La recluta militar dispuesta por Páez en Caracas (1826), condujo a los sucesos de La Cosiata que iniciaron el desmoronamiento de la república. Las cabriolas de los entonces ediles de Caracas son dignas de análisis…
El alistamiento militar dispuesto por el general José Antonio Páez en Caracas, entre el 6 y 9 de enero de 1826, cambió el rumbo de Colombia. Después de un vertiginoso desarrollo de los acontecimientos, condujo a los sucesos de La Cosiata que iniciaron el desmoronamiento de la república en su parte venezolana. Ahora veremos la reacción de los munícipes capitalinos ante el hecho, porque lo describen con elocuencia ante el Congreso de Bogotá para meter al Jefe Militar del Departamento en aprietos. Pero esos aprietos se vuelven solidaridad comarcal, como analizo en libro reciente (La Cosiata. Páez, Bolívar y los venezolanos contra Colombia, Editorial Alfa, 2019). En la variación tienen gran cuota de responsabilidad los que al principio se alarman a través del documento que vamos a comentar.
Páez ha ordenado la recluta por mandato del poder central, pero los caraqueños no acuden al llamado. La indiferencia conduce a una búsqueda forzosa de los renuentes, que provoca alarma y malestar entre los grupos dirigentes de la ciudad. El Concejo Municipal de Caracas describe así la situación ante la Cámara de Representantes:
S. E. el Comandante general, director de la Guerra en este Departamento y el de Apure, convocó al pueblo para el alistamiento general de una milicia reglada; juzga la Municipalidad que en cumplimiento sin duda de órdenes recientes del Supremo Poder Ejecutivo dirigidas al efecto. El día seis, y el convento de San Francisco, fueron asignados por plazo y lugar de la reunión a las nueve de la mañana. El pueblo concurrió, pero S. E. el Comandante general se persuadió que no había asistido en el número que esperaba, y esta circunstancia debió causarle suma displicencia. En el momento destacó gruesas partidas de tropa por todas las calles al mando de oficiales con órdenes positivas de conducir a San Francisco, que en la actualidad sirve de cuartel a los batallones de Apure y Anzoátegui, a cuantos hombres encontrasen, sin distinción de edad ni empleo.
La tropa, como era regular, cumplió ciegamente las órdenes de su jefe: el administrador de la renta del tabaco, oficinistas, médicos, todo el mundo fue a parar a San Francisco, sin valerle excepción. El bello sexo fue desatendido y asustado en las calles: hermanos y parientes que conducían tiernas jóvenes a visitas y otros desahogos del trato civil, quedaron abandonadas porque era un hombre el que las conducía, y éste fue empujado a San Francisco. La Municipalidad se abstiene de proseguir la descripción temerosa de incurrir en la nota de exagerativa, la cerrará, sin embargo, manifestando a la Honorable Cámara que la ciudad presentaba la imagen de una revolución al notar los vecinos las calles inundadas de tropa, que unos echados por delante de las escoltas y otros corrían a meterse en sus casas, ignorando todos el origen de tan extraña novedad.
La situación se moderó relativamente debido a la intervención del Intendente del Departamento, general Juan Escalona. Sin embargo, para multiplicar la desazón, sucedió la vejación de quienes se asustaron por los escándalos de la víspera y se presentaron tarde ante el Jefe Militar. La protesta de la municipalidad asegura que:
(…) fueron despedidos a las cuatro de la tarde los concurrentes voluntarios y los conducidos por la tropa, después de haber sufrido un encierro que ni aun les fue lícito bajar a los patios a satisfacer una necesidad. Todos representaron la fábula de Tántalo: estaban viendo el agua desde los altos del convento, y no podían bajar a beberla muertos de sed; las centinelas dobles apostadas en las escaleras lo impedían.
La descripción de los hechos se ajusta a la verdad, según se desprende del cotejo de otras fuentes de la época. Solo exagera cuando afirma que el pueblo acudió al primer llamado de alistamiento. El convento-cuartel no recibió a los huéspedes que esperaba porque la abrumadora mayoría de los habitantes de la capital desatendió el llamado. Así lo corroboran los testimonios más confiables y la prensa de la época. Pero las tropelías que el Concejo Municipal incluyó en su narración se ajustan a la verdad. Una correspondencia del intendente Escalona al vicepresidente Santander, y las anotaciones del diario del cónsul inglés en la ciudad, refieren desmanes como los aludidos por los ediles.
Esos ediles han sido guardianes de la civilidad desde la aprobación de la Constitución de Cúcuta, que aceptaron a regañadientes porque no se les consultó, como tampoco al resto de los ciudadanos, sobre la conveniencia de la unión colombiana. Desde 1822, no faltaron en su agenda las quejas por la prepotencia militar y por los abusos de muchos comandantes a quienes señalaban los periódicos por excesos en los vecindarios y por su interés en limitar la libertad de expresión.
