Nicolás Maduro cumple este #19Abr diez años de haber sido juramentado tras ganar unos comicios tildados de «fraudulentos» por la oposición. Una década signada por la inflación más alta del mundo, emergencia humanitaria compleja, el éxodo de más de 7 millones de ciudadanos y una represión sistemática que le costó la apertura de una investigación en la CPI
Aunque el chavismo sigue responsabilizando a la Cuarta República de casi todos los males de la nación, lo cierto es que Nicolás Maduro ya acumula más años en el poder que Carlos Andrés Pérez
Hace 10 años, cuando a Nicolás Maduro le imponía la banda presidencial la hija mayor de Hugo Chávez, el candidato presidencial opositor Henrique Capriles aseguraba que el gobierno de su rival sería un “mientras tanto” y que vendrían “tiempos buenos” para Venezuela. Su pronóstico falló.
203 años del 19 de abril de 1810,hoy celebraremos con música!Este Gobierno es un "mientras tanto" Vienen tiempos buenos pronto
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) April 19, 2013
Ese 19 de abril de 2013 Maduro juró ante la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello que su gobierno trabajaría por una patria de “felicidad, independencia y socialismo”. Pero la felicidad nunca llegó. En lugar de eso, los venezolanos fueron testigos de un colapso económico sin precedentes que propició la emergencia humanitaria compleja, escasez, hiperinflación, hambre, falta de gasolina y apagones, situación que los volcó a las calles en repetidas ocasiones en donde terminaron siendo víctimas de una política de represión sistemática.
En los años siguientes millones de venezolanos tomaron el amargo camino del éxodo en las circunstancias más apremiantes con la misión de sobrevivir en otras tierras.
De la mano de Maduro, el país entró a una etapa de umbra prolongada y a una década de crisis de la que nunca ha salido y que se resume a continuación, año por año.
2013: Un comienzo ensombrecido
El Consejo Nacional Electoral bajo el mando de Tibisay Lucena proclamó a Maduro ganador en 2013 por un ajustado margen tras unos comicios plagados de denuncias de ventajismo oficial, voto asistido, cierre de fronteras, votación obligada tras el cierre de centros, daños de máquinas, violencia y retiro a la fuerza de observadores y testigos en algunos centros.
El gobierno de Maduro inició con esa sombra del “fraude” a cuestas, pero fue consolidado por polémicas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que desechó al menos diez recursos que intentó la oposición.
Con la página del fraude sin pasar, Maduro enfrentó una nueva polémica: la de su nacionalidad. El exembajador panameño ante la OEA, Guillermo Cóchez, difundió un documento que registraba que el mandatario había nacido en Cúcuta y no en Caracas. La Constitución establece que el presidente de Venezuela no puede tener otra nacionalidad.
Meses después, la fallecida Tibisay Lucena defendía a Maduro y mostraba en Globovisión la certificación del libro del registro en donde supuestamente fue presentado en La Candelaria.
Con Maduro en Miraflores la economía venezolana aceleró su caída libre. En sus primeros seis meses de gobierno el dólar se devaluó en más de 165%. En agosto de 2013, la entonces presidenta del BCV admitía que al menos $15.000 millones de las divisas vendidas a precio oficial habían sido desviadas a través de prácticas corruptas.
Con la inflación anual por encima del 50%, Maduro denunciaba que era víctima de una conspiración en forma de “guerra económica”, a la que atribuía todos los males que surgían o se acentuaban. Las colas por productos de primera necesidad como harina de maíz y papel higiénico debutaron. El país comenzaba a apagarse a diario, con cortes eléctricos prolongados en distintos estados.
La popularidad ya disminuida de Maduro mermaba y a dos semanas de los comicios municipales apeló a una fórmula populista para captar votos y eludir la responsabilidad del chavismo en el descalabro económico. Tras días acusando a los comerciantes de “usureros”, Maduro ordenó agresivas fiscalizaciones y la ocupación por parte de la GNB de la red de tiendas de electrodomésticos Daka por supuesto sobreprecio en sus productos.
