La minería ilegal que se desarrolla bajo el abrigo del Arco Minero del Orinoco ha permitido que esta práctica se expanda, que los grupos armados irregulares tomen el poder de los yacimientos, que la violencia se aplique en cualquier ámbito y que los pueblos indígenas estén cada vez más abandonados y vulnerables ante estas dinámicas que atentan contra sus territorios. Todo esto está incluido en el informe Memoria de la Amazonía venezolana en riesgo, que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó el pasado 6 de marzo.
La emergencia humanitaria y ambiental que viven los indígenas del sur del país se mantiene en las sombras. Una década sin demarcación de territorios, el irrespeto hacia la jurisdicción especial indígena de cada comunidad, el desmantelamiento de los centros de salud en los lugares más recónditos, la prevalencia de enfermedades como la malaria y la tuberculosis, la presencia de mercurio en sus cuerpos y la violencia han provocado que miles de miembros de los pueblos originarios migren o se aíslen, mientras que el Estado mantiene el silencio sobre su situación.
El informe muestra que la grave situación que atraviesan estas comunidades está documentada, aunque el gobierno no mantenga un registro público de la situación.
El documento es producto del seguimiento hecho por el Programa de Promoción de los Derechos Indígenas de Venezuela “Wayamoutheri”, el Observatorio Venezolano en Defensa de la Vida (Odevida), el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI), la organización ambientalista Clima21 y Provea, además de la información obtenida a través de testimonios y entrevistas a guardianes y monitores indígenas que habitan los nueve territorios ubicados en los estados Amazonas y Bolívar. Sus conclusiones revelan cinco verdades del actual ataque a la Amazonía venezolana.
Verdad 1: el espejismo de la demarcación y la jurisdicción indígena
Aunque la demarcación de tierras es un derecho consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), en la práctica es casi letra muerta y otra promesa incumplida del chavismo. Luego de varias etapas en las que el otorgamiento de títulos de propiedad colectiva arrancaba y se detenía, el proceso se paralizó totalmente en 2016 y dejó a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad jurídica ante las amenazas que los arropan.
Esta paralización “inconsulta” ha sido criticada por varias organizaciones indígenas y “ha generado gran preocupación en las comunidades originarias” porque sin estos títulos se “facilita la invasión de sus territorios, la expansión de la minería ilegal y la destrucción de sus recursos naturales”, señala el informe.
Los datos son contundentes. El Programa de Promoción de los Derechos Indígenas de Venezuela “Wayamoutheri”, realizó durante 2025 una consulta que revela que, de las 14.952.759 hectáreas solicitadas por las organizaciones indígenas en los estados de Amazonas y Bolívar, el Estado solo ha titulado 1.082.554 hectáreas. En otras palabras, solo 7,24% de las tierras ancestrales solicitadas han sido reconocidas legalmente. Esta carencia crea un “vacío sistémico”. Sin títulos de propiedad colectiva, los territorios quedan efectivamente desprotegidos por la ley.
Al problema de la falta de reconocimiento de los territorios, se suman los obstáculos que impiden que cada pueblo aplique su Jurisdicción Especial Indígena (JEI), un instrumento que permite a las autoridades legítimas de cada comunidad resolver conflictos internos basándose en sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales, siempre que no contravengan la Constitución, la ley o los derechos humanos.
“El reconocimiento de los derechos y jurisdicción propia de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana está inmerso en un panorama convulso de conflictos socio ambientales que vienen afectando los territorios amazónicos con mayor intensidad desde el año 2016, cuando el gobierno venezolano aprobó e implementó el Arco Minero del Orinoco”, apunta el documento.
La no delimitación de la “frontera extractivista” ha fragmentado la estructura de los pueblos indígenas y les impide aplicar su JEI. Lo mismo pasa cuando desde la jurisdicción ordinaria se intenta estandarizar a todas las jurisdicciones indígenas como si fuesen iguales, o cuando se les pide a estas ultimas una serie de requisitos para que se conformen en las área de minería ilegal.
