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Foto Reuters

Mientras desde el CNE no hacen nada para masificar la inscripción en el Registro Electoral y se mantiene a la población desinformada, el Gobierno usa la Misión Chamba Juvenil y herramientas de comunicación política para activar a sus jóvenes simpatizantes

@reyestheis

Han transcurrido los primeros 5 meses del año y en Venezuela muy pocos jóvenes saben cómo y dónde inscribirse para participar en las elecciones presidenciales del año próximo, de la cual también se desconoce la fecha exacta en qué ocurrirán.

La situación no es inédita. Según el profesor Félix Seijas Rodríguez, director de la empresa de investigación de opinión pública, Delphos, no facilitar la inscripción en el Registro Electoral (RE), es una de las tantas maniobras que aplica el oficialismo como paso previo a la elección, desde que se reconoce como minoría política en el país.

“Desde que el chavismo dejó de ser mayoría electoral su trabajo ha sido cómo ganar elecciones siendo minoría. Eso involucra una serie de estrategias, como activar a los suyos a través de bonos (asignación de dinero), la Misión Vivienda, que en algún momento fue muy importante, o las bolsas Clap”, señala.

Agrega que el oficialismo intenta, además, debilitar al adversario y para ello recurre a ataques a los políticos de la oposición o sus partidos y trata de generar desesperanza en ese sector, para hacerles creer que hagan lo que hagan no podrán ganar. 

El negar facilidades para que los jóvenes puedan inscribirse para votar es una de las estrategias, a sabiendas que es un sector donde Nicolás Maduro tiene un rechazo importante, pero que a la vez muestra síntomas de apatía. 

Mientras hace lo posible para que no haya una inscripción masiva, el Gobierno intenta mantener cohesionados, activos y debidamente registrados a sus grupos jóvenes, usando para ello los recursos del Estado.

Parámetros legales y desinformación

El artículo 33, numeral 18, de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) establece como uno de los deberes del CNE “Garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral, en forma permanente e ininterrumpida”. 

Wanda Cedeño, abogada y coordinadora de la organización Voto Joven, calcula en 3.500.000 los jóvenes que no están inscrito en el RE, porque todos los días cumple 18 años alguien. Entre las razones por las cuales no se inscriben, destaca los obstáculos institucionales que coloca el CNE, primordialmente que el trámite debe efectuarse en las oficinas electorales regionales, que se encuentran en las capitales de cada estado.

El asunto entonces es complicado para quien vive fuera de las capitales. Es decir, un joven que vive en Upata, estado Bolívar, tendrá que recorrer los más de 170 kilómetros que separan a esta ciudad del municipio Piar, con Ciudad Bolívar, capital del estado y donde está ubicada la sede del poder electoral en el estado.

Si se agregan los problemas de transporte, gasolina, el dinero y el tiempo que tiene que invertir en el viaje, la incertidumbre de si será atendido, se le añade un poco de desesperanza o apatía sobre la política, y abundante desinformación, conseguirá la mezcla perfecta para la no participación de un votante.

Tampoco el CNE informa sobre los requisitos o sitios para inscribirse o cambiar la residencia. En el portal CNE.gob.ve hay un submenú llamado Registro Electoral. Allí no aparece la dirección ni el horario de las oficinas regionales. Al final de ese menú hay una sección llamada Oficina Regional Electoral, con un llamado a seleccionar el área para desplegar la dirección que se busca, pero el enlace no funciona. 

También aparece un documento llamado Listado de Puntos de Jornada de Actualización e Inscripción de Registro Electoral 2021. Se trata de la dirección de los sitios a dónde acudir para hacer el trámite entre el 01 de junio 2021 al 15 de julio 2021. Una vieja lista de hace dos años que lo que hace es generar aún más confusión.

Cedeño agrega que en este momento no hay ni usa sola campaña activa relacionada al Registro Electoral, a su importancia o a la posibilidad de inscribirse en las Oficinas Regionales. “El CNE ha omitido su mandato de informar a la ciudadanía sobre este trámite tan importante”, asevera.

¿Cuántos faltan por registrarse?

La Asociación Civil Súmate lleva la contabilidad detallada de las personas afectadas por la negativa del Consejo Nacional Electoral a abrir más puntos de inscripción y actualización. Se trata de más de 10 millones de venezolanos que no han hecho el trámite. 

“Esta cifra estimada corresponde a: más de 4 millones de connacionales inscritos en el RE y más de 1 millón no inscritos que están en el exterior; más de 2 millones que requieren actualizar sus datos residencia y centro de votación en el país, porque fueron migrados de manera inconsulta o porque se movilizaron y viven en un entorno geográfico muy distante al sitio donde votan; al menos 2 millones de jóvenes en edad para votar dentro del territorio nacional y que no están inscritos; y más 700 mil jóvenes que se prevé cumplirán la edad de 18 años entre 2023 y 2024, 600 mil dentro de Venezuela y 100 mil en el exterior”. Añade que al menos 4 de cada 10 venezolanos, podrían verse impedidos de ejercer este derecho en las Presidenciales.

El profesor Seijas resume el problema del RE en 3 vertientes: Los venezolanos que  no se han inscrito, “en su gran mayoría son jóvenes desactivados por la situación, a quienes el tema político les cansa y han perdido la esperanza”. Las personas que están en el país y deben actualizar su información, que se han mudado dentro del mismo país o han sido reubicados sin ellos solicitarlo y el tercer problema es el de la diáspora, “personas que están afuera de Venezuela y que no tienen posibilidad de inscribirse (se les obliga a tener residencia legal para hacerlo)”. Destaca que “Todo estos problemas pasan por las facilidades para inscribirse”.

Jóvenes en cifras

De acuerdo al director de Delphos, el chavismo representa un tercio del mercado electoral en Venezuela, pero en el segmento joven, los chavistas son aproximadamente el 20%, pero es un electorado mucho más motivado para votar que el de la oposición.

“Cuando eres minoría todos los sectores son importantes. Estás tratando de ganar debilitando al contrario, para que no pueda llevar a votar a la mayoría que tiene y tú sabes que el chavismo difícilmente podrá incrementar su masa electoral, entonces tienes que tratar de mantener activo a tu sector”, destaca Seijas.

Y parece que los estrategas del Gobierno venezolano lo han entendido bien y han lanzado la Misión “Chamba Juvenil” desde 2017, dirigida a proveer empleo o adiestramiento a jóvenes entre 15 y 30 años, pero con una clara finalidad electoral.

En el año 2021 el presidente Nicolás Maduro, planteó los 7 vértices de esta misión: El primero: Inicio del Registro y Actualización de datos, a través, del sistema Patria de toda la juventud. La meta era de 2 millones 500 mil jóvenes; Segundo: Conformar 24 mil brigadas de Chamba Juvenil que recorrerán el país para generar emprendimientos y nuevas iniciativas para la juventud; Tercero: Apertura del Plan Chamba Técnica y Oficios y creación del Programa de Formación para los nuevos oficios tecnológicos a través del INCES. La meta establecida a corto plazo era de 250 mil jóvenes; Cuarto: Incorporación laboral de jóvenes universitarios desocupados, profesionales y técnicos. Con una meta de 200 mil jóvenes; Quinto: Inserción de jóvenes emprendedores y productores a las tareas productivas. La meta era 300 mil muchachos; Sexto: Ejecución del Plan Vivienda Jóvenes. Se proyectaba atender a 200 mil jóvenes recién casados, y por último, el debate nacional de la Ley Orgánica de la Gran Misión Chamba Juvenil.

Estos jóvenes reciben sus asignaciones económicas a través del sistema Patria. Pero hay un dato interesante y que confirma la intencionalidad partidista. Se trata de la obligatoriedad exigida por algunas instituciones del Estado, de inscripción en el RE como requisito para el ingreso. Al menos esto fue verificado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Wanda Cedeño opina que Chamba Juvenil es un mecanismo para que los electores, que potencialmente puedan tener una tendencia al chavismo, se inscriban. “Estamos hablando de una política del Estado que limita el derecho a inscribirse en el RE a unas gran cantidad de jóvenes y lo facilita u obliga a otro sector”, señala.

El contar con una base de datos que recibe estipendios y que según las expectativas del Gobierno deberían llegar a dos millones y medio de personas, no es para nada desestimable. Según las cifras de Súmate, que emplea data oficial,  el corte del Registro Electoral al 30 de septiembre de 2022 indica que los jóvenes entre 18 y 30 años inscritos para votar son 3.658.838, aunque a esta cifra hay que rebajar la inmensa cantidad que se fue del país.

