El caso de Víctor Hugo Quero, cuyo paradero y estado físico se desconocen desde hace más de 14 meses, ha pasado de ser una omisión administrativa para convertirse en una “política de opacidad” que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales fundamentales. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este 10 de marzo que la negativa sistemática a proporcionar información oficial sobre un detenido constituye una denegación de justicia y se aproxima a la configuración de una desaparición forzada.
“No existe argumento legal que justifique el ocultamiento de información a una madre sobre el destino de su hijo. El silencio representa una absoluta arbitrariedad”, sentenció la organización en un comunicado donde exigen una fe de vida inmediata y un reporte transparente sobre la situación de Quero.
Detrás de las cifras y los términos legales está Carmen Teresa Navas, de 81 años, quien vive en un estado de ansiedad permanente tras dedicar 14 meses a un “peregrinaje incansable” por oficinas gubernamentales. Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), esta situación es una forma de trato cruel, inhumano y degradante: “Nadie debería rogar por saber si su hijo está vivo”.
A pesar de su avanzada edad, la señora Carmen ha recorrido diversos centros de detención en todo el país, encontrando solo negativas. Presume que a Víctor Hugo Quero Navas (51 años) lo detuvieron el 1 de enero de 2025 y, desde entonces, su paradero es un enigma: “Lo acusan de terrorismo, traición a la patria y otras cosas más”, declaró a Dossier Venezuela el 12 de febrero pasado.
#LosQueremosVivos || “Ni siquiera me dio el feliz año”.
— Dossier Venezuela (@DossierVzla) February 12, 2026
La madre de Víctor Hugo Quero Navas denunció que fue secuestrado el 1 de enero y desde entonces no ha vuelto a verlo.
Afirma que lo acusan de terrorismo, traición a la patria y otros delitos, pero tras 14 meses sin… pic.twitter.com/QPJAijfwjJ
Doce días después, Navas pidió desde la Cárcel El Rodeo I una fe de vida de su hijo, tras revelar que en seis ocasiones había acudido hacia ese centro porque en los tribunales de Caracas le dijeron que estaba recluido allí.
“La incertidumbre no puede ser la respuesta de la justicia”, advierte el comité, recordando que negar información sobre una persona bajo custodia es una violación flagrante que constituye un crimen de lesa humanidad mientras no se revele el paradero.
Una ficha en la Comisión de Amnistía
En un intento por romper el muro de silencio, el pasado 5 de marzo, Carmen Navas acudió ante la Comisión Parlamentaria de la Asamblea que atiende la Ley de Amnistía. Allí llenó una planilla formal para solicitar que su caso sea atendido con urgencia. Esta acción se suma al agotamiento de todas las instancias institucionales que, hasta la fecha, no han dado respuesta al paradero de su hijo.
¿Es correcto hablar de desaparición forzada en este caso?
De acuerdo con lo explicado por defensores y organismos internacionales, es preciso hablar de desaparición forzada cuando las autoridades niegan información sobre el lugar de reclusión de un detenido o se niegan a reconocer la privación de libertad.
El artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define en su artículo II que se considera como tal “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En mayo de 2025, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno venezolano a cesar las detenciones en condiciones de aislamiento e incomunicación y señaló que, a menudo, esta práctica equivale a desapariciones forzadas.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional,” afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en ese reporte.
Mientras que Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela en julio de 2025, en el que denunció que la desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”. En los casos analizados en el documento, encontraron denominadores comunes.
“Las autoridades negaron información sobre las detenciones de todas estas personas. Cuando las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familiares acudieron incansablemente a organismos gubernamentales, fiscalías, el poder judicial y diversos centros de detención para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta”, relataban entonces, la misma situación que le ha tocado vivir a la señora Carmen Teresa Navas, madre de Quero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
