La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en alianza con organizaciones como Transparencia Venezuela, Provea y otras entidades de Brasil, Colombia, Guatemala y República Dominicana, publicaron el pasado 17 de abril el informe “La corrupción sí tiene víctimas”. El reporte advierte que en gran parte de la región la corrupción se ha convertido en una especie de sistema de captura del Estado, es decir, significa que las instituciones ya no operan bajo el bien común, sino bajo el interés propio y el crimen organizado.
Este fenómeno, según el estudio, detalla que el crimen organizado intenta incorporar a jueces y cuerpos de seguridad para ejercer control social, por otro lado las élites políticas intentan garantizar su poder saqueando fondos públicos.
En el contexto venezolano, esta dinámica ha calado por la falta de controles institucionales y el aprovechamiento para gastar recursos del Estado.
El objetivo central retratado por FIDH es derribar la creencia de que la corrupción es un delito administrativo sin consecuencias reales. Al lograr ponerle nombre y apellido a las víctimas, la federación y las organizaciones aliadas demuestran que cada recurso malversado se traduce en una violación directa de los derechos humanos. En Venezuela esto significa que es la razón directa de los hospitales sin insumos, servicios públicos colapsados y familias que dependen del CLAP para subsistir.
El informe también menciona la participación de las empresas privadas que, mediante sobornos, aseguran contratos millonarios por obras que quedan inconclusas o no se ejecutan con la calidad esperada. Es así como se resalta que no es solo el “desvío del dinero”, sino que se le impide a los responsables el rendir cuentas sobre estos hechos.
En el escenario actual, la corrupción pasa de ser una especie de daño colateral para convertirse en el centro y motor que perpetúan la desigualdad y la emergencia humanitaria en el país. Venezuela ha sido percibido con el tercer nivel de corrupción más alto del mundo.
A continuación, en claves, las conclusiones del estudio para el caso específico venezolano:
El hambre como negocio
Lo que para miles de venezolanos es una necesidad, para el sistema ha sido una oportunidad de oro. La FIDH y PROVEA denuncian que la corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no es un error, sino un método creado específicamente para “permitir el robo sin dejar rastro”, ya que el uso de estados de excepción y leyes de emergencia que anularon la contraloría en el poder central logró manejar los recursos públicos entregando contratos sin dar explicaciones sobre el destino de los fondos.
Este agujero negro institucional tiene efectos que se sienten en las poblaciones más vulnerables. A diferencia de Venezuela, en el exterior hubo consecuencias para las redes de corrupción que cobraban a sobreprecio la comida de los CLAP.
El informe confirma que productos como la leche de las cajas CLAP son una “mentira nutricional” y que constituye una violación a los derechos de alimentación, ya que contienen altos índices de sodio y pobres en proteínas. Según la Organización de las Naciones Unidas, esta es una de las razones por las cuales el número de personas subnutridas en el país se duplicó en la última década pasando de 2,1 a 5,1 millones de personas y para 2023 el 82% de la población temía quedarse sin comida y un 12% de los venezolanos pasaba un día entero sin comer.
La FIDH también resalta que las mujeres venezolanas soportan una carga desproporcionada al ser las principales cuidadoras en el hogar y es así como la desesperación ha llegado a niveles extremos. Resaltan los testimonios de mujeres que se han visto obligadas a intercambiar sexo por comida para sobrevivir.
Para junio de 2024, Unicef estimaba que 7,7 millones de personas requerían asistencia humanitaria urgente, incluyendo a 3,8 millones de niños cuya dieta se basa casi exclusivamente en carbohidratos.
La corrupción también corrompió al sistema de justicia
El reporte también documenta el vínculo entre la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos, así como la falta de disposición del Estado venezolano para enfrentar la corrupción masiva en el sistema de justicia.
Mencionan una investigación llevada a cabo por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, en la que se entrevistó a exfuncionarios del sistema de justicia y se constató diversas formas de corrupción judicial. Uno de los patrones más comunes identificados en ella fue el cobro de altas sumas de dinero para la liberación de personas detenidas; pago que se exige incluso “cuando las
personas han cumplido sus penas y las liberaciones no ocurren hasta que se paga el monto requerido”.
Otros cobros irregulares detectados fueron el que se pide para que los detenidos sean trasladados a las audiencias de sus juicios, venta de sentencias y exigencia de pagos por parte de defensores públicos.
La investigación incluye que en el año 2022, en el marco de la denominada “Operación Trueno”, hubo denuncias de que funcionarios habrían detenido a personas con acusaciones falsas y luego habrían exigido sobornos para liberarlas. De la misma forma, en centros de reclusión existe un pago permanente que deben hacer los familiares de las personas detenidas, que llaman “la causa” y oscila entre 40$ y 50$ por persona detenida.
La represión poselectoral acentuó estas dinámicas: medios de comunicación reportaron durante múltiples denuncias de extorsión por parte de funcionarios hacia las víctimas, para que las personas detenidas pudieran obtener su liberación y para que permitieran las visitas a los detenidos.
“Estas prácticas de extorsión y corrupción de funcionarios del Poder Judicial y del sistema penitenciario constituyen claras violaciones del derecho al debido proceso y a la integridad personal. Ocurren en un contexto de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, alerta este trabajo.
Obras fantasmas
En el caso de Odebrecht, Venezuela no solo fue parte de una red de sobornos de la constructora brasileña sino que se convirtió en el país donde la empresa pagó la suma más alta de toda la región para asegurar los contratos.
Transparencia Venezuela logró identificar 33 obras asignadas a Odebrecht, de las cuales más de 10 permanecen inconclusas. La compañía seguía un método de “corrupción” perfecta con financiamientos ilegales de campañas electorales, sobornos a altos cargos y un apoyo político que protegía el negocio, aunque en tribunales de Nueva York se habló de 98 millones de dólares en pagos ilegales.
Cuantifican que los sobornos en Venezuela pudieron superar los 1300 millones de dólares, mientras tanto, el Ministerio Público mantiene un silencio de más de siete años sobre el estatus de estas investigaciones.
Este esquema derivó en hospitales sin luz y obras como la hidroeléctrica de Tocoma -que costó 9000 millones de dólares- que siguen inconclusas y por las que los venezolanos actualmente siguen pagando el precio con apagones nacionales y la muerte de pacientes.
El reporte también se refiere al fracaso de la obra del Metro Guarenas-Guatire. que condena a ciudadanos a perder una gran cantidad de horas diarias en colas demostrando que la corrupción le robó a la gente su tiempo y su derecho a una vida digna.
El informe del FIDH concluye que en Venezuela la corrupción se normalizó. No hay presupuestos públicos desde 2017 ni informes de gestión. Por eso, instan a la reconstrucción de una justicia independiente con apoyo extranjero y a abrir los datos públicos para que la sociedad civil pueda saber lo que sucede de primera mano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