Irregularidades en el RE

Súmate ha denunciado también un comportamiento atípico en el RE y es que las cifras de fallecimiento superan a la de inscripciones en los últimos cortes que el CNE ha publicado.

En la sumatoria de los últimos 6 cortes presentados del RE correspondientes a las Gacetas Electorales del 26/8/2021, 14/3/2022, 3/6/2022, 8/4/2022, 24/11/2022 y 23/01/2023 se han reflejado apenas 47.276 inscripciones contra 278.477 fallecimientos.

Esto es una clara evidencia de la falla del ente electoral a la hora de estimular a la inscripción. Los fallecidos son excluidos automáticamente del RE, ya que el CNE es el encargado de manejar el registro civil (nacimientos, fallecimientos y matrimonios) y en el caso de los inscritos, habría que evaluar el impacto de la misión Chamba Juvenil.

Comunicación para la juventud chavista

Para la profesora Carmen Beatriz Fernández, experta en Campañas Electorales y académica de la universidad de Navarra, España, el Registro Electoral es una de las formas que usa el Gobierno para “inclinar la cancha” para su equipo.

“En Miraflores tienen un buen sistema de monitoreo del sentimiento público, y lo hacen permanentemente y si sabes que hay ciertos segmentos que no son favorables, pues todos los obstáculos, que le pongas a esos segmentos van a inclinar un poco más la cancha a tu favor y cuando das pocas posibilidades de que se inscriban los jóvenes o pocas posibilidades de que se inscriba la gente que vive en el extranjero, lo que estás haciendo es durante meses o incluso año y medio antes, es inclinar la cancha”, explica vía telefónica.

Destaca que no es correcto hablar de un fraude en el sistema electoral, sino de decenas de fraudes en las condiciones electorales que se ejecutan mucho tiempo antes de los comicios.

Pero en el plano de activación de los jóvenes maduristas, el tema no solo se trata de los estipendios y el registro, también hay una operación montada en el ámbito de la comunicación política. En ese marco aparece el héroe revolucionario “Súper Bigote”, un cómic que intenta replicar la imagen de Nicolás Maduro, que resuelve los problemas “con su puño de hierro” y que aparece fornido, sin rastros de obesidad.

“Hay un intento por suavizar la imagen de Maduro, para hacerlo ver que no es el dictadorzote, sino un tipo amigable, simpaticazo, que puede ser un cómic (Súper Bigote), te puedes reír de él o con él y  que te rías es incompatible con el dictadorzote acusado de crímenes de lesa humanidad en La Haya. Creo que es el sentido del cómic, esa suavización dirigida a algunas capas jóvenes”, indica la profesora.

Sostiene que los jóvenes más alejados de Maduro son los estudiantes de las universidades, pero los integrantes de las clases más populares son menos adversarios de él.

Otras iniciativas que apunta al mismo fin es el uso de la red social Tiktok, donde aparece Maduro bromeando o bailando con Cilia Flores. También en su programa Maduro+, se emplean colores pastel como imagen de fondo, alejados del rojo del PSUV. Una estrategia para verse más potable para los jóvenes. 

Por su parte, la coordinadora de Voto Joven, Wanda Cedeño, destaca la necesidad de que distinto sectores y organizaciones se conviertan en replicadores del mensaje sobre la necesidad de inscribirse en el Registro Electoral y cómo hacerlo, ante la desinformación que propicia el Poder Electoral. Explicó que en esa organización están desarrollando la campaña “Yo estoy inscrito en el RE”, que apunta en ese sentido.

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A pesar de que desde el año 2010 está vigente la Ley Orgánica de Registro Civil, que permite el cambio de nombre, se ha denunciado en múltiples ocasiones que a las personas trans se les ha impedido poder cambiar su identidad

El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ documentó 60 casos de agresiones contra personas de la comunidad entre los meses de enero y abril del año 2023, incluyendo el asesinato a una mujer trans de la etnia wayú en el estado Zulia

“Para una persona trans es difícil por el solo hecho de no tener identidad reconocida el acceder a la salud, a la educación, a la alimentación, acceder a todos los derechos fundamentales y a los servicios públicos que se supone deben estar garantizados para todas las personas en condiciones de igualdad”, indicó Richelle Briceño, abogada y defensora de DDHH

@Andrea_GP21

“Mi cédula muestra una identidad que no va de acuerdo con mi apariencia”, cuenta Tristán Key, un hombre trans bisexual de 20 años que vive en Venezuela, quien comenzó publicando videos en TikTok sobre todo su proceso y se convirtió en un activista que defiende los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

Casi al cumplir los 17 años, el joven decidió revelar sobre su identidad de género y cuenta que recibió “mucha aceptación” por parte de sus amistades, quienes en su mayoría forman parte de la comunidad LGBTIQ+.

A sus padres les había revelado ser bisexual unos años antes, lo que significó que se volvieran “más abiertos” respecto al tema. Esto generó que, cuando decidió revelar que es un hombre trans, su madre lo aceptó rápidamente pese a que no entendiera muy bien todo lo que eso significaba. Su papá, por su parte, sí estuvo más reacio con su identidad, pero después de acudir con una psicóloga, un paso requerido para iniciar un tratamiento hormonal, y que esta efectivamente confirmara que sí es trans, comenzó a aceptarlo más.

Acceder a tratamientos hormonales es “un privilegio”

Tristán estaba por cumplir los 19 años cuando comenzó el tratamiento hormonal. Para ese momento, dice, ambos padres estaban convencidos de su seguridad con respecto a su identidad. “Me aceptaban plenamente”.

A pesar de que Tristán es plenamente aceptado por su familia y amigos, el poder llevar a cabo su tratamiento hormonal ha sido muy difícil, “llegando incluso a ser un privilegio”, dice. Considera que acceder a las hormonas es muy difícil para la población trans venezolana.

Pero, además, señala que no solo se necesitan los tratamientos hormonales, que no se consiguen en todos lados, sino que además debe realizarse con frecuencia controles médicos que no son económicos.

Los controles a los que asiste Tristán los recibe de parte de médicos asociados a la Fundación Unitrans.

En el caso contrario está Liohan Delgado, una mujer trans no binaria de 21 años, también activista, quien no ha podido iniciar sus tratamientos hormonales debido a que le es imposible costearlos.

“Actualmente no estoy en tratamiento hormonal y la razón es precisamente por lo difícil que es mantenerlas, lo costosas que son aquí y lo irregular que puede ser el servicio para ofrecerlas”, declaró en entrevista con Runrun.es.

Liohan explicó que además de las hormonas, se necesitan diferentes estudios y exámenes médicos que garanticen una transición exitosa y saludable y, aunque conoce personas que han iniciado este proceso “sin el debido asesoramiento”, tiene temor de poner su salud en riesgo.

Sin acceso a la identidad

Desde el año 2010 está vigente la Ley Orgánica de Registro Civil que permite el cambio de nombre. Sin embargo, a las personas trans se les ha impedido poder cambiar su identidad para que vaya acorde con la que poseen.

En noviembre de 2022, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro se comprometió a exhortar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a aplicar el artículo 146 de dicha ley, que establece en parte de su escrito que:

“Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.

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Sin embargo, la abogado y activista Tamara Adrián, afirmó que el cambio de nombre a personas trans “no es un reconocimiento de identidad”.

“Esto no es suficiente, esto no es un reconocimiento de identidad. Es un simple cambio de nombre, no implica el cambio de sexo en la documentación”, aclaró Adrián.

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En esa misma línea, Tristán Key señala que su identificación todavía lo mantiene con el género que le fue asignado al nacer. “Mi cédula muestra una identidad que no va de acuerdo con mi apariencia”.

Aunque confiesa que nunca ha tenido que vivir discriminación para tramitar este documento en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), conoce muchas personas a las que sí.

Elegir no trabajar presencial por temor a la discriminación

Liohan Delgado cuenta que dejó de buscar empleos presenciales para “huir de la discriminación” desde que comenzó su transición, pues siente miedo de exponerse constantemente a las personas en la calle “a la ignorancia y a la transfobia”.

“Antes de empezar mi transición estaba en un trabajo y a mí me estaba matando por dentro no poder ser yo y expresarme libremente en el trabajo”, relató.

Liohan es modelo y actriz, pero señala que en el medio en el que trabaja también se ve la discriminación.

