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Todo lo que debe pasar para que Maduro sea procesado por la CPI
La causa de Venezuela, que ya lleva casi tres años en la Corte Penal Internacional, puede tardar un par de años más, o una década entera. El complejo litigio, de cuatro fases, debe asegurar lo esencial: que los señalamientos sobre los medios y altos mandos sean, más allá de dudas razonables, incuestionables. Runrun.es presenta, a través de cuatro infografías, cómo es el proceso ante el máximo tribunal del mundo

@loremelendez        

 

En 2012, el líder militar congolés Thomas Lubanga se convirtió en la primera persona condenada por la Corte Penal Internacional (CPI), fundada el 17 de julio de 1998. La institución lo sentenció a 14 años de prisión por crímenes de guerra cometidos en su país, donde reclutó y sometió a entrenamientos militares a niños menores de 15 años para obligarlos a participar en hostilidades y ser guardianes de los altos cargos de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. El proceso entero, desde que el gobierno de la República Democrática del Congo pidió en 2004 que se investigaran los crímenes de los rebeldes, duró ocho años. 

Pero no todos los casos ante la CPI tardan el mismo tiempo. Hay otros que permanecen en investigaciones todavía más años y los señalados, al final, resultan exculpados. Así sucedió con Jean Pierre Bemba, líder del Movimiento para la Liberación del Congo, la milicia que, junto con el gobierno de la República Centroafricana, participó a finales de 2002 en una operación de cinco meses en la que cientos de civiles fueron asesinados, violados y saqueados. La causa llegó a la Corte en 2004 y Bemba fue condenado 12 años más tarde, en 2016. Pero a los dos años fue absuelto porque se determinó que no podía ser considerado penalmente responsable de los crímenes cometidos por sus tropas.

Venezuela está apenas en la primera parte de un proceso complejo que podría durar más de una década. Al cabo de casi tres años de que los gobiernos de Argentina (que se retiró de la demanda este año), Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaran a la fiscalía de la CPI que investigara supuestos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos por la administración de Nicolás Maduro desde abril de 2014, la “situación” “Venezuela I” todavía no es considerada un caso dentro del máximo tribunal internacional.

 

Más allá de toda duda

Para la abogada especializada en derecho internacional y derechos humanos, Sara Fernández, hay que hacer un “manejo de expectativas” en torno a lo que significa que Venezuela esté bajo la mira de la CPI. Se debe saber que el fin de este proceso tendrá un rol muy pequeño en la resolución de la crisis humanitaria. La Corte determinará las responsabilidades en casos muy específicos y se limitará a señalar a cinco o seis personas de todo el gobierno de Maduro.

Pese a lo que podría apuntar el proceso, Fernández aclara que en muchos casos el fiscal –tal como sucedió con Bemba- no ha logrado probar los hechos y sus responsables, más allá de toda duda razonable. Esto podría pasar también con Venezuela si las pruebas no logran ser convincentes. 

“Es difícil establecer una situación que sirva como espejo con respecto a la situación de Venezuela. Sin embargo, creo que puede decirse que guarda cierta similitud, únicamente con algunos de los crímenes de Kenia y la situación, en tanto que allí se estaba en un contexto de violencia post-electoral, lo que conllevó a la comisión de crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y deportación o traslado forzoso. También, en esa situación, quienes resultaron imputados ante la Corte Penal Internacional eran altos funcionarios del gobierno, como el Jefe de Estado, Uhuru Kenyatta y el vicepresidente de Kenia, William Ruto. A su vez, esta situación permite observar lo difícil que es juzgar a un jefe de Estado en ejercicio, puesto que, la Oficina de la Fiscalía no pudo recabar las pruebas”, señaló Omar Piñango, abogado y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad  de la ONG Defiende Venezuela.

Fernández, en cambio, recuerda que el caso de Costa de Marfil podría convertirse en un espejo. El ex presidente, Laurent Gbagbo, tras ser acusado de cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación y otros actos inhumanos o – alternativamente – intento de asesinato y persecución), quedó absuelto. La Fiscalía no pudo demostrar que el entonces mandatario en ejercicio, tras cuestionar los resultados electorales que lo condenaban a la derrota y que daban como ganador a su rival, Allasane Ouattara, orquestó una ola de violencia política y étnica que solo culminó con la intervención de Francia y la asunción de Ouattara.

“La falta de pruebas de la Fiscalía no estaba en lo que se necesitaba para confirmar que se había cometido un delito, la dificultad estuvo en demostrar la cadena de mando, en señalar que el alto mando tuvo responsabilidad en esos hechos porque ordenó su comisión o tuvo que ver en esa decisión”, sentenció la especialista. 

Fernández también adelantó que, a partir del caso de Costa de Marfil, la fiscalía adoptó la estrategia de construir casos desde mandos medios a altos para explicar cómo se dio y ejecutó la orden. “La fiscalía ha aprendido de estos casos”, añadió.

Para la búsqueda de pruebas, en el caso Venezuela, la diáspora será crucial. 

“En la actualidad, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 5.6 millones de venezolanos y venezolanas se encuentran viviendo en el exterior, cientos de ellos huyeron al ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos por haber sufrido crímenes de encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución fundada en motivos políticos. Por lo que, estos testimonios de víctimas y testigos, al igual que las evidencias documentales que puedan tener, van a representar gran parte de los elementos de convicción que podrían ser presentados frente a una eventual investigación formal que se abra en la situación de Venezuela I, con los cuales se podría nutrir la investigación”, detalló Piñango.

Fernández señaló que aunque la migración de venezolanos permita la posibilidad de contactar víctimas, localizar testimonios y recabar pruebas para identificar posibles casos que conduzcan a la solicitud de órdenes de aprehensión, no se sabe si la CPI pueda ingresar a territorio venezolano durante la fase de investigación. “Si bien Venezuela ha mostrado apertura e interés en colaborar con la Fiscalía, sabemos que es posible que eso cambie una vez que haya acusaciones”, recalