La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este 13 de septiembre a los países que han impuesto sanciones sectoriales contra Venezuela que las levanten, dado que estas han agravado la ya precaria situación económica y social de los ciudadanos del país.
Al inaugurarse la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela, en el que asegura que las sanciones han recrudecido, además, el impacto de la pandemia en el país.
A continuación, 11 claves del informe presentado por Bachelet:
«Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables».
Manifestó su preocupación «por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios públicos, y de trabajadoras y trabajadores de sectores que dependen de la financiación pública, en particular de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la educación y la salud».
«Las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales continuaron, principalmente para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos [Se documentaron] ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados ‘colectivos’, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza».
Expresó preocupación «por la situación del derecho a la salud de los pueblos indígenas. El monitoreo de la sociedad civil indicó que, en 2019, enfermedades como la malaria, tuberculosis, neumonía, sarampión y VIH estaban aumentando entre los pueblos indígenas y reportaron 457 casos de COVID-19 y 14 muertes entre la población indígena de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro en 2020.19 Sin embargo, no hay información pública sobre COVID-19 en los pueblos indígenas».
Su despacho «alienta a las autoridades venezolanas y a las universidades autónomas a que continúen el diálogo para celebrar elecciones libres y justas de las autoridades de las universidades autónomas, y a que garanticen una amplia participación sus comunidades en estas elecciones y en sus asuntos presupuestarios».
La oficina de la alta comisionada también manifestó especial preocupación «por la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco36, sobre todo en lo que respecta a implementación de recomendaciones anteriores, incluidas las relativas a la falta de transparencia de empresas públicas sobre sus operaciones, procesos de participación y consulta, estudios de impacto
ambiental y sociocultural, y acción pública para frenar la minería ilegal y las actividades de grupos armados no estatales que operan en las zonas mineras, denominados «sindicatos».
«La falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los últimos años ha sido una de las causas principales de la migración fuera del país».
Bachelet también señaló que a su oficina le preocupa «el número de embarcaciones que se hunden con personas migrantes, así como por el número de personas desaparecidas entre la costa venezolana y los
países insulares vecinos, lo que, según fuentes, podría estar relacionado con el tráfico de
personas».
Señaló que su despacho «17 casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria».
De igual manera, registraron «ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes debido a su participación en movimientos estudiantiles o a la documentación de violaciones de los derechos humanos».
Asimismo, documentaron «el enjuiciamiento de siete dirigentes sindicales y seis trabajadores por su defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e incitación al odio, algunos de ellos tras ser denunciados por sus supervisores a las autoridades o tras haber publicado en las redes sociales mensajes críticos contra el gobierno».
Con información de EFE