“He ordenado la ocupación y la venta de los productos a precio justo. Que no quede nada en los anaqueles”, sentenciaba Maduro. Su orden se cumplió: largas colas y hasta saqueos se registraron en esas jornadas, que pasaron a la historia como “El Dakazo”.
En este contexto, el partido oficialista ganó 196 alcaldías frente a 53 de la oposición en los comicios municipales del 8 de diciembre, lo que amplió los tentáculos de control del gobierno para silenciar y reprimir las cada vez más espontáneas protestas ciudadanas.
2014: «La Salida» y el inicio de la represión sistemática
El 12 de febrero de 2014 marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos en Venezuela.
Ese Día de la Juventud, los líderes opositores María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López convocaron a una marcha hacia la Fiscalía General de la República en la urbanización caraqueña de La Candelaria en el marco de una serie de movilizaciones contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro que recibió el nombre de “La Salida”.
Pasadas las 3 de la tarde de ese 12 de febrero, Bassil Da Costa se convirtió en la primera de las 43 víctimas que fueron asesinadas ese año en las calles y avenidas del país.
La ola de manifestaciones, asesinatos y detenciones hizo que la Fiscalía controlada en ese entonces por la posteriormente destituida por la asamblea nacional constituyente, Luisa Ortega Díaz, emitiera una orden de captura contra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López por supuesta instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendios.
López se entregaría a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana el 18 de febrero en la plaza Brión de Chacaíto ante miles de manifestantes.
“Si mi encarcelamiento vale para un despertar del pueblo y para que la mayoría de los venezolanos que queremos cambio podamos construirlo, valdrá la pena”, dijo.
2014 también se caracterizó por ser un año donde la administración madurista se encargó de censurar a varios medios de comunicación. El canal de televisión por cable NTN24 (Colombia) fue el primero en abandonar la parrilla y dio pie a una política sistemática de persecución que aún se mantiene.
2015: Ciudadanos desabastecidos y amenazados
En enero de 2014 Maduro promulgó la Ley Orgánica de Precios Justos que establecía un margen mínimo de ganancia de 30% para los actores de la cadena de comercialización. En 2015 se acentuaron los problemas económicos que profundizó tanto la aplicación de este texto legal como los ajustes en el régimen cambiario y otras decisiones económicas.
Las consecuencias las padecieron los venezolanos con la acentuación de la escasez de alimentos y medicinas, entre otros bienes y servicios, de acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello y la Fundación Konrad Adenauer.
La mayoría de los productos que se consumían en el país eran importados y el control de cambio complicaba a los empresarios el acceso a las divisas adquirirlos. Ante la alta demanda y los anaqueles vacíos, las colas se multiplicaron. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 502 protestas derivadas de la escasez durante el primer semestre de 2015, así como 132 saqueos o intentos de saqueo.
El 13 de julio del mismo año, el gobierno venezolano dio inicio a una serie de despliegues policiales en respuesta al incremento de la violencia en el territorio, denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), caracterizados por la participación masiva de cuerpos policiales y militares, en compañía de grupos paramilitares.
El primer operativo se desarrolló en la Cota 905 con el objetivo de capturar a Carlos Luis Revete, alias ‘’el Koki’’. El criminal no fue detenido, pero 20 personas fueron asesinadas por enfrentarse a los cuerpos de seguridad, según la versión oficial. En al menos siete casos, los familiares de los fallecidos desmintieron este hecho, según Provea.
La ONG registró denuncias sobre ‘’presuntas ejecuciones policiales, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas, hurtos masivos y destrozos en viviendas, presuntos forjamientos de pruebas, maltratos físicos y verbales y amenazas de muerte (…)’’
Ese año, Runrun.es documentó 218 víctimas de la OLP y, para junio de 2017, mediante una investigación realizada en alianza con CONNECTAS, recopilaron un total de 560 asesinatos con intervención de funcionarios públicos, en al menos 44 masacres.
El 15 de noviembre del 2017, la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, una querella donde informó estos hechos y sumó las denuncias sobre las víctimas de las protestas de 2017. Responsabilizó a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres, Gustavo González López y Antonio Benavides de ejecutar delitos de lesa humanidad.
