En un país marcado por la represión, el miedo y el desgaste de sus instituciones, el “Libro Gris” ofrece una radiografía crítica del estado de los derechos humanos en Venezuela durante el primer semestre de 2025.
Se trata del tercer informe de la serie elaborada por la iniciativa Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento —precedido por el Libro Negro (enero 2024) y el Libro Rojo (febrero 2025)—, y se inscribe en el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y la instalación de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, pese al amplio desconocimiento de los resultados electorales.
El documento define el momento actual como una “Emergencia Democrática Compleja”: un escenario donde no solo hay represión directa, sino un colapso estructural del Estado de derecho, una sociedad empobrecida como “estrategia de control”, y un miedo generalizado que inhibe la denuncia y la acción colectiva.
Mediante fuentes abiertas, bases de datos propias y testimonios, el informe documenta patrones graves como el exilio silencioso de activistas y la militarización del aparato económico bajo un modelo autoritario con “fachada de crecimiento”.
Contexto y antecedentes
Desde el 28 de julio de 2024 y tras la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, el texto alerta sobre un nuevo gobierno que no cuenta con legitimidad. El informe define este escenario como una “Emergencia Democrática Compleja (EDC)“, un concepto que trasciende la represión clásica y señala una estructura diseñada para desmantelar la democracia desde adentro.
La administración de Maduro, según el informe, “simula institucionalidad” con elecciones y leyes vacías de contenido real. Se consolida así un sistema que bloquea cualquier posibilidad de organización social, disenso o alternancia.
Espacio cívico
Durante el primer semestre de 2025, el informe documenta una “reducción extrema” del espacio cívico en Venezuela. Las manifestaciones pacíficas, según reseñan, fueron “criminalizadas, dispersadas violentamente o bloqueadas” antes de ocurrir. Se registraron al menos 42 detenciones de integrantes de organizaciones políticas y 10 contra periodistas y trabajadores de medios.
La libertad de expresión fue cercenada mediante detenciones, bloqueos digitales, cierre de emisoras y vigilancia constante. El miedo ha generado una autocensura extendida incluso entre periodistas independientes. Se reporta un aumento de casos de semiclandestinidad: organizaciones sociales y políticas se ven forzadas a operar sin presencia pública, sin sedes y sin canales abiertos de participación.
También se intensificó la persecución a defensores de derechos humanos: 16 medidas cautelares fueron otorgadas por la CIDH en respuesta a amenazas o detenciones. Muchos defensores han salido del país sin anunciarlo, por razones de seguridad. Esta salida forzada y silenciosa constituye una nueva modalidad de exilio, donde el costo emocional y el riesgo a las redes de apoyo son determinantes.
Además, el gobierno impulsa figuras como las “comunas” y “consejos comunales” desde una supuesta reforma constitucional, pero en la práctica funcionan como mecanismos de control político, marginando expresiones autónomas de participación ciudadana.
Actuación de grupos de civiles armados (colectivos)
La actuación de los denominados “colectivos” continúa siendo un elemento clave en la estrategia represiva. El informe señala que, lejos de disminuir, su accionar se ha adaptado y sofisticado. Aunque se muestran menos visibles en el espacio urbano, mantienen presencia activa en zonas populares y periféricas, actuando como dispositivos de control social, inteligencia vecinal, amedrentamiento y represión.
Durante el primer semestre de 2025, se documentaron casos en los que estos grupos participaron en la dispersión violenta de protestas, realizaron patrullajes armados en barrios, y coordinaron con organismos de seguridad del Estado. También fueron identificados como responsables de amenazas directas contra líderes comunitarios, sindicales y defensores de derechos humanos.
Los colectivos cumplen roles duales, denuncia la agrupación de ONG: “son agentes de represión y, al mismo tiempo, operadores de asistencia oficialista en sus comunidades” (reparto de alimentos, controles del CLAP o acceso a bonos). Esto genera una dependencia forzada entre sectores empobrecidos y los brazos armados del chavismo.
La impunidad es una constante: no hay investigaciones ni sanciones por estos actos. Por el contrario, en ocasiones y de acuerdo a este informe, los colectivos reciben respaldo público por parte de voceros gubernamentales. Aseguran que su existencia es una pieza central del nuevo esquema de gobernabilidad, donde el Estado comparte y delega el control territorial con grupos paraestatales.
Derechos civiles y políticos
El informe denuncia un “patrón sistemático de violaciones a los derechos civiles y políticos” durante los primeros seis meses del gobierno. El evento electoral del pasado 25 de mayo consolidó un proceso “sin garantías democráticas”, caracterizado por exclusión de candidatos, censura, coacción y uso de recursos públicos.
En paralelo, se registraron 124 detenciones arbitrarias, incluyendo 10 de personas extranjeras, muchas sin orden judicial ni garantías procesales. Al menos 51 casos corresponden a desapariciones forzadas de corta duración. Las condiciones de reclusión son precarias, con denuncias de tortura, tratos crueles y centros de detención clandestinos.
Se documentaron también 4 muertes bajo custodia del Estado y 1 ejecución extrajudicial. En muchos casos se anula el recurso de habeas corpus, lo que profundiza la indefensión de las víctimas. Los familiares enfrentan hostigamiento, obstáculos para acceder a información y una justicia completamente cooptada.
Balance y ruta posible
En sus conclusiones, el “Libro Gris” reafirma que Venezuela atraviesa una “Emergencia Democrática Compleja” inédita en la región y destaca 10 puntos fundamentales:
Pero también, presentó recomendaciones para un “futuro gobierno democrático”, así como unas dirigidas hacia la comunidad internacional:
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
