¿Por qué el aborto es un problema de salud pública y un tema de derechos humanos? - Runrun
¿Por qué el aborto es un problema de salud pública y un tema de derechos humanos?
La CIDH ha señalado que existe una estrecha relación entre la pobreza, los abortos inseguros y las altas tasas de mortalidad materna
Se considera que la penalización del aborto es una de las formas de discriminación por género más duras, ya que obligar a una mujer a seguir con un embarazo no deseado o a parir es  una forma de ejercer violencia psicológica y física

 

La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales. 

Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces. 

En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos

Hay que hablar del tema. 

¿Por qué el aborto es un problema de salud pública y un tema de derechos humanos?

Por todas las restricciones y complicaciones en acceso a la salud sexual y reproductiva, muchos embarazos pueden ser no deseados. Esto lleva a las mujeres a buscar interrumpirlo por cualquier medio. Medios que, si no están garantizados en el sistema de salud, son clandestinos y poco adecuados o seguros. 

Como los abortos se hacen de manera insegura, a costa de la vida, esto implica un aumento en la mortalidad materna. 

El reconocimiento del aborto como un problema de salud pública ha sido una parte fundamental en el debate planteado por movimientos feministas. ¿Por qué es importante verlo desde esa mirada?

“No solamente resulta inconveniente por el costo humano que implica la cantidad de mujeres muertas o afectadas en su salud por estos abortos inseguros, sino que además es un alto costo para el sistema de salud atender las consecuencias que estas mujeres sufren cuando acuden a los métodos inseguros. Desde una perspectiva de salud pública, es mucho mejor eliminar ese tipo de restricciones y proveer la mayor cantidad de información a las personas con el acceso a los servicios adecuados que les permitan tomar decisiones libres, sobre cuándo desean ser madres, si desean ser madres o no, y en qué momento es el más adecuado. Esto solamente se logra cuando estos estigmas que crea la criminalización se eliminan”, explica la abogada del Centro de Derechos Reproductivos, Cristina Rosero.

Si el aborto conforma la lista de los derechos sexuales y reproductivos, y estos son derechos humanos, el aborto es un derecho humano. 

“¿Cómo una mujer puede tener una vida sexual plena si no tiene acceso a la interrupción del embarazo? Si tú no tienes una decisión básica sobre tu cuerpo, tú no tienes garantía al ejercicio de los derechos, es básico. Visto desde el punto político territorial, es como si un país le diga a otro qué hacer o no hacer, qué dejar entrar o no en su territorio. Entonces, si tú como ser humano no puedes decidir sobre tu propio cuerpo, no tienes el derecho al ejercicio de los derechos básicos. No tienes decisión sobre nada”, dice Faddoul. 

Es por esto que considera que la penalización del aborto es una de las formas de discriminación por género más duras, ya que obligar a una mujer a seguir con un embarazo no deseado o a parir es “totalmente violento, donde ejerces violencia psicológica y física de muchos tipos”. 

Asegura que también, por estar en un sistema patriarcal, sale a relucir la doble moral. “Toda la responsabilidad de un embarazo recae en la mujer, como si el proceso de concebir un hijo no fuera de dos personas. Pero a la hora de decidir, no puedes hacerlo cuando es tu cuerpo y tu vida la que va a ser afectada directamente. 

La interrupción voluntaria del embarazo no debe ser un tema moral o religioso, sino que debe ser visto como un asunto de derechos humanos. “El aborto obliga a la mujer a continuar con un embarazo que vulnera sus derechos a la dignidad, a tomar decisiones con respecto a sus proyectos de vida. En algunos casos, incluso, se equipara el forzar a la mujer a continuar con un embarazo a un tema de tortura”, expresa Magdymar León. 

La coordinadora de Avesa señala que las mujeres están en capacidad de decidir responsablemente sobre los “aspectos inherentes a nuestro cuerpo y nuestra reproducción”, sin que terceros tengan que decidir. “Porque desde ese punto de vista, quiere decir que las mujeres desde el momento en que salen embarazadas, pierden la ciudadanía y pasan a ser una incubadora”. 

Explica que esta forma de ver a las mujeres está ligada a la idea patriarcal de únicamente ver a la mujer como alguien que no toma decisiones y que su función en la vida es parir. “La idea de que la máxima realización de las mujeres es ser madre o una mujer sin hijos no es una mujer realizada. Y sí, muy bien. El tema es que la maternidad sea una elección, no una obligación. Es un derecho ser madre. Yo tengo el derecho, no es que yo tengo la obligación de ser madre”:

La prohibición absoluta del aborto lo que trae es la criminalización y discriminación contra las mujeres.

El Estado venezolano ha suscrito, firmado y se ha comprometido con todos esos tratados internacionales que defienden la vida de la mujer, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

La relatora especial de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, se pronunció con respecto a la penalización del aborto, en el marco del caso de la activista Vannesa Rosales: “La prohibición absoluta del aborto agudiza la discriminación contra las mujeres y las niñas, en contravención de las obligaciones internacionales de Venezuela de proteger el derecho a la vida, la salud, la integridad, la dignidad, la privacidad y la autonomía reproductiva…Reiteramos que la penalización o la no prestación de servicios que solo requiere las mujeres, como el aborto, constituyen una discriminación por razón de sexo”.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado su preocupación por las denuncias sobre la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela, lo cual impacta de forma desproporcionada en las mujeres y personas gestantes de todas las edades durante el embarazo y parto.

“La Comisión ha señalado que existe una estrecha relación entre la pobreza, los abortos inseguros y las altas tasas de mortalidad materna; ya que, como consecuencia de las carencias en la atención en salud materna y el escaso acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres y personas gestantes recurren a procedimientos peligrosos y clandestinos que ponen en alto riesgo su vida. A su vez, subraya que la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes de todas las edades, como la vida, la integridad personal, la salud y a vivir libres de violencia y de discriminación”.


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