En diciembre de 2015, y en medio de la creciente impopularidad de Maduro y su gobierno, la oposición ganó por primera vez unas elecciones legislativas en la era chavista y obtuvo la mayoría calificada del Parlamento.
2016: La economía toca fondo, Arco Minero y revocatorio truncado
En 2016 la economía venezolana registró su peor caída en 13 años, con una contracción de 18.6% y una inflación récord que cerró en 799.9%. Las colas para comprar productos básicos controlados se multiplicaron y el éxodo de ciudadanos comenzó a masificarse.
Diferentes ONG consideran que para ese año la Emergencia Humanitaria Compleja ya alcanzaba una escala que ameritaba activar una respuesta coordinada por las Naciones Unidas, pero el gobierno de Maduro no la reconocía y dejó de publicar estadísticas sociales y económicas que pudieran evidenciar la grave situación.
En diciembre, Nicolás Maduro dictó de manera intempestiva una medida que sacó de circulación al billete de 100 bolívares, el más utilizado en el país. La medida fue revertida tras dos días de protestas con decenas de heridos, al menos tres fallecidos y saqueos en varias ciudades por la falta de efectivo y la imposibilidad de comprar con el billete o canjearlo.
La inflación no fue lo único que aumentó en ese año. La violencia en Venezuela también repuntó en 2016. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la crisis económica fue uno de los catalizadores de estos indicadores. El país registró 28.479 asesinatos, una cifra que superó los 27.875 casos documentados en 2015. El índice de homicidios fue de 91,8 por cada 100.000 habitantes.
En materia ambiental, 2016 fue un año crítico. En agosto, el gobierno de Maduro entregó concesiones mineras en 112.000 kilómetros cuadrados que abarcan una parte de la región norte de los estados Bolívar y Amazonas, al sur del río Orinoco. En el Arco Minero del Orinoco, empresas nacionales y extranjeras pueden hoy explotar legalmente coltán, oro y diamante.
Mongabay reseñó que desde el inicio, ambientalistas y científicos se opusieron a esta decisión porque el Estado venezolano no hizo un estudio de impacto ambiental del Arco Minero ni consultó previamente a los pueblos indígenas, como indica la Constitución. Cuatro secciones de Bolívar que forman parte de esta zona minera se superponen con reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente.
En materia política, el intento por activar un revocatorio contra Maduro fue frenado desde los tribunales y obstaculizado por decisiones del CNE. La Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó en abril de ese año una ley de referendos con la que buscaba aclarar los procesos que deberían seguir las consultas populares. En octubre, tribunales de varios estados anularon las firmas que había entregado la oposición en mayo para cumplir con uno de los pasos del revocatorio.
2017: Aquellos días de calle, furia e impunidad
Vidrios quebrados en las calles, gas lacrimógeno en los ojos, humo de cauchos y basura quemada en el aire, ráfagas de disparos en medio de consignas. Desde el 1 de abril y hasta el 31 de julio 2017, esas escenas se repitieron a diario en cientos de pueblos y ciudades de Venezuela. Una oleada de protestas comenzó luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaron sin poderes a la Asamblea Nacional y otorgaron nuevas licencias a la máxima corte y al presidente Nicolás Maduro. En respuesta, millones de venezolanos salieron a las calles para exigir la liberación de todos los presos políticos, la apertura del canal humanitario, un cronograma electoral para los comicios vencidos y el restablecimiento del Parlamento de mayoría opositora. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, hubo 6.700 movilizaciones en ese período.
Pero con los reclamos llegó la fatalidad. Aquellos días terminaron con 158 muertos –de los cuales 65 % (103) eran menores de 30 años– más de tres mil detenidos y otros tantos miles heridos por una represión oficial que convirtió el uso de armas de fuego en las manifestaciones en una costumbre e hizo de la tortura una constante. En Distrito Capital, Miranda, Táchira, Lara y Carabobo se produjo 67% de los homicidios ocurridos en medio del conflicto.
