Diversas versiones se proyectan a conveniencia sobre el empresario colombiano, detenido en Cabo Verde
El 15 de marzo, se llevó a cabo una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Florida (EE. UU.) para debatir el carácter de “fugitivo” que ya para entonces era endilgado al empresario colombiano Alex Naín Saab.
La sesión, vía Zoom, fue presidida por el juez Robert Scola. Participaron también un representante del Departamento de Justicia estadounidense, el abogado Alexander Kramer, así como el fiscal asistente Kurt Lunkenheimer. Como apoderado de Saab actuó desde Washington el litigante David Rivkin, del bufete Baker & Hostetler.
Lo discutido durante esa audiencia quedó transcrito. Cuando iban unos diez minutos de intercambio, el abogado Rivkin soltó esta perla: Saab, afirmó, no ha escogido libremente permanecer en calidad de prófugo de las autoridades estadounidenses, porque su gobierno –en este caso el venezolano– “le ha ordenado no entregarse”.
En ese momento, el juez Scola dijo no entender bien lo que se estaba afirmando. Tal parece que las comunicaciones fallaron. En todo caso, continuó explicando Rivkin, los privilegios de inmunidad diplomática no pueden ser anulados por el depositario sino por el gobierno que los otorga, en este caso el de Nicolás Maduro.
Este argumento no dejaba de tener ciertas inconsistencias. El abogado comparecía ante la Corte de Florida, precisamente, porque Saab quería participar directamente en las sesiones, hacerse parte del juicio en su contra, aunque escudado en el supuesto privilegio como “enviado” del régimen.
Sin querer, pero queriendo, Saab empezó este año a abonar el terreno para una eventual comparecencia ante la justicia estadounidense, afirmando que su carácter contumaz le fue impuesto por sus empleadores venezolanos.
Desde junio de 2020, Alex Naín Saab permanece detenido en Cabo Verde, mientras se dirime un juicio de extradición en su contra. Estados Unidos lo solicita por conspiración para lavar dinero y por el presunto pago de sobornos a funcionarios venezolanos para beneficiarse de las contrataciones como proveedor de alimentos y constructor de viviendas populares. Según el Departamento de Justicia, se comprobó un flujo irregular de fondos a través de la banca estadounidense que supera los 350 millones de dólares.
Todas las decisiones del gobierno y de los tribunales del archipiélago africano apuntan a que la extradición será ejecutada muy pronto. Luego de los dos últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en menos de tres semanas, solo faltaría que el Tribunal Supremo ordene el traslado del empresario. A partir de ese momento, el país requirente (EE. UU.) contaría con veinte días continuos para llevar a Saab hasta Florida, según lo dispuesto por la normativa de cooperación internacional en materia penal de Cabo Verde.
En los quince meses que lleva ya este proceso, el régimen ha intentado imponer una narrativa que presenta a Saab como un hombre de familia, víctima de una persecución injusta, orientada por razones políticas y no legales, lo que supuestamente ha inspirado indignación en sectores populares, tanto de Venezuela como de países africanos, que han tomado las calles para manifestar su rechazo, con pancartas y grafitis, así como en eventos deportivos y culturales. En realidad, es un empresario nacido en Barranquilla, que amasó una gran fortuna gracias a sus negociados con Chávez, y mayoritariamente con Maduro. En Venezuela, nunca lo vieron recorriendo las calles de Petare o Antímano, cuyas paredes están inundadas con pintas de molde, exigiendo la inmediata liberación de un diplomático y “patriota”. Sí lo vieron, ida y vuelta, desde el Meliá Caracas a Miraflores.
Incluso, desde su defensa han llegado a decir que se trata de un ciudadano venezolano, omitiendo el detalle de que tal “venezolanidad” solo fue invocada por el propio Saab cuando le informaron en el aeropuerto de Cabo Verde que era solicitado por Estados Unidos. Antes de eso, se cuidaba de mostrar siempre el pasaporte de su país natal, Colombia.
