Familiares de menores detenidos en protestas poselectorales exigen al Ministerio Público que sean liberados
Las madres denunciaron que sus hijos han sido acusados de delitos graves como terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas, sin tener acceso a una defensa adecuada
Madres y familiares de los niños y jóvenes detenidos en el contexto de las protestas poselectorales se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en Caracas, exigiendo su liberación. Durante la manifestación, entregaron un amparo solicitando que el organismo revise y atienda el caso de ocho menores recluidos en la Casa de Justicia 431, ubicada en El Cementerio, así como de siete jóvenes que se encuentran en el Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo.
Las madres denunciaron que sus hijos han sido acusados de delitos graves como terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas y asociación para delinquir sin tener ninguna prueba y tampoco se les permite una defensa privada, a pesar de que el artículo 49 de la Constitución establece: “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.
“Nuestros hijos son inocentes, no son terroristas y se les está violando el debido proceso”, dijeron al salir del Ministerio Público. También informaron que el documento fue recibido por el abogado Marco Delgado, adjunto del Departamento de Derechos Humanos, y que esperan que en 15 días tengan una respuesta.
#26Sep Madres y familiares de los niños detenidos en la Casa de Justicia 431, en El Cementerio, entregaron un documento en el Ministerio Público en el que exigen la liberación de los menores de edad pic.twitter.com/uXZhZyNvJ2
— Runrunes (@RunRunesWeb) September 26, 2024
En el documento, detallaron los nombres y apellidos de cada uno de los detenidos y las circunstancias de su detención. Todos fueron detenidos sin una orden de aprehensión.
Madres provenientes del estado La Guaira, expresaron que a sus hijos, recluidos en Tocuyito, no les permiten visitas y a algunos ni les permiten hacer llamadas.
Tanto los niños como los jóvenes tienen más de 45 días detenidos. Sus familiares exigen que se respete el debido proceso y que se apeguen al ordenamiento jurídico venezolano.
Siete preguntas para la Defensoría del Pueblo sobre los menores detenidos en las protestas poselectorales
Madres y familiares de los niños y jóvenes detenidos en el contexto de las protestas…
Detenido dentro de su casa
Ángel Moisés Ramírez, de 16 años, fue detenido dentro de su casa. El joven se encontraba cuidando a su hermano y la policía se lo llevó. Lo asocian con el caso del concesionario de motos Bera, ubicado en Jardines de El Valle.
De acuerdo al testimonio de la madre, durante las protestas poselectorales el concesionario Bera fue saqueado y fueron ultrajadas algunas motos.
Ella insiste en la inocencia de su hijo, ya que la moto Bera fue abandonada afuera de su casa. Le informó a un amigo policía y el mismo le indicó que los miembros del consejo comunal tenían que denunciarlo, cuando lo hicieron, la policía se llevó el medio de transporte y también al niño, sin ninguna orden de detención.
A Ramírez se le imputa terrorismo, incitación al odio y hurto agravado. Está detenido en el Centro de Justicia 431, en El Cementerio, Caracas.
“Mi hijo está muy deprimido. Lo único que lo mantiene con ánimo es que él escribe cartas, le ha mandado cartas a casi todos sus familiares. Yo le digo que tenga paciencia, que estamos haciendo lo que podemos para sacarlo, pero no es fácil”, expresó su mamá.
Ángel le ha dicho a su mamá que quiere salir para continuar estudiando: “Él también le mandó una carta a la directora de su escuela y le dijo que la situación no estaba fácil adentro, que le permitiera volver a estudiar cuando saliera”, agregó.
El frente de ‘Madres Unidas por la Verdad’, clama por la libertad de los niños y jóvenes detenidos. Alegan el incumplimiento del proceso, la falta de defensa privada y la falta de pruebas.
“Venía caminando y lo detuvieron”
Durante la manifestación, la madre de Jesús David Rosal, de 22 años, proveniente de La Guaira, denunció que su hijo fue detenido “cuando venía caminando”.
“Él fue detenido el 29 de julio y el 30 cumplió 25 años. Venía de casa de un amigo y vio a muchos vecinos que le dijeron ‘Jesús, métete por el aeropuerto, porque eso por ahí está feo y él le dijo ‘no, porque yo no estoy haciendo nada malo y él, que no la debe, no la teme’”, expresó.
Su madre indicó que tomó esa vía porque era la más cercana a su casa y los policías del estado La Guaira “lo agarraron, lo montaron en el convoy de la Guardia Nacional y después lo llevaron a la ZODI”, indicó.
Contó que solo pudo ver a su hijo, a lo lejos, cuando estaba recluido en el retén del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Macuto. A Rosal lo presentaron el 3 de agosto y la última vez que su madre lo vio fue el 8 y “solo por cinco minutos”.
“El 10 de agosto, de madrugada, a oscuras, lo sacaron y lo trasladaron a Tocuyito. Nadie sabía nada. Nos enteramos ese día, como al mediodía que fuimos a llevarle la comida, y el director del retén nos informó que ni siquiera él tenía conocimiento del traslado”, comunicó.
A la mayoría de los detenidos en contexto de protestas postelectorales se les ha asignado un defensor público, sin embargo, estos no ofrecen respuestas oportunas.
“El defensor que nos asignaron nunca sabe nada, nunca nos da noticias. No nos dice nada de las visitas. Estamos incomunicados”, puntualizó.
La madre afirmó que sabe que su hijo está en Tocuyito por el defensor público y viajaron hasta el estado Carabobo, pero no pudieron verlo. “Viajamos toda la semana y nada, no nos dejan que lo veamos”.
“No sabemos nada de él”
La madre de Kevin Ramos especificó los detalles del día que lo detuvieron en La Guaira. “Él fue a cobrar un día de trabajo”, ya que no tiene un ingreso fijo y se dedica al comercio informal.
“Cuando él sale de la panadería, se da cuenta de que hay un operativo y se quedó ahí, porque pensó que si corría iba a ser peor. Igual, se lo llevaron sin ninguna explicación ni nada y hasta el sol de hoy, no sabemos nada”, dijo.
Comentó que los primeros días estuvo desaparecido porque se enteraron dos días después de la detención. “Me llamaron y me dijo que estaba detenido en Macuto y me lanzo para Macuto, porque mi trabajo está cerca, y después de ahí lo trasladaron a Tocuyito”.
A Ramos, de 34 años, le imputaron en una audiencia telemática delitos como incitación al odio, daños contra la propiedad pública y privada y terrorismo.
Los familiares de los 49 jóvenes detenidos en Tocuyito denunciaron que los mismos no tienen comunicación. Tampoco se les permite el ingreso de alimentos y medicinas. Algunas madres reciben llamadas muy puntuales en las que solo le indican que “están bien”.
Criminalización, represión y control social se profundizaron en el contexto poselectoral
Madres y familiares de los niños y jóvenes detenidos en el contexto de las protestas…
