Al menos 15 organizaciones no gubernamentales hicieron una serie de exigencias a la Asamblea Nacional, responsable de evaluar las postulaciones y designar a los nuevos fiscal general de la República y defensor del pueblo, cargos a los que renunciaron Tarek William Saab y Alfredo Ruiz.
Aunque Saab pasó a ocupar el puesto de Ruiz de manera momentánea por 30 días, deberá dejar el despacho, mientras que Larry Devoe estará en el Ministerio Público mientras se designe un nuevo fiscal.
Organizaciones como Laboratorio de Paz, Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Caleidoscopio Humano, Probox, Ideas por la Democracia y Transparencia Venezuela, entre otras, sostuvieron que no se trata de simplemente relevar autoridades, sino de corregir déficits estructurales en la garantía y protección de los derechos humanos.
Las organizaciones expusieron que durante las gestiones de ambos funcionarios hubo denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y persecución por motivos políticos.
“Estos patrones han sido documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El documento expuso que el exfiscal es responsable de omisión por la ausencia de investigaciones estructurales eficaces, mientras que el ex defensor del pueblo tenía el mandato constitucional de prevenir abusos, proteger víctimas y denunciar prácticas violatorias.
Las organizaciones suscribieron que la renuncia de ambos no extingue la necesidad de evaluación de responsabilidades institucionales.
“La rendición de cuentas es una condición para la no repetición”.
Alertaron también que la designación de Devoe como fiscal encargado y Saab como defensor parcial vulnera las normativas de ambos organismos.
“El artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las faltas absolutas del fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el vicefiscal o la vicefiscal. Por su parte, la falta absoluta del defensor, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, sería suplida por el Director o Directora Ejecutiva de la institución”.
Estas son las exigencias de las ONG:
– Un proceso de selección transparente y verificable: que se publiquen los criterios de evaluación, haya acceso público a credenciales, antecedentes y declaraciones de intereses de los postulantes, además de audiencias públicas transmitidas y con posibilidad de observación ciudadana.
– Criterios mínimos de idoneidad e independencia: que los candidatos tengan unatrayectoria demostrable en defensa o investigación de derechos humanos y que haya un compromiso público para la cooperación internacional en materia de justicia.
– Plan inmediato de reforma institucional: Las organizaciones exigen auditorías independientes de casos emblemáticos de violaciones graves a DD. HH., creación o fortalecimiento de unidades especializadas en tortura, ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad de mando, ademas de protección efectiva a víctimas, testigos y denunciantes.
–Compromiso con estándares internacionales: piden Cooperación plena con mecanismos de Naciones Unidas y con la Corte Penal Internacional y adopción de protocolos internacionales de investigación.
Evaluación de actuaciones pasadas: solicitaron la adjudicación de eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales por omisión o incumplimiento de las funciones de los anteriores fiscal y defensor del pueblo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
