Hay historias que terminan perteneciendo a un país entero. La de María Lourdes Afiuni es una de ellas.
Han pasado los años y, sin embargo, basta pronunciar su apellido para que los venezolanos recordemos uno de los episodios más dolorosos -y sobre todo más vergonzosos- de nuestra historia republicana. No porque una jueza haya ido a prisión, sino porque todos entendimos que, a partir de ese momento, la justicia venezolana había muerto.
Afiuni hizo lo que un juez está obligado a hacer: aplicar la ley. Otorgó la libertad y suspendió las medidas cautelares que pesaban sobre un procesado, Eligio Cedeño, cuya prisión preventiva había excedido el límite permitido por la legislación venezolana. Podía gustarnos o no el beneficiario de la decisión. Lo importante era el principio. La ley existe precisamente para impedir que el poder encarcele indefinidamente a una persona sin juzgarla. La juez Afiuni aplicó impecablemente la ley.
Pero entonces ocurrió lo impensable:
En una transmisión de Aló Presidente, Hugo Chávez lanzó una orden que todavía estremece por su crudeza: “¡Pongan presa a esa sinvergüenza!”
No habló un ciudadano indignado. No opinó un dirigente político. Habló el presidente de la República.
Y cuando quien concentra todo el poder da una orden semejante en cadena nacional, lo que se hizo evidente es que la separación de poderes había dejado de existir en Venezuela. El Poder Judicial daba la deshonrosa muestra de que había dejado de ser un poder para convertirse en una oficina subordinada al Ejecutivo, porque pocas horas después, María Lourdes Afiuni estaba detenida.
Para añadirle más desgracia a la desgracia, no fue solamente ella quien perdió la libertad: la perdió también cada juez venezolano que comprendió que, desde ese día, una sentencia podía costarle la cárcel. Y la perdimos todos los venezolanos, porque quedamos sometidos a los caprichos, antojos, rabias y extravagancias de un dictador.
En ese momento, los venezolanos que solo conocíamos la democracia también aprendimos que las dictaduras no necesitan encarcelar a todos. Les basta con castigar ejemplarmente a unos pocos para que el miedo haga el resto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
El caso Afiuni no destruyó únicamente la vida de una mujer. Destruyó la confianza de quienes debían impartir justicia. Muchos entendieron que ya no serían evaluados por su apego al derecho, sino por su obediencia al poder político.
Y un juez que decide con miedo deja de ser juez. Es apenas un funcionario que firma lo que otros deciden. ¡Qué asco!
Por eso, cuando pensamos en la Venezuela que algún día tendremos que reconstruir, solemos hablar de la economía, de la educación, de los hospitales, de las carreteras, o de los servicios públicos. Todo eso será indispensable, por supuesto.
Pero hay algo previo: la justicia.
Porque ningún empresario serio invertirá donde los contratos no se respetan. Ningún ciudadano se sentirá seguro donde un juez puede recibir órdenes por teléfono o a gritos durante una cadena de radio y televisión. Ninguna democracia puede sobrevivir si los tribunales no son capaces de proteger al ciudadano frente a los abusos del propio Estado.
La reconstrucción de Venezuela exigirá algo más difícil que cambiar leyes. Habrá que reconstruir la confianza. Así como Chávez ordenó sentar en el banquillo a María Lourdes Afiuni, ahora habrá que sentar en el banquillo al Poder Judicial.
Y esa tarea comienza por seleccionar jueces verdaderamente idóneos: personas de sólida formación jurídica, independencia intelectual, impecable conducta ética y el coraje suficiente para recordar, todos los días, que su compromiso no es con un gobierno, un partido o un líder, sino con la Constitución, la ley y un país agotado, agobiado, asustado y herido de todas las maneras posibles, que los necesita con urgencia.
Un buen juez no busca agradar al poder. Busca hacer justicia. Eso, que parece una obviedad, en Venezuela dejó de serlo hace mucho tiempo.
Quizás por eso la historia de María Lourdes Afiuni sigue siendo tan dolorosa. Porque no habla solamente de lo que le hicieron a una juez. Habla de lo que nos hicieron a todos.
Y también de lo que tendremos que impedir que vuelva a ocurrir si de verdad queremos recuperar la república. Sin jueces independientes no habrá democracia. Sin seguridad jurídica no habrá inversiones. Y sin confianza… ¡sin confianza no habrá futuro!
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