La acción de los cuerpos de seguridad del Estado, paramilitares o colectivos armados y los episodios de violencia registrados en medio de las movilizaciones, vulneraron una y otra vez los derechos humanos y hoy son objeto de escrutinio en la Corte Penal Internacional por la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. Esto, a la larga, podría significar la cárcel para los altos jerarcas del gobierno chavista.
Lo único que detuvo las protestas de 2017 fue la celebración de las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, creada para sustituir a la defenestrada Asamblea Nacional opositora. Los intentos de los ciudadanos para evitar que los comicios se llevaran a cabo hizo que la respuesta oficial se recrudeciera y dejara dos de las jornadas más sangrientas de todo el período de manifestaciones. Entre el 30 y 31 de julio mataron a 21 personas en menos de 48 horas.
Desde el exterior, las críticas hacia Nicolás Maduro arreciaron y aumentaron las manifestaciones en solidaridad con quienes protestaban. Pero las reacciones internacionales más importantes y contundentes llegaron después la aprobación de la Constituyente. En agosto de 2017, Estados Unidos aprobó las primeras sanciones financieras contra el gobierno de Venezuela al prohibir que se negociaran nuevas emisiones de deuda y bonos por parte del Ejecutivo y de Pdvsa, así como el pago de dividendos a la administración de Maduro. En noviembre de ese mismo año, la Unión Europea dio el visto bueno a un embargo de armas y material destinado a la represión. Sin embargo, la calma y el desasosiego que vino después de las manifestaciones empujaron a miles a migrar a pie por las fronteras terrestres en medio del hambre y la destrucción.
Mientras las calles ardían, la escalada de precios se desató y ese tendencia continuó todavía después de la violencia. Durante el último trimestre de 2017, la inflación mensual llegó a 56,7% y así se convirtió en hiperinflación. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, la inflación anual cerró 863%.
2018: Ejecución de Óscar Pérez e intento de magnicidio en vivo y directo
Durante el primer mes del 2018 ocurrió la “Masacre de El Junquito”. Fuerzas policiales del gobierno madurista ejecutaron la “Operación Gedeón”, que terminó con el asesinato de Óscar Pérez, exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y su grupo rebelde.
En la madrugada del 15 de enero de ese año, funcionarios del Conas, Sebin, Dgcim, GNB, FAES, PNB y Policaracas tomaron por asalto El Junquito en búsqueda de Pérez, quien meses antes había tenido participación en acciones comandos contra instituciones del gobierno. ¿El resultado? Diez personas muertas: siete miembros del grupo rebelde, dos oficiales del CPNB y un líder de los llamados colectivos.
A pesar de los videos públicos en los que el grupo mostraba su rendimiento, todos terminaron muertos con tiros de gracia. Un expediente sobre estas muertes fue consignado en diciembre de 2019 ante la Corte Penal Internacional.
Un día como hoy, hace cinco años, la dictadura de Nicolás Maduro cometió una ejecución extrajudicial en vivo y directo contra el inspector Óscar Pérez y su equipo, entre las que se encontraba una mujer civil embarazada. Las imágenes de la "masacre de El Junquito" no se olvidan. pic.twitter.com/NWfalvj0T5
— Elisa Trotta Gamus (@EliTrotta) January 15, 2023
Un año que comenzó con un hecho impactante continuó con la elección de Nicolás Maduro para un segundo período constitucional. La legitimidad de este proceso fue cuestionada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
El 20 de mayo del 2018 se celebró la “megaelección” (que incluía las presidenciales, de forma adelantada) que carecía de garantías electorales por las inhabilitaciones políticas, falta de transparencia, denuncias por los puntos políticos cercanos a los centros electorales, y la parcialidad del CNE. Esta situación generó la más alta abstención en la historia de las presidenciales desde la llegada de la democracia a Venezuela.
Un año que comenzó con un hecho impactante continuó con la elección de Nicolás Maduro para un segundo período constitucional. La legitimidad de este proceso fue cuestionada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
El 20 de mayo del 2018 se celebró la “megaelección” (que incluía las presidenciales, de forma adelantada) que carecía de garantías electorales por las inhabilitaciones políticas, falta de transparencia, denuncias por los puntos políticos cercanos a los centros electorales, y la parcialidad del CNE. Esta situación generó la más alta abstención en la historia de las presidenciales desde la llegada de la democracia a Venezuela.
