“Mamá lucha por mí, esto es inhumano”, le dijo a Roynert Peña, de 22 años, a su mamá, durante una visita en la cárcel del Tocorón que duró solo 10 minutos
El joven fue detenido en Naiguatá, en el estado La Guaira, cuando estaba en la playa con su novia y su suegra. Su madre, al igual que la de otros presos políticos, caminaron este 18 de octubre desde la Plaza Brión, en Chacaiío, hasta la sede del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Yuleici Romero, madre de Peña, afirmó ante los medios de comunicación que su hijo clama por ayuda. “No les dan agua, el agua es intomable. ‘¿Qué pido yo?’ La libertad para mi hijo y la libertad de todos los presos políticos que están en Tocorón. Queremos que le den un trato digno, un trato humano”.
Romero expresó que las visitas duran solo 10 minutos: “Y son a través de un vidrio, yo no puedo abrazar ni besar a mi hijo. Y mi hijo no es un terrorista, es estudiante, un estudiante de Aeropostal, estaba estudiando mecánica de aviación en Aeropostal y se lo llevaron indebidamente”
Los familiares de los detenidos en Tocorón han denunciado que utilizan la comida como una forma de tortura. Se les niega el agua, no les entregan comida, ni las medicinas que les dejan y, además, los alimentos que les sirven están en estado de descomposición.
Yuleici, quien es enfermera de profesión, contó que su hijo pasó 10 días consecutivos con diarrea y no le dieron ningún medicamento. “Yo siendo enfermera, ‘¿cómo puedo ayudar a mi hijo?’ Lo que le dije fue ‘papi, come papel tualé para que se te pase”, detalló.
“Mi hijo ha bajado 12 kilos”
Saudy Gil, madre de otro detenido en Tocorón, indicó entre sollozos que su hijo, de 23 años, ha bajado 12 kilos desde que fue detenido 1 de agosto. Se lo llevaron de su lugar de trabajo en la Policía de Baruta, después de haber publicado un video en WhatsApp de un cacerolazo.
“Yo le pido que hagan su trabajo y que vean que los muchachos que no tienen ningún tipo de culpabilidad sean liberados. Ellos no tienen ningún derecho de retener a un muchacho que no ha cometido ningún delito. Los están marchitando, nos están marchitando. Mi hijo no tiene ni color”, admitió.
Gil, proveniente de Guarenas, estado Miranda, relató que ella buscó testigos que pudieran corroborar que él no participó en ninguna protesta y solo había grabado el video cerca de la casa de su abuela, pero no fueron tomados en cuenta.
La madre afirmó que su hijo estaba dedicado a su trabajo y estaba estudiando para seguir ascendiendo dentro de la institución. Lo describe como una persona honesta, amable y entregado a la protección. “No es terrorista, él es un muchacho inocente”, dijo su madre.
Pide, como otras mamás, que le permitan entregarle comida, medicina y que no los dejen pasando hambre porque “no se lo merecen”.
Un cese a la tortura hacia los presos políticos
Según el último balance del Foro Penal, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de los presos políticos, 1936 personas continúan detenidas en contexto poselectoral.
A los detenidos se les está negando una defensa privada y en las audiencias les han exigido declararse culpables sin tener pruebas, de acuerdo a la versión de los familiares. Sin embargo, a esta lista se le suma otra preocupación: están siendo torturados física, psicológicamente, están hacinados y carecen de servicios básicos.
El frente de madres y padres de presos políticos se unieron para exigir condiciones dignas. Detenidos en Tocuyito, Tocorón, Yare, Las Crisálidas y El Rodeo I presentan características similares: Se les está negando atención médica, comida y la visita de los padres. Solo está permitido la entrada de las mujeres.
Andreína Baduel, hija de Raúl Isaías Baduel y hermana de Adolfo Baduel, preso político, expresó: “Soy parte del comité de familiares de presos políticos y aquí hay un grupo numeroso de familiares, organizaciones y movimientos en defensa de la justicia y de la verdad. Hoy somos más de 2.500 familias viviendo este flagelo, siendo víctimas de violaciones de los derechos humanos. Ellos (los detenidos) son los que se llevan la peor parte”.
Baduel explicó que el documento, dirigido al ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Zerpa, denuncian las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos en las distintas cárceles venezolanas.
“Entró una vocera por cárcel a consignar este documento. En él se detallan diferentes situaciones y solo queremos una respuesta”, indicó.
“Existen limitaciones de recursos”
Durante la manifestación, las familias expresaron su preocupación por el deterioro de la salud mental de los presos políticos. Algunos de ellos presentan cuadros severos de depresión y ansiedad, lo que ha llevado a que algunos detenidos consideren la posibilidad de acabar con su vida.
Dicha situación también fue expresada por las voceras que entraron al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Al salir, Margaret Baduel, informó que el documento fue recibido, pero que les manifestaron que “debían entender la situación”.
“Nos dijeron que tenemos que entender que son 25 000 privados de libertad y existen limitaciones de recursos como para cumplir cosas básicas que son temas de alimentación, aseo personal, temas de salud, de agua. Hicimos énfasis en que si el ministro es garante de derechos humanos, como lo expresaron, pues tiene que poner especial atención a los casos que describimos en la carta”, afirmó Baduel.
Agregó que, desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se comprometieron a prestar atención a la comunicación recibida y a considerar los casos descritos. Además, intentarán facilitar la entrada de los paquetes, alimentos y agua que los familiares llevan.
1:00 p.m. #18oct| Las familias, de detenidos en distintas cárceles venezolanas, exigen que se le entregue las medicinas que les llevan, agua y comida. Denuncian que algunos están en estado de desnutrición y en condiciones inhumanas. pic.twitter.com/fpYaAn6it5
— Runrunes (@RunRunesWeb) October 18, 2024
A pesar de este acercamiento, el organismo no estableció plazos y no quedó claro cuándo se implementarán las acciones.
Los familiares manifestaron que continuarán saliendo a la calle y exigiendo la liberación de los presos políticos. “No hay Navidad con presos políticos”, gritaban a las afueras de la institución, al igual que “Son inocentes, no son terroristas”.
Esta acción se suma a los documentos entregados en el Ministerio Público y en el Tribunal Supremo de Justicia en los últimos días. En ambos casos, la respuesta ha sido el silencio. Las madres claman la libertad de sus hijos y que se cumpla el debido proceso como lo establece la Constitución.
