A los miembros de la sociedad civil que fungen como actores políticos no les reconozco ninguna pretendida omnisciencia. Ni ninguna pretendida superioridad moral
Por estos días se ha hablado mucho en Venezuela sobre la sociedad civil, concepto de muchísimo interés para el estudio de la política desde la óptica de las distintas ciencias sociales, pero del que rara vez se ocupa la ciudadanía común cuando la política es asunto del pensamiento individual o del debate. Normalmente, el protagonismo lo tienen los partidos políticos, lo cual es natural. Son estas las únicas asociaciones de personas que se dedican a tiempo completo a la búsqueda y, de haberlo obtenido, la retención del poder político.
Pero en Venezuela, los partidos políticos no generan mucho interés, debido a la falta de representatividad. Las masas no se sienten identificadas con el partido hegemónico, el chavismo, porque lo ven enfocado en procurar beneficios para sus integrantes a costa del país. Tampoco por el espectro completo de partidos opositores, por considerarlos ineficaces en su objetivo de restaurar la democracia y el Estado de derecho.
Así que a nadie le debe sorprender que diversos actores de la sociedad civil llenen de alguna forma ese vacío, fungiendo como mediadores entre la ciudadanía común y el Estado (un rol que por lo general los partidos desempeñan). Tampoco que sean los que más atención reciban por parte de las masas, aunque sea la minoría no “despolitizada”.
Quienes me honran con la lectura habitual de esta columna sabrán que a partir del año pasado yo mismo se las he dedicado en varias ocasiones, bien sea para tratar, dentro de mis enormes limitaciones, de echar luz sobre el concepto de sociedad civil a partir de postulados clásicos de Tocqueville y Hegel, o para explicar por qué, de cara al estancamiento de los partidos opositores, a muchos líderes de la sociedad civil no les queda más remedio que entenderse con el régimen para sobrevivir.
En la presente oportunidad, voy a referirme de nuevo a la sociedad civil, de una manera que a primera vista podría parecer que contradice mi argumento previo sobre la inevitabilidad de aquel entendimiento entre ella y el régimen, y la consiguiente futilidad de denunciarlo. Atajo de antemano a posibles confundidos con lo siguiente: una cosa es tratar de mantenerse a flote en el statu quo de hegemonía chavista, y otra muy distinta es promover medidas que prolonguen esa hegemonía.
Probablemente ya habrán adivinado lo que tengo en mente. Ciudadanos que en semanas recientes se han aproximado a Miraflores, no tanto para pedir concesiones que les permitan realizar mejor sus respectivas funciones privadas, como para tratar de influir en la política venezolana, desde las vertientes nacional e internacional. En tal sentido, han asumido posiciones polémicas en materia de sanciones, diálogo y responsabilidades del chavismo y del liderazgo opositor en la crisis
Sobre la pertinencia o impertinencia de tales posiciones ya se ha hablado bastante. Me interesa más discutir las reacciones de estos ciudadanos, y de quienes en mayor o menor grado los respaldan, ante los cuestionamientos que aducen que sus planteamientos, de concretarse, suponen un riesgo de fortalecimiento del control chavista sobre el país, con todas sus implicaciones arbitrarias y empobrecedoras. Cuestionamientos que creo acertados.
Quisiera aclarar que no tengo absolutamente nada personal en contra de estas personas. De hecho, por su labor desinteresada al servicio de quienes lo han pasado peor en la catástrofe humanitaria, me cuesta creer que algunas de ellas actúen de mala fe. Y a diferencia de otros de sus críticos, me voy a abstener de hacer señalamientos de motivación pecuniaria, que de todas formas no podría demostrar.
Pero no por eso voy a aceptar la pretensión de desestimar las inquietudes razonables que yo y otros tenemos sobre su proceder. Si bien algunos de los referidos ciudadanos y terceros que simpatizan con sus posturas se han mostrado abiertos a discutir con gentileza los cuestionamientos que se les hacen, otros han sido más soberbios e intolerantes. He llegado a ver incluso la insinuación de que, por tratarse de miembros de la sociedad civil, y no de militantes de partidos, estos señores están por encima del bien y del mal de la política y, a diferencia del sectarismo mezquino del PSUV o VP (o AD, o PJ, o Vente, etc.), están inspirados únicamente por el deseo de progreso nacional colectivo, lo cual les brinda un mejor juicio sobre el camino por seguir. Juicio que nadie debería cuestionar.
Al tratar de influir en la res publica, estos señores son exactamente eso. Y todo lo que haga un actor político está sujeto a crítica en la opinión pública, porque potencialmente afecta al público.
Criticamos, con mucha razón, a los dirigentes de partidos políticos, por sus yerros y vicios. ¡Y miren que en Venezuela no faltan las oportunidades para hacer tal cosa! Pero no entiendo por qué ha de ser distinto con miembros de la sociedad civil que fungen como actores políticos. A ellos no les reconozco ninguna pretendida omnisciencia, ni ninguna pretendida superioridad moral.
No importa que sus intenciones sean las más puras, como tal vez en efecto lo sean. Los errores, en política, también son dignos de reproche. Porque, insisto, nos pueden afectar a todos.
Las damas y los caballeros sobre los que versa este artículo sostienen que uno de sus objetivos es fomentar el debate sobre lo que se debe hacer para romper con el estancamiento de la política venezolana. Estoy de acuerdo en que tal debate es necesario. Pero tiene que ser entre partes que admitan la posibilidad de estar equivocadas. Quien se cree dueño de la verdad y de la virtud no debate. ¿Quieren ser representantes de la sociedad civil? Bueno, parte del civismo es la disposición a contemplar la posibilidad de errores propios. Vamos a comenzar por ahí.
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