“No ha sido tampoco fácil encontrar oportunidades y también ha habido ciertas amenazas a mi salud mental en esos aspectos, porque el medio de la actuación siempre usa a las personas trans para que su rol sea ser trans, entonces nunca tengo el rol de ser una mujer”, contó.

Para Liohan, siempre existe una presión de tener que cumplir constantemente “con el estándar femenino y cis heteronormado de la mujer”. Precisamente, ese estándar es difícil de cumplir, dice, pues al no ser una mujer trans con muchos ingresos, se hace cuesta arriba mantenerlos y siempre estar “bajo el yugo de un afeitadora, un láser estar constantemente cuidándote la cara cuando lo que quieres es evitar que te salga más pelo”.

“He mantenido un poco mi distancia de mis otras oportunidades laborales en lo que me gusta, precisamente porque a pesar de todo siempre hay una amenaza para la comunidad trans y para las mujeres trans”, señaló.

60 casos de violencia contra personas LGBTIQ+

El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ documentó 60 casos de agresiones contra personas de la comunidad entre los meses de enero y abril del año 2023.

«Hasta la fecha, tenemos documentados 60 casos contra personas LGBTIQ+. Es importante destacar que, adicional a estos 60 casos, 21 se encuentran en proceso de indagación para determinar si, efectivamente, los mismos corresponden a las características de nuestra documentación», señaló Gloria Pérez, integrante del observatorio.

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De acuerdo con las cifras de la organización, marzo de 2023 fue el mes con más casos de violencia registrados, entre los cuales destacaron los discursos de odio y el lenguaje discriminatorio emitidos por funcionarios del Estado o figuras públicas.

En este periodo, la organización documentó el asesinato a una mujer trans de la etnia wayú y el caso de otra mujer trans wayú, que “resultó violentada y con lesiones físicas graves”, ambos casos en Zulia.

AHORA, EN EL 2023…

Hasta la fecha, tenemos documentados 60 casos de violencia contra personas LGBTIQ+.

El mes de Marzo ha sido el mes con mayoría de casos documentados, en el que destacaron los discursos de odio emitidos por funcionarios del Estado o figuras públicas.

— Observatorio 🇻🇪 de Violencias LGBTIQ+ (@ovlgbtiq) May 18, 2023

Una de las peores situaciones de Sudamérica

Richelle Briceño, educadora, abogada, activista de DDHH y política, comparó la situación de las personas trans en Venezuela con la de otros países de Sudamérica como Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. “Es de las peores situaciones que podemos encontrarnos”, advirtió en entrevista concedida a Provea.

Según señala Briceño, las personas trans en Venezuela siguen “sin identidad, irrespetadas, no reconocidas por el Estado”, a la par de que tampoco son protegidas al no ser reconocidas.

“Para una persona trans es difícil por el solo hecho de no tener identidad reconocida el acceder a la salud, a la educación, a la alimentación, acceder a todos los derechos fundamentales y a los servicios públicos que se supone deben estar garantizados para todas las personas en condiciones de igualdad”, indicó Briceño.

Sin embargo, considera que no se puede desmayar la lucha contra la discriminación, pues erradicarla en la sociedad genera una “mejor calidad de vida, una sociedad más respetuosa, más incluyente, donde las diferencias no sean motivos para marginar o segregar poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

“Nos corresponde a cada persona hacernos eco de la importancia de la defensa de los DDHH y asumir la tarea de educarnos y formarnos, y a través de la pedagogía formar a otras personas”, añadió Briceño.

Piden aumentar la participación de personas trans en cargos públicos

La ONG Caleidoscopio Humano instó el pasado miércoles 17 de mayo a que el Estado venezolano aumente la participación de personas trans en cargos públicos.

Para la organización, es importante que cada vez más personas trans puedan aspirar a cargos públicos en Venezuela, “a pesar de la fuerza de los grupos radicales que están en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+”.

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En el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al gobierno venezolano para que tome medidas efectivas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+.

El gobierno aplica una política que impacta el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía se debilita y podría encaminarse a una recesión

@vsalmeron

Lo normal en Venezuela es sentir que la moneda es de hielo y se derrite a diario. En octubre del año pasado los venezolanos compraban un dólar con ocho bolívares y a principios de febrero necesitaban 24 bolívares, pero a partir de marzo el Banco Central contuvo el colapso y actualmente el dólar se cotiza en 26,2 bolívares en el mercado oficial.

La mayor estabilidad del dólar, que ayuda a desacelerar el alza de los precios, tiene costos. Para disminuir la demanda de dólares el gobierno y el Banco Central aplican una estrategia que tiene impacto en el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía pierde fuerzas y podría encaminarse a una recesión.

Básicamente el plan consiste en disminuir la cantidad de dinero, en lograr que haya menos bolívares disponibles para comprar dólares. Para alcanzar este objetivo la administración de Nicolás Maduro mantiene controlado el gasto del gobierno a fin de inyectar pocos bolívares por esta vía.

De acuerdo con Síntesis Financiera el gasto público de los primeros cinco meses del año equivale a 3 mil 213 millones de dólares, tan solo 3% más que en el mismo lapso de 2022. En la contención del gasto juega un rol clave la decisión de no aumentar el salario mínimo y en general sustituir el ingreso de los trabajadores por bonos que no tienen incidencia en el cálculo de beneficios como las vacaciones y las utilidades.

En julio del año pasado, al cancelar el bono vacacional a los educadores, el gobierno inyectó bolívares que rápidamente se desplazaron a la caja de comercios que inmediatamente elevaron la demanda de dólares porque tras la hiperinflación y continuos períodos de debacle la confianza en la moneda está rota.

Consciente de este desequilibrio el gobierno se ha negado a aumentar el salario. Síntesis Financiera explica que “no prevemos que se repita en julio el choque cambiario que hubo en agosto del año pasado con el pago del bono vacacional a educadores, pues ese pago está basado en un salario cuyo monto está fijo en bolívares”.

A la contención del gasto público y la sustitución del salario por bonos se suma la restricción del crédito a fin de que no haya préstamos de bolívares que puedan emplearse para comprar dólares. El encaje, la proporción del dinero que los bancos no pueden prestar, se mantiene en 73% el más elevado en América Latina.

La consecuencia es menos bolívares para comprar dólares, pero también poco crédito para las empresas y las familias en momentos en que la economía se debilita. Tras la fuerte devaluación del bolívar a comienzos de año la inflación se aceleró y las ventas cayeron creando un clima recesivo.

El índice de actividad económica que elabora el Observatorio Venezolano de Finanzas experimentó una caída de 8,3% al comparar el primer trimestre de este año con el mismo lapso de 2022. 

Daniel Cadenas, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, explica que “hay una caída de la demanda y un exceso de oferta por lo que estamos en el inicio de una recesión. Como la política del gobierno es de corte recesivo va a agravar el problema”.

Añade que “no tiene sentido restringir el crédito y mantener una política monetaria restrictiva para estabilizar el tipo de cambio y desacelerar la inflación cuando hay un exceso de oferta y una caída del consumo que mitiga el alza de los precios. Estamos viendo promociones por todos lados en la desesperación de las empresas y los comercios por vender”.

Flujo de divisas

A la estrategia para reducir la cantidad de dinero en la economía se añade un mayor margen de maniobra en la oferta de dólares que alimenta al mercado oficial gracias al impacto de Chevron. El gobierno de Joe Biden otorgó una licencia a la petrolera estadounidense para que aumente sus operaciones en Venezuela y la empresa necesita vender dólares para cubrir pagos en bolívares.

Síntesis Financiera estima que en marzo los dólares que vendió Chevron y que aumentaron la oferta de divisas sumaron unos cien millones de dólares que ayudaron a que el tipo de cambio se mantuviera estable. Tesoreros de bancos señalan que en abril y mayo los dólares provenientes de Chevron han seguido ingresando y son un factor que ayuda a la estabilidad.

Otro elemento a tomar en cuenta es que el Banco Central usualmente vende en el mercado oficial alrededor de 50 millones de dólares a la semana, pero en las últimas dos semanas, en las que el gobierno pagó bonos a los trabajadores y aumentó la cantidad de bolívares en la economía, duplicó el monto.

La presión

¿Va a continuar la paz cambiaria? Una pieza clave es que la contención del gasto público podría perder rigor a medida que avance el calendario y el país se acerque a las elecciones presidenciales previstas para 2024 o que aumente la protesta de los trabajadores por incrementos de salarios.

“Cualquier emisión de bolívares crea presiones en el tipo de cambio porque nadie quiere conservar bolívares”, dice Daniel Cadenas.