Un agente tras las rejas
El tema de la inmunidad de Saab ha sido objeto de debates. La Corte de África Occidental (Cedeao) asumió como válido el argumento invocado por el grupo de abogados encabezado por Baltazar Garzón y José Manuel Pinto para exigir a Cabo Verde la inmediata liberación del comerciante. Pero EE. UU. y las autoridades judiciales del archipiélago tienen otra óptica. En la sesión de marzo, el abogado del Departamento de Justicia, Alexander Kramer, sostuvo que “el estatus diplomático es concebido para proteger a una persona mientras está en una misión en el país anfitrión”, que en este caso sería Irán.
“No es y no puede ser algo que provea inmunidad globalmente para todas las conductas, aun si no tienen nada que ver con el rol diplomático, particularmente en un caso como este, donde la conducta en cuestión ocurrió entre 2011 y 2015, mucho antes de que supuestamente lo hicieron enviado especial”, añadió.
Por otra parte, la acreditación de Saab como “enviado” no constaba en ninguna de las cartas que llevaba en un pequeño maletín negro, dirigidas a figuras del alto gobierno iraní. Saab aparecía allí simplemente como el portador de un mensaje, un emisario, cuyo nombre ni siquiera aparece en las correspondencias. Las notificaciones de rigor comenzaron a llegar al escritorio del presidente de Cabo Verde, José Carlos Fonseca, y a su canciller Luis Lopes Tavares al día siguiente de conocida la detención. Primero fue el canciller venezolano del momento Jorge Arreaza, quien afirmó que Saab era “representante” del gobierno venezolano. Un día después, el 14 de junio, el embajador en Senegal Alejandro Correa afirmó que era un “agente”. En septiembre de 2020, Arreaza escribió a Fonseca, para decir finalmente que el barranquillero era un “enviado especial”. Y esa nomenclatura la ratificó el gobierno iraní.
En la medida en que transcurren los días sin que se concrete la extradición, el gobierno venezolano eleva su apuesta por el extraditable. Ahora, sin estar de cuerpo presente, Saab es un “delegado” sobrevenido por el grupo de Maduro en la mesa de negociaciones de México. Aunque la última sesión no registró avance alguno en la resolución de la crisis política del país, sí sirvió para divulgar una carta en la que Saab ratifica su decisión de no cooperar con las autoridades estadounidenses.
“¿Realmente creen que voy a llegar allá a contar según ustedes “secretos” para derrocar a mi gobierno? Si eso piensan, déjenme decirles que despierten porque eso no pasará, y segundo están mostrando que los que quieren acabar el diálogo y seguir buscando salidas fantasiosas son ustedes”, dice la misiva.
Estas líneas tienen varios destinatarios. Entre ellos, los operadores del propio gobierno de Maduro, que en septiembre de 2020 indicaron al ministro de Relaciones Exteriores de Cabo Verde Luis Filipe Lopes, que Saab supuestamente está sujeto a una orden judicial “bajo la cual es requerido que lleve a cabo su misión bajo los principios de confianza institucional (sic), privacidad y lealtad, el incumplimiento de la cual está sujeta a penas bajo las leyes nacionales relativas a la revelación de secretos y el crimen de traición”.
Lógicamente, si Saab llegase a asomar una pizca de interés en colaborar con EE. UU., esa carta no hubiese sido divulgada en las redes de Jorge Rodríguez.
A estas alturas, Saab no puede decir otra cosa, aunque ya, como se vio en la sesión de marzo, haya comenzado a sentar las bases para una eventual defensa en la corte de Florida.
Breves
* La Cámara Civil del Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó un recurso intentado por Bariven con el propósito de anular el resultado de un laudo arbitral que obligaba a esta filial de Petróleos de Venezuela a pagar 11,73 millones de dólares a la firma Wells Ultimate Service LLC, registrada en Houston, por la adquisición de dos motores tipo top drive, utilizados en plataformas de perforación. En sus alegatos, los representantes de la sociedad venezolana sostuvieron que el contrato inicial era nulo “porque fue creado bajo la influencia de la corrupción”. El acuerdo entre Bariven y la firma texana fue firmado en diciembre de 2012. Los motores fueron entregados año y medio después, en junio de 2014, y nunca fueron devueltos al proveedor.
