Jesús Mendoza reiteró la exigencia al fiscal y al defensor del pueblo: «Acuérdense que hoy un chamo está detenido sin visión en un ojo y con poca movilidad»
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela FCU-UCV, Jesús Mendoza, exigió este jueves, 28 de septiembre, al fiscal designado por la Constituyente cubana, Tarek William Saab, que responda ante el caso de la detención y torturas en el caso del estudiante John Álvarez.
A través de un video publicado en redes sociales, Mendoza en representación de la comunidad estudiantil de la UCV, afirmó que están angustiados y consternados luego de que el abogado de John Álvarez, informara sobre el estado de salud del estudiante detenido el pasado mes de agosto.
«John es un estudiante como yo y como todos los que estamos aquí. Es un estudiante que colaboraba con todas las dinámicas de las reivindicaciones estudiantiles y fue arbitrariamente detenido y víctima de torturas, y a consecuencia de eso perdió la visión en el ojo izquierdo y tiene una inflamación en el riñón. ¿Dónde esta el fiscal Tarek William Saab? La comunidad universitaria exige que se pronuncie y dé una respuesta ante lo que está pasando un muchacho de 24 años», dijo Mendoza.
Consideró que es «indispensable» que haya una actuación contra los funcionarios que arremetieron contra John Álvarez: «Es indispensable que el defensor del Pueblo se acuerde que es defensor de John y de todos los jóvenes, es indispensable que se respeten los derechos humanos y el debido proceso», sumó el presidente de la FCU.
Jesús Mendoza reiteró la exigencia al fiscal y al defensor del pueblo: «Acuérdense que hoy un chamo está detenido sin visión en un ojo y con poca movilidad».
Piden a organismos internacionales pronunciarse
Por su parte, Víctor García, secretario de relaciones Internacionales de FCU-UCV, exigió a los organismos internacionales de derechos humanos que se pronuncien ante el caso del estudiante John Álvarez.
La ONG Provea detalló que a Álvarez lo arrestaron por una supuesta implicación en planes conspirativos en el caso de los seis luchadores sociales (Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés) condenados a 16 años de cárcel.
Durante su audiencia de presentación, John denunció haber sido golpeado y sometido a torturas, descargas eléctricas y golpes.
El miércoles 6 de septiembre, los familiares y abogados de John, instaron al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, a realizar una investigación sobre las acusaciones de torturas que el joven sufrió mientras estuvo detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana.
Provea afirma que las torturas a John forman parte de una política de Estado de persecución a la disidencia o a quienes son percibidos como disidentes, ya denunciado en informes por la Misión de Naciones Unidas sobre Venezuela.