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Reportajes Especiales

Vacunómetro: Menos del 50% de la población venezolana tiene dos dosis contra el COVID-19
El Vacunómetro, herramienta periodística que registra el proceso de vacunación en el país, realizado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), hizo un chequeo de cómo ha sido el primer año de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Los datos encontrados arrojan que el país está lejos de tener a toda su población vacunada, solo 16% tienen tercera dosis y desde enero de 2022 la aplicación de vacunas ha disminuido

Alianza Rebelde Investiga

El 22 de febrero del año en curso Nicolás Maduro aseguró que Venezuela había vacunado a 102,6% de su población contra el COVID-19. No obstante, el porcentaje que señala el gobernante, no se refleja con los datos aportados por organizaciones internacionales y el gremio de salud del país.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 29 de abril, Venezuela tenía 49,8% de su población vacunada. Mientras que el Monitoreo Comunitario COVID-19, un estudio realizado por el gremio sanitario en Venezuela que lleva el seguimiento de la vacunación en el país, señala que solo 45,7% de la población tiene las dos dosis de las vacunas.

La Alianza Rebelde Investiga hizo una revisión de lo que ha ocurrido en el primer año de vacunación en el país, y pudo encontrar, además de la discordancia entre reportes independientes y las cifras oficiales, que el país no llega al 50% de población vacunada con dos dosis, solo 16% tiene tercera dosis y los grupos de personas vulnerables con enfermedades crónicas han sido desatendidas desde que comenzó la pandemia.

Asimismo, se encontró que menos de la mitad de las personas mayores de 65 años habían sido vacunadas. Sin embargo, en lo que respecta a la vacunación de niños y maestros, de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) avanzó satisfactoriamente: hasta marzo de 2022, 60% de los estudiantes tenías las dos dosis y 100% del personal docente, obrero y administrativo adscritos a Andiep tenía las dos vacunas en marzo de 2022.

 

De acuerdo a los datos del Monitoreo Comunitario COVID-10, desde enero de 2022 se ha visto una importante disminución de la aplicación de vacunas en el país. Según el médico internista infectólogo, Julio Castro esto es una tendencia que se está viendo a nivel mundial. “La disminución es porque al tener más personas vacunadas menos gente va a vacunarse progresivamente, pero también es una expresión de que quizá no hay toda la disponibilidad de vacunas para que todo el mundo vaya a vacunarse. Es una mezcla de ambos fenómenos que no podemos discernir”.

Visita el especial del Vacunómetro y conoce más detalles aquí

Vivir entre zamuros por fallas en el manejo de la basura
TalCual junto a varios medios del interior del país ubicaron las principales zonas de Caracas, Anzoátegui, Bolívar, Lara y Táchira, donde hay presencia de zamuros, aves que se encargan de consumir cadáveres. Expertos señalan que los zamuros ayudan a evitar epidemias y forman parte de la primera línea de defensa sanitaria en los ecosistemas

 

Las fallas del servicio de recolección, traslado y disposición de desechos sólidos en varias ciudades de Venezuela han generado la proliferación de zamuros en centros urbanos del país. Estas aves carroñeras, también conocidas popularmente como buitres o zopilote, ahora forman parte del paisaje urbano y comparten techos, balcones, calles y avenidas con los venezolanos.

Mientras muchas personas en Caracas, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puerto La Cruz y Barcelona los ven con malos ojos y recelo por el estigma que tienen estas aves y el miedo a que transmitan enfermedades, en Barquisimeto agradecen su presencia, porque «hacen el trabajo del aseo urbano».

Demandas al servicio de aseo urbano

Una de las principales demandas de los venezolanos a los candidatos a las elecciones del pasado noviembre de 2021, fue mejoras en los servicios públicos, en especial en el servicio de agua y recolección de basura. Aunque las nuevas autoridades regionales comenzaron su gestión desmalezando y recogiendo basura de urbanismos y avenidas; un eficiente manejo de los desechos sólidos va más allá de poner contenedores o retirar bolsas con desperdicios de las calles. 

Para conocer cómo es vivir entre zamuros y cuáles son las consecuencias y beneficios de esta realidad, TalCual  junto a los medios Correo del Caroní, El Tiempo, ElImpulso.com, La Nación y Yaracuy al Día ubicaron las zonas de los principales municipios de estas regiones donde hay presencia de estos animales, que se encargan de consumir cadáveres y evitar epidemias.

Zamuros: primera línea de defensa

Carlos Silva, médico veterinario, experto en fauna silvestre y mascotas no convencionales, explica que los zamuros son aves que forman parte de la primera línea de defensa sanitaria en los ecosistemas.

Este plumífero negro, que no enfrenta a ningún depredador en la cadena alimentaria, consume animales en estado de descomposición o moribundos. Al terminar de comer, extienden sus alas para disminuir la carga bacteriana que han obtenido al ingerir el cadáver.

De contraer una infección por contacto con el animal estos son algunos de los síntomas y medidas a tomar.

Transmisión de enfermedades

Por otra parte, Alcides Hinojosa, médico de Salud Pública y especialista en Derecho Médico advierte que los zamuros «por ir de un lado a otro son transportadores de bacterias y parásitos que pueden contaminar al ser humano».

Sin embargo, veterinarios y ambientalistas resaltan que, aunque el aspecto y mitos alrededor de este animal —protagonista de cientos de metáforas oscuras— no ayudan a su reputación, son más los beneficios que aporta su presencia, sobre todo en un país sumido en la basura desde hace más de dos décadas y sin un plan eficiente —y ajustado al siglo XXI— de manipulación y recolección de desechos sólidos.

Investigación ARI | Una nueva piratería navega en el Mar Caribe venezolano
Aunque no es un delito que se denuncie de manera sistemática, la piratería en aguas venezolanas es un fenómeno en ascenso. Cifras no oficiales de siete de las Capitanías de Puerto más importantes de Venezuela, así lo confirman. Pero la anomalía va más allá. Así como el crimen organizado y las grandes bandas buscan el control en tierra, ahora lo hacen con el territorio marítimo para ampliar su rango de acción

La visión, que del mar, tenía el capitán de yate, Mauro Rodríguez, cambió el día  que fue víctima de piratería cuando iba desde aguas de La Guaira hacia la isla de Margarita, zonas turísticas de Venezuela donde se reporta una importante movilidad por navegación. 

