En una reciente edición de Espacio Runrunes, el economista Ronald Balza analizó el complejo panorama económico venezolano de inicios de 2026, advirtiendo sobe el “optimismo irracional” que se ha generado en torno a los flujos petroleros y la supuesta recuperación del país. Durante la conversación, Balza enfatizó que, si bien hay cambios en la dinámica comercial con Estados Unidos, la ausencia de datos oficiales y la falta de transparencia siguen siendo los principales obstáculos para una estabilidad real.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello explicó que la expectativa de mejora se alimentó de la creencia de que el petróleo enviado a EE. UU. generaría pagos inmediatos para estabilizar el mercado cambiario. Sin embargo, denunció que las promesas de transparencia no se han cumplido. “La información sobre los flujos petroleros iba a estar disponible en una página web… Esas páginas no existen. Esa es la primera decepción en términos de información que no tenemos”.
Además, señaló que la operatividad de estos recursos es limitada y compleja debido a que las sanciones al Banco Central de Venezuela persisten, obligando a usar canales triangulados, como fondos en Qatar.
El drama salarial y la pérdida de productividad
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la situación de los trabajadores y pensionados. Balza rechazó el argumento de que no se pueden aumentar los salarios por “baja productividad”, sugiriendo que la relación es inversa: la caída del salario destruyó la productividad. Como ejemplo, el decano de la UCAB recordó el caso del “horario mosaico”, donde el Estado aceptó que un docente solo trabaje dos días a la semana porque no puede pagarle, lo que termina por mermar la formación y el futuro del país e insistió con el tema de la transparencia y las cuentas claras.
“Cuando los trabajadores piden aumentos, no sabemos cuántos empleados públicos hay, ni cuáles son las escalas salariales, ni cómo se financian los bonos que recibe”.
En el caso del sector privado, Balza también abordó la realidad de quienes intentan levantar negocios en una economía “cerradita” y sin crédito, donde la tasa de mortalidad empresarial es alarmante. “Con un encaje legal del 73% sobre la banca, no hay financiamiento para que una buena idea crezca una vez que se agotan los ahorros familiares”, dijo.
El costo de registrar una empresa y pagar impuestos en un mercado empobrecido es tan alto que la mayoría prefiere la “buhoneralización digital” o vender por Instagram sin formalizarse y en ese sentido, el economista critícó leyes de emprendimiento que exigen registros pero no ofrecen incentivos reales ni sostenibles.
Para Balza, no basta con aprobar leyes para atraer capitales; se requiere seguridad jurídica y, sobre todo, información detallada.
Esperando el crédito internacional
Balza fue tajante al explicar que, aunque el gobierno de EE. UU. flexibilice su postura ante funcionarios como Delcy Rodríguez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se rige por normas técnicas que Venezuela dejó de cumplir hace mucho tiempo. El economista recordó que el presidente Hugo Chávez dejó de cumplir con el Artículo IV del convenio constitutivo del FMI en 2004. “Van veintiún años sin que una misión del Fondo Monetario venga a Venezuela a ver las cifras y hablar con el Banco Central”, señaló Balza, subrayando que esta es una regla universal para todos los países miembros.
La falta de cuentas claras no solo aleja a los organismos multilaterales, sino que genera un escenario de conflicto con los tenedores de deuda externa y acreedores comerciales. Balza advirtió que cualquier intento de refinanciamiento será cuesta arriba si no hay un orden de prelación claro. En este sentido, el papel del FMI es crucial no solo como prestamista, sino como el ente que valida las cifras para que los acreedores acepten negociar en términos más favorables.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
