Al teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Víctor Eduardo Soto Méndez lo detuvieron en marzo de 2018 luego de que hablara con unos compañeros sobre la situación crítica por la que atravesaba Venezuela en ese momento, escasez de comida en los batallones, inconvenientes para acceder a medicamentos y precariedad del sistema de salud, condiciones que siete años después no han cambiado.
Soto fue aprehendido junto al también teniente coronel, Igbert José Marín Chaparro, ex asistente del fallecido presidente Hugo Chávez y otra decena de militares del Batallón de Infantería Juan Pablo Ayala en Fuerte Tiuna, Caracas.
Uno de los militares que escuchaba la tertulia, frecuente en cualquier espacio del país, los señaló de estar preparando un golpe de Estado. Acto seguido fueron acusados y condenados a siete años y seis meses de prisión por delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar.
Cumplida su sentencia el pasado 9 de septiembre de 2025, Soto, junto a sus compañeros de promoción, tenientes coroneles Deibis Mota Guerrero, Carlos Peña Palmentieri y Pedro Garrido Guillén fueron secuestrados de la cárcel de Ramo Verde en Los Teques en noviembre de ese año y trasladados arbitrariamente al centro de máxima seguridad Procemil Central en el Fuerte Guaicaipuro, ubicado entre Santa Teresa y Charallave, estado Miranda.
“Esa es una cárcel militar que el gobierno llama centro de reflexión, pero realmente es una prisión de castigo para aquellos que tienen mala conducta en otros penales, allí lo aíslan por un rato y después son devueltos a su centros de origen”, dijo Ana Raquel Velázquez León, esposa de Soto.
Velázquez no tiene explicación de por qué su esposo con condena cumplida no está en libertad.
La esposa de Soto indicó que después de trajinar por tribunales y conversar con abogados, en la la Fiscalía le confirmaron que a su esposo le habían abierto una segunda causa, que además de los delitos que ya tenía imputados le agregaron el de motín.
“¿Cuál motín? Si para el momento en que se lo llevan, pensaba que lo iban a liberar. Mi esposo no se vio envuelto en ningún motín mientras estuvo privado de libertad”.
Velázquez expuso que un miembro de la Comisión de Política Interior y de seguimiento de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional reconoció que “cuando no quieren liberar a un privado de libertad, le abren otra causa”.
El numeral 7 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente”.
A Soto le asignaron un defensor público militar que en las primeras de cambio no sabía el estatus legal del caso y “no estaba autorizado a hablar”. Su recomendación fue implorar para que fuese beneficiado con la recién aprobada Ley de Amnistía.
“Consignamos un documento en el tribunal tercero de control y el secretario se negó a recibirnos la comunicación, violando el artículo 51 de la Constitución, donde dice que ningún funcionario se puede negar a recibir documentos. La juez de ejecución que debía librar las boletas de libertad por la primera causa se niega a dar la cara”, dijo Velázquez.
#Actualización la esposa del Teniente Coronel Victor Soto Méndez, preso político con pena cumplida desde el 9 de septiembre, ratifica que aún permanecen en desaparición forzada. Salieron desde Ramo Verde ayer engañados a un supuesto traslado al tribunal y no aparecen. Que dice de… https://t.co/qiA0ujH3CO pic.twitter.com/IsDbalr75p
— Zair Mundaray (@MundarayZair) November 4, 2025
La esposa de Soto indicó que durante el primer juicio se nombró un tribunal accidental en la Corte Marcial, donde estuvo el capitán retirado y abogado Juan Carlos Guillén, quien posteriormente estuvo preso por el caso de una disputa judicial de un hato en Apure, salió en libertad y se fue del país.
Una vida que cambió repentinamente
Velázquez relató que antes de que su esposo cayera en desgracia por simplemente expresar dentro de los cuarteles la realidad del país, su vida estaba repleta de armonía.
“Ambos somos del estado Mérida, pero yo me vine para Barinas en el año 2004 cuando éramos novios y nos casamos en el 2006. Tenemos tres hijos, uno de 18 años, otro de 13 y una niña de 11”.
Velázquez indicó que su hija menor no ha podido sobrellevar la ausencia física de su padre.
“Ha sido algo que lamentablemente he tratado de normalizar. Le he dicho que su papá ya cumplió la sentencia y que en cualquier momento va a salir. Pero realmente no es algo que a mí me llene de agrado o tranquilidad”.
A juicio de Velázquez, en el seno de la FANB hay falta de seriedad, compañerismo y humanidad.
“No tiene nombre el hecho de que lo tengan pagando una condena injusta en ese lugar tan horrible, él no le debe nada al Estado. Es algo que no se puede entender”.
Velázquez sostuvo que en el Fuerte Guaicaipuro no están permitidas las visitas, las llamadas telefónicas ni las comunicaciones por escrito. A diferencia de Ramo Verde, tampoco se pueden llevar alimentos para que los presos políticos los preparen.