Dos meses y medio después de que Maduro fuera declarado vencedor en las presidenciales del 2018, el 4 de agosto ocurrió un presunto atentado contra el líder oficialista cuando dirigía un discurso en la Avenida Bolívar de Caracas, a propósito del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El acto se vio interrumpido por la explosión de un octacoptero que sobrevolaba cerca a la tarima presidencial, lo que obligó a la seguridad presidencial a escudar a Maduro con los chalecos de kevlar.
Por ese hecho fue detenido Juan Requesens, dirigente de Primero Justicia (PJ), tras ser acusado de ser sospechoso del presunto intento de magnicidio.
En paralelo, la crisis económica seguía agobiando a los ciudadanos. En septiembre de 2018 Venezuela registró la mayor inflación mensual con 233.3% consecuencia en parte de la estrepitosa caída de producción petrolera que inició en 2017 y se deterioró en 2018.
En un intento aparente por estabilizar la deteriorada economía, el Ejecutivo aplicó una reconversión monetaria en agosto de 2018, designando el nuevo cono monetario llamado “bolívar soberano”, el cual establecía la eliminación de cinco ceros a la moneda.
2019: Dos gobiernos y un país en la oscuridad
El desconocimiento internacional al segundo mandato de Nicolás Maduro tras los comicios presidenciales adelantados de 2018, calificados de inconstitucionales por la comunidad internacional, propició una serie de eventos políticos que desembocaron en la juramentación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019.
En una manifestación en Chacaíto y rodeado de una multitud, Guaidó sustentó su juramentación en los artículos 233 y 333 de la Constitución y sentenció que el objetivo de su interinato sería lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. A pocas horas del acto, el gobierno de Estados Unidos lo reconoció como Presidente, a lo que se sumaron las reacciones en cadena de otros gobiernos del mundo que hicieron lo propio.
Un mes después, el interinato asumía una cruzada para mostrar su liderazgo y buscando un quiebre de la FANB: el intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela por sus fronteras con Brasil y Colombia.
Pero la situación terminó en represión por parte de las fuerzas militares y de choque de Maduro. Con decenas de heridos en varios estados, la peor ración de violencia la sufrieron los indígenas de la comunidad pemón en Santa Elena de Uairén, atacados por el Ejército para tomar el control de la zona. Una mujer y otras dos personas más murieron por disparos de bala y al menos 30 resultaron heridos.
Llegó así el mes de marzo de un atropellado año en donde la oscuridad se apoderó del país por varios días. Los venezolanos sufrieron megapagones el 7 de marzo (duró entre cinco y siete días), el 25 de marzo y el 29 de marzo (cuatro días de duración) que dejaron en evidencia el colapso del sistema eléctrico, aunque la tesis del gobierno de Maduro fue nuevamente la de un “sabotaje técnico y cibernético”. Fueron días de angustia ciudadana, de ciudadanos desesperados por la conservación y procura de alimentos, de pacientes muriendo en hospitales por las fallas generalizadas del suministro eléctrico (según Médicos por la Salud, al menos 17 personas fallecieron solo en el primero de los apagones, el más largo de todos)
Después de tres convulsos meses, el 30 de abril los venezolanos fueron madrugados por el anuncio de Juan Guaidó. En un mensaje en sus redes informaba sobre el “comienzo del cese definitivo de la usurpación” desde la Base Aérea de La Carlota, junto a militares y al líder de VP, Leopoldo López, quien había estado preso entre Ramo Verde y su residencia desde 2014.
Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0
— Leopoldo López (@leopoldolopez) April 30, 2019
López luego aclaraba que fue liberado por “militares a la orden de la Constitución y Guaidó” e instaba a los ciudadanos a salir a las calles para concretar la “Operación Libertad”. Tras horas sin conocerse el paradero de Maduro, el entonces ministro de Comunicación Jorge Rodríguez informaba que el gobierno estaba “enfrentando y desactivando a un reducido grupo de militares traidores”.