El tanque de dólares para mantener la oferta de divisas en el mercado oficial también genera dudas. Al cierre del 30 de mayo el Banco Central indica que tiene reservas internacionales por 9 mil 685 millones de dólares, pero de este monto solo tiene disponibles 980 millones en efectivo y 1.700 millones en barras de oro, un monto bastante bajo.

El resto de las reservas internacionales corresponde a Derechos Especiales de Giro que la administración de Nicolás Maduro no puede emplear porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) no lo reconoce como presidente de Venezuela. Otra porción corresponde a oro en litigio depositado en el Banco de Inglaterra.

Reuters reportó que una auditoría a los contratos de Pdvsa reveló que la empresa acumuló cuentas por cobrar por 21 mil 200 millones de dólares y que habría facturas potencialmente irrecuperables por 3 mil 600 millones de dólares.

El tipo de cambio paralelo también influye. El mercado oficial no satisface toda la demanda de dólares y las pequeñas empresas o compradores de montos bajos acuden al mercado paralelo donde se forma un precio que supera al tipo de cambio oficial.

La experiencia indica que si la cotización del dólar en el mercado paralelo se distancia en gran medida de la cotización del mercado oficial se pierde la fe en la estabilidad y aumenta la presión. En mayo la brecha entre las dos cotizaciones aumentó desde 3% hasta 7%.

“El mercado paralelo refleja la inercia de los fuertes desembolsos destinados al pago del aumento en el ingreso mínimo, así como cierta reanimación de expectativas de depreciación” dice Síntesis Financiera.

Daniel Cadenas indica que “los factores que presionan al tipo de cambio van a continuar y es probable que al igual que el año pasado veamos una mayor devaluación en el resto del año. Lo que puede hacer que no haya una desestabilización similar a la de 2022 es que la demanda de dólares para importaciones está cayendo por la caída en las ventas”.

Focus Economics, una empresa que elabora reportes con las proyecciones de veinte bancos y consultoras como Moody’s Analytics y BancTrust indica en su informe de mayo que en promedio se espera que el tipo de cambio oficial culmine este año en 61 bolívares por dólar.

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Dólar

Yosmary Katherine Guerra Viloria fue herida el 11 de enero de 2018, víctima de los saqueos por comida en Arapuey, estado Mérida. Su madre asegura que no estaba participando en el saqueo

@yeannalyfermin

Los años 2016, 2017 y 2018 permanecerán grabados en la memoria de todos los venezolanos por la aguda crisis económica caracterizada por una severa escasez de alimentos, medicinas, productos de aseo personal y la hiperinflación más alta del mundo.

La carencia de rubros básicos como arroz, harina de maíz, pasta, café, azúcar y aceite, cambiaron drásticamente la dieta y la contextura de muchos venezolanos que, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), perdieron, en promedio, 11.4 kilos en 2017 por la escasez de alimentos.

La venta de comida programada por número de cédula y condicionada a dos artículos por persona no solo hizo mella en la salud física y psicológica del venezolano. Algunos ciudadanos perdieron la vida en protestas y saqueos que se producían en los establecimientos de venta de productos regulados. 

Arapuey salió a la calle

A pocos días de iniciar el  2018, en Arapuey, municipio Julio César Salas del estado Mérida, se desencadenaron una serie de protestas y saqueos en la región Panamericana para exigir la venta de alimentos. 

Alba Pacheco, comerciante y la principal distribuidora de alimentos en Arapuey, Buena Vista y Caja Seca; tenía varios locales de expendio de comida atendidos por su grupo familiar. A ella le llegaban las gandolas de comida para ser vendida al pueblo merideño con criterio de racionamiento.

En ese tiempo no había comida, tampoco lugares para escoger dónde comprarla y el 9 de enero de 2018 un grupo de jóvenes se apostaron en la región como medida de protesta para reclamar su derecho a la alimentación y exigir que se vendiera la comida que había llegado. 

“Ese 9 de enero la gente de Alba Pacheco le disparó a un guardia y a un muchacho que estaban frente al negocio. La gente, molesta por la acción, decidieron continuar con la protesta pero esta vez más enardecida, porque nadie se estaba metiendo con ella ni tenían intenciones de saquear”, comentó Ninoska Viloria, habitante de Arapuey.  

El 10 de enero la situación era la misma. La gente en las calles y frente a los locales de “Los Pacheco” exigiendo la venta de comida tenían paralizada la Zona Panamericana. Tan grande fue el alboroto que el mismo alcalde de Arapuey, Silvio Torres, se acercó hasta el local de Alba Pacheco para mediar en la situación y pedirle que vendiera la comida. 

La mujer negó tener comida acaparada y, en vista de que la gente seguía molesta, el alcalde le pidió que abriera la santamaría para demostrar que el local estaba vacío. Cuando Pacheco abrió la puerta, el local estaba repleto de alimentos. Quienes aguardaban afuera entraron y lo saquearon. 

“Le saquearon una parte porque la Guardia Nacional intervino y controló la situación”, precisó Viloria. 

Ese 10 de enero en la noche los manifestantes volvieron a aglomerarse en la Panamericana, protesta en la resultó herido mortalmente el adolescente José Gregorio Fonseca, de 17 años. Testigos comentaron que los disparos venían de los lados del negocio de Alba Pacheco. 

“Cuando la gente se enteró de que Fonseca había muerto, todo el pueblo de Arapuey arremetió y nuevamente se le metieron al negocio, saquearon lo que quedaba y además se metieron a su casa, que quedaba en la parte de arriba del local. Le robaron todo”, comentó Ninoska Viloria. 

El OVCS también informó que de las 12.715 protestas registradas, 1.257 tuvieron que ver con la crisis alimentaria, lo que representó un 10%.

Yosmary Guerra Viloria, víctima del 11 de enero

Según contó Viloria, el 11 de enero anunciaron por la radio que en el local de Geiser Fernández, quien también trabajaba con los Pacheco, iban a vender arroz regulado. La gente, en su desesperación por obtener dos kilos del cereal, comenzaron a hacer la cola, pero el comerciante insistía en que no tenía arroz.

“La gente comenzó a irse. En otro local, el negocio de los Núñez, sí estaban vendiendo arroz, pero no a precio regulado. El descontrol de la gente por la comida era fuerte, y en un momento, la esposa del vendedor agarró y rompió varios paquetes de arroz y los lanzó a la gente diciéndoles ‘muertos de hambre’.  En respuesta a ese acto, también saquearon ese negocio”, narró Viloria.

Ese mismo día, la gente enardecida se fue al negocio de la hermana de Alba Pacheco y también lo saquearon. 

“Yo estaba en ese momento en el negocio de Geiser, pero cuando vi todo ese alboroto, me fui a mi casa, pero no vi a mi hija Yosmary Guerra Viloria. De camino a la casa, la veo que pasa en la moto con un amigo y le grité que no se fuera para allá, pero ella no logró escucharme por la algarabía de la gente”, comentó Ninoska Viloria. 

Esa fue la última vez que vio a su hija. El sonido de fondo de la escena eran muchos disparos en las calles de atrás, “como si fueran  metralletas”, precisó la entrevistada, quien agregó que se trataba de pistoleros a bordo de tres camionetas propiedad de «los Pacheco» que venían disparando a todas las personas. 

“A los pocos minutos recibí la llamada de mi sobrina y me dijo que a Yosmary le habían dado un tiro y que la tenían en el ambulatorio. Tras luchar varios días por su vida, Yosmary falleció el 18 de enero por un paro cardiorrespiratorio que le produjo la herida de bala que se alojó en su tórax”, indicó Ninoska Viloria. 

Según Ninoska Viloria, ese día, la gente de «los Pacheco» dispararon e hirieron aproximadamente a 50 personas. “Un señor que iba en la ambulancia murió, pero nunca supimos quién era, llevaba un tiro en la garganta. Otra señora que iba saliendo de una farmacia también murió, pero su familia no quiso denunciar por temor”. 

Ninoska describe a su hija como una mujer luchadora, ejemplar, trabajadora, buena hija, alegre y colaboradora. Comentó que al poco tiempo de graduarse como bachiller se fue a servir a la Marina y cuando regresó se puso a trabajar en una tasca de la familia hasta que sucedió lo que sucedió. “De Yosmary me quedó mi nieta. Una niña que ahora ya tiene 13 años”, dijo Viloria.

“Justicia” a medias

Ninoska Viloria detalló que luego de todo lo que pasó, Alba Pacheco se dedicó a buscar sus pertenencias y se metía en las casas, tumbaba las puertas, sacaba lo que era de ella y se llevaba encañonado al que fuera. 

