Claves | CPI refuerza sus intenciones de investigar al gobierno madurista - Runrun
Claves | CPI refuerza sus intenciones de investigar al gobierno madurista
De los tres anexos que tiene el informe de la CPI sobre las víctimas del caso Venezuela I, solo quedó publicado uno para mantener la identidad protegida de los participantes
Acceso a la Justicia: «El proceso de consulta ante la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (en Venezuela) solo es superado por el caso de Afganistán»
Defiende Venezuela advierte que, entre todos los crímenes que los venezolanos pidieron incluir en el expediente, los más probable de ser investigado son los casos de «asesinatos» bajo los diferentes contextos políticos que perpetuó el gobierno madurista

«No hay Estado de Derecho, ni justicia imparcial e independiente. Es por eso que recurrimos a la justicia internacional. Hay cientos de casos de jóvenes heridos, torturados; y cuyas vidas, donde sea que estén, siguen marcadas por el horror». Así denunció un venezolano ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investiguen los crímenes de lesa humanidad que un gabinete gubernamental mantiene en opacidad. 

Su identidad está protegida. Junto a ese testimonio se encuentran más de ocho mil voces que exponen un gobierno que no los protege, más bien los mata

La Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) es una herramienta que usa el máximo tribunal penal de la ONU para evaluar la pertinencia y urgencia de un juicio contra personas que violen el Estatuto de Roma, donde Venezuela es uno de los 183 países signatarios

Desde el 2021 la Corte de la Haya se ha enfocado en el caso Venezuela I, que investiga las muertes, desapariciones, detenciones y torturas desde 2014. El gabinete de Maduro ha intentado desinformar y desestimar el proceso desde su anuncio

«La Corte Suprema de Justicia venezolana no es solo un brazo ejecutor de la dictadura de Nicolás Maduro, es el arma más letal que tiene su régimen», se lee en otra cita del informe sobre las opiniones de las víctimas afectadas por los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los cuerpos de seguridad del Estado. 

«El poder judicial (venezolano) crea sus propias víctimas de todos aquellos que tratan de denunciar o alzar la voz», agrega.

El caso Venezuela I alcanza otro punto decisivo frente a una alta participación en la VPRS que clama investigar sobre los crímenes en su expediente e incluir otros más. 

A continuación, algunas claves sobre el más reciente informe de la CPI y sus alances. 

La segunda participación más alta en la historia

La Corte de la Haya recibió 1.875 solicitudes que representan a 8.900 víctimas, a 630 familias afectadas y a 2 organizaciones. Todas las solicitudes estaban a favor de que la CPI siga investigando el caso venezolano.

Según la ONG Acceso a la Justicia, este número de participación solo es superado por la investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra ocurridos en Afganistán, donde están involucrados los grupos armados del Talibán y las fuerzas militares de EEUU. La VPRS en el país persa recopiló los testimonios de 11.150 víctimas y 130 familias, todas representadas por 16 instituciones.

Aunque la Corte decidió investigar el caso afgano en marzo del 2022, presentó el informe sobre las víctimas en abril del 2022.

«De hecho, la Corte lo señaló como una participación “abrumadora”. Que el número de víctimas venezolanas sea tan alto que solo se compare con el número de países en guerra demuestra la gravedad del caso y la brutalidad del régimen», asevera Génesis Dávila, abogada y directora de la ONG Defiende Venezuela. «No es casualidad que una de las crisis de refugiados más grande del mundo sea la de Venezuela, comparándose también solo con países en guerra».

¿Es posible ampliar el abanico de crímenes de lesa humanidad a investigar en Venezuela? 

La CPI, en su anexo público sobre las opiniones de las víctimas, hizo una selección de al menos 9 testimonios para argumentar cada punto que ellos plasmaban. Pero hasta la fecha no hay un balance estadístico sobre el contenido que aportaron los venezolanos.

Más allá de la pobre seguridad jurídica en el país, la mayoría de los formularios recogidos por la Corte mencionaban otros delitos que debían agregarse en el expediente de Venezuela I. El desplazamiento forzado (dentro y fuera del país) por persecuciones políticas, la discriminación de los derechos humanos a la salud y alimentación por ideologías políticas y las «sumas irrisorias» en las pensiones de los jubilados son algunas de las más solicitadas a investigar. 

«Incluso, los abogados defensores han sido objeto de los mismos crímenes por los que defienden a sus clientes. Algunas víctimas han dejado Venezuela forzadamente por miedo a ser detenidos de manera extraoficial», relata una de las citas de la página 15 de un informe de 57. 

Para la directora de Defiende Venezuela, la ampliación de delitos a investigar podría significar un proceso aún más complejo y lento para la CPI. Sin embargo, la repetición del tema en cada testimonio les da luces a la Corte de cómo el gobierno madurista utiliza la emergencia humanitaria compleja como arma política.