Aunque este punto fuese válido, Wells exigía una contraprestación debido a que había cumplido con su parte del pacto. Además, no existía en el expediente del litigio ningún indicio concreto que acreditara esta irregularidad. La firma norteamericana es propiedad de HRBZ Source Analyst Trust, también inscrita en Texas, cuyo agente es Hernán Guillermo Bravo, un cuñado de Roberto Rincón Fernández, el mismo que en junio de 2016 se declaró culpable por haber pagado millonarios sobornos a gerentes de la estatal petrolera para asegurarse los contratos de la estatal. Un jet de Rincón trasladó a Aruba al exdirector de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal, cuando fue detenido a requerimiento de la DEA por primera vez, en 2014.
* El 20 de septiembre, los trabajadores de Salvafoods –la distribuidora de alimentos de la que Alex Saab es copropietario– salieron a protestar en las calles de La Guaira, alegando el incumplimiento de los compromisos laborales. La manifestación fue atendida por agentes de la policía estatal y, en última instancia, por el secretario regional de seguridad, Andrés Goncalves, quien se comprometió a mediar con la compañía. Los empleados exigían la cancelación de un bono de 50 dólares para todo el personal obrero de los supermercados Salva Market y las tiendas Clap, y de $100 para los del área administrativa, tal y como se hizo hasta el primer trimestre de 2020. El pago fue suspendido sin previo aviso en marzo de ese año, y fue retomado en octubre del mismo año, pero sin que saldaran lo acumulado en los siete meses anteriores. De igual forma, se alegan irregularidades en la cancelación de las liquidaciones de los trabajadores que operaban en las tiendas Clap que han cerrado. Como se sabe, solo quedan las de Plaza Venezuela y el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Los trabajadores de este conglomerado también se quejan por la ausencia de condiciones de salubridad, lo que incrementa el riesgo de contagio por covid-19, y por el estado de los alimentos que son ofrecidos a la clientela.
* El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, emitió sendas resoluciones para remover al presidente de la Corte Marcial, mayor general (Ej) Edgar José Rojas Borges, y reemplazarlo con el mayor general (Ej) Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien hasta ese momento se desempeñaba como fiscal general militar. A su vez, la vacante en el Ministerio Público castrense fue llenada por el general de brigada (Ej) José Daniel Monsalve Maldonado. Las resoluciones ministeriales fueron emitidas el viernes 17 de septiembre. Pero fueron entregadas y oficializadas el lunes 20. En ese lapso, fue detenido el coronel Alfredo Solórzano, magistrado canciller ante la Corte Marcial, quien era visto como mano derecha de Rojas y factor clave en las sentencias de esa instancia. La semana previa a su aprehensión, este oficial había solicitado un permiso para viajar a Maturín. Y le fue negado. Lo que sugiere que la acción en su contra venía cocinándose desde mucho antes de que Padrino hiciera una “movida de mata” en la máxima instancia de la justicia militar.
Sin embargo, estos enunciados no describen con precisión el foco de la investigación adelantada por Contrainteligencia Militar, sobre presuntos pagos de sobornos en diversos casos que se ventilaban en esos juzgados desde 2018. Se refiere como ejemplo el otorgamiento de una medida cautelar por razón humanitaria en favor del teniente coronel (Ej) Eric Fernando Peña Romero, procesado en el mismo caso en el que implicaron al comandante del batallón Ayala, Igbert Marín Chaparro. Pero este no sería el único expediente. Solórzano fue recluido en las celdas de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, mientras se hacían los preparativos para su presentación. Mientras tanto, Rojas Borges sería enviado al exterior, en virtud de su estrecha amistad con el titular de Defensa.
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