Hasta ese día, Rodríguez creyó fielmente en la rima musical que asegura que no hay nada mejor que vivir en el mar. Esa sensación de paz y seguridad también se la robaron los hombres que llegaron en lanchas rápidas y asaltaron al dueño de la embarcación, a sus invitados y a la tripulación.

La historia de Rodríguez, aunque no lo muestran las estadísticas oficiales, es un hecho que se repite en varias zonas de navegación de Venezuela, sean mares, ríos o lagos, conquistados por diversas bandas criminales. Es este fenómeno el que presenta el reportaje “Piratas Al Acecho en el Caribe venezolano”, de la Alianza Rebelde Investiga (ARI),  integrada por los medios TalCual, El Pitazo y Runrunes, en alianza con la plataforma periodística para las Américas CONNECTAS.

La investigación revela que fueron reportados 59 incidentes de piratería en espacios acuáticos venezolanos en 2021, según información extraoficial que se obtuvo de siete Capitanías de Puerto. Esta cifra, que muestra una data parcial de menos de la mitad de las capitanías venezolanas, muestra que el año pasado superó los ataques registrados en 2017, que era considerado por expertos de seguridad, “el año pico en sucesos de piratería”.

El trabajo de campo del equipo de reporteros de ARI, permitió concluir que los actos de piratería fueron ejecutados por organizaciones involucradas en el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando, confirmando la presencia de al menos dos megabandas, un cartel de drogas, dos grupos de crimen organizado que se escudan en una falsa figura de sindicatos y seis bandas criminales que operan en el mar Caribe, el Lago de Maracaibo y ríos como el Orinoco, el Caroní, el Arauca y el Meta.

Las fuentes consultadas aseguran que cada uno de estos grupos pretenden, con sus acciones de piratería, infundir temor entre los navegantes para que las aguas queden libres y sean un canal propicio para sus negocios ilícitos. 

 

La piratería en Venezuela, que es un delito contemplado además en  las leyes venezolanas, no es un mito. Las cifras, los testimonios de víctimas y expertos han permitido presentar una realidad de la que pocos hablan.


Lea más de este especial de ARI y CONNECTAS en el siguiente link

 

https://alianza.shorthandstories.com/piratas-al-acecho-en-Venezuela/index.html


 

Investigación ARI | La inseguridad se enquista en los hospitales venezolanos
Un aumento de robos y violencia se observa en los principales centros asistenciales venezolanos. Agresiones y hurtos al personal de la salud y a pacientes ocurren en una infraestructura hospitalaria en decadencia y por un Estado que no garantiza asistencia social ni seguridad personal

 

Venezuela vive desde 2015 una emergencia humanitaria compleja que, sumado a la crisis económica, ha golpeado con fuerza al sector de la salud y ha puesto en evidencia lo que por años ha sido la falta de inversión en el sistema público. De los recursos con los que puedan contar los hospitales, poco se destina al mantenimiento de la infraestructura y a la seguridad, así lo muestra este especial Hospitales en Venezuela, inseguridad hasta los huesos.  

Trabajadores sanitarios dieron su testimonio para este reportaje de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por TalCual, El Pitazo y Runrunes, en alianza con CONNECTAS y el apoyo del ICFJ. Confirman que el deterioro de los hospitales es aprovechado por los delincuentes para cometer delitos contra los bienes de las personas. Largos pasillos, escaleras y ascensores sin luz y sin cámaras de vigilancia son escenario de diversos ataques.

En diferentes reportes de gremios de la salud y de instituciones académicas se muestra la crítica situación de los centros hospitalarios. En ellos se destaca la precariedad de los servicios públicos que ha afectado significativamente la atención a los pacientes. 

La Federación Médica Venezolana señala que la red hospitalaria, integrada por 301 centros de salud en el país, muestra un cierre técnico de 80% debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, falta de equipos, implementos de trabajo, vigilancia, electricidad y agua.

En un recorrido realizado para esta investigación en varios hospitales en Caracas, se observó que en el Oncológico Luis Razetti, que fue por años un centro de referencia nacional para tratar casos de cáncer, hoy es solamente un lugar que intenta sobrevivir. Aunque tiene capacidad para 432 camas, apenas cuenta con 70 en funcionamiento, algunas en muy malas condiciones y varias de ellas han sido reparadas con partes y piezas de otras camas.

Los robos en este centro de salud son cada vez más numerosos, suceden a plena luz del día y ni los que vigilan se salvan. “Al mismo departamento de vigilancia lo robaron. Picaron todas las cámaras de seguridad que estaban en el estacionamiento y la entrada”, asegura Luis Gómez, trabajador del hospital.

En junio de 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC, el máximo organismo de policía nacional) creó una nueva unidad denominada División de Investigación de los Delitos Contra la Salud Pública. Entre otras funciones, daría asesoramiento a los centros asistenciales para mejorar la seguridad.

En los hospitales visitados no se observaron funcionarios policiales pertenecientes a esta unidad, mientras que personal de la salud aseguró no haber recibido recomendaciones, ni tener conocimiento de los planes de las autoridades para enfrentar la inseguridad que padecen.

Yadira González, bioanalista en el Luis Razetti, comparte su preocupación por la inseguridad que impera en su lugar de trabajo, ya que han sufrido robos en el mismo laboratorio donde acostumbra trabajar. A ella misma le sustrajeron su vehículo del estacionamiento. Dijo que evalúa, junto con otros colegas, contratar un sistema de vigilancia privada para el departamento.

Jaime Lorenzo, de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, indica que los robos son comunes en las áreas de emergencia de los hospitales, pero que además se presentan eventos en los que delincuentes “ajustan cuentas” con otros hombres heridos de bala. Aunque esto escala hacia otros lugares de los hospitales. 

