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Retiro de nacionalidad a nicaragüenses no tiene precedentes en Latinoamérica

Nicaragua
Francisco Zambrano
Hace 1 año
Con el despojo de la ciudadanía y expulsión de más de 300 presos políticos y opositores, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua superó a otros regímenes como el de Augusto Pinochet en Chile y Fidel Castro en Cuba
Temen que en Venezuela pueda aplicarse una medida similar

 

@franzambranor

 

En Nicaragua, 222 presos políticos fueron excarcelados el pasado 9 de febrero por el régimen de Daniel Ortega  y enviados a Estados Unidos.

Una semana después, otros 94 (algunos ya en el exilio) fueron declarados traidores a la patria, despojados de su nacionalidad y privados de sus derechos ciudadanos.

En apenas 15 días el gobierno sandinista asestó otro golpe a la oposición al deportar y conculcar los derechos fundamentales de poco más de 300 personas, entre ellas escritores, periodistas, políticos, sacerdotes y activistas de ONG.

La justicia nicaragüense a favor de Ortega condenó a 26 años de prisión al obispo Rolando Alvárez, luego de rechazar ser desterrado a territorio estadounidense.  

Ortega manifestó que la idea de expulsar a sus compatriotas de territorio nicaragüense fue de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“No estamos pidiendo nada a cambio, no estamos pidiendo que se nos levanten las sanciones”, declaró el mandatario.

Ortega sostuvo que aceptó la deportación masiva para garantizar la paz y librar a Nicaragua de mercenarios y golpistas. 

Un hecho inédito

“Este es un hecho bastante inédito, mucho antes de que llegara el chavismo al poder, yo venía siguiendo la revolución cubana y nicaragüense y no recuerdo un hecho como este donde un régimen expulse y le quite la nacionalidad a un grupo tan grande de presos políticos”, dijo el director de Medianálisis, Andrés Cañizález. 

Cañizález señaló que el único hecho con el que se puede establecer un paralelismo es la masiva salida de cubanos por el puerto de Mariel en La Habana entre abril y octubre de 1980, cuando alrededor 125 mil personas zarparon con destino a Miami luego que el fallecido dictador Fidel Castro ofreciera salida libre a quienes se consideraban oprimidos por el régimen.

El abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, sentenció que en el mundo actual es inadmisible este tipo de violaciones a los derechos humanos.

“No están en ningún texto constitucional, violan los acuerdos internacionales, la declaración universal de los Derechos Humanos de la ONU y la carta de la OEA”, sentenció el profesional del derecho.

La directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch, Tamara Taracik, indicó que el mundo entero debe condenar la expulsión masiva de opositores al gobierno de Ortega.

“Esta decisión no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina, Augusto Pinochet lo hizo con nueve personas en Chile. Esto debe de generar una fuerte reacción de parte de los líderes democráticos de la región”, dijo Taraciuk.   

Rafalli agregó que esta “iniciativa” de Ortega viola las normas incluso del derecho consuetudinario. 

“Las reglas que de alguna manera son asumidas como un compromiso esencial por todos los países de la comunidad internacional organizada”, agregó.

La izquierda se desmarca de Ortega

En Latinoamérica, los gobiernos de Colombia, México, Chile y Argentina con tendencia izquierdista ofrecieron refugio a los expulsados, como también lo hizo España en Europa. Sin embargo, las administraciones de Brasil y Venezuela, también de tendencia izquierdista, no se han pronunciado al respecto.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue el más enfático al condenar las acciones de Ortega contra la disidencia.

“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto, compartimos la patria de la democracia que no debería tener fronteras”, señaló Boric.

Según Cañizález, todavía no se puede predecir qué efectos tendrá esta expulsión masiva de presos políticos en Nicaragua y si algunos países pudiesen aplicar la misma medida.  

“Sin duda, es un punto de inflexión en el gran historial de atrocidades del régimen sandinista, temo que esto pueda ser una serie de ejemplo para otros países donde hay un gran número de presos políticos como Cuba y Venezuela”.

De acuerdo con Rafalli, el gobierno venezolano no debería incurrir en esta práctica por respeto a los tratados internacionales que ha suscrito. “La Constitución venezolana de 1999 es progresista en materia de derechos humanos, en su artículo 23 expresa claramente que los pactos y tratados firmados a nivel internacional tienen rango constitucional como funciona en los países occidentales que tienen democracias basadas en el respeto a los DDHH”.

Aunque en la Constitución venezolana no está estipulada la figura del exilio como pena, algunos presos políticos han sido liberados y enviados directamente al extranjero. El caso más inmediato es el de Miguel Rodríguez Torres, exministro, quien fue excarcelado e inmediatamente viajó a España. También en esa lista figuran Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Vilca Fernández, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. 

Con estas expulsiones, el gobierno de Maduro violó el artículo 50 de la Constitución que reza: “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”. 

En su más reciente actualización, Foro Penal Venezolano contabilizó 269 presos políticos en el país.

Silenciar la disidencia de cualquier forma

Para Cañizález, el principal delito que se les atribuye a los más de 300 “apátridas” declarados por Ortega es expresar abiertamente su descontento e inconformidad con el régimen sandinista.

“Estamos en una fase donde reina la impunidad en los gobiernos autoritarios, les importa poco su imagen a nivel internacional y el costo político que puedan tener”.

Apenas este mes de febrero, el régimen de Ortega ilegalizó 25 ONG con lo que suman ya 3.273 las organizaciones que han sido anuladas desde que estallaron las protestas antigubernamentales en 2018.

Miembros del partido sandinista señalaron que algunas ONG en Nicaragua utilizaban los recursos, producto de donaciones, para intentar derrocar al gobierno de Ortega.

Las manifestaciones de 2018 dejaron un saldo de 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El gobierno de Ortega intenta callar a la disidencia nicaragüense a como dé lugar”, puntualizó Cañizález. 

Nichols: Venezuela, Cuba y Nicaragua no han demostrado intención de mejorar su relación con EE.UU.

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