Este martes, 25 de agosto, el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), presentó el informe especial “Educación después de los terremotos”, un documento que advierte que actualmente “no existen las condiciones mínimas ni lineamientos claros para un regreso a clases seguro en el estado La Guaira”.
El estudio, realizado en el terreno entre el 27 de junio y el 4 de agosto, a partir de entrevistas realizadas a madres, padres, representantes, docentes y personal administrativo, revela que a tres semanas del inicio del nuevo año escolar 2026-2027, las autoridades no han informado cómo será el retorno escolar en la entidad.
Gloriana Faría, coordinadora del servicio jurídico de Cecodap, informó que 27,3 % de los planteles visitados tienen daños estructurales graves con grietas profundas en vigas y columnas con riesgo de desprendimiento de techos o colapsos parciales. 67,7 % presenta daños en frisos, vidrios y mampostería que -si bien parecen menores- pueden comprometer la seguridad de los estudiantes, mientras que 33 % tiene áreas intransitables o que están en grave peligro.
La coordinadora de Cecodap señaló que tras los terremotos del pasado 24 de junio los problemas existentes con los servicios básicos se exacerbaron, pues 56,6% enfrenta fallas severas de telefonía e internet y 43% reporta problemas en el suministro de agua.
Sin directrices claras
Gloriana Faría explicó que “no hay un protocolo de evaluación de daños” y, si lo hay, “no lo han dado a conocer”. Señaló que, en este caso, es de vital importancia que el personal técnico evalúe que los espacios son adecuados y seguros para albergar a la población estudiantil.
“Cada plantel debe contar con un aval técnico formal antes de reabrir sus puertas a los estudiantes”, insistió.
La coordinadora jurídica de Cecodap señaló que actualmente el 17 % de los planteles en el estado La Guaira funcionan como refugios temporales, centros de acopio o comedor de emergencia, pero se desconoce si van a ser desocupados, si se llevarán a cabo planes de saneamiento o desinfección.
Faría cuestionó que a dos meses de los terremotos no se han realizado talleres, charlas educativas, ni protocolos de desalojos ante una réplica durante el horario escolar.
Noelbis Aguilar, directora nacional del Programa Escuelas de Fe y Alegría, reforzó la tesis de que no hay directrices claras para un retorno a clases seguro.
Comentó que incluso las escuelas que han sido clasificadas con la etiqueta amarilla de “daño leve” no ofrecen las garantía necesarias para iniciar las clases el próximo 14 de septiembre.
Aguilar reportó que 33 escuelas del programa están gravemente afectadas y, aunque ya iniciaron las reparaciones, advirtió que reparar una escuela es un proceso lento que requiere supervisión técnica que no puede abrir sin una certificación de habitabilidad.
Cecodap resaltó que la cifra de fallecidos de niños, niñas y adolescentes no aparece en los registros oficiales. Sin embargo, destacó que una investigación del portal web la Vida de Nos en alianza con Monitor de Víctimas, al menos 603 menores de edad fallecieron en los terremotos.
Un regreso ideal
Carla Serrano, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), agregó que para un regreso a clases seguro e ideal debe haber transparencia en los datos públicos desagregados por municipios de los daños que sufrieron los planteles.
También se debe hacer un seguimiento minucioso a los niños, niñas y adolescentes que resultaron afectados por los sismos. “Hay que apoyar a todos los estudiantes, pero especialmente a aquellos que quedaron huérfanos, que perdieron sus casas o que fueron mutilados con políticas de salud mental para atender duelos y traumas severos”, recomendó Serrano.
Noelbis Aguilar resaltó que un regreso a clases no puede sostenerse solo con el esfuerzo de los docentes, para ella es necesario que el Ministerio de Educación reconozca el bono vacacional y el bono de profesionalización de todo el personal educativo.
“Para un regreso a clases seguro y responsable debe haber tres condiciones mínimas: que las escuelas sean espacios seguros y dignos, que el salario de los docentes sea reconocido y acorde con la situación económica y que, además, se implementen programas para atender traumas psico-emocionales para todos los afectados”, puntualizó Aguilar.
Por su parte, el abogado y coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani expresó que recuperar la educación después del terremoto no significa únicamente reparar paredes y reabrir las escuelas. Para la organización es importante que cada estudiante pueda regresar a un espacio seguro, con una certificación técnica que genere confianza, y que quienes no puedan volver de inmediato cuenten con alternativas reales para continuar aprendiendo.
Finalmente, Trapani indicó que si bien la fecha de inicio de clases es importante, esta “no puede estar por encima de la vida, la integridad y el derecho de cada niño, niña y adolescente a recibir una educación segura, continua y digna”.
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