Al año y medio fue detenida y el pasado 9 de marzo de 2022 fue condenada a 25 años de prisión. Sin embargo, aún quedan tres personas involucradas en estos hechos que aún están en libertad. 

“Aún estamos en fase de juicio, pero el que asesinó a mi hija aún sigue en libertad. Está huyendo. Los otros dos alegaron enfermedades y les dieron casa por cárcel”, dijo la madre de la víctima.

Para Ninoska Viloria no ha sido fácil hacer justicia. Todas las semanas tenía que viajar durante tres horas de Arapuey hasta El Vigía, en donde están los tribunales.

Confía en que “arriba hay un Dios que hace justicia” y manifiesta que sigue en la lucha para que el homicidio de su hija menor no quede impune. 

“Gracias a Dios nosotros y los familiares del señor Arturo seguimos en la lucha de arriba para abajo buscando justicia”, expresó. 

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El conflicto con los migrantes venezolanos en Tacna, región sureña de Perú que es fronteriza con Chile, inició a finales de febrero con la militarización de la frontera chilena con sus países vecinos, Perú y Bolivia

El viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ignacio Higueras, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, expresaron que la situación de los migrantes varados en la frontera de ambos países ya fue superada.

Los migrantes indocumentados son aquellos que no tienen información para entrar, pero sí tienen cédula y pasaporte venezolano. Para estos países, ser indocumentado es no tener visa o que entraron de manera irregular

Madison González, investigadora y especialista en la geografía de las migraciones, explicó que el movimiento migratorio de venezolanos seguirá ocurriendohasta que las personas consideren dentro de Venezuela puedan satisfacer sus necesidades

Desde finales de febrero de 2023, cientos de migrantes venezolanos estuvieron varados en la frontera entre Chile y Perú. Desde entonces, ambos países han tomado medidas para frenar la migración irregular. Sin embargo, esto no ha detenido que los migrantes sigan emprendiendo su viaje hacia la región andina. 

Durante tres meses, los migrantes permanecieron en la zona sin ningún tipo de protección. Gema Cortés, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló a DW que esta situación aumenta el riesgo de sufrir violencia, abuso y explotación en niños, niñas y adolescentes. 

Amnistía Internacional señaló que los migrantes estuvieron «en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas».

Los migrantes rechazados por Perú improvisaron campamentos en un punto intermedio entre ambos países, y otros regresaron a Arica, en Chile.

Desde entonces, algunos venezolanos han regresado a su país a través de vuelos de repatriación. France 24 reseñó que el 6 de mayo el gobierno venezolano envió un avión que   aterrizó en la ciudad de Arica, a unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Recogió a migrantes que estaban del lado chileno en el paso fronterizo de Chacalluta y a otro grupo en la ciudad peruana de Tacna.

“El anuncio de la llegada del avión fue recibido con escepticismo entre los venezolanos. Muchos de ellos no quieren regresar a su país, sino emigrar a otro destino. También hay colombianos y haitianos, para quienes todavía no hay solución”, indicó el medio.

El 22 de mayo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ignacio Higueras, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, indicaron que la situación de los migrantes varados en la frontera de ambos países ya fue superada.

«La forma como la situación ha ido mejorando en las últimas semanas en esa zona de frontera es una demostración de que las situaciones que se han ido viviendo han sido en gran medida superadas por un trabajo coordinado con Chile», indicó Higueras a la prensa, tras sostener un encuentro con De la Fuente.

Madison González, investigadora y especialista en la geografía de las migraciones, explicó que el movimiento seguirá en circulación hasta que las personas consideren dentro de Venezuela puedan satisfacer sus necesidades. 

“Las personas migran en búsqueda de una mejor calidad de vida a pesar de que existan restricciones”, reiteró González. 

Según González, Perú en principio entendía la migración venezolana como una migración mixta, porque llegaban personas desplazadas, solicitantes de asilo y retornados. 

Lo que ha pasado desde hace tres meses en la frontera chilena-peruana

El conflicto con los migrantes venezolanos en Tacna, región sureña de Perú que es fronteriza con Chile, inició a finales de febrero con la militarización de la frontera chilena con sus países vecinos, Perú y Bolivia. 

Yahoo Noticias reseñó que en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados se tomó la medida por el aumento significativo de inmigrantes provenientes de países cercanos, especialmente de Venezuela.

A continuación, Runrun.es relata en una cronología lo que ocurrió en la frontera entre Chile y Perú desde la militarización de la zona: 

González explicó que la presión de los migrantes tiene que ver con el derecho migratorio, la necesidad de los venezolanos de salir de su país para emigrar a otros países con oportunidades más estables. 

“Golpes, violencia, militarización de la frontera como si fuera crimen no es la respuesta. Cuando lo que hacemos es luchar por nuestra vida, por garantizar nuestros derechos humanos, por buscar el derecho a tener acceso a alimentación, salud y educación. Estoy en contra de la militarización de las fronteras, de la restricción de los accesos en especial de personas que continúan viajando en una situación de vulnerabilidad y de vulneración de sus derechos humanos”, explicó la investigadora. 

Lo que ocurre dentro de Perú y Chile

Gonzalez explicó que la situación para los migrantes venezolanos en Chile y Perú era diferente a lo que es hoy en día, casi 10 años después de que inició el movimiento migratorio venezolano hacia otros países de la región.

En el caso de Perú, debido al colapso del sistema económico, casi dos millones de venezolanos llegaron a ese país. Según González, esta nación tiene una economía informal, donde más de 50% se centra en actividades de agricultura y comercio informal.

“Esto favorece  la marginación y marginalización de las personas, que se hayan incrementado los niveles de violencia no significa que sea consecuencia de la migración venezolana, sino de la crisis económica que agudizó la situación de Perú”, explicó la investigadora.

Según González, Chile tuvo políticas abiertas con los venezolanos inicialmente, pero debido a la gran cantidad de personas queriendo entrar, decidieron implementar visados para frenar la entrada de migrantes indocumentados.

De acuerdo con González, los venezolanos no tienen la costumbre de solicitar asilo porque ese trámite limita el movimiento. “La forma de migrar de los venezolanos es ir a trabajar un poco, ver cómo les va. Si les queda bien y buscan la manera de regularizarse o trabajan informalmente, para ahorrar y enviar dinero a sus familias que están en situación de vulnerabilidad”, aseveró la especialista en geografía de migraciones. 

Razones por las que los venezolanos seguirán migrando

La crisis económica, política y social de Venezuela no ha mejorado, según González. “Como esta situación no ha cambiado es crear burbujas económicas, no todo el mundo tiene acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y servicios públicos. Las personas continúan saliendo por la frontera en búsqueda de satisfacer estas necesidades y mejor calidad de vida. Muchos son perseguidos”, dijo.

La investigadora reiteró que las causas o diversas causas de las salidas deben estar claras. Como las causas siguen ahí, la migración sigue, porque los derechos humanos aún no están garantizados.  

González explicó que las medidas dictadas por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional Para las Migraciones (OIM) y las Naciones Unidas son insuficientes para garantizar la integración en sociedades de acogida.

“Son políticas emergenciales que no tienen ninguna posibilidad de establecerse como política de Estado en estos países que reciben a venezolanos. Por ello, los venezolanos se convierten en un gasto y un problema por falta de políticas migratorias en los países destino”, reiteró. 

Según González, la migración venezolana ha sido abrupta y sin planificación. Por ende, la perspectiva de los estados es que el grupo migratorio ha colapsado su sistema de salud y su sistema social básico , porque no estaban en la capacidad de recibir tanta gente y en general los países no tienen políticas migratorias de recepción. 

“Por eso se reservan el derecho, a través del derecho internacional, de decidir quién entra y sale, quién es ciudadano y quién no. Por eso implementan estos instrumentos para limitar la circulación por su territorio”, dijo.

La especialista en geografía de migraciones indicó que cada país decidió pensar a la migración venezolana como una ola de refugiados, personas desplazadas y migrantes económicos sabiendo que esto es un compendio.

“No todo el mundo salió con la misma situación. Ningún país estaba preparado para recibir la cantidad de personas que estaban saliendo de Venezuela, las organizaciones internacionales, aunque han apoyado y seguido desde cerca lo que sucede con la situación venezolana, no tienen injerencia dentro de los estados, sólo son propositivas. En pocos países se han convertido en una política de estado”, aseguró González. 

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Una de las incongruencias más evidentes entre el anuncio de Maduro y lo que expresa la Gaceta Oficial que ha circulado es la “indexación de los bonos” a la tasa del BCV, lo que hizo suponer a muchos trabajadores que su ingreso estaría “protegido” si aumentaba el valor del dólar

Este viernes, 19 de mayo, los pensionados del país; el sector más marginado en cuanto a los beneficios que otorga el gobierno, recibieron el pago de los 130 bolívares que mensualmente reciben los adultos mayores desde marzo de 2022. 

El monto, que equivale a unos cinco dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), es el único ingreso que reciben los pensionados aparte del bono de «guerra económica», pues este grupo no reciben el beneficio del cesta ticket. En total, un pensionado venezolano recibe al mes 630 bolívares, (unos 24,32 dólares), monto con el que solo podría adquirir una mínima parte de la canasta alimentaria, cuyo costo supera los 400 dólares. 

🚨 #ATENCIÓN: El #IVSS informa que a partir de mañana #19May será cancelada la pensión correspondiente al mes (junio 2023) a los pensionados de la Patria.

📌 Información Confirmada por @Somosivss@BonosSocial#CooperaciónYSolidaridad pic.twitter.com/7KEYBWP24C

— Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) May 19, 2023

El pasado 1 de mayo, Nicolás Maduro anunció al país un incremento en el monto del cesta ticket y del “bono de guerra económica” como “complemento” del salario mínimo, que no aumenta desde marzo de 2022 y que se ubica actualmente en 130 bolívares o 5,4 dólares al cambio oficial. 

Maduro anunció que el cesta ticket había pasado de 371 bolívares a 40 dólares,  que el «bono de guerra económica» pasaba de 360 bolívares a 30 dólares mensuales y que dichos ingresos serían “indexados” a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Sin embargo, el pasado 13 de mayo, circuló en redes sociales y entre gremios de trabajadores públicos y docentes la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.476, que incluye el decreto en donde se especifica cómo se pagaría el aumento del cesta ticket y del bono de “guerra económica”. 

El contenido del supuesto documento oficial tenía diferencias con lo expresado por el mandatario en su alocución del Día del Trabajador. Pasó el pago de la primera quincena del mes y hasta este 18 de mayo de 2023, la gaceta que circuló en redes, si bien tenía fecha del 1 de mayo, no había sido cargada ni al sitio web del Tribunal Supremo de Justicia ni al de la Imprenta Nacional, como es costumbre que ocurra.

Indexación madurizada

Una de las incongruencias más evidentes entre el anuncio de Maduro y lo que expresa la Gaceta Oficial que ha circulado es la “indexación de los bonos” a la tasa del BCV, lo que hizo suponer a muchos trabajadores que su ingreso estaría “protegido” si aumentaba el valor del dólar. 

Pero el documento oficial señala que tanto el bono de “guerra económica” como el cesta ticket “podrán ser ajustados por el Ejecutivo de manera mensual”. No queda claro si el ajuste se va a realizar tomando como referencia la tasa en dólares del BCV, o si el Presidente lo hará mensualmente “por su cuenta”. 

• En la Gaceta también se oficializó el bono “guerra económica” como complemento del salario sin incidencia salarial, el cual quedó establecido de la siguiente manera: 
• 750 bolívares mensuales, que a la fecha del anuncio equivalía a $29,05; para trabajadores activos de la administración pública.
• 1225 bolívares, que a la fecha del anuncio equivalía a $47,46; para trabajadores jubilados de la administración pública, por no percibir el beneficio del cesta ticket.
• 500 bolívares, que a la fecha del anuncio equivalía a $19,37; para pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que no reciben el beneficio de los cesta tickets.

La ONG Acceso a la Justicia explicó en su página web que en la Gaceta Oficial, además de fijarse en bolívares los valores del cesta ticket y del bono de “guerra económica”, se establece que la indexación de los montos referidos en dólares no será automática según el tipo de cambio del momento, sino que deberá ser ordenada mensualmente por el Poder Ejecutivo.

En entrevista para Runrun.es, la presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, Leida Marcela León, aclaró que hay un concepto que está mal empleado en los anuncios del 1 de mayo, y ha sido el tema de la indexación.  

Leida Marcela León explicó que para que el salario no pierda su valor en el tiempo, tiene que tener dos valores referentes muy importantes que son la inflación y el índice nacional de precios al consumidor.

“La indexación es corregir monetariamente el salario, de acuerdo a la inflación y al índice nacional de precio del consumidor, para que pueda tener poder adquisitivo o valor de compra.  Y eso no es lo que se está produciendo”, recalcó. 

Por su parte, el economista José Guerra, consideró que al comparar el tema de la indexación que había propuesto el 1 de mayo Nicolás Maduro con lo que ahora se expresa en la Gaceta Oficial, aún no está claro cómo será, pues no hay ningún referente específico para la misma. 

“Puede ser que la indexación se ajuste a la tasa de cambio del bolívar contra el dólar, o con la tasa de inflación, pero ninguna de las dos está explícitamente expuesta en la Gaceta Oficial, lo que, para mí, significó el fin de la indexación del salario”, dijo Guerra. 

El pasado 16 de mayo el  Partido Comunista de Venezuela, además de denunciar que la Gaceta Oficial constituía “el acta de defunción del salario mínimo”, también resaltó que el gobierno “manipuló” con el tema de la indexación de los bonos. 

“La expresión indexación no era más que una manipulación para crear una falsa expectativa a los trabajadores, porque lo que dice la Gaceta es que el Gobierno podrá o no ajustar los bonos, pero eso de ninguna manera constituye ni de lejos una indexación”, afirmó el secretario nacional del PCV, Pedro Eusse, en rueda de prensa. 

#RuedaDePrensaPCV: La Gaceta N.º6.746 es el acta de defunción del salario mínimo.

La gaceta también da al traste con la falsa expectativa de una supuesta indexación, prometida por el Presidente Maduro

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📹 Video completohttps://t.co/nYjWccPZEB pic.twitter.com/S4MelOfC1p

— Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) May 16, 2023

Trabajadores desprotegidos y discriminados

Karla Rodríguez, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que el monto del bono de “guerra económica” que recibió en el mes de mayo fue mucho menor que el que percibió en meses anteriores, pese al ajuste anunciado el pasado 1 de mayo. 

La profesora, comentó que en este mes le pagaron menos de lo que le estaban pagando. 

“Al no aumentarse el salario mínimo, sigo cobrando una miseria por dar clases, que acaso supera los 5 dólares, y con el ajuste en el bono de guerra (que no fue ajuste), más bien se me disminuyó el ingreso de meses anteriores”, dijo Rodríguez.  

Rodríguez compartió un balance de los pagos que ha recibido por concepto del bono de “guerra económica” y en el gráfico se observa que el 18 de abril recibió un pago por 1.100 bolívares (unos 44 dólares), mientras que para el mes de mayo, después del anuncio de Nicolás Maduro, recibió 750 bolívares, un 68.18 % menos, lo que se traduce en una evidente desmejora en sus ingresos después del ajuste anunciado.

Desde el anuncio del 1 de mayo, gremios, sindicatos y trabajadores del sector público rechazaron que estos bonos no tengan incidencia salarial, cosa que repercute de manera negativa en el cálculo de beneficios como las prestaciones, vacaciones, primas y demás. 

Cabe destacar que el anuncio de Maduro es un beneficio único y exclusivo para los empleados del sector público, pensionados y jubilados, pues en la Gaceta Oficial no menciona la obligación del bono de “guerra económica” para empleados del sector privado, lo que es discriminatorio y no se apega a lo establecido en la ley sobre los beneficios mínimos que debe recibir un trabajador. 

En entrevista para Circuitos Éxitos, el economista Ronald Balza señaló que es un “error” pensar que el sueldo del trabajador estaría protegido si se indexaba este “indexaba” a algo. 

“Tratar de amarrar algo a un precio que uno no sabe cómo se va a mover es correr el riesgo enorme, por un lado de que los empleadores no lo puedan pagar, y por otro que a los trabajadores no les alcance y por último que no se le reconozca al trabajador que su ingreso depende del precio de algo y no de su trabajo”, dijo. 

Balza aclaró que aunque en Gaceta Oficial se le quiera dar el nombre de “ingreso mínimo mensual” al ajuste que hizo Maduro, “es un término completamente innecesario” que pareciera busca sustituir el término del salario mínimo que se ha utilizado durante muchos años y el cual incluye las prestaciones, bonos de vacaciones y por antigüedad, entre otros. 

