La organización detalló que, entre las personas a las que se les aplicó lo dispuesto en esta ley, hay trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG
La ONG Espacio Público (EP) aseguró el 18 de junio que, en más de cinco años, 83 personas han sido vÃctimas de la Ley contra el Odio, norma promulgada en 2017 que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos polÃticos que promuevan “el fascismo”.
A propósito de conmemorarse este 18 de junio el DÃa para Contrarrestar el Discurso de Odio, la ONG aseguró que “la denominada Ley contra el Odio, por la Convivencia PacÃfica y la Tolerancia es usada para perseguir a personas por expresiones incómodas o crÃticas frente a ciertos sectores de poder”.
En una nota de prensa, Espacio Público afirmó que entre las 83 personas a las que se les aplicó lo dispuesto en esta ley hay trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG.
“Durante más de 5 años, esta regulación ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, agresiones fÃsicas, hostigamiento, despidos por parte de instituciones públicas, entre otras acciones”, aseveró la organización.
En este sentido, la ONG recordó que las respuestas de los Estados a los discursos de odio “deben ser graduales y diferentes”, además de considerar el contexto polÃtico y social en el que se emiten este tipo de comentarios.
Opacidad estatal sobre presencia de la CPI en Venezuela niega justicia a las vÃctimas
El 15 de junio, Espacio Público denunció que la opacidad estatal sobre la presencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela niega justicia a las vÃctimas.
Karim Khan, fiscal de la CPI, arribó a Venezuela por tercera vez este 8 de junio de 2023 para seguir ejecutando acciones de cara al primer Memorándum de Entendimiento entre el Estado venezolano y la FiscalÃa. Sin embargo, reseña Espacio Público, dicha visita no fue anunciada, a diferencia de Colombia, donde se conocÃa de la llegada del Fiscal con 10 dÃas de antelación.
“La omisión deliberada del Estado venezolano consolida un entorno de opacidad frente al sistema de justicia y la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición frente a las vÃctimas que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos”, señala la ONG.
Espacio Público agregó que sin transparencia se dificulta el alcance de un verdadero respeto y garantÃa a los derechos humanos; mucho menos si existe evidencia de presuntos crÃmenes de lesa humanidad.
Opacidad sistemática
Espacio Público insistió en que el Estado venezolano no ofrece información regular sobre los avances que menciona dentro de los informes entregados a la CPI.Â
Un claro ejemplo de esto es que el Estado le informó a la FiscalÃa que hay 893 casos que se investigaron o se han investigado. Sin embargo, estos datos no han sido suministrados directamente a la sociedad venezolana en favor de lograr una auténtica justicia y reparación de las vÃctimas.
Con información de EFE
