En su cuenta de X, Nelson Afiuni, escribió que la libertad que le fue concedida a su hermana, la jueza María Lourdes Afiuni es una farsa.
Según Afiuni, la abogada intentó ingresar al sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para tramitar su pasaporte, y se encontró con que mantiene una alerta de restricción activa que le impide la expedición del documento de viaje.

De acuerdo a Afiuni, la traba administrativa vulnera el derecho al libre tránsito de la magistrada, quien requiere el documento para trasladarse a Estados Unidos con el fin de culminar sus tratamiento médico y reunirse con su única hija, a quien tiene una década sin ver.
En comunicado rubricado por Afiuni y por la representante legal de la jueza, Thelma Fernández, exponen que el artículo 50 de la Constitución nacional reza que “todo venezolamo tiene derecho a transitar, cambiar de domicilio, salir y entrar del país”.
“Resulta, por tanto, jurídicamente contradictorio declarar la libertad plena de una ciudadana y mantener simultáneamente efectos materiales de una restricción que le impide obtener su documento de viaje y salir del país”, se desprende del comunicado.
Afiuni y Fernández remitieron la carta a la embajada de los Estados Unidos en Caracas, así como al senador norteamericano, Rick Scott.
“Exigimos de manera contundente el levantamiento inmediato de cualquier restricción administrativa o judicial que le impida obtener su pasaporte y ejercer plenamente su derecho a salir de Venezuela”.
A inicios del mes de agosto, la jueza Afiuni recibió la libertad plena después de 16 años de un proceso judicial que inició cuando el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó encarcelarla por otorgarle libertad plena al banquero, Eligio Cedeño.
En diciembre de 2009, Afiuni fue acusada de supuestos delitos de corrupción, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir.
Fue recluida en la cárcel del INOF en Los Teques y desde 2019 se encontraba en arresto domiciliario.


*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país