A juicio del economista José Guerra, el empleado público quedó aún más desprotegido después del anunció del 1 de mayo. Aclaró que en realidad no hubo aumento del salario y que los pensionados fueron los más afectados. 

“El aumento del salario mínimo debe abarcar también a los pensionados, que son poco más de cinco millones, y que quedaron en total indefensión. A los trabajadores de la administración pública apenas les dieron un bono de $40 más otro bono de $30 para un total de 70 dólares, eso es menos del 20% de la canasta alimentaria”, precisó Guerra.

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Pugnas y despidos de miembros de su Gabinete, ruptura con aliados en el Congreso, una investigación en curso a su hijo, protestas callejeras y peleas con los medios de comunicación marcan apenas los primeros nueve meses de la  administración del presidente de Colombia 

@franzambranor

Ni un año en la presidencia de Colombia lleva el izquierdista Gustavo Petro y ya sucedió lo que algunos sectores de derecha en Colombia vaticinaron.

Enfrentamientos entre integrantes del propio Gobierno, renuncias, despidos, protestas, propuestas de reformas radicales y amenazas a los medios de comunicación han eclipsado los primeros nueve meses del mandatario neogranadino.

La luna de miel que significó el cambio de Gobierno y las promesas de un mejor país parecen actualmente desvanecerse con el final de alianzas en el Congreso y la desaprobación de la mayoría de los colombianos.

Petro llegó a la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto de 2022 después de dos intentos fallidos por arribar a la casa de Nariño; el más reciente en 2018 cuando perdió ante su predecesor, Iván Duque.

En su juventud fue miembro de la fracción guerrillera del M-19 que, tras su desmovilización ,decantó en el partido Alianza Democrática M-19.

Antes de vencer en segunda vuelta al candidato a la presidencia, el derechista Rodolfo Hernández, Petro, ficha de la coalición de izquierda Pacto Histórico, fue senador y alcalde de Bogotá. 

El más reciente estudio de la encuestadora Invamer Poll arrojó que 57% de la población desaprueba la gestión de Petro, mientras que otro 35% la respalda.

Según Datexco, la aprobación del Presidente Petro baja de 38% a 30% y su desaprobaciín sube de 52% a 61%.

No solo se le acabó la luna de miel al gobierno, también arranca la campaña a las elecciones locales de Octubre debilitado. pic.twitter.com/HuddEG0d4u

— Sergio Guzmán (@SergioGuzmanE) May 8, 2023

De acuerdo al Banco Mundial se prevé que el PIB (Producto Interno Bruto) solo crezca 1,1% en este 2023 y que para el año entrante alcance 2,8%. Al final de 2022, la inflación alcanzó 13,1% debido a la demanda interna, inercia, indexación de rentas, pérdidas de cultivos por las fuertes lluvias y depreciación del peso colombiano. 

Uno de los principales desafíos de Petro es acabar con las profundas desigualdades e índices de pobreza que han propiciado alrededor de 300 homicidios en lo que va de 2023, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación. 

La salida de la coalición para gobernar del partido de la U deja sin mayoría en el Senado a Petro, quien ya había perdido el apoyo del partido conservador. Los liberales, que tienen mayoría en la Cámara Baja, aún no deciden si continuarán en la alianza.

Una reforma de salud promovida por la administración petrista causó la salida del Gabinete de la responsable de la cartera, Carolina Corcho. Le siguieron por diferencias los ministros de Transporte, Guillermo Reyes y de Comunicación y Tecnología, Sandra Urrutia.

Críticos de la gestión gubernamental esgrimen que dicha reforma, que en teoría pretende llevar la salud a los sectores económicamente desfavorecidos, arriesga la sostenibilidad del sistema que si bien no es perfecto, aún funciona.  

Pero el punto álgido del incipiente Gobierno colombiano sucedió con las declaraciones de Petro en las que se catalogó como el «jefe» del Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado.

Aunque luego se retractó, Barbosa Delgado le recordó que las instituciones en Colombia todavía funcionan y son independientes. 

El fiscal investiga la presunta relación económica entre el hijo de Petro, Nicolás Petro Burgos y los narcotraficantes Samuel Santander Lopesierra y Alfonso Hilsaca. 

Siguiendo el ejemplo que Caracas dio 

Inspirado en otros líderes de izquierda en la región como el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, Petro ya inició una pugna con los medios de comunicación independientes. 

Recientemente, aseguró que el paramilitarismo en Colombia se alió con el narcotráfico “y algunos sectores de la prensa para desatar un genocidio”.

Además, tildó a algunos periodistas de racistas por supuestamente cuestionar el viaje de la presidenta Francia Márquez a África.

“Petro ha hecho una gestión pésima, no ha sido un gran líder, es un hombre que como buen populista cree que tiene todas las soluciones”, dijo el exvicepresidente de Colombia, Francisco “Pacho” Santos en declaraciones a Runrun.es.

De acuerdo con Santos, la inestabilidad que ha mostrado el Gobierno de Petro en menos de un año es la propia de gestiones populistas. 

“Hasta ahora, las instituciones se han mantenido y es importante que sigan así para conservar lo que Petro dañe cuando termine su periodo. Mucha de la gente que votó por él está muy desilusionada, ese porcentaje de ciudadanos que aún lo siguen es insuficiente para crear un movimiento social que transforme verdaderamente al país”, añadió el exfuncionario durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. 

Para el analista político, José Alfredo De Bastos, los primeros meses de Gobierno en Colombia se han visto marcados por problemas y controversias, aderezados con la ruptura de la coalición alrededor de la figura de Petro.

“Petro llega al poder con planes de generar profundas reformas, pero estas no han sido respaldadas por una amplia mayoría de la población. Sin duda, en Colombia había un deseo de cambio de lo que venían haciendo en los últimos años Gobiernos de derecha, pero los colombianos no votaron por una revolución sino por mejoras en la seguridad y economía”.

El Petro que viene

De Bastos considera que en estos primeros meses de Gobierno, los colombianos y la comunidad internacional han visto dos caras de Petro. 

“La primera fue muy hábil y con su popularidad logró formar una alianza amplia en el Congreso con el fin de permitirle hacer reformas para reducir al mínimo a la oposición. Esta alianza, que era medianamente frágil, comenzó a colapsar y es cuando empezamos a ver a un Petro más agresivo, autoritario y unilateral, uno que básicamente dice que si los partidos no lo apoyan, la gente en la calle si”. 

De Bastos expuso que el empleado por Petro es el mismo discurso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde el Ejecutivo está por encima de las instituciones.

“Petro apuesta a que la polarización le dé un respaldo y esto ha causado rupturas y grandes cambios en su Gabinete”.

A juicio del analista político, Colombia se encuentra en un momento peligroso en el que la polarización y las tensiones podrían incrementarse en el futuro cercano.

“En octubre vienen elecciones regionales en Colombia, y eso va a ser un buen termómetro para la popularidad de Petro, una derrota de su partido lo dejaría muy mal parado y podríamos ver a un Petro mucho más autoritario, intentando tomar acciones unilaterales”.

Santos indicó que desde ya factores en Colombia se están organizando para hacer frente a las pretensiones de Petro.

“Se están uniendo movimientos de derecha, centroderecha y centroizquierda contra ese populismo que no respeta instituciones” , remarcó. 

Cero expectativas con Venezuela 

A finales de abril de este año, Petro organizó en Bogotá la Conferencia Internacional sobre Venezuela, un cónclave donde invitó a representantes de la comunidad internacional interesados en solucionar la crisis humanitaria compleja que vive su país vecino y donde este asumió un papel de líder de los Gobiernos de izquierda en la región sin que nadie se lo propusiera. 

“El tema de Venezuela no le ha salido bien, no ha hecho absolutamente nada…no creo que tenga un gran liderazgo en la región, el hecho de que Lula haya regresado a la presidencia de Brasil le quita ese espacio”, sostuvo Santos.

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De Bastos sentenció que el contexto de la izquierda latinoamericana de hace 20 años, cuando Chávez lideraba una especie de coalición, es diferente al de ahora.

“Petro quiere tener el rol de líder regional en medio de una ola de elecciones de presidentes con tendencia a la  izquierda, pero creo que en esta oportunidad es distinto a lo que vimos con Chávez en el 98. Muchos de estos triunfos de la izquierda fueron para sacar al presidente que estaba en el poder, no necesariamente para respaldar esa tendencia”, dijo De Bastos.