El Estado, además, ha fallado al no crear condiciones para que coexistan jurisdicciones especiales interculturales y también al desconocer a las autoridades legítimas y las tomas de decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres.
Verdad 2: el costo mortal de ser un guardián territorial
Los Guardianes del Territorio, defensores indígenas que vigilan sus tierras, promueven sus derechos y documentan las violaciones, operan en la Amazonía venezolana en un entorno de miedo generalizado. Interponerse en el camino de las ganancias extractivas a menudo resulta en una sentencia de muerte.
Estos defensores se enfrentan a amenazas hacia sus vidas que, en algunos casos, se han materializado en homicidios. De acuerdo con la ONG Odevida, hasta diciembre de 2024, al menos 48 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemón, Warao, Jivi, Yanomami, Uwottüja, Yekuana y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública o por grupos armados irregulares.
Entre las víctimas está Virgilio Trujillo Arana, un guardián uwottüja asesinado en junio de 2022, cuyo caso sigue estancado en el Ministerio Público. El caso más reciente es el de Joaquín Hernández (Ayukuweni), un líder ye’kwana a quien atacaron con golpes y armas blancas en septiembre de 2024 mientras descansaba en una hamaca en la casa de su hijo. Murió días después porque no pudo ser trasladado para que se trataran sus heridas. Se sospecha que sus victimarios son hombres que criticaban su resistencia a la minería.
De acuerdo con el informe, otro fenómeno que afecta a las comunidades indígenas, sobre todo a la población joven, es el reclutamiento forzado que ejecutan grupos irregulares armados como las disidencias de las FARC o del ELN, que también están en el negocio de la minería ilegal.
“Odevida ha recibido denuncias de familias indígenas asentadas en las cercanías de Puerto Ayacucho (Amazonas) que aseguran que jóvenes de entre 15 y 18 años desaparecen de sus casas, y con el tiempo se dan cuenta que han sido reclutados, en el caso de referencia, por el ELN”, reseña el documento.
Verdad 3: el abandono del pueblo Yanomami
El derecho a la salud del pueblo Yanomami ha sufrido un cambio radical, pasando de una “crisis” a un total abandono total. Desde 2019, la red de salud pública del Alto Orinoco se ha desintegrado por completo. Se han desmantelado los ambulatorios, la presencia de personal médico y enfermeros es mínima, mientras que la escasez de insumos y medicamentos hace cuesta arriba que los locales puedan prestar servicios elementales. Además, los programas especializados para la malaria y la tuberculosis han dejado de funcionar y la red sanitaria está tan deteriorada que las “emergencias médicas deben ser evacuadas por vía aérea a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas”.
Un caso que ayuda a poner este drama en proporción es el de la comunidad de Parima B, donde solo hay un médico asignado para atender a 4.500 personas dispersas en 100 comunidades, algunas de las cuales solo son accesibles tras varios días de caminata. El resultado se mide en decesos: hubo aproximadamente 600 muertes solo en la región de Sierra Parima entre 2022 y 2025. La principal causa fue la malaria (vinculada a la deforestación que ocasiona la minería), la misma enfermedad que hizo que, a finales de 2025, en el sector de Shamatari, murieran 66 de los 112 residentes de una sola comunidad.
En menor medida, la tuberculosis también figura como causa de estas defunciones, así como infecciones respiratorias, hepatitis, desnutrición, entre otras.
El informe destaca que la presencia de garimpeiros brasileños en el Alto Orinoco es, por un lado, un factor de riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas (como las enfermedades de transmisión sexual), mientras que por otro ocasiona la desmovilización de los equipos de salud, que evitan las conflictivas zonas mineras. Todo esto sin contar con los abusos y violaciones a las que se ven sometidas las mujeres indígenas.
Otro problema que se visibiliza es que la ausencia de información epidemiológica y de datos sobre el sistema de salud en Venezuela impide que se conozca el alcance de los programas de salud, pero la prevalencia de enfermedades prevenibles por vacunación hace pensar que estas no están llegando a las comunidades más alejadas.
