Después de 27 años de chavismo sería muy fácil pensar que la reconstrucción de Venezuela consiste simplemente en hacer exactamente lo contrario de todo lo que se hizo durante este tiempo. Y quizás allí tengamos una de las primeras discusiones que debemos atrevernos a dar con franqueza, porque el rechazo comprensible hacia el socialismo del siglo XXI está comenzando a producir nuevos antagonismos alrededor de conceptos que deberíamos volver a discutir con racionalidad.
Todo aquello que se refiere a la gestión social por parte del Estado comienza a mirarse con rechazo o estigmatización porque se asocia inmediatamente con el modelo que hemos padecido. Mientras tanto, cualquier propuesta que hable de reducir el Estado, privatizar, liberalizar la economía o colocar la libertad individual en el centro puede adquirir legitimidad simplemente porque representa lo contrario. Entiendo perfectamente de dónde proviene esa reacción. Pero gobernar un país no puede consistir únicamente en reaccionar contra aquello que fracasó.
Y es que lo que vivimos los venezolanos no fue simplemente un Estado que asumió demasiadas responsabilidades sociales. Vivimos el desmantelamiento institucional del propio Estado, la desaparición progresiva de mecanismos de control, la concentración del poder y una peligrosa ausencia de fronteras entre partido, gobierno y Estado. Vivimos enormes esquemas de corrupción, irrespeto a la propiedad privada, destrucción de capacidades productivas, deterioro de los servicios públicos, pérdida de capacidades institucionales y graves violaciones de derechos humanos.
Por eso hay una diferencia enorme entre un Estado grande y un Estado fuerte. Venezuela llegó a tener un Estado que pretendía estar presente en prácticamente todos los espacios de la vida económica, política y social y que, paradójicamente, terminó siendo incapaz de cumplir muchas de sus funciones fundamentales. El problema no fue simplemente cuánto Estado tuvimos. El problema fue qué Estado construimos, qué límites perdió, qué instituciones destruyó y qué capacidades dejó de tener.
Es allí donde quiero volver sobre una discusión que Manuel García-Pelayo planteó alrededor del Estado social y democrático de derecho y que sigue teniendo una enorme vigencia para pensar Venezuela: la democracia tiene una dimensión política, pero también una dimensión social.
La democracia política permite que la ciudadanía elija a sus gobernantes y representantes; garantiza la división de poderes, el Estado de derecho, la institucionalidad, la transparencia, el pluralismo y la posibilidad real de controlar a quienes ejercen el poder. La democracia social, por su parte, procura que el Estado esté al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Entiende que la democracia no puede agotarse en votar periódicamente, sino que debe crear las condiciones para que las personas ejerzan efectivamente sus derechos y desarrollen sus capacidades.
Y aquí aparece una distinción que para mí es fundamental: hablar de democracia social no significa defender un Estado omnipresente. Mucho menos significa un Estado propietario de todo, empresario de todo, regulador de cada aspecto de la vida o encargado de sustituir a la sociedad.
Lo que Venezuela necesita puede entenderse mejor como un Estado limitado, capaz y eficiente. Limitado, porque su poder debe encontrar fronteras infranqueables en la Constitución, en los derechos de las personas, en la propiedad privada, en la separación de poderes y en la autonomía de la sociedad civil. Capaz, porque aquello que verdaderamente le corresponde hacer debe hacerlo bien. Y eficiente, porque el éxito del Estado no puede medirse por la cantidad de instituciones que controla, empresas que posee, funcionarios que emplea o recursos que administra, sino por su capacidad para garantizar derechos, prestar servicios públicos, establecer reglas claras y generar condiciones para el desarrollo.
Ese Estado no tiene que sustituir a la sociedad ni controlar todos los espacios de la vida ciudadana. Tampoco debe sustituir al mercado allí donde la iniciativa privada puede producir, innovar, generar empleo y crear riqueza de manera más eficiente. Pero tampoco puede renunciar a sus responsabilidades fundamentales en educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, protección social, servicios públicos, igualdad ante la ley y creación de condiciones para que cada ciudadano pueda desarrollar sus capacidades.
Esto no excluye la participación activa del capital privado. No excluye la propiedad privada. No excluye el emprendimiento ni la competencia. Mucho menos excluye una sociedad libre. Más bien puede convivir perfectamente con una economía social de mercado donde la iniciativa privada sea una fuente fundamental de generación de riqueza, mientras el Estado establece reglas claras, garantiza seguridad jurídica, protege la competencia, evita privilegios y procura que el crecimiento económico pueda convertirse también en oportunidades.
Porque tampoco podemos cometer el error de confundir una economía de mercado con la ausencia del Estado, así como durante demasiado tiempo confundimos la presencia del Estado con la capacidad del Estado.
Después de 27 años de chavismo y de un proyecto político que evolucionó progresivamente hacia postulados abiertamente socialistas, anticapitalistas y marxistas, y que posteriormente encontró en el Partido Socialista Unido de Venezuela su principal estructura política, es comprensible que palabras como igualdad, protección social o incluso justicia social produzcan suspicacias en una parte de la sociedad. Pero permitir que el socialismo del siglo XXI se apropie definitivamente de esos conceptos sería concederle todavía más de lo que ya se llevó.
La democracia social no tiene la culpa de la corrupción. No explica que Venezuela haya atravesado una emergencia humanitaria compleja. No explica la violación de derechos humanos, la concentración del poder ni la utilización de las instituciones para controlar a los ciudadanos. Tampoco significa entregar derechos a cambio de obediencia.
Por el contrario, una democracia social supone ciudadanos con derechos civiles, políticos, económicos y sociales que no dependan de su cercanía con un partido, de su adhesión a un gobierno ni de su disposición a someterse al poder. Un derecho deja de ser verdaderamente un derecho cuando depende de demostrar lealtad a quien gobierna.
Ahora bien, el rechazo producido por estos años genera otra tentación. Cualquier propuesta asociada con el liberalismo clásico, con una reducción radical del Estado o con una idea abstracta de libertad puede resultar electoralmente atractiva porque aparece como la negación absoluta de aquello que hemos vivido. Y quizás sería muchísimo más fácil para un político, un activista o cualquier persona que quiera construir seguidores, tomar esas banderas y aprovechar una reacción emocional que tiene razones históricas perfectamente comprensibles.
Pero nosotros queremos racionalizar. Queremos explicar. Queremos hacer pedagogía sobre el tipo de Estado que merece Venezuela y discutir programáticamente qué entendemos cuando hablamos de libertad, igualdad, propiedad, mercado, solidaridad y democracia.
Por eso creo que hace falta construir un centro capaz de establecer postulados programáticos claros alrededor de una democracia social moderna. Y es allí donde, al menos yo, me siento identificado.
No hablo de un centro entendido como una posición cómoda entre dos extremos ni de una forma de evitar definiciones. Hablo de un centro capaz de defender con la misma claridad la libertad política, la propiedad privada, la iniciativa individual y la competencia; la separación de poderes y el Estado de derecho; pero también la educación, la salud, la protección social, la igualdad ante la ley y la existencia de instituciones que permitan que esas libertades puedan ejercerse realmente.
Venezuela llegó a conquistar parte importante de una experiencia democrática. La perdió y la deterioró, pero no necesariamente porque todos los postulados programáticos de aquella democracia fueran equivocados. Hay que hablar con absoluta claridad del clientelismo, de la corrupción, de la falta de oxigenación de los partidos, de sus problemas de representación y de la incapacidad que tuvieron para renovarse. Allí tienen responsabilidades históricas Acción Democrática, Copei y las generaciones que en determinados momentos condujeron esas organizaciones.
Sin embargo, reconocerlo tampoco significa satanizar a quienes se atrevieron a sentar las primeras piedras de un sistema democrático en Venezuela. Podemos reconocer lo que construyeron, estudiar aquello en lo que fracasaron y utilizar ambas experiencias para pensar el futuro. La crítica al pasado democrático debe servir para construir algo mejor, no para negar que Venezuela conoció instituciones, consensos y conquistas que hoy nuevamente necesitamos.
Y es que Venezuela no tiene por qué volver a casarse con un extremo.
Puede construir un modelo equilibrado: una democracia política plena y participativa, con separación de poderes, Estado de derecho, elecciones auténticas, transparencia y pluralismo; una economía abierta que respete la propiedad privada, la competencia, el emprendimiento y la iniciativa individual; y una democracia social que permita que el Estado cumpla eficazmente las funciones que verdaderamente le corresponden y que el desarrollo económico se traduzca en capacidades y oportunidades para las personas.
Necesitamos, además, que el ciudadano vuelva a encontrar razones para proteger la democracia. Y para eso la democracia tiene que funcionarle.
Tiene que funcionarle cuando acude a un hospital, cuando lleva a sus hijos a una escuela, cuando busca empleo, cuando emprende, cuando abre una empresa, cuando necesita agua o electricidad, cuando exige seguridad, cuando reclama ante una institución y cuando participa en las decisiones de su municipio, de su estado y de su nación. Porque la democracia tiene que volver a encontrarse con la cotidianidad.
Cuando el ciudadano percibe que las instituciones le permiten vivir mejor, ejercer sus derechos, resolver sus conflictos, desarrollar sus capacidades y participar en las decisiones que afectan su vida, la defensa de la democracia deja de ser una abstracción. La democracia comienza a significar algo concreto en su vida y, precisamente por eso, encuentra razones para defenderla.
Los destinos de la nación tienen que volver a discutirse desde la pluralidad. Esa es una de las principales convocatorias que hoy debemos hacer a la sociedad civil, a los partidos políticos, a las distintas coaliciones y a quienes hacemos vida en el espectro político nacional.
No se trata simplemente de reconstruir aquello que fue destruido. Tampoco de restaurar el país que existía antes de 1999 como si sus contradicciones no hubiesen contribuido al agotamiento de aquel sistema. Se trata de aprender de aquello que construimos bien, reconocer aquello que hicimos mal y atrevernos a discutir qué Estado, qué economía y qué democracia queremos para las próximas décadas.
Porque si de verdad hablamos de reconstrucción democrática, tendremos que ir mucho más allá de la coyuntura. Habrá que tocar fondo allí donde haya que tocarlo.
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