La secretaría general de la ONU advierte que se acusa a siete instituciones estatales nicaragüenses de planificar ejecuciones extrajudiciales, torturas, expatriación y eliminación de documentos a las víctimas como sus partidas de nacimiento
Mientras la ONU realiza sus declaraciones, Ortega visita a Venezuela para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez organizada por Nicolás Maduro
Con información de EFE y El País
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), adscritos a la ONU, concluyó sus investigaciones que responsabiliza a Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua desde el Poder Ejecutivo al menos desde el 2018 junto a otras instituciones estatales.
A través de un informe presentado en Ginebra este 2 de marzo, el organismo multilateral estableció las cadenas de mando que manejan a Ortega y Murillo como unas de las instituciones responsables de matar a 355 personas entre abril y septiembre de 2018 en el marco de unas manifestaciones antigubernamentales. Además se acusa al estado nicaragüense de permitir la expatriación y encarcelación forzada de centenares personas en los últimos 5 años, entre ellas periodistas y activistas de Derechos Humanos.
El grupo de expertos de la ONU resaltó que «tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe».
Los miembros del Ghren manifestaron que es necesario buscar el ejercicio de jurisdicción universal, lo que implicaría que cualquier país podría empezar una acción penal contra el Estado nicaragüense, aunque el país en investigación no haya renovado su postura frente al Estatuto de Roma.
Perpetuación de crímenes contra los DDHH
«(El informe) es un paso importante en la búsqueda de la justicia para las víctimas y una nueva esperanza para el pueblo», dijo en un mensaje la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una de las más de 3.000 ONG ilegalizadas en Nicaragua desde abril de 2018, también en el marco de las protestas.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua cubren aspectos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y la censura a la libertad de expresión y al derecho de asociación, que impide a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, crear o consumir contenido periodístico independiente, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
«Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población», declaró el presidente del Ghren, Jan Simon, abogado e investigador sobre criminalidad, seguridad y derecho, especializado en derecho penal comparado, política criminal y derecho internacional de la ONU.
El informe estableció que la comunidad internacional debe ampliar «las sanciones sectoriales a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional», que la Unión Europea, Canadá y EEUU implementan al gabinete de Ortega desde el año 2018.
ONU destaca violaciones en pleno 2023
Para la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el nuevo informe da un «nuevo giro en la crisis de derechos humanos» en Nicaragua, que se había profundizado en 2022 y que este año «inició con una nueva ola de represión con la privación de la nacionalidad de 317 nicaragüenses».
Entre los 317 apátridas nicaragüenses se encuentran escritores, religiosos, periodistas, opositores, activistas, entre otros. «Es una medida aberrante que en la región solo había sido utilizada contra nueve personas por la dictadura de (Augusto) Pinochet, (en Chile), demostrando así que su régimen no tiene límites y que está dispuesto a todo para seguir perpetuándose en el poder», alertó la FIDH.
El organismo observó, además, que algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua «se encuentran en total impunidad y por ello son una afrenta a la comunidad internacional comprometida con la protección de los derechos humanos y la prevalencia del Estado de Derecho».
Ilze Brands Kehris, miembro de la secretaría general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, expresó que la mayoría de las privaciones de libertad y de nacionalidad en Nicaragua ocurren «sin ningún tipo de juicio».
«La oficina ha recibido información de que sus partidas de nacimiento están siendo eliminadas del registro civil de Nicaragua», denunció Brands, quien señaló que al menos 38 personas siguen privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano.
Futuras acciones judiciales
Sobre la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de la protesta social, el informe reconoce que se requieren investigaciones adicionales, pero Simon reconoció que «no puede caber duda de que la institución armada actúa, como todo el resto del aparato público, con el fin de mantener a la pareja presidencial en el poder».
El grupo de expertos también menciona la cancelación de las actividades de 3.144 personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales desde diciembre de 2018 hasta ahora, a través de decretos de la Asamblea Nacional o por orden del Ejecutivo.
El Ghren es un mecanismo de la ONU creado expresamente con el fin de investigar los abusos cometidos por el régimen de Ortega-Murillo desde abril de 2018. Su mandato obtuvo luz verde del Consejo de Derechos Humanos del organismo el 31 de marzo de 2022. Sería el primer paso ante un posible juicio internacional.
Hasta la publicación de esta nota, el gabinete de Daniel Ortega no ha declarado una postura frente al informe. Los distintos organismos adscritos a la ONU denunciaron que el gobierno ubicado en Managua, capital de Nicaragua, negó cooperar con los expertos, ya que nunca reconocieron el mandato otorgado por Naciones Unidas.
Mientras tanto, el mandatario Nicaragüense visitó Venezuela junto a Raúl Castro, representante del poder ejecutivo en Cuba, y a Evo Morales, expresidente de Bolivia, en la conmemoración de los 10 años del fallecimiento del exmandatario Hugo Chávez, evento coordinado por el gabinete de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Maduro, al igual que Ortega, enfrentan acusaciones ante la ONU por crímenes de lesa humanidad. En el caso de Venezuela, las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones a los derechos humanos se remontan desde el año 2014 a ojos del ente multilateral.