«Algunos de estos delitos servirán de manera contextual para entender el patrón sistemático de ataque y persecución en contra de la población civil venezolana. Posiblemente, el delito que más probabilidades podría tener de ser incluido en la investigación es el de asesinato. En el informe del VPRS mencionaron que según las declaraciones de las victimas podían determinar que los mismos podrían agruparse en las categorías de asesinatos en el contexto de las protestas, operativos policiales y en detención», dice la abogada.

La hiperinflación y escasez como trabas de la justicia

«Económicamente, no tenemos la capacidad de pagar por todo del proceso judicial. Incluso, no podemos permitirnos tener un abogado privado para representarnos en el proceso», destacó un familiar de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en las protestas del 2017 en la pagina 18 del VPRS. «Nosotros nos disculpamos: »Hijo, no es que no queramos hacer el proceso, no es que no queramos encontrar la justicia, simplemente no tenemos la posibilidad. Ellos hacen imposible la búsqueda de justicia y eso me hace sentir mal por dejar el caso medio hecho»».

Los testimonios denuncian más allá de las protestas, también denunciaron el origen de ellas. La hiperinflación entre el 121,71% y el 65.374% que desde el año 2015 registra el Fondo Monetario Internacional para Venezuela y la falta de alimentos y medicinas también fueron un factor importante que los venezolanos mencionaron mientras pedían justicia. 

«Esto es muy importante, porque le da a entender a la CPI que la persecución sistemática en contra de la población civil ha comenzado en Venezuela mucho antes del 2014 y no ha cesado», establece Dávila.

Entres los testimonios se explica cómo el gobierno del fallecido Hugo Chávez Frías empezó a perpetuar el modelo de represión y discriminación desde la Lista de Tascón, hecha entre 2003 y 2004, una base de datos  filtrada por un representante del PSUV sobre unos votantes que eligieron un referéndum revocatorio y, como mínimo, fueron despojados de sus empleos.

También se hizo mención al carnet de la patria como otro instrumento de control y una herramienta de control de datos personales y de discriminación.

«Mientras escribo, me emociona decir mi historia y revelar qué me pasó a mí, a mi familia y a mis amigos. Por un momento olvido que no he comido y estoy hambriento.  No le deseo esto a nadie. La muerte es preferible que vivir nuestra situación actual», se lee en la página 23 del documento de la CPI. 

El tribunal supremo de la ONU reconoció que las víctimas, además de no tener un debido proceso, tampoco tienen la oportunidad de acceder a servicios de salud mental y física, cavando aún más la perpetuación de los presuntos crímenes de lesa humanidad en la población. Esta fue una de las múltiples preocupaciones que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó a principios del 2023. 

«[Los dos niños] vieron la muerte de su padre, que ocurrió dentro de su casa», dice una vícitma en la página 30 del VPRS venezolana. «Estos actos de violencia afectaron emocionalmente al núcleo familiar y causaron traumas psicológicos. En 2022, [uno de los hijos], que para entonces tenía ocho años, verbalizó ideas asociadas al suicidio en repetidas ocasiones, intentando lastimarse a sí mismo en dos oportunidades. Estos actos y comportamientos tienen la intención de»reencontrarse con su padre de nuevo», según lo que le ha explicado el niño a su abuela». 

Radiografía de la impunidad

Dentro de los testimonios de las víctimas se describieron casos de asesinatos (y ejecuciones extrajudiciales), encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, torturas, actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual y desaparición forzada.

En su informe «Nueve años de injusticia y revictimización», la ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó 334 casos de asesinatos motivados políticamente desde 2014 en Venezuela.

De ese grupo, solo en 19 casos se han emitido sentencias condenatorias contra los perpetradores. La cifra representa solo 5,69% del total. Las sentencias se dirigieron  únicamente contra los perpetradores materiales, «dejando por fuera a los máximos responsables, que ni siquiera son sometidos a procesos investigativos». 

Dentro de los testimonios mostrados por la CPI se exhibe que los procesos judiciales o se engavetan y son negados a las víctimas y familiares o son postergados por años a través de órdenes de los tribunales.

«La audiencia de apertura ha sido diferida aproximadamente 30 veces solo en 2022», denunció una de las víctimas sobre el sistema venezolano en la página 19 del informe de la CPI. 

Otros casos destacados son los presos políticos, donde algunos de ellos llevan más de 10 años de reclusión forzada sin ninguna audiencia. El último conteo de la ONG Foro Penal estima que la cifra de presos políticos alcanza los 282 casos para marzo del 2023

«La representación legal [de la víctima] era tan paupérrima que decidió despedir a su abogado público. Contrató a nuevos abogados para representarle, pero la Corte (venezolana) no aprobaba su representación hasta el mismo día de la audiencia», destacó uno de los venezolanos en la página 20 y que seleccionó la CPI. «[A los nuevos abogados] les dijeron que tenían que leer todo el caso que iban a defender en una hora antes de la audiencia o si no [su cliente, la víctima] tendría asignado un defensor público de nuevo».  