Un ejemplo de ello ocurrió a finales de enero de 2022, cuando varios criminales confundieron a Fabio Simanca con un rival y lo asesinaron dentro del Hospital El Llanito, en el estado Miranda. El joven de 22 años se encontraba internado debido a un accidente de tránsito y, mientras esperaba para ser operado, dos personas ingresaron a su habitación y lo apuñalaron múltiples veces.

A la protesta, amedrentamiento

De los ataques a la propiedad en los hospitales y de los trabajadores, también el personal de la salud sufre de otro tipo de violencia. En cada manifestación, el terror llega para callar las voces que claman por mejoras en la infraestructura hospitalaria y mayor seguridad. 

Los médicos y enfermeros de diferentes instituciones sanitarias son víctimas de amedrentamiento, amenazas y persecución por parte de personas afectas al partido de gobierno PSUV, agrupados en los llamados grupos “colectivos”. 

Las autoridades han sido protagonistas de acciones arbitrarias contra el personal sanitario. Despidos injustificados y arrestos solo por denunciar la falta de insumos médicos, equipos de protección anti COVID-19 o carencias de servicios públicos. La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido utilizada contra médicos y enfermeros, que de acuerdo a la ONG Espacio Público, se ha enfilado contra 18 del sector de la salud.

 


Lea más de este especial de ARI y CONNECTAS en el siguiente enlace: https://www.connectas.org/especiales/hospitales-en-venezuela/


 

Algunos hallazgos clave de la investigación

Aumento de robos

De 45% a 75% aumentaron los robos y hurtos en las instalaciones hospitalarias de Venezuela de 2018 a 2019.

Problemas en las morgues

En 40% de los días de 2021 los centros hospitalarios reportaron alguna clase de problema en sus respectivas morgues.

Fallas eléctricas constantes

En 2018, los hospitales pasaron un promedio de 105,2 horas sin luz. 57% de los hospitales no tenían planta eléctrica o funcionaban a medias.

En 2019, las horas promedio sin luz en los hospitales ascendieron a 350,7. 

Robos y ataques a los hospitales:

La mayoría de las personas transgresoras de la ley que ingresan a los centros asistenciales son delincuentes. Lo hacen principalmente por las emergencias por un ajuste de cuentas contra otro delincuente. También han ingresado para cometer delitos comunes como el hurto o robo. Estos delincuentes suelen pertenecer a bandas criminales, y estar armados.

También, se reportan robos de insumos por parte de funcionarios policiales y de militares, específicamente de guardias nacionales.

En cuanto a los ataques se menciona a los colectivos,  quienes aparecen con frecuencia para amedrentar al personal de la salud durante sus protestas para denunciar fallas en el sistema e infraestructura médica.

Según reportes de rla Fiscalía General y de las autoridades policiales personal de los centros asistenciales han cometido el delito de hurto de medicamentos y equipos médicos.

Ni el Hospital Militar se salva

El Hospital Doctor Carlos Arvelo en Caracas no se ha salvado de las acciones del hampa a pesar de estar custodiado constantemente por funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional (FAN), no se salvó de ser robado. 

Esta institución atiende a funcionarios militares y a sus familiares; además es el centro hospitalario donde falleció el expresidente Hugo Chávez a comienzos de 2013. Fue objeto de robo a mano armada en junio de 2020 y en diciembre de 2021. En la primera ocasión, un grupo de encapuchados con armas de fuego subió hasta el piso 10 donde amordazaron a enfermeras y médicos. Entre lo sustraído había equipos de anestesia, desfibriladores, laringoscopios, máscaras laríngeas y medicamentos.

Silencio o cárcel

Los trabajadores de la salud se quejan porque no reciben respuesta de las autoridades cuando alzan la voz por los hechos de inseguridad o falta de insumos. De hecho, son numerosos los casos de despidos injustificados y arrestos solo por denunciar la inseguridad, falta de insumos médicos o carencias de servicios públicos.

Investigación ARI | En promesas quedaron los $211 millones de dólares que financió el BID para descentralizar El Sistema
La investigación realizada por la Alianza Rebelde Investiga y Connectas pudo determinar que solo se comenzó a construir 1 de los 7 centros  de música que se tenían programados, gracias al financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2007, para la ampliación y descentralización de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.
La revisión de los documentos presupuestarios de Venezuela permitió observar que se presupuestó entre 300% y 800% más del valor inicial del proyecto

 

Alianza Rebelde Investiga y CONNECTAS

 

En 2007, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un  financiamiento de 211 millones de dólares a Venezuela para la ampliación de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, a través del Programa Segunda Fase Acción Social por la Música. El proyecto estipulaba la compra de instrumentos musicales, ampliar la matrícula de estudiantes, capacitar al personal docente y construir siete edificaciones para la enseñanza de música, ubicados en siete ciudades del país: Maracaibo, Maracay, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Mérida, Barquisimeto y Guanare.  

El proyecto establecía que de esos 211 millones de dólares, 150 millones de dólares los daría el BID y 61 millones de dólares correrían por parte del Estado venezolano. La construcción de las siete sedes tenían como objetivo descentralizar a El Sistema en lo administrativo y lo operativo y tener la capacidad para atender el incremento de la demanda que se proyectaba en un futuro. No obstante, en 2009, el contrato es modificado y el centro que se construiría en Guanare es cambiado por una nueva sede en Caracas, lugar donde se edificó el Centro de Acción Social por la Música, en una primera fase del proyecto.

Quince años después de la firma del contrato, solo se inició la construcción del centro de Caracas, pero desde 2020 está paralizada por falta de recursos. En el resto de las ciudades se sigue esperando por los terrenos y la construcción quedó solo en los planos. En el caso de la sede en Barquisimeto, el espacio se utilizará para instalar una feria de comida. 

