Por otra parte, el texto presentado a la CPI una Solicitud de Control Judicial, ante la Sala de Cuestiones Preliminares
Foto: EFE/Raúl Martínez
Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la ANC, anunció este jueves, 27 de mayo, que el Ministerio Público (MP) exige a la Corte Penal Internacional (CPI) que su examen preliminar sobre crisis de Venezuela sea justo e igualitario, sin involucrar países terceros.
Durante una rueda de prensa, Saab señaló que el MP presentó dos acciones a propósito del examen preliminar sobre Venezuela.
«Hemos presentado una petición de cooperación judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma», señaló Saab, quien explica que este artículo permite a los países miembros del Estatuto reunirse con la CPI.
Por eso, solicitó que se transmita información sobre las pruebas que estén en el examen preliminar, destacando que hasta la fecha no han recibido información.
«La colaboración institucional debe ser bilateral y recíproca para dar una respuesta adecuada a lo que se nos requiere desde la Fiscalía, y por ello, solicitamos que se nos facilite dicha información como elemento indispensable para hacer productiva la complementariedad», añade el comunicado que leyó Saab.
Por otra parte, el texto presentado a la CPI hace una Solicitud de Control Judicial, ante la Sala de Cuestiones Preliminares, «para que se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase del examen preliminar y corrija el trato desigual que se le da a los países afectados, que en el caso de Venezuela, está siendo paradigmático».
Con esta solicitud de control judicial, el MP pide a la Sala de Cuestiones Preliminares que se pronuncie sobre tres asuntos esenciales:
¿Debe la Fiscalía de la CPI contestar al Estado y mantener una interlocución en el Examen Preliminar, estando obligada a establecer un diálogo constructivo con el Estado en el marco del principio de complementariedad para dar cumplimiento al art. 15 del Estatuto de Roma, máxime cuando está siendo solicitado y ofrecido por éste de forma permanente y desde el principio?
¿Debe permitirse el acceso al material probatorio al Estado para garantizar el derecho a la defensa, el principio de contradicción y el control de pruebas, en el marco del art. 21.3 del Estatuto de Roma?
¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un Examen Preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno?
«Reclamamos amparo por parte de la Sala para que se nos conceda el mismo trato que se ha dado a países como Colombia, entre otros, que lleva casi 17 años bajo examen y que ha recibido 12 misiones de la Fiscalía», agregó Saab.
A juicio de Saab, no atender esta petición «es quebrantar la praxis que históricamente ha realizado esta institución, sometiendo a un trato desigual y excepcional a nuestro país, que, por su parte, está dando muestras de la más efectiva colaboración”.