También, dentro de las preocupaciones de las víctimas, estaba la desestimación de las ejecuciones extrajudiciales durante la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). El gobierno madurista, hasta ahora, no ofrece ningún dato sobre las vidas perdidas o los casos que investiga.

Un reportaje de Runrun.es junto a la plataforma periodística CONNECTAS documentó 560 víctimas de la OLP entre 2015 y 2017 en al menos 44 masacres. 

La perpetuación de la tortura

«A él lo desnudaron y le ordenaron a un Rottweiler a morder sus testículos». Junto a esa declaración en la página 52 del informe de la CPI, al menos otros 20 venezolanos relataron sus torturas físicas, psicológicas y de origen sexual por parte de los cuerpos de seguridad comandados por el gobierno madurista. 

La investigación internacional más reciente sobre la tortura en Venezuela se encuentra en el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en septiembre del 2022, donde se identificaron 17 puntos de torturas y tratos crueles comandadas por Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) solo en Caracas

«Cuando se enteraron de mi identidad no binaria, (…), me pusieron en una celda de 2×2 metros, esposaron mis manos por la espalda y me anclaron al piso de la celda. Me dejaron allí por lo que creo que fueron dos o tres días», se lee en una de las declaraciones entre las página 51 y 52 del documento de la CPI. «En ocasiones (…) ellos usaron una vara eléctrica que normalmente se usa para el ganado (…). Pusieron esa vara electrificada varias veces en mi pecho, lanzaban agua en mis pantalones, especialmente en mis genitales, y descargaban la electricidad mis testículos (…). Aún tengo las cicatrices de esas quemaduras». 

En el anexo de la VPRS del caso Venezuela I se menciona en al menos 5 ocasiones las torturas de origen sexual y basadas en el género. Distintos relatos explicaban que los cuerpos de seguridad del Estado violaban a los familiares de las víctimas en su presencia o en presencia de sus hijos como método de tortura física, psicológica y moral.

«Falsificaron ante la corte un documento en donde afirmaban que fui sentenciado a muerte y me llevaron a un cuarto donde me obligaron a pararme sobre una silla de plástico», continúa el relato de la víctima anteriormente citada. «Me colgaron del cuello y me pegaron en el estómago varias veces mientras me preguntaban cosas de las cuales yo no podía responder. Las palizas fueron tan duras que una de las patas de la silla se rompió, entonces perdí la memoria por estar colgado. También mantengo las cicatrices en mi cuello. (…) Me abusaron y me forzaron a practicar sexo oral». 

Hasta los momentos no se tiene un estimado de la magnitud de la población afectada por las diferentes expresiones de tortura, pero la Corte de La Haya especificó que también se contó como tortura la privación de atención médica y la inanición forzada

Solo los jueces del CPI pueden leer los informes de las víctimas

Dos de los tres anexos que presentó la Corte son «estrictamente confidenciales»: los jueces que investigan el caso Venezuela I son los únicos que pueden consultar los testimonios enviados por las víctimas.

El documento que publicó el ente multilateral tiene testimonios recopilados durante noviembre 2022 y marzo del 2023 en anonimato porque «puede incidir en la identificación de las víctimas involucradas en el caso», donde el Estado venezolano es el principal señalado de cometer crímenes de lesa humanidad.

Pese a que el gabinete de Nicolás Maduro pidió a la Corte acceder a los documentos y responder al VPRS desde el 25 de abril, las posibilidades de que obtenga la información es nula.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló que la petición del PSUV era algo «sin precedentes» y se presenta solamente con «fines dilatorios», para prolongar el inicio formal de la investigación. 

«Los jueces de la CPI deberán responder a la petición del Estado, lo que podría retrasar el procedimiento para decidir si se autoriza al fiscal de la CPI, Karim Khan, a retomar la investigación por crímenes (de lesa humanidad)», advierte la ONG.

La CPI debe atender la petición del gabinete madurista. Pero desde un principio Artículo 18(2) del Estatuto de Roma y la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte es clara al respecto:

«Esta información solo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre. Las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia», se lee en la actualización sobre el caso Venezuela I en la página web de la CPI, publicado el 28 de abril

El caso Venezuela I no se negocia políticamente

Así como un Estado debería tener una separación de poderes en su gobierno, el máximo tribunal penal de la ONU es independiente de toda entidad política, incluso de otras instituciones multilaterales. 

El 24 de abril, Jorge Rodríguez, uno de los representante del PSUV y actual presidente de la Asamblea Nacional por el oficialismo, anunció que el gabinete de Maduro podría dialogar políticamente con otras facciones ideológicas venezolanas si se derogaba la investigación de la CPI.