La Alianza Rebelde Investiga (ARI) pudo conocer esta realidad a través de reportería en campo: hizo recorridos en los lugares donde se construirían los siete centros y entrevistó a profesores, músicos y gerentes de El Sistema en las ciudades de estudio para conocer los beneficios del programa y el estatus de las obras.

Además, el equipo de reporteros visitó los núcleos ubicados en las ciudades donde se tenía planificado construir los modernos complejos de música y el patrón que se encontró es que no se les hace mantenimiento a las instalaciones, algunos núcleos fueron cerrados y la mayor parte de los espacios en donde operan son prestados o alquilados.

Por otra parte, revisó las memorias y cuentas, leyes de presupuesto y leyes de endeudamiento para determinar si los montos reflejados en los documentos presupuestarios de Venezuela no se corresponden con los desembolsos realizados por el banco.

La comparación arrojó que el Estado venezolano ha presupuestado 332,94% más del valor inicial del proyecto, mientras las leyes de endeudamiento reflejan que el país planificó endeudarse por 831,18% más del dinero previsto. La investigación, además, reveló que en las leyes presupuestarias y las memorias y cuentas no hay detalles sobre la cantidad de dinero desembolsado por Venezuela para la ejecución del programa. 


 

Visita el especial multimedia Las notas desafinadas de El Sistema para conocer los detalles de este trabajo


 

Algunos hallazgos relevantes de la investigación

Solo una obra levantada

El Banco Interamericano de Desarrollo transfirió 124 millones de dólares al Gobierno venezolano entre 2008 y 2017 para la construcción de 7 centros de El Sistema en las principales ciudades del país. Pero casi 15 años después apenas se ha levantado una de las obras prometidas, mientras que en algunos de los terrenos asignados se planifican otros proyectos, como la instalación de una feria de comida.

La descentralización nunca llegó

El programa «Centro de Acción por la Música», que el BID le aprobó en 2007 a Venezuela, aspiraba mejorar la vida  de los niños y jóvenes venezolanos menos favorecidos y la creación de oportunidades de empleo. La investigación determinó que el programa inicial presupuestó 109,9 millones de dólares para la construcción de los 7 centros, o 52% de los recursos totales del proyecto. El resto del dinero estaba destinado a la compra de instrumentos y a la capacitación del personal docente.  

Las edificaciones tenían dos objetivos: atender la demanda que se proyectaba para los años siguientes y permitir la desconcentración de El Sistema en lo operativo y administrativo. Contrario a esto, se identificó que las  decisiones financieras evidencian que se concentraron en reforzar aún más la centralización de este programa con la construcción de otro edificio en Caracas. 

La construcción del edificio en Caracas paralizada desde 2020

El trabajo especial de la Alianza Rebelde Investiga y Connectas indica que la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical) es la principal responsable de la ejecución del dinero desembolsado por el BID. 

En la construcción del edificio en Caracas se reportó un avance de 73%,  pero está paralizada desde 2020 por falta de recursos. 

Desde 2017, los desembolsos del BID están paralizados por impago del Gobierno venezolano.  

¿Cuánto aportó el Estado al proyecto?

La dirección sectorial de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de El Sistema explicó, mediante comunicación enviada a los autores de la investigación, lo siguiente: “El aporte local fue ejecutado en su totalidad, proporcionando el Estado recursos financieros adicionales cuando fue necesario en su oportunidad, para cubrir gastos de mano de obra y pago de honorarios profesionales para proyectos especializados”. En el documento se informa que el Estado ejecutó 100% del monto previsto en el proyecto inicial (61 millones de dólares).

No obstante, y tras la revisión de informes del BID y otros documentos oficiales venezolanos, se encontró una contradicción:  «De acuerdo con las leyes de presupuesto encontradas entre los años 2008 y 2017 se ha asignado 332,94% más del valor inicial del proyecto, mientras las leyes de endeudamiento del año 2009 hasta 2022 reflejan que el país planificó endeudarse por 831,18% más del dinero previsto».

ARI entrevistó a Daniel Rosas, abogado y profesor de Derecho Administrativo, Contratación Pública y Anticorrupción, quien explicó que tanto en el presupuesto de la República como en las leyes de endeudamiento se proyectan los montos máximos que se gastarán o de deuda, lo que podría  explicar por qué los montos presupuestados son tan elevados y no se corresponden con los desembolsos del BID, y por qué las cifras del año 2017 y 2021 en las leyes de endeudamiento exceden lo planeado para el proyecto.

Sin embargo, agregó que el análisis deja en evidencia que posiblemente hubo una mala planificación o una mala ejecución del dinero. “No tiene sentido presupuestar un monto tan alto si vas a gastar un monto menor”, afirmó. 

Las falencias materiales que desafinan las notas de «la orquesta más grande del mundo»

Diversas irregularidades fueron reportadas, desde la falta de un salario competitivo para sus docentes hasta  dificultades para ensayar por falta de espacios óptimos.

Se comprobó que los músicos de El Sistema tienen  que hacer malabares para sobrevivir, y comprar sus propios instrumentos es un sueño que no todos logran alcanzar.

ARI visitó 29 núcleos de El Sistema en las 7 ciudades donde se construirían los centros, que representan 42% del total de los núcleos en estas entidades.

La mayoría de los estudiantes ensayan en universidades, escuelas y distintas edificaciones públicas o privadas bajo la condición de préstamo o alquiler. 

Un profesor de El Sistema reveló que recibe un pago de apenas seis dólares al mes por formar a jóvenes músicos. Trabaja en un restaurante medio turno y los fines de semana toca con agrupaciones de música popular para mantenerse. En sus declaraciones, afirmó:. “El Sistema solo da prestigio. Si vieran la cara de mi familia cuando lo cuentan. Yo por dentro digo, si ustedes supieran”, apuntó.