La jornada terminó con un muerto y 109 heridos según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y con Maduro sin ser desplazado de la silla presidencial.
Posteriormente, se reveló que el exdirector del Sebin, Cristopher Figuera, algunos comandos de ese servicio y militares formaron parte del fallido plan para derrocar al sucesor de Chávez. Tras exiliarse en Estados Unidos, Figuera reveló detalles de la operación y señaló que el entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López también estuvieron vinculados al plan.
2020: La doble epidemia venezolana, entre lo viral y la opacidad
El Estado enfermó aún más el Poder Legislativo entre el 5 y 7 de enero del 2020. Tras un nombramiento «de facto» con el propósito de desmontar el interinato de Guaidó, Luis Parra se juramentó como el presidente de la Asamblea Nacional (AN), apoyado por del Gran Polo Patriótico, mientras que varios periodistas y dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos el propio Guaidó, trataban de saltar las barricadas humanas de la Guardia Nacional Bolivariana en los alrededores del Palacio Federal Legislativo.
Días después de ese evento, el gobierno de EEUU incluyó a Parra a la lista de sancionados y Guaidó tomó juramento para un próximo período como presidente de la AN en la sede del periódico El Nacional.
Tras el avance del coronavirus en el mundo, el 16 de marzo de 2020 se decretó la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Venezuela. Un confinamiento radical marcado por la restricción casi absoluta de la movilidad de los ciudadanos. Denuncias de matraqueo policial y militar en las alcabalas que se instalan abundaban en los meses posteriores, mientras el gobierno a través de sus voceros controlaba estrictamente la difusión de cifras y restringía la masificación de las pruebas en los centros de salud.
Para muchos, la verdadera causa de la radicalización de la cuarentena era la escasez de gasolina, que se propagó más velozmente que el virus por todo el país y dificultó a los ciudadanos trasladarse libremente por más de cuatro meses. El derecho a la educación de los menores de edad se vio obstaculizado con las cuarentas radicales y flexibles criticadas por el gremio docente. Pese a las restricciones por la cuarentena en el espacio público, los venezolanos protestaban por la constante escasez de los servicios que debe brindar el Estado.
En mayo de 2020, el gobierno denunció una incursión marítima para supuestamente derrocarlos, a la que denominaron la «Operación Gedeón» y que dejó al menos 33 presos políticos.
Exigimos Amnistía para el Cap. Dimas Murillo y para todos los Presos Políticos.
Ya basta de odio y tratos crueles, es tiempo que todos nuestros familiares regresen a sus hogares.@KarimKhanQC@CorteIDH@FranklinCalderC#LibertadParaDimasMurillo#AmnistiaParaLosPresosPoliticos pic.twitter.com/1EpKdNroMs— Familia S.O.S Libertad (@FliaSOSLibertad) January 3, 2023
La coalición de medios Alianza Rebelde Investiga recopiló en un reportaje las insuficiencias con la que los centros médicos venezolanos públicos enfrentaron los comienzos de la pandemia. Había solo 23.723 camas dispuestas que eran equivalentes a 0,8 por cada 1.000 habitantes, cifra por debajo de los estándares de la OMS que establece 3 camas por cada 1.000 habitantes.
Otro reportaje de Runrunes constató que los reportes sobre los datos epidemiológicos de COVID-19 (contagios, muertes atribuibles al virus y las coberturas de inmunización) estaban centrados en el poder ejecutivo, no en los expertos, y no eran constantes, factores que la OMS atribuye a una mala administración de la comunicación de riesgos y una violación a los derechos humanos a la salud y al acceso de la información.
Maduro, incluso, llegó a discriminar a los extranjeros y venezolanos migrantes en alocuciones oficiales de ser portadores del virus al país, «casos importados» y «bioterroristas».
Hasta abril de 2023, el Estado no había anunciado la derogación oficial de la cuarentena en Venezuela.