Sin embargo, distintos especialistas en Derechos Humanos reiteran que mezclar el diálogo político venezolano con la investigación forense internacional es imposible. 

 

«Por fortuna, el proceso de justicia ante la CPI escapa de las garras de los políticos», asevera Dávila. «Lo único que podría detener el proceso es que realmente se lleven adelante procesos de justicia genuinos que garanticen el conocimiento de la verdad, la determinación de responsabilidad y la no repetición de los hechos, pues así se cumpliría con el principio de complementariedad, donde se establece que la Corte Penal Internacional se involucrara solo en aquellos casos en donde la justicia nacional sea ilusoria».

Carlos Ayala Corao, jurista venezolano y especialista en Derechos Humanos, recalcó en una entrevista con el periodista César Miguel Rondón que existe otro panorama que pueda detener por 12 meses la investigación o el enjuiciamiento: si la ONU declara una situación que amenace o agrave la paz mundial.

«No está a disposición de los victimarios, no está a disposición de los Estados ni de terceros lo que está reconociendo en un momento dado la CPI», dijo Ayala. «Ni siquiera el Estado venezolano es parte (de la investigación), se trata de presuntas responsabilidades individuales (frente a los crímenes de lesa humanidad)». 

El K.O. que Karim Khan le dio al gabinete madurista 

No es la primera vez que la Corte de la Haya desmonta los intentos de del gabinete de Nicolás Maduro. El 09 de abril la CPI emitió una respuesta a la participación del gobierno madurista como parte de la VPRS del caso Venezuela I. Allí, la fiscalía de la ONU constató que los tribunales venezolanos no mantienen suficientes argumentos para decir que ellos están investigando de forma adecuada los casos. 

«La fiscalía (CPI) hace referencia a que el gobierno proporcionó información limitada o nula sobre los autores de los hechos (los crímenes)», afirmó Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia. «Allí vemos otra prueba contundente de que si usted dice que está sancionando a los responsables, lo mínimo que debes hacer es dar información sobre el autor de los casos que se están evaluando, y no lo hacen». 

Daniels también explicó que de la carta firmada por Karim Khan también se desprende que en ningún momento el gobierno madurista presentó pruebas para descartar que los crímenes no son sistematizados o generalizado, así como el registro de los historiales de las audiencias como prueba argumentativa de la trasparencia judicial. 

«También, se hace alusión al argumento de que los procedimientos nacionales no abarcan los mismos tipos de delitos que la CPI está investigando», agrega el abogado. «Entonces (la CPI) dice: »si no estamos investigando lo mismo, obviamente no puedes sancionar lo mismo». Por supuesto, el argumento (que dio el gobierno madurista) cae por su propio peso».  

La CPI concluyó para ese entonces que el gobierno madurista solo había investigado casos donde estuvieran involucrados militares de bajo rango, donde se podía identificar un actor material y en ningún momento se toma la iniciativa de buscar patrones entre los casos, sino que más bien son tratados como hechos aislados. Perspectiva que contradice los hechos e investigaciones recopiladas por la Corte internacional en 8 años. 

¿Qué esperar ahora de la CPI y el caso Venezuela I?

«Este proceso ha ido avanzando de etapas consistentemente desde el inicio del examen preliminar. Por ahora, lo que debemos esperar es la decisión de la sala de cuestiones preliminares sobre si continuará la investigación o no. Se estima que tendremos noticias al respecto alrededor de julio de este año», opina la directora de Defiende Venezuela.

Dávila explica que la CPI en este momento cuenta con tres posiciones para tomar la decisión: una, la del Régimen que pide que la investigación cierre alegando que ellos están llevando adelante procesos de justicia en Venezuela; dos, la de la Fiscalía de la CPI argumenta que el Estado venezolano no ha logrado comprobar que esté llevando adelante dichos procesos ni que tenga la capacidad de hacerlo. Y en tercer lugar,  la de las víctimas, quienes aseguraron no solo que sus derechos han sido violados, sino que lo siguen siendo, y que lejos de tener justicia son perseguidas y temen mayores represalias por haber participado en este proceso.

«La Corte tendrá que valorar estas posiciones. Pareciera que la balanza en este momento se inclina por la continuación de la investigación», advirtió Daniels. 

La CPI informó que, a petición de las víctimas, los adelantos del caso Venezuela I se publicarán en la página web de la institución. El órgano multilateral también dejó de forma permanente un correo electrónico para solicitar información sobre la protección de las víctimas: VPRS.Information@icc-cpi.int.

Sin embargo, la Corte advirtió que ya no recibirán más testimonios de las víctimas hasta que anuncien una nueva fase de la investigación y lo soliciten.