En otras zonas de la Amazonía también hay sistemas de salud deficientes. Se ha denunciado la falta de medicinas y equipos en el hospital de San Fernando de Atabapo, en el sur de Amazonas, y en los ambulatorios de las comunidades indígenas del sector. En los estados Bolívar y Delta Amacuro han aumentado los casos de malaria. En este último también hay altos índices de mortalidad por tuberculosis y VIH.
“El Estado venezolano está obligado a garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, por lo que es prioritario que el gobierno nacional reactive los servicios y programas de atención en salud en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro y reactive de manera urgente el Plan de Salud Yanomani”, reclama el informe.
Verdad 4: legado de deforestación y mercurio
La organización Clima21 ha advertido sobre la aceleración de la deforestación en la Amazonía venezolana que, impulsada por la minería y la falta de políticas estatales, ha perdido un área equivalente al triple de la superficie de Caracas cada año.
No es la única que da esta alerta. Un informe elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), asegura que Venezuela perdió 140.000 ha de bosques primarios en la Amazonía entre 2016 y 2020, y que las áreas protegidas más impactadas son los parques nacionales Caura, Canaima y Cerro Yapacana.
Los espacios fluviales tampoco escapan de los estragos de la minería ilegal, que ha sido la causa principal de la contaminación de “al menos 33 ríos amazónicos”. En 16 ríos de la región se ha comprobado la presencia de dragas que sacan el oro del lecho de los ríos.
Además de la destrucción medioambiental que deja tala de árboles, está también la que arrastra el envenenamiento químico del mercurio. La minería aurífera a pequeña escala depende de este elemento que se vierte indiscriminadamente en las cuencas fluviales venezolanas.
Las afectaciones de las comunidades indígenas llegan hasta cifras que son una tragedia. Un estudio solicitado por la organización Kuyujani en la cuenca del río Caura mostró que 92% de las mujeres examinadas tienen niveles de mercurio que superan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo más grave es que 36,8% de estas mujeres corren un riesgo tan alto que es probable que den a luz a niños con trastornos neurológicos graves.
Verdad 5: los que migran y los que se aíslan
La migración y desplazamiento de indígenas de la Amazonía venezolana hacia Colombia y Brasil es una realidad. El principal motivo es la crisis sociopolítica y económica del país, pero también están los agravantes que implica esta emergencia, como las invasiones de la minería ilegal, la carencia de servicios públicos y de salud de calidad, la peligrosa presencia de grupos irregulares armados en sus territorio y la violencia que traen.
Mientras que los indígenas de Amazonas se van hacia la frontera con Colombia (algunos por períodos cortos para ganar dinero y, luego, volver a sus comunidades), los de Bolívar huyen a Brasil. En este último grupo están también los Waraos, que desde 2014 han salido de sus territorios y cruzan todo Bolívar (el estado más grande del país) para establecerse en los estados fronterizos de Brasil e incluso en otros más.
Además de estas movilizaciones, hay otras comunidades indígenas que han decidido dejar de interactuar con quienes no pertenecen a su pueblo. Estos cuatro grupos que viven en “aislamiento voluntario” o “contacto inicial” pertenecen a los pueblos jödi, yanomami, uwottüja y eñepá. Todos poseen una profunda “vulnerabilidad inmunológica” a los patógenos que transmiten los mineros ilegales.
El Estado evita hablar del tema. En los foros internacionales, los funcionarios venezolanos niegan con frecuencia la existencia de estos pueblos, alegando que todos los grupos indígenas están “plenamente integrados”. Esa posición ha sido sostenida desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también desde el de Pueblos Indígenas
“Hasta la fecha no existe un reconocimiento expreso por parte del Estado venezolano, ni por vía administrativa, legislativa o judicial, que asuma la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. Esta falta de reconocimiento estatal, impide que se implementen medidas específicas para reconocer sus derechos y, por ende, protegerlos debidamente de las diferentes amenazas que los afectan”, reseña el documento.
