Dos meses antes de su asesinato, el líder indígena Virgilio Trujillo Arana, de 38 años, denunció la presencia de grupos armados en la cuenca del río Sipapo y el funcionamiento de una pista de aterrizaje clandestina.
Al miembro del pueblo Uwottüja lo asesinaron a tiros la mañana del 30 de junio de 2022 en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Casi tres años después no se sabe de dónde provinieron las balas que lo mataron.
No había transcurrido una semana del crimen cuando Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunció el envío de una comisión a territorio amazónico para iniciar una investigación que hasta hoy no ha arrojado a presunto culpable alguno.
“Se presume que en el hecho están involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar el territorio nacional”, escribió Rico en su cuenta de X.
Desde los 18 años, Trujillo empezó a involucrarse en la defensa de territorios ancestrales y derechos ambientales, la comunidad Sardinita en el municipio Autana, donde nació, fue su punto de partida.
“Virgilio logró la creación de la figura del guardia territorial en 2020 y siempre estuvo atento a la protección del medio ambiente, enseñó a muchos jóvenes Uwottüja a ser garantes de sus derechos”, dijo entonces el coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), Eligio DaCosta.
Sin armas y portando el diálogo como estandarte, Trujillo se había reunido con miembros de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) para establecer grupos de vigilancia comunitarios en vista del aumento de grupos armados en la región.
Previo a la muerte de Trujillo, la Organización para la Defensa de la Vida (Odevida) había denunciado el asesinato de 32 líderes indígenas entre 2013 y 2021, 21 de ellos presuntamente a manos de la guerrilla colombiana y 11 por supuestos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Trujillo fue el segundo asesinato contra un líder Uwottüja, luego de que en mayo de 2017 muriera de forma violenta también en Puerto Ayacucho, Freddy Menare, perteneciente a la Organización Indígena Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus).
Justicia para Virgilio
No solo líderes y agrupaciones indígenas, sino también organismos nacionales e internacionales como Kapé Kapé, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Alto Comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUDH) han exigido justicia para Trujillo.
“Hasta la fecha, el asesinato de Virgilio se mantiene impune, porque no hay una individualización de los sujetos, o del sujeto que lo ejecuto por ser un defensor de los derechos humanos”, dijo en 2023, Mariela Molero, asesora legal de Kapé Kapé.
En su informe de 2023, el ACNUDH hizo un llamado al Estado venezolano para desarrollar una “investigación independiente, imparcial, oportuna, completa, y efectiva” en torno al asesinato de Trujillo.
En el documento se hace referencia a las amenazas e intimidaciones de “grupos armados y delictivos no estatales contra defensores indígenas de los derechos humanos, dirigentes y autoridades, que han provocado el desplazamiento forzoso de familias, incluidos mujeres y niños…la extracción de oro se ha vinculado a alegaciones de asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata sexual y el trabajo infantil, desapariciones forzadas por presuntos grupos armados y criminales no estatales, amenazas e intimidación contra personas indígenas y desplazamiento forzado de comunidades indígenas enteras por temor a la violencia y huyendo de condiciones de vida críticas”.
No solo Virgilio
Según un informe de Global Witness, 177 defensores ambientales fueron asesinados durante 2022, 36% pertenecían a pueblos indígenas y uno de cada cinco se produjo se produjo en la Amazonia. Venezuela fue el cuarto país con más asesinatos en América Latina con cuatro, por debajo de Colombia (60), Brasil (34) y México (31).
“La impunidad está incidiendo como un problema grave que empeora la situación de los defensores, es muy difícil saber las causas, porque todo lo que sabemos es que se trata de asesinos a sueldo, si tenemos suerte, se puede identificar el nombre de la persona, y tal vez sea enjuiciada, pero los que están detrás rara vez acaban en prisión”, sostuvo Laura Furones, asesora principal de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.
“Exigimos la demarcación de nuestros territorios por agentes foráneos que los tienen invadidos, ya son dos décadas de esta lucha”, puntualizó DaCosta.
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