En noviembre de ese año, la Corte Penal Internacional (CPI), que estaba presidida por la fiscal Fatou Bensouda, anunció que existían «fundamentos razonables» para creer que en Venezuela habían ocurrido «delitos de competencia de la Corte».
#ICC Prosecutor, #FatouBensouda, receives high-level delegation from the Bolivarian Republic of #Venezuela in the context of its ongoing preliminary examinations #morejustworld #buildingsupport #justicematters https://t.co/1nN5Do4DLt
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 5, 2020
A partir de ese día la CPI se enfocaría más en los casos registrados en los expedientes denominados «Venezuela I», que expone las violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 2014 y 2018. El gabinete de Nicolás Maduro tiene otro caso ante la CPI, «Venezuela II», que inició su proceso preliminar de análisis en febrero del 2020 y aún sigue en esa fase.
2021: Pico pandémico, colapso, muertes y desastrosa gestión de las vacunas
El número oficial de decesos por COVID-19 en el país se sitúa actualmente en 5.856, de acuerdo con datos compilados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, la cifra es apenas un subregistro y no refleja el verdadero impacto de la pandemia en la población, oculto tras un velo de opacidad en el manejo y reporte de las estadísticas internas por parte del gobierno de Venezuela a organismos internacionales.
La compra, distribución y puesta en marcha de las campañas de inmunización contra el Covid-19 fue errática e ideologizada: Venezuela autorizó el uso de cloroquina —cuyo uso para el tratamiento contra el Covid-19 probó ser inefectivo— y adquirió vacunas en etapa experimental a sus aliados, China y Rusia, cuando no habían culminado la fase 3 de los protocolos clínicos.
La polarización y pugna entre grupos políticos también fue un signo de la pandemia. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, había aprobado en marzo 30 millones de dólares para la compra de vacunas AztraZeneca, desarrolladas en Oxford, Reino Unido. Pero rápidamente la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que no se otorgarían los permisos necesarios para su uso en el país.
En abril de 2021, la administración de Nicolás Maduro decidió no aceptar la vacuna de AstraZeneca y solicitó modificar la modalidad de comprar para elegir qué vacuna podía adquirir, lo que fue aceptado por el mecanismo COVAX (del inglés Covid-19 Vaccines Global Access), un fondo global de acceso equitativo a vacunas contra el Covid-19, integrado por 190 países. El gobierno procedió al pago adelantado de 100 millones de dólares.
La politización de los mecanismos de protección a la población se hizo evidente: se rechazaron miles de dosis de vacunas con eficacia probada, mientras el gobierno anunciaba también la llegada y pruebas con dosis en etapa experimental desarrolladas en Cuba para estudios clínicos.
Entre marzo y mayo de ese año la multiplicación de casos de covid-19 colapsó los centros de salud en un país en el que el sistema sanitario, de atención primaria, preventiva y hospitalaria ya se encontraba en franco deterioro y sin recursos necesarios para hacer frente a una pandemia. Organizaciones no gubernamentales denunciaron la nula preparación y protección del personal sanitario en el país, que expuso a médicos, enfermeras y demás profesionales al virus, causando cientos de muertes.
El 29 de octubre, la organización no gubernamental Médicos Unidos reveló que al menos 526 médicos y 162 enfermeras habían muerto a causa del COVID-19, con el mayor número de decesos de personal sanitario en Zulia con 155, seguido de Caracas con 108, Carabobo con 68, Bolívar con 61, Aragua y Anzoátegui con 45 y Lara con 38, según reseñó DW con data de la ONG.
2022: Venezolanos, protagonistas del éxodo por Darién
El éxodo venezolano que se había frenado en los años con mayor limitación de movilidad por la pandemia se reactivó con fuerza en 2022.
Esta vez la migración no estaba dirigida hacia los países de Latinoamérica, como en años anteriores. En esta oportunidad, los venezolanos decidieron ir tras el sueño americano sin importar los peligros a los que debían enfrentarse.
Huyendo de la peor crisis económica en toda la historia del país, del desempleo, la hiperinflación y la violencia; tan solo en 2022, 248.284 venezolanos se lanzaron a la temible aventura de cruzar la selva del Darién, una zona boscosa e inhóspita, plagada de animales salvajes y grupos armados, que ha sido el escenarios de abusos, extorsiones, tráfico de personas, violaciones, muertes accidentales y asesinatos.
