Varias organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil exigieron la derogación de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, luego de que la presidencia encargada de Delcy Rodríguez remitiera a la Asamblea Nacional una propuesta para reformar parcialmente la norma.
La solicitud fue recibida por el Parlamento el 29 de septiembre. Hasta este jueves 1 de octubre no se conocen públicamente los términos del proyecto de reforma. La Asamblea Nacional confirmó que recibió la comunicación del Ejecutivo para modificar parcialmente la legislación.
En un comunicado fechado el 30 de septiembre en Washington D. C., las organizaciones firmantes señalaron que una modificación parcial no resolvería, a su juicio, los problemas de fondo de una legislación vigente desde noviembre de 2017.
“Ante la propuesta de reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia remitida a la Asamblea Nacional el pasado 29 de septiembre, cuyos términos aún se desconocen, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes reiteramos nuestra exigencia de que esta ley sea derogada”, señalaron.
El documento fue suscrito por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Espacio Público, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Acceso a la Justicia, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center.
Su impacto va más allá de lo penal
Las organizaciones sostienen que la ley presenta problemas que van más allá de las sanciones penales. Entre ellos mencionan la amplitud y ambigüedad de las conductas que contempla, las obligaciones impuestas a distintos actores y la posibilidad de aplicar sanciones por períodos prolongados.
“Desde su aprobación en noviembre de 2017, esta ley ha sido cuestionada por su incompatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos”, afirmaron.
Recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado desde la aprobación de la norma su preocupación por sus efectos sobre la libertad de expresión. En 2017, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión cuestionó las figuras consideradas vagas y ambiguas y las facultades otorgadas al Estado sobre medios tradicionales e internet.
En 2022, la Relatoría señaló además que la legislación había sido aplicada de manera selectiva y desproporcionada y reiteró que debía dejarse sin efecto.
Más recientemente, en junio de 2026, la misma oficina volvió a incluir la Ley Contra el Odio entre las normas que, según su evaluación, restringen de manera indebida la libertad de expresión y de prensa en Venezuela.
Una espada de damocles contra la libertad de expresión
Uno de los principales cuestionamientos del comunicado se refiere a las disposiciones que afectan a los medios de comunicación.
Las organizaciones señalan que la legislación prohíbe la difusión de mensajes considerados como propaganda, incitación o apología del odio, pero consideran que la norma no define estos conceptos con suficiente precisión.
“La ley prohíbe a los medios de comunicación difundir mensajes que el Gobierno considere como propaganda, incitación o apología del odio, sin que exista una definición clara sobre lo que entiende como tal. Esto propicia la arbitrariedad y acarrea consecuencias sumamente gravosas”, afirmaron.
Entre las consecuencias previstas por la ley mencionan la revocatoria de concesiones de radio y televisión, el bloqueo de páginas web y la imposición de multas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya había advertido sobre disposiciones similares. En 2017 señaló que la norma imponía obligaciones ambiguas a los medios y otorgaba al Estado facultades para bloquear sitios de internet, revocar licencias de medios audiovisuales y utilizar gratuitamente espacios de radio y televisión para difundir mensajes oficiales.
Las organizaciones también cuestionan la posibilidad de que el Estado intervenga sobre contenidos difundidos en plataformas digitales y medios electrónicos.
Los partidos también seguirían amenazados
El comunicado sostiene que los efectos de la Ley Contra el Odio no se limitan al ámbito de la prensa.
Las organizaciones señalan que la legislación contempla la revocatoria de la inscripción de partidos políticos que realicen actividades o expresen ideas que sean consideradas como incitación al odio. También cuestionan las disposiciones que pueden afectar la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales y personas jurídicas privadas.
A juicio de los firmantes, estas disposiciones se incorporan a un marco normativo más amplio que restringe el derecho a la libertad de asociación y la participación política.
La CIDH también ha documentado preocupaciones sobre el impacto de la Ley Contra el Odio en organizaciones defensoras de derechos humanos y otras voces críticas. En sus informes sobre Venezuela ha señalado que la aplicación de esta normativa ha contribuido a limitar el espacio para la expresión y la participación pública.
Nacida de forma ilegítima y en represión
Otro de los argumentos planteados en el comunicado se refiere al proceso mediante el cual fue aprobada la ley. Los firmantes sostienen que la norma no fue aprobada por la Asamblea Nacional y que su discusión no estuvo acompañada de un proceso de consulta pública con la sociedad civil.
La Relatoría Especial de la CIDH documentó en 2017 que la Ley Contra el Odio fue aprobada por la entonces Asamblea Nacional Constituyente y sancionada sin intervención de la Asamblea Nacional. Cabe recordar que la Constitución contempla que la ANC debió ser convocada por decisión del pueblo en un referendo, y eso no ocurrió.
Las organizaciones recuerdan además que su aprobación ocurrió después de las protestas de 2017 y en el marco de una fuerte represión civil, por lo que consideran que el contexto en el que fue promulgada influyó en el alcance de sus disposiciones.
Piden revisar otras normas
Por las razones antes impuestas, las organizaciones firmantes consideran insuficiente una reforma parcial de la legislación “para resolver los vicios de origen, las restricciones desproporcionadas y las incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos que caracterizan a la Ley Contra el Odio”, señalaron.
Además de pedir su derogación, solicitaron revisar otras normas que, según sostienen, forman parte de un marco jurídico represivo que restringe las libertades de expresión, asociación y participación política.
Finalmente, hicieron un llamado a los Estados, organismos multilaterales y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para que mantengan la atención sobre la aplicación de estas normas y exhorten al Estado venezolano a derogarlas.
Hasta ahora, la propuesta enviada a la Asamblea Nacional es una reforma parcial y sus contenidos específicos aún no han sido publicados, por lo que no es posible determinar qué disposiciones de la Ley Contra el Odio serían modificadas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