“En el lugar donde él está es aislamiento puro y rudo, deshumanizante totalmente. La idea es enterrarlos en un hueco donde no puedan ver ni abrazar a los suyos, donde no se puedan comunicar ni saber de su familia. Simplemente ir allá a llevar paquetería es una tragedia para uno como familiar. No quiero ni pensar cómo él pasa los días y las noches. Realmente eso es un depósito humano donde los llevan para que mueran de mengua”.
Velázquez sentenció que no conoce a persona alguna que haya salido en buenas condiciones de ese centro de reclusión.
“Lo se por familiares de otros privados de libertad que han salido de allí enfermos, con desnutrición, con menos de 15 kilos, con problemas gastrointestinales, sarna y enfermedades en la piel”.
Velázquez relató que no ha visto a su esposo desde que fue trasladado de forma arbitraria al Fuerte Guaicaipuro
“La única vez que le permitieron una llamada en cinco meses me pidió que le llevara una crema con esteroides”.
La esposa de Soto indicó que el hecho de que no permitan visitas hace suponer cosas en torno a las condiciones de reclusión. “Lejos de mejorar la situación emocional, lo que hace es complicarla, es absurdo que este tipo de cosas se normalicen”.
Madre del preso político Victor Soto Méndez, teniente coronel del ejército, arbitrariamente detenido el 2 de marzo de 2018, y quien fuera sentenciado injustamente a 7 años y 6 meses de prisión, pide sea puesto en libertad.#LiberenASoto#Venezuela pic.twitter.com/MkVJfNqG7n
— Foro Penal (@ForoPenal) January 28, 2026
Velázquez cree que efectuar una visita como las permitidas a los presos políticos en la cárcel de El Rodeo I podría ser contraproducente para el estado emocional de ambos.
“Son visitas sentados a metros de distancia, cada uno en una silla con un custodio al lado, con un teléfono donde graban la visita, no se pueden tocar, no pueden hablar de cosas que no sean su situación jurídica y familiar. Yo no quiero tener una visita de ese tipo para ver cuántos kilos ha perdido o en qué estado está y para que los custodios escuchen lo que hablamos. Creo que eso me haría más daño que bien”.
El presupuesto se fue al foso
Velázquez es odontólogo y previo a la detención de su esposo considera que la condición económica de su núcleo familiar era favorable
“Tengo mis pacientes y de alguna manera me he mantenido a flote. Para el momento que Victor cayó preso todavía teníamos ahorros y podía pagar a un abogado privado”.
Velázquez confesó que su esposo ascendió por mérito propio en la carrera militar y eso trajo consigo beneficios.
“Estuvo dos veces haciendo cursos fuera del país. Fue uno de los mejores de su promoción y pudimos vivir en Brasil y Cuba por un tiempo. Casualmente dos días antes que lo metieran preso le pagaron los viáticos de uno de los viajes y eso lo agarré para lo que nos ha tocado enfrentar”.
Velázquez manifestó que aunque ha tratado de rendir el dinero, la inflación y la dolarización de facto lo han pulverizado.
“Mi hijo mayor quería estudiar odontología y estábamos ahorrando para que lo hiciera afuera dadas las condiciones de la educación en este país. No se logró. Estudia Farmacia en la Universidad de Los Andes (ULA). Todo lo que Víctor y yo ahorramos se fue en sus primeros seis años de prisión”.
Velázquez indicó que cuando había holgura económica iba a visitar a su esposo con frecuencia
“Pero ya a mediados de 2023 me quedé sin ahorros y caí en desgracia, empecé a vivir un día a la vez”.
Cuando se enteró de que el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, había anunciado la excarcelación de un “número importante” de presos políticos el pasado 8 de enero no dudó en hacer una maleta y viajar a Caracas.
“Estuve casi todo el mes de febrero en Caracas creyéndole a Jorge Rodríguez y nada. Cuando empecé a ver signos de enfermedad en mi cuerpo me devolví a continuar con mis rutinas, con mi trabajo y atendiendo a mis hijos”.
Velázquez sentenció que desde la encarcelación de Soto, todo su núcleo familiar se ha activado para colaborar económica, psicológica y espiritualmente.
“Mi mamá, mi papá y mis hermanas son las que me ayudan. Los hermanos de Víctor son profesionales los dos, pero cada uno tiene sus cargas que impiden que puedan echarnos una mano. Ellos hacen caramelos artesanales de coco y los vendían en Ramo Verde”.
La odontóloga sostuvo que en los momentos más difíciles ha tenido la nevera completamente vacía.
“Esto ha sido una desgracia, y emocionalmente una tragedia familiar, debería ser un capítulo cerrado en mi vida y se mantiene como una herida abierta que no cicatriza. Dios ha sido mi gran proveedor. Tengo un entorno maravilloso que sin yo estar pidiendo me ayudan”.
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