfono de apoyo psicosocial. Fue en una de esas clases, en 2024, que la profesora reconoció la labor de Oriana*.
Vanadia* es psicóloga y trabajadora en una ONG con presencia en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar —a 417 kilómetros al sur de El Callao por carretera—. Para ella, la formación en primeros auxilios psicológicos para manejar el síntomas como la falta de esperanza acerca del futuro, la sensación de peligro inminente, dificultades para dormir y concentrarse, entre otras alteraciones que la Organización Panamericana de la Salud incluye en trastornos de la salud mental como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Todas estas afectaciones a la salud mental aparecen bajo el contexto de la minería en el Estado Bolívar, según el informe de la CDH – UCAB.
Ella ha determinado que los principales victimarios suelen poseer armas, y eso aumenta el riesgo en toda la cadena de protección y apoyo a la víctima. Entonces, su equipo informa a la comunidad qué es la salud mental, así como las herramientas a tomar en caso de presentar algún malestar. La comunidad suele considerar que están ante unas sesiones grupales con un psicólogo.
Luego, esperan a que sean los vecinos quienes se acerquen a la ONG para solicitar sus servicios de atención psicosocial.
Vanadia* advirtió que la aproximación a las «redes comunitarias» tiene sus limitaciones, como toda metodología. El acceso a la niñez y adolescencia suele ser intermitente porque los padres viajan a las minas para trabajar y dejan a sus hijos al cuidado de otros parientes o personas cercanas en la comunidad, incluso otros jóvenes menores de edad.
En esos casos, como hace Oriana*, recurren a las escuelas y al monitoreo constante de los representantes del niño, niña o adolescente para mantener el contacto con las víctimas más jóvenes.
En el salón de El Callao, el timbre marcó el final de la clase. Los 30 niños y niñas que vieron el semáforo corporal en abril de 2026 empezaron a cerrar sus cuadernos, se ajustaron sus mochilas y salieron a jugar. Oriana* se quedó un rato y vio que una niña, de 9 años, se había quedado conversando con su maestra. Ella las dejó solas y regresó a su casa.
Unas horas después, cuando caía la noche, la maestra la volvió a contactar. Necesitaba que la ONG agendara unas citas de apoyo psicológico a la niña y acompañarla en un caso de violación sexual. La joven relató que desde hace un par de años estaba al cuidado de su abuelastro mientras sus padres iban a trabajar a las minas. Y, en esos meses sin supervisión directa, el adulto la obligaba a tener sexo.
Luego de esa llamada, la profesora contactó a las autoridades del colegio y, a su vez, Oriana* llamó a un equipo de psicólogos y abogados para que la acompañaran.
Ellas no podían llevar el caso directamente porque ya conocían a la niña pero la visitaban al menos una vez a la semana para saber cómo le iba, cómo se sentía. Contactaron a sus abogados y psicólogos para que la niña diera su testimonio y tuviera varias sesiones de terapia para mejorar su salur mental ante el trauma. En todo el proceso estaba un miembro de la ONG donde Oriana* trabajaba.
Pasaron un par de semanas cuando la historia se presentó ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de El Callao. Ya era inicios de mayo de 2026 cuando la niña volvió a pedirle un momento a solas con la maestra después de clases. La joven quería el contacto de Oriana* en un papel, porque aún no tenía un teléfono móvil.
Quería tener el número a la mano por si acaso una amiga lo necesitaba.
*Los nombres de las personas entrevistadas para este reportaje fueron cambiados para mantener su seguridad ante la violencia armada en el Arco Minero del Orinoco.
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Arco Minero del Orinoco
Arco Minero del Orinoco