Si hay entonces un cuerpo celoso de las libertades públicas, estamos ante su presencia. Los municipales que elevaron su protesta ante el congreso de Bogotá –Domingo Navas Spínola, Jerónimo Pompa, Miguel Ignacio Tovar, Lorenzo Emezábel, Lope María Buroz, Antonio Abad Cedillo, Juan José Giménez, Fernando Acosta, Narciso Ramírez, Manuel López, José Francisco Céspedes, Lorenzo Gedler, José Joaquín Liendo, José Dionisio Flores y el secretario Raimundo Rondón Sarmiento– siguen una tradición de respeto a las leyes y de moderación en el tratamiento de los asuntos públicos, que los ha caracterizado desde el triunfo de Carabobo. Como no estaban dispuestos a callarse frente a las demasías del Centauro de los Llanos, trasmitieron su queja ante la superior instancia parlamentaria.
Quizá no esperasen una respuesta enfática y veloz, pero la obtuvieron. Los congresistas animados por el vicepresidente Santander, quien destituyó inmediatamente a Páez de sus funciones de Jefe Militar del Departamento de Venezuela, tomaron una decisión capaz de encender las pasiones que no habían dejado de manifestarse en torno a la sobrevivencia de Colombia: que el denunciado venga personalmente a Bogotá, a la tribuna del senado, para defenderse de las acusaciones del Concejo Municipal de Caracas en un debate con los representantes del pueblo.
¿El León de Apure en una encerrona fraguada por los senadores reinosos? ¿El héroe de Carabobo sin sus lanceros, sin los íntimos de su casa, sin los asesores de confianza, batallando en una parcela desconocida que había cultivado de antemano don Francisco de Paula, un antiguo rival? ¿Un juicio peliagudo sin la influencia cercana de Bolívar, quien todavía se encontraba en el sur del continente?
Pese a que anunció su comparecencia, comenzó a trabajar en las sombras para librarse del trance. Tales trabajos desembocaron en los sucesos valencianos de 29 de abril, cuando el Concejo Municipal de la ciudad concedió a Páez el título ilegal de Jefe Civil y Militar de Venezuela mientras elementos de tropa y una manifestación popular lo animaban frente a la Casa Consistorial. No solo se desconocieron entonces las rectificaciones dispuestas desde Bogotá por autoridad legítima, sino que también se creó un cargo no contemplado en la Constitución de Cúcuta, ni adecuado a las rutinas del contorno.
Pero ahora interesa la reacción del Concejo Municipal de Caracas, que había destacado por la civilidad de sus expresiones y por cuya denuncia ante el parlamento habían llegado las vicisitudes a la desobediencia valenciana. En lugar de atenerse a las conductas que lo distinguían y a su papel de institución interesada en el mantenimiento de la regularidad institucional, al enterarse de la trifulca de Valencia publicó un documento, con el voto unánime de sus miembros, en el cual reconoció a Páez como potestad indiscutible, con autoridad para “levantar ejércitos que defiendan el territorio de cualquiera invasión enemiga u otros actos hostiles, y hacer continuar la marcha de la administración, cuyas funciones ejercerá con la denominación de Jefe Civil y Militar de Venezuela”.
La cabriola se vuelve más escandalosa cuando leemos lo que escribieron después los ediles en el acta de su reunión de 2 de octubre de 1826. Veamos lo fundamental:
Este ilustre cuerpo lejos de contraerse en manera alguna a la persona y justificado proceder de aquel digno jefe (Páez), fundó solo su queja en los males que podrían seguirse de la ejecución del supremo Poder Ejecutivo, sobre el establecimiento de la milicia reglada, y en la necesidad de que se llevase a efecto la ley acordada por el Congreso el 28 de abril del año próximo pasado, la cual habría asegurado la libertad y seguridad de los ciudadanos (…)
(…) El general Páez es el baluarte de las libertades públicas, como el terror del enemigo común y como uno de sus más beneméritos y apreciables jefes, por su valor y por su actividad, y por sus sentimientos siempre libres y siempre generosos.
Solo faltó a los concejales afirmar que no hubo alistamiento en enero, ni desmanes para rasgarse las vestiduras. La tropelía militar como posibilidad, o la alternativa de evitarla ante la sospecha de que el general Santander interpretaría a su manera las intenciones de los diputados en materia de conscripción, produjo la solicitud del municipio de Caracas ante el Senado de Bogotá. Es lo que asegura un documento que no menciona al vicepresidente, pero tampoco la anterior solicitud de que se juzgara al oficial venezolano más cercano y célebre.
Con esta insólita amnesia concluyó la participación del principal cuerpo deliberante de Venezuela en sucesos que, en cuestión de cuatro años, condujeron a la desmembración de Colombia. Si los lectores buscan la coherencia del asunto, deben considerar que la historia no funciona según la lógica que pretenden imponerle los hombres del futuro.