El analista político puso como ejemplo las últimas elecciones en Argentina, Brasil y Chile. “Fernández para sacar a Macri, Lula para desplazar a Bolsonaro y Boric en reemplazo de Piñera, respectivamente”. 

De Bastos sentenció que antes de ocuparse de tener un rol protagónico en la región, Petro debe resolver la crisis de gobernabilidad en Colombia que está in crescendo.

El analista político no augura un panorama favorable en torno a Venezuela y lo que pueda hacer Colombia al respecto. 

“Esta alianza entre países no va a tener mucho éxito y creo que eso se vio en la propia Conferencia sobre Venezuela, en apenas un día no se pueden trazar estrategias de recuperación de la democracia”, concluyó. 

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Un estudio elaborado entre diversas oenegés internacionales analizó las necesidades más apremiantes en los territorios de llegada de los crecientes movimientos migratorios en la región

@Luciapietf

Las crecientes movilizaciones humanas a diversos países del continente americano han llevado a los gobiernos locales y nacionales a anexar la migración a sus agendas públicas para el desarrollo de políticas y acciones que permitan contestar este fenómeno. 

La integración socio-económica de migrantes fue elegida como el área con mayor necesidad (53%) de respuesta, seguida de la recepción (35%) en los territorios de acogida, de acuerdo el informe «Recepción e integración de personas migrantes y refugiadas en ciudades de las américas», presentado en 2023.

El documento fue elaborado entre diversas organizaciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf, en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), para estudiar las necesidades surgidas frente a los movimientos migratorios masivos. 

La información publicada fue obtenida mediante 231 entrevistas en 109 localidades pertenecientes a 25 países del continente en el transcurso de 2021. Dichos testimonios permitieron analizar el panorama, las tendencias y los desafíos asociados a los movimientos migratorios más destacados en la actualidad, como la emigración masiva de venezolanos principalmente a países suramericanos, la migración centroamericana hacia México y Estados Unidos,  la de nicaragüenses hacia Costa Rica, entre otros.

A continuación, algunas claves sobre la publicación y sus hallazgos:

Gobiernos con obstáculos

De acuerdo al estudio, se ha identificado una creciente incorporación de la «temática migratoria» por parte de los gobiernos locales en su agenda pública, contemplando diversas políticas públicas, programas y/o acciones a activar. Pero han encontrado obstáculos para implementar soluciones que van desde pocos recursos para garantizar respuestas de las instituciones, pasando por necesarias modificaciones a prácticas administrativas o políticas nacionales hasta el desconocimiento de los funcionarios en materia de migrantes y refugiados, que contribuye a un clima de discriminación, racismo y xenofobia contra estos.

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La bienvenida de los países de acogida

Brindar atención primaria a los migrantes no es una prioridad en los Estados de la región y eso se demuestra en cifras: en las ciudades fronterizas, 54% la mencionó como la principal necesidad, mientras que en las no fronterizas la nombró solo 31%.

Si bien los gobiernos tienen a la atención primaria como la segunda área de mayor prioridad a nivel general, las políticas en torno a esta son escasas, lo que puede deberse a que no siempre se prima su desarrollo y/o asignación de recursos. 

En Suramérica, las crecientes movilizaciones terrestres de venezolanos en lapsos muy breves y en condiciones de vulnerabilidad han puesto a prueba a localidades fronterizas como Cúcuta (Colombia), Boa Vista y Pacaraima (Brasil), Rivera (Uruguay), Puerto Montt y Concepción (Chile), y Puerto España (Trinidad y Tobago). En Brasil, la Operación Bienvenida, creada en el 2018, atendió, hasta marzo de 2022, a más de 2 millones de venezolanos, emitió más de 370 mil documentos de identificación y trasladó a cerca de 70 mil personas refugiadas y migrantes a otras partes del país.

En los países caribeños, ante los movimientos migratorios – especialmente de venezolanos-, se rigen a la política de  «detener y deportar». Esta práctica es específica de Curazao y Trinidad y Tobago, y menos prevalente en Aruba. 

Trabajo como primera necesidad 

La integración socio-económica fue indicada como prioritaria  (55%) en las localidades no fronterizas y segunda en las ciudades fronterizas. Entre las ciudades analizadas no existen muchos programas o políticas establecidas con algún marco normativo local para garantizar y promover esta integración, pero sí hay un consenso sobre la regularización como una condición esencial (84%) para el éxito de medidas respecto al acceso al empleo (79%), a la vivienda (50%), a condiciones de trabajo dignas y un salario justo (46%), y a la asistencia económica (31%).

El estudio reveló tres áreas de accionar local claves: acceso a viviendas, al sistema financiero y a empleos a través de vinculaciones con el sector privado. En Córdoba y Buenos Aires, Argentina, se desarrollaron programas de inclusión al sistema financiero junto a bancos locales. En México, se evidenció el trabajo compartido entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, oenegés y empresas privadas para la inclusión de refugiados. En Canadá y Chile se han promovido iniciativas para fortalecer la institucionalidad local en materia migratoria para la integración socio-económica. 

El informe destacó que, en ocasiones, el desempleo en ciudades fronterizas como Cúcuta (Colombia) fue un desafío importante. Para estos casos, localidades de México y Brasil implementaron programas de reubicación e inserción laboral. En este último, el Programa de Interiorización de Brasil – parte de la Operación Bienvenida-, movilizó a más de 72.696 venezolanos a 810 municipios brasileños desde el 2018, en pro de reducir la presión y la xenofobia en las fronteras. 

En zonas como el Caribe Sur ha habido resistencia a la integración socio-económica por la «percepción de acaparar recursos locales», pero las oenegés han generado cambios en estas matrices de opinión.

La integración socio-cultural como segunda prioridad

Los aspectos más relevantes de la integración social y cultural fueron el acceso a los servicios de salud (89%) y la educación (70%), seguidos del acceso a servicios de salud mental (55%); inclusión lingüística (53%); tratamientos médicos para enfermedades como VIH/Sida, cáncer, enfermedades renales, diabetes (48%); acceso a pruebas, tratamiento y vacunas contra el Covid-19 (46%); acceso a controles prenatales, parto y post natales (37%), y acceso a la cultura (23%), de acuerdo a las entrevistas. 

En las localidades fronterizas fue mayor la necesidad de los servicios de salud frente a las grandes ciudades, donde prevaleció el acceso a la educación.

En el caso de los servicios de salud, el informe analizó el servicio de las «Brigadas Móviles Urbanas» en Perú, donde 85,3% del total de la población migrante es venezolana. El programa, hoy con escasos recursos económicos, no fue específicamente pensada para migrantes y refugiados, pero ofrece respuesta y cuidados específicos para las personas en situación de vulnerabilidad. Respecto al acceso a la educación, en Trinidad y Tobago, uno de los países con más cantidad de desplazados venezolanos per cápita, una organización católica eclesial llamada Living Water Community operaba el programa «Equal Place», de educación informal para niñas y niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes. 

En dicho país, los menores migrantes requieren un permiso para estudiar y se estima que 4.000 no tienen acceso a la educación. El programa funcionó de forma paralela a los sistemas educativos del país, brindando un servicio crítico a cientos de menores, pero fue suspendido en 2022. 

Integración política para después

Fue una de las necesidades con menor priorización frente a las demás. Es conceptualizada como la promoción de la participación ciudadana de los migrantes y el reconocimiento de sus derechos políticos en donde residan. 

Dentro de este apartado, tuvo mayor relevancia el acceso a documentos de identidad (79%),  la prevención de la discriminación y la xenofobia (78%), el acceso a la justicia (63%), la nacionalidad (59%), al registro civil (39%) y la prevención y sanción de la trata de personas (36%).

Según el reporte, es casi nula la existencia de mecanismos para la participación política de migrantes y refugiados en la mayoría de las localidades estudiadas . Solo en ciudades como  Bogotá (Colombia) y Sao Paulo  (Brasil) han desarrollado espacios estables de participación política para estas personas. 

En cuanto al acceso a documentos de identidad, Guyana fue el primer país del continente en implementar un sistema electrónico, llamado Ecosistema Poblacional de Registro y Gestión de Identidad (PRIMES, en inglés), para registrar la información biométrica de migrantes venezolanos e información sobre sus necesidades. En Ciudad de México y localidades de Estados Unidos se han adoptado distintos modelos de identificación. El informe concluye que hay mucho camino por recorrer y una gran necesidad de «adoptar una narrativa oficial que presente a las personas migrantes y refugiadas como vecinos» e incentivar la asociatividad en los espacios comunitarios.

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