La ruta del terror la terminaban cruzando el Río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. Varios connacionales, adultos y niños, perdieron la vida en el intento.
3er video selva del Darien. pic.twitter.com/6r4dPjRy5u
— Alejandro (@alejotuits) July 11, 2022
Según cifras del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, el paso de migrantes venezolanos por la selva del Darién, que comunica a Colombia con Panamá, aumentó un 85,6 % en 2022, en comparación con el año 2021, cuando se registraron 133.726 personas.
A pesar de las restricciones que impuso el Gobierno de Estados Unidos a migrantes venezolanos en octubre de 2022, la migración está lejos de frenarse, pues tan solo desde el 1 de enero al 31 de marzo, unos 87.390 migrantes cruzaron la selva del Darién, 6,3 veces los registrado en el primer trimestre del 2022.
Frente a este inmenso drama que ha cobrado la vida de al menos 30 personas y que ha dejado al menos 76 desaparecidos, la respuesta de Nicolás Maduro ha sido negar la tragedia y culpabilizar a los medios de comunicación de promover noticias falsas que “atentan contra la imagen de su gobierno y del país”.
Pero la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refuta con sus datos la matriz de opinión: casi 7,24 millones de venezolanos han abandonado el país, lo que sería el 20% de la población total que tenía Venezuela en el 2016. Esto ubica a Venezuela como el segundo país con más refugiados en todo el mundo.
2023: La purga madurista
El pasado 17 de marzo se reveló uno de los mayores escándalos de corrupción en Venezuela que involucra a altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
Corrupción, malversación de fondos, mafias y crimen organizado fueron los detonantes para que se iniciara el operativo anticorrupción “caiga quien caiga”. Hasta el 18 de abril de 2023, se informaban oficialmente 58 detenidos por distintos frentes de corrupción en Pdvsa, la CVG y Cartones de Venezuela.
El pasado 10 de abril, el fiscal designado por la constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó que se estaban investigando 31 tramas de corrupción dentro de Pdvsa. Sin embargo, hasta los momentos se desconoce si Tareck El Aissami, ministro de Petróleo que renunció en medio de la controversia, está siendo investigado o si está detenido, pues desde que se separó de su cargo para “colaborar con la investigación” no se sabe nada de él.
Saab explicó en rueda de prensa que las investigaciones realizadas detectaron una red de funcionarios que se valían de su cargo para «ejecutar operaciones petroleras paralelas a Pdvsa», lo cual se hizo a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Estas personas habrían incurrido en comercialización ilegal de crudo y el incumplimiento con los pagos correspondientes de la estatal. Hasta ahora se maneja que el desvío de fondos fue por más de $3.000 millones, pero se estima que la cifra sea mucho más alta.
Por la trama de corrupción en Pdvsa fueron detenidos Joselit Ramírez Camacho, exjefe de la Sunacrip, el coronel Antonio Pérez Suárez, quien desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa y el exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Hugbel Rafael Roa Caruci, además de otros funcionarios.
Por corrupción en el Poder Judicial están detenidos el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, el juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García y el juez primero de Control del estado Falcón, Jorwis Bracho.
Por la vinculación con bandas criminales, resultó detenido el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández. Según Saab, “estaban comprobados plenamente sus vínculos directos con la banda de alias El Conejo”, quien fue asesinado días después en un operativo policial.
La trama de corrupción también tenía otros nudos. La agencia AFP reveló inicialmente que Hugbel Roa, uno de los detenidos en la purga, también tenía una red de «testaferros» entre los que se encontraba el empresario Alejandro Arroyo, Daniel Prieto y Johanna Torres y quienes supuestamente estaban a cargo de una red de “prostitución”.
El fiscal general confirmó en rueda de prensa posterior que mujeres jóvenes eran captadas para incluirlas en la red de lavado de activos de Pdvsa y las premiaban con una vida «suntuosa».
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