 

 

ESPECIAL | “Pranes” en las Grandes Ligas: Las jugadas del Tren de Aragua y otras bandas en el beisbol de Venezuela
El asesinato de un entrenador, el atentado al dueño de una academia de beisbol, videos con amenazas de hombres armados y una decena de extorsiones a empresarios y figuras ligadas a la pelota oscurecen el proceso de firma de los prospectos venezolanos contratados por los equipos de las mayores, en Estados Unidos. Los jefes criminales que controlan las prisiones y las megabandas entraron por la fuerza en el negocio, y se mueven con la versatilidad de un utility en el diamante

 

Alianza Rebelde Investiga (ARI) y CONNECTAS

El 15 de enero es una fecha especial en el mundo del beisbol. Es el día en que se inicia el reclutamiento internacional de prospectos para las Grandes Ligas en Estados Unidos. Este año, 13 adolescentes venezolanos lograron acuerdos millonarios apenas se abrió el proceso, y en pocos días sumaban 16 jóvenes. Es un día en que centenares de talentos de 16 años de edad y sus familias esperan con anhelo, porque ven en la pelota el pasaporte que los sacará de la pobreza y los llevará directo a vivir el sueño americano.  

La jornada también despierta gran expectativa entre los dueños de las 195 academias de beisbol registradas en Venezuela. Estas organizaciones particulares se dedican a formar a los niños que consideran talentos y se encargan de gestionar las firmas con los 30 equipos de MLB. A cambio, se quedan con el 40 o 50 % del bono en dólares que reciben los peloteros, que en pocos casos oscilan entre 1 millón y 4 millones de dólares.

Pero ellos no son los únicos interesados en este negocio redondo. Los pranes, líderes criminales de las prisiones en Venezuela, esperan con ansias y no pierden de vista el proceso de las firmas. Estos delincuentes, que tienen una arraigada pasión por el beisbol, considerado el deporte nacional, saltaron de las gradas al terreno de juego por la fuerza para hacerse con un porcentaje de los miles o millones de dólares que pagan los equipos de Estados Unidos.

Esta investigación de CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) identificó, al menos, tres formas de extorsión utilizadas por los pranes para quedarse con parte del dinero que reciben las academias. Apostando así a un nuevo filón para alimentar sus finanzas.

Para este reportaje se visitaron más de 25 academias en 5 estados de Venezuela —Lara, Miranda, Anzoátegui, Carabobo y Aragua— y se conocieron casos que muestran cómo la acción de los grupos delictivos pasa por la difusión de videos con amenazas, acoso telefónico, atentados con granadas, hasta el asesinato de un entrenador. 

Funcionarios policiales, entrenadores, periodistas, propietarios de academias, scouts, expeloteros y empleados de algunos clubes de beisbol coincidieron en que la penetración de los pranes en el beisbol es un “secreto” conocido por todos en el medio, pero del que nadie habla por miedo a sufrir algún ataque de los delincuentes. 

Los entrevistados aseguraron que casi todas las academias que hay en Venezuela pagan una vacuna mensual para poder funcionar y garantizar la seguridad de sus instalaciones y su personal. Otras deben entregar a los pranes del 3 al 10 % del monto que reciben cada vez que firman a un pelotero. 

Los pranes, además, ofrecen algo similar a un “servicio” de cobranza de deudas causadas en el contexto de esta actividad deportiva. 

La posibilidad de que algunas academias en realidad sean propiedad de los pranes fue mencionada por expertos y personas ligadas al mundo del beisbol venezolano. Aunque fue imposible confirmar esta versión, no es descabellado que estas organizaciones de crimen organizado busquen sacar provecho a la actividad profesional más lucrativa para los venezolanos en el exterior. 

La cantidad de prospectos criollos que reciben bonos millonarios se multiplicó por cuatro en solo seis años. De 3 peloteros firmados por más de 1 millón de dólares en 2015, se pasó a 16 en 2022 (en 2020 no hubo firmas por la pandemia). El 2021 era el año con más rúbricas de siete cifras, con 14 casos, hasta ahora. Además unos 350 jóvenes sellan cada año acuerdos que van desde 10.000 hasta 900.000 dólares.

Aunque hay otros jugadores en el campo delictivo, la megabanda el Tren de Aragua —el grupo armado no estatal más poderoso de Venezuela—, que opera desde la prisión de Tocorón, es el que domina esta novedosa economía criminal. Para usar una expresión del beisbol, serían: el cuarto bate del equipo y el novio de la madrina.   


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ESPECIAL ⎜El Acuerdo de Escazú: oportunidad de América Latina para salvar el planeta
El 22 de abril, Día de La Tierra, entra en vigor el tratado más importante en materia ambiental que han firmado los países de América Latina. Aunque solo once lo han ratificado, muchos esperan que sea un instrumento esencial para evitar los asesinatos de líderes ambientales y permitir que, contrario a lo que ha sucedido en las últimas dos décadas, se proteja el medioambiente
Como parte del proyecto Tierra de Resistentes, periodistas de 10 países de América Latina se unen para  realizar el reportaje colaborativo y transnacional  ¿Quién le teme a Escazú?,  coordinado por el Consejo de Redacción de Colombia con la financiación de Ambiente & Sociedad.  Runrun.es revisa la posición de Venezuela en este pacto regional para salvar al planeta 

Sergio Silva Numa

Cuenta Andrea Wulf que cuando el célebre Alexander von Humboldt estaba explorando los territorios de Latinoamérica se llevó una amarga sorpresa. Mientras recorría ese nuevo mundo observando minuciosamente la geografía, las plantas y los animales, se dio cuenta de que algo no marchaba bien. La explotación de recursos naturales, a manos del poder colonial, anotó después, había causado un verdadero caos. Los misioneros trataban a los locales de forma brutal, la búsqueda de materias primas estaba acabando con el medioambiente y las desigualdades sociales se multiplicaban. Sudamérica, apuntó en su Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, estaba siendo destruida a manos de sus conquistadores. 

Cuando en 2015 Wulf, británica, historiadora, publicó La invención de la naturaleza, el libro en el que condensó la vida de Humboldt, los países de América Latina aún buscaban la fórmula para resolver el mismo problema que tenían cuando vino el célebre naturalista en el siglo XIX. La explotación de materias primas, base de sus economías, continuaba siendo el origen de cientos de conflictos sociales. Pese a las promesas, ningún gobierno se había resistido al “boom”, ese anglicismo que usamos para describir los altos precios del petróleo, el oro, el carbón, el cobre o el níquel.

“Porque si algo compartimos los países latinoamericanos es la riqueza de recursos naturales y la conflictividad, la exclusión y las desigualdades que ha generado su explotación”, dice Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de los Hemisferios, en Ecuador. 

“Aunque somos países muy diferentes compartimos una larga lista de conflictos ambientales. Miras a Perú, a Colombia, a Chile o a México y en todos hay una gran conflictividad. Ésa es nuestra realidad compartida”, complementa Aida Gamboa. “Por eso, en parte, el 22 de abril será un día histórico”.

Gamboa es politóloga y parte del equipo de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), una organización civil que lucha por la protección de la Amazonía peruana. A lo que se refiere es a que hoy, después de 9 años de conversaciones, entra en vigor un acuerdo que se ha ido popularizando en la región, el Acuerdo de Escazú, cuyo verdadero nombre es imposible de memorizar:  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

“Estamos muy optimistas”, cuenta Érika Castro, abogada y PhD en Ambiente y Ordenación del Territorio. Desde Colombia, donde es investigadora de la Universidad de Medellín, tiene una buena manera de resumir lo que significa este día: “Tal vez es el inicio para superar esta crisis ambiental. No podemos actuar como lo veníamos haciendo”.

Pero para entender la complejidad que esconde este acuerdo y no perderse por las confusas ramas del Derecho, hay que echar un vistazo al pasado y entender por qué América Latina lo necesitaba con urgencia luego de hacer boom.

Boom

Joan Martínez Alier es un tipo que no necesita presentación. Catalán y doctor en Economía, ha sido profesor visitante en las universidades de Stanford, Yale y California. Su libro La ecología de la economía es un clásico que ha sido traducido a varios idiomas y con frecuencia es invitado a dar charlas en los congresos de ciencias sociales. Aunque no vive en América Latina, puede hablar con soltura de cualquier conflicto ambiental en Bolivia, Ecuador o Brasil.

Cuando estuvo en Bogotá hace un par de años, conversamos por más de una hora sobre las dificultades de la región. Le parecía asombroso que los Gobiernos de izquierda que empezaron a surgir en la primera década de este siglo no hubiesen prestado más atención a la protección ambiental. “Impermeables” era el adjetivo con el que describía tanto a Evo Morales y Juan Manuel Santos como a Rafael Correa y Cristina Fernández. No se explicaba por qué no reconocían como suyos a los “héroes de la justicia ambiental”.

Martínez Alier empezó a cobrar popularidad fuera de los pasillos de la academia cuando en 2014 lanzó el Atlas de Justicia Ambiental. Con el apoyo de organizaciones internacionales y una larga lista de universidades y ONG, había decidido organizar en una sola plataforma los conflictos sociales relacionados con el ambiente. Hoy, siete años después, el mapa muestra 3385 casos en todo el planeta. Es difícil saber con precisión cuántos hay en Latinoamérica, pero la siguiente imagen resume mejor la compleja situación. La mayoría de problemas parecen provenir de la actividad minera, la extracción de combustibles fósiles y la gestión del agua.

Como lo muestra el Atlas de la Justicia Ambiental, Brasil es el país de la región con más conflictos (173). Le siguen México, con 149, y Colombia, con 129. Después están Perú (97), Ecuador (65) y Bolivia (42). “Todo este asunto tiene que ver con la riqueza que tiene cada país”, advertía Martinez Alier.

Junto a Mariana Walter, lo explicaba mejor en un libro (Environmental Governance in Latin America) meses después. Desde 1970, escribían que la explotación de materias primas en América Latina se había intensificado. Mientras ese año se extrajeron 2400 millones de toneladas, en 2013 esa cifra fue de 8300 millones de toneladas. La extracción de minerales metálicos, después de la producción de biomasa, era la actividad que más había crecido. Para 2012, cuando los precios estaban en su mejor época, los países de la región cubrían el 45 % de la demanda mundial de cobre, 50 % de la de plata, 21 % de la de zinc y 20 % de la de oro. “Extractivista” era la mejor palabra para definir este pedazo de continente.

“Creemos que esa tendencia estuvo relacionada con el boom de los conflictos en América Latina”, expresaban Walter y Alier en una de sus conclusiones. 

Esta ha sido la extracción de materias primeras entre 19070 y 2010.

Quienes se han dedicado a estudiar ese proceso suelen usar un término para describir una de las más grandes paradojas que genera ese boom de las materias primas: “la maldición de los recursos naturales”. En palabras sencillas, lo que sugiere es que, a pesar de tener abundantes recursos, esos países no siempre logran un buen desarrollo económico. Además, en ocasiones debilitan la economía al volverla dependiente de una sola fuente de ingresos, al tiempo que motivan numerosos conflictos sociales.  

Las consecuencias, como señalaba el Banco Mundial en 2014, se pueden resumir en un par de cifras: el 93 % de la población de América Latina y el 97 % de su actividad económica reside en países que son exportadores netos de ‘commodities’. La noticia no tan mala era que la dependencia había disminuido del 86 % en 1970 al 50 %.

En la otra cara de la moneda, como escribió el economista y experto en asuntos de política energética Francisco J. Monaldi, en la revista Harvard Review of Latin America, el boom de las materias primas que vivió el planeta desde los primeros años de este siglo y 2014, aproximadamente, permitió que América Latina “tuviera el mejor desempeño económico en décadas, ayudando a aumentar su gasto público, reduciendo la pobreza y expandiendo la clase media”.  

Pero, como también apuntaba Monaldi, “los logros macroeconómicos y sociales no pueden ocultar los significativos desafíos y los efectos negativos”. “Por años se le dio prioridad a los resultados económicos y políticos, mientras lo social y ambiental quedaron relegados”, cuenta ahora la abogada Érika Castro. “Muchos se trataron a espaldas de las comunidades y de la sociedad civil. No tuvieron acceso a nada de información. Fue la negación del otro”.

Fue justo cuando los minerales y el petróleo alcanzaban precios históricos en 2012 (US$120 por barril; US$1,742 por onza de oro) que empezaron unas conversaciones en Río de Janeiro, Brasil, para encontrar una salida a la difícil situación latinoamericana. Mientras se desarrollaba la Conferencia Río+20 de Naciones Unidas, los representantes de los países se pusieron de acuerdo para crear un tratado pionero en protección ambiental y en derechos humanos. 

“En un momento de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales, los países de América Latina y el Caribe han demostrado el valor de la acción regional”, escribió años después Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el prefacio de ese documento que hoy, 22 de abril, entra en vigor y fue bautizado popularmente como el Acuerdo de Escazú.

Vientos de cambio

El 4 de marzo de 2018 en Escazú, en San José (Costa Rica), hubo un minuto de silencio. Los delegados de 33 países y de varias organizaciones de la sociedad civil decidieron cerrar esa reunión con un homenaje a Berta Cáceres, la activista indígena asesinada en 2016 en Honduras por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca». La enorme foto suya también recordaba que los líderes ambientales de América Latina estaban pasando por un mal momento.

Berta Cáceres, líder hondureña asesinada el 3 de marzo de 2016. Crédito: Goldman Prize.

El año en el que se llevó a cabo ese histórico encuentro, que culminó con la firma del Acuerdo de Escazú, mataron a 164 personas en el mundo por su liderazgo ambiental. Los datos, recopilados por la ONG inglesa Global Witness, indicaban que la mitad de los homicidios había ocurrido en Latinoamérica. Colombia, donde asesinaron a 24 personas, estaba en el segundo lugar del listado mundial, seguido por Brasil. 

Las alarmas y los titulares de prensa no habían servido para nada. En 2019 asesinaron a otros 212 líderes ambientales. Colombia, con 64 crímenes, pasó a ocupar el primer lugar, seguido de Filipinas (43). De hecho, entre los diez primeros países de esa lista, otros seis más eran latinoamericanos: Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.

Líderes ambientales asesinados en América Latina en 2019 por país.

Cuando le pregunto a Berlin Diques, líder asháninka y presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), en Perú, para qué cree que sirve el Acuerdo de Escazú, la primera parte de respuesta que se le viene a la cabeza tiene que ver, justamente, con esa situación: “Es una herramienta indispensable para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y el ambiente”.

En Ucuyali, desde donde habla, mataron a dos líderes a principios de este año. Herasmo García Grau y Yenser Ríos Bonzano murieron baleados por oponerse a actividades ilegales y querer frenar la deforestación. Al primero, según medios locales, también lo secuestraron y torturaron. 

ーPero, ¿cree que esa situación va a cambiar con el Acuerdo de Escazú?

ーLos pueblos indígenas esperamos que sí. Pero sabemos que nuestras comunidades poco o nada le han importado a los Gobiernos de turno. Para ellos somos un grupo de humanos en un segundo nivel de la sociedad. Por eso, así entre en vigor el Acuerdo, tenemos claro que vamos a seguir luchando para que escuchen nuestra vozー responde Diques. 

Berlin Diques, líder asháninka y presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). Crédito: Cortesía ORAU.

Su temor lo comparten muchos. Aunque el documento final que fue firmado en Costa Rica es, de alguna manera, revolucionario, falta un largo camino para que empiece a surtir efecto. Daniel Barragán, del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, en Ecuador, prefiere, por ejemplo, pararse del lado de la prudencia. 

Se ha generado una gran expectativa, pero tenemos que ser claros: el 22 de abril no van a cambiar las cosas. Tenemos que ser conscientes de que el Acuerdo plantea un proceso de implementación. Cada país deberá hacer reformas políticas y normativas. La región no parte de cero, pero hay que ver cómo aterrizamos ese documento en los territorios. Los cambios no se darán de la noche a la mañana”, explica.

“A partir de hoy empieza una segunda fase de implementación y entrada en vigor. Es un largo camino. Pero ha sido un proceso que va a tener un gran impacto en el derecho y la democracia ambiental”, dice, por su parte, Mauricio Madrigal, director de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. 

Para explicar en qué consiste el Acuerdo y no perderse en los términos de las leyes y los códigos, Madrigal usa una analogía. Imagínese, asegura, “que se establecieron unos ‘pisos mínimos’ que deben tener los países en ciertos asuntos, los cuales permiten fortalecer la democracia ambiental en la región. Además, lo importante es que fueron construidos con la participación de muchas personas de la sociedad civil y representantes de gobiernos. Eso permitió consolidar algo clave en este proceso: una gran red de cooperación”.

Esos “pisos mínimos” sobre los que se deberían parar los Estados latinoamericanos se podrían dividir, como escribió el constitucionalista Rodrigo Uprimny en 2019, en cuatro grandes grupos. El primero permite incrementar la transparencia en asuntos ambientales, pues fortalecerá el acceso a la información. El segundo reforzará la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. El tercero mejorará la justicia ambiental al crear mecanismos judiciales ambientales. Y, finalmente, el cuarto será esencial para que no vuelvan a suceder crímenes como los de Berta Cáceres, Herasmo García Grau o Yenser Ríos Bonzano. “Establece”, apuntaba Uprimny, “una protección especial a los defensores ambientales”. 

En otra palabras, escribió Madrigal junto al abogado Luis Felipe Gumán-Jiménez en el libro Información Participación y Justicia Ambiental (2020), el Acuerdo de Escazú “pretende generar estándares comunes en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para cerca de 500 millones de personas en la región”. 

En este punto la gran pregunta es ¿qué sucede si un país, simplemente, no lo quiere cumplir? Como explica Barragán, el acuerdo no plantea sanciones porque no tiene un enfoque punitivo. “Las infracciones se juzgan con la normativa interna de cada país; pero, en términos internacionales, no se creó una jurisdicción ambiental internacional, entonces no se puede llevar a ningún Estado a ninguna corte en caso de incumplimiento”, dice Érika Castro.

Sin embargo, coinciden todos los que fueron entrevistados para este texto, el Acuerdo ayudó a crear algo mucho más importante que un listado de artículos esperanzadores. Como en su construcción participaron muchos líderes, organizaciones y académicos que vigilaron el proceso y sugirieron cambios (tenían voz pero no voto), eso permitió, cuenta Castro, la creación de una gran plataforma de actores ambientales de toda Latinoamérica.

“Eso es importante porque viene un trabajo de mediano y largo aliento para la sociedad civil. Nos corresponde hacer seguimiento y garantizar que no se quede en pacto de papel. La idea es que haya una co-creación entre el Estado y la sociedad y un espacio de diálogo permanente. Nosotros tenemos que impulsarlo”, agrega Aida Gamboa, de DAR. 

Daniel Barragán tiene una buena manera de sintetizar esas reflexiones: “Lo que plantea el Acuerdo es cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía”. En palabras un poco más prácticas, eso quiere decir que, en el mundo ideal, los Gobiernos de Jair Bolsonaro, de Alberto Fernández o de Sebastián Piñera, no podrían o no deberían impulsar nuevos proyectos de explotación de recursos naturales sin tener en cuenta la participación de las comunidades. Tampoco podrían ocultar ningún tipo de información. Si no eluden sus responsabilidades, los Gobiernos también deberían, como anotaron Madrigal y Guzmán, adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y amenazas contra los defensores del medio ambiente. 

En 2018 el abogado argentino especialista en asuntos ambientales Gastón Médici Colombo publicó un extenso artículo en la revista Catalana de Derecho Ambiental en el que detallaba el proceso detrás del Acuerdo de Escazú. Había, a sus ojos, muchos puntos para destacar. Además de lo que significará este tratado como herramienta de cooperación entre países y como un instrumento para instituciones internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había para él algo muy valioso que debía ser subrayado. 

“Difícilmente”, anotaba, “el resultado hubiese sido el mismo sin la magnífica participación del público” que acompañó (como Érika Castro, Aida Gamboa, Daniel Barragán o Mauricio Madrigal) todos los encuentros, “exigiendo estándares y recordando los compromisos asumidos”. “Merecen todo el reconocimiento”, concluía.

Ahora que el Acuerdo de Escazú entra en vigor, ellos solo esperan que todos los países de América Latina lo ratifiquen, pese a las campañas de desinformación, los juegos políticos y los cambios de presidentes. Hasta el momento solo lo han hecho doce: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, y más recientemente, Argentina y México. Faltan más de la mitad. 

Para leer el especial completo #QuiénLeTemeAEscazú haga click en la imagen

 

 

Especial | COVID-19 en Venezuela: la pandemia de la opacidad
El número diario de muertes reportadas por la gestión de Maduro ha oscilado invariablemente entre 0 y 12 fallecidos
La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) comenzó a llevar una estadística para reflejar las muertes por COVID-19 del personal de salud, debido a la opacidad de la información oficial
Durante este primer año en pandemia, solo en dos oportunidades el ministro de Salud, Carlos Alvarado, ofreció el reporte de contagios y fallecidos por COVID-19

 

A un año de la detección del primer caso de COVID-19, Venezuela registra 145.379 casos confirmados y 1.391 muertes, según cifras ofrecidas por la administración de Nicolás Maduro.

La veracidad de cifras son puestas en entredicho porque están alejadas de cualquier comportamiento epidemiológico si se toman en cuenta las proyecciones, la evolución en países con población similar (Perú con 1.358.294 positivos y 47.491 muertes) y los hechos irregulares que se han presentado en el proceso de diagnóstico, prevención y monitoreo de la pandemia.

El virus arribó oficialmente a Venezuela el 5 de marzo en un vuelo proveniente de España bajo el código IBE6673 de la aerolínea Iberia, pero se supo el 13 de marzo, cuando lo anunció la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El equipo de Runrun.es realizó un recuento gráfico de lo que fue el primer año de COVID-19 en el país. El trabajo se divide en seis capítulos, los cuales cuentan cómo se desarrolló este primer año de la pandemia en Venezuela.

Uno de los puntos abordados en esta investigación es la opacidad de la información oficial sobre la muerte de médicos, enfermeras y personal de salud en general, por lo cual la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) comenzó a llevar una estadística para reflejar las muertes por COVID-19 de los miembros del gremio. Hasta el 8 de marzo de 2021 la organización ha incluido en su estadística a 354 trabajadores de la salud. Esa cifra representa el 25,45% del total oficial de muertes en el país. Con ese porcentaje, el personal de salud venezolano sería por mucho el más afectado por la pandemia en la región.

Por otra parte, desde que se anunció el primer fallecido, el número diario de muertes reportadas por la gestión de Maduro ha oscilado invariablemente entre 0 y 12 fallecidos, patrón que se repite independientemente del número de casos positivos que anuncien.

Venezuela tiene el promedio de casos y fallecidos más bajo de la región, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifras que han sido marcadas por la desconfianza que han generado las declaraciones y estudios de expertos en el área de salud, las denuncias de políticos y personal médico, y el sesgo en el registro de contagios y muertes.

Durante este primer año de contagios, quienes realizaron la vocería de los casos fueron la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; Freddy Ñañez, ministro de Comunicación e Información; y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y exministro de Comunicación e Información. Solo en dos oportunidades el ministro de Salud, Carlos Alvarado, fue el encargado de dar las cifras oficiales.

En estos 365 reportes oficiales de COVID-19, los voceros revelaron el nombre de 8 de los 1.430 fallecidos. En cuanto al personal de salud fallecido, solo hicieron mención de 27 de los 354 casos reportados por la Organización Médicos Unidos de Venezuela.

Puede acceder al especial completo “COVID-19 en Venezuela: la pandemia de la opacidad” a través de la siguiente imagen: