En su balance “Información pública en Venezuela: un derecho bajo control y silencio” IPYS Venezuela registró 35 restricciones de acceso a la información pública entre enero y septiembre de 2022, que afectaron a 57 trabajadores de la prensa

El informe de IPYS también recoge que el Estado no responde a las solicitudes de medios ni de organizaciones no gubernamentales sobre datos y cifras de interés público

IPYS monitoreó 4 sitios web de instituciones oficiales (AN, Conatel, MPPS y BCV) y  no encontraron información  sobre el presupuesto 2022 ni rendición de cuentas de 2021. Además, en los sitios del Ministerio de Salud, Conatel y la AN, en lugar de cifras o datos de interés público, predominó la difusión de propaganda vinculada al gobierno

El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) destacó que la  política de control y hermetismo sobre los datos públicos en Venezuela persiste y estas irregularidades dificultan a los ciudadanos informarse sobre asuntos de interés colectivo.

En su balance “Información pública en Venezuela: un derecho bajo control y silencio” identificaron al menos 35 violaciones al acceso a la información pública entre enero y el 27 de septiembre de 2022.

Este reporte se publicó a propósito del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, que se celebra cada 28 de septiembre por resolución 38 C/57 de la Unesco.

El informe de IPYS Venezuela precisó que las limitaciones encontradas entre enero y septiembre afectaron a 57 trabajadores de la prensa: 43 reporteros, nueve reporteros gráficos y cinco camarógrafos.

El Estado silencia la información de interés público

El reporte sobre el control y silencio en Venezuela también detalló que el Estado no respondió al menos 45 solicitudes formales de información que hicieron medios como El Pitazo, Crónica Uno, o el  Observatorio Venezolano de la Salud y Transparencia Venezuela.

Estas solicitudes buscaban tener acceso a datos de interés público, por lo que IPYS advierte que cuando las autoridades niegan o no conceden respuestas, se acrecienta el déficit democrático en el país. 

Entes del Estado no informan cifras ni rinden cuentas

IPYS mencionó que no encontraron información sobre el presupuesto 2022 ni rendición de cuentas de 2021 en páginas oficiales de cuatro instituciones públicas que monitorearon los primeros 15 días del septiembre.

El equipo de Libertades Informativas de IPYS Venezuela monitoreó los sitios web del Banco Central de Venezuela (BCV), el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la Asamblea Nacional (AN) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para evaluar «la eficacia de estas plataformas como canales para la transparencia activa».

Los resultados fueron los siguientes:

• En el portal del BCV están publicadas las cifras de inflación anual desde 2011 hasta 2021, y las variaciones mensuales desde diciembre de 2007 hasta agosto de 2022, la más actual. Pero durante cuatro años, entre 2015 y 2019, no ofrecieron estos indicadores económicos, en medio «de una inflación galopante y del inicio de un ciclo hiperinflacionario que comenzó en el último trimestre de 2017 y cerró en enero de 2022».
• Por su parte, el MPPS no publica el boletín epidemiológico semanal desde 2016. Este sitio web fue reestructurado la segunda semana de septiembre y no contiene los canales de comunicación de la institución, pues la página “Direcciones” está en blanco. La información de contacto tampoco estaba disponible antes del cambio. 
• Conatel, entretanto, no tiene disponible en su página web la partida presupuestaria para el año 2022 ni su balance de gastos del año anterior. Además, las cifras anuales del sector telecomunicaciones  no son actualizados desde 2020, año en el que «la salida de la empresa AT&T, propietaria de la marca Directv mermó el porcentaje de suscriptores de televisión satelital bajando de 54,51% a 27,47% en el segundo trimestre, pero que luego se elevó a 41,14% con la entrada al mercado de SimpleTV».
• Con respecto al sitio web de la Asamblea Nacional (AN) que controla el chavismo tampoco tiene fácil acceso la información correspondiente a su presupuesto para 2022. Solo en una nota de prensa con fecha del 14 de diciembre de 2021, se habla de la partida económica para el Poder Legislativo. En la publicación se menciona que para el “Ejercicio Económico Financiero 2022″ de la AN fue aprobado un monto de 53.232.347 bolívares. Pero no se encuentra información detallada sobre la distribución del dinero en ningún otro lugar de la página.

Y, al revisar las páginas web y las redes sociales de estas cuatro instituciones públicas, se encontró que en las del Ministerio de Salud, Conatel y la AN, en lugar de cifras o datos de interés público, predominó la difusión de propaganda vinculada al gobierno.

El uso de leyes para silenciar

IPYS Venezuela también se refirió a los mecanismos legales con los que el gobierno ha buscado generar censura o autocensura en los medios.

Mencionan que pese  a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público cumplió el 20 de septiembre de 2021 un año de su promulgación, esto «no ha representado mayores avances en la materia».

«En el país aún no se cumple con los estándares interamericanos en materia de este derecho y son comunes la obstaculización y la falta de respuestas por parte de organismos del Estado ante las solicitudes formales de datos oficiales», recalcan.

En un reporte específico que hizo IPYS en agosto 2022, titulado “Leyes para silenciar”, se enumeraron algunos de los aspectos controversiales de esta legislación.

Entre ellos, citaron  la ausencia de una consulta pública y plural para su aprobación,» la discrecionalidad excesiva y el régimen de excepciones impreciso».

IPYS denuncia los bloqueos discrecionales

En su informe, IPYS Venezuela reiteró que han constatado restricciones de acceso a portales informativos bajo las modalidades de bloqueo de HTTP, DNS y TCP/IP a través de la operadora del Estado, Cantv, y las empresas Digitel, Movistar y Movilnet.

Recientemente, en mayo de 2022, del total de 1.440 mediciones realizadas mediante la metodología del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI Run) a los dominios de 45 medios de comunicación, redes sociales y organizaciones de la sociedad civil, comprobaron 479 evidencias de bloqueos ejecutados por Digitel (168), Movistar (165) y Cantv (146), que perjudicaron a 21 dominios de 20 medios de comunicación.

«Este mecanismo de censura y limitación de acceso a la información ejercido por el Estado a través de la Conatel quedó en evidencia con el Informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021 de Telefónica España, casa matriz de Movistar, publicado en junio de 2022, en el que se detalla que entre 2016 y 2021 este proveedor de internet aplicó bloqueos contra 1.389 dominios web», resaltan.

Exhortos de organismos nacionales e internacionales

Las vulneraciones al derecho de acceso de la información en Venezuela son constantemente denunciadas por distintas organizaciones.

IPYS indica que, a  principios de septiembre, la red Voces del Sur publicó un informe titulado “Los efectos diferenciados de la violencia contra la prensa”.

Según este reporte, de las 380 violaciones a los derechos informativos que se registraron en el país el año pasado, 75 correspondieron a restricciones de acceso a la información.

Mientras que otros dos informes, uno elaborado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y otro por organizaciones de la sociedad civil para el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también incluyeron exhortaciones al derecho de acceso a la información.

De igual forma, en marzo de 2022, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, manifestó en su actualización oral sobre la situación en Venezuela que seguía «preocupada» por la falta de disponibilidad de información pública en el territorio venezolano.

Luego, en junio de 2022, y en su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, Bachelet exhortó al Estado venezolano a garantizar que  “los datos oficiales e información desglosada de interés público, sea disponible, accesible y se difundan de manera proactiva”.

Ipys: Operadoras privadas fueron las que más aplicaron bloqueos a sitios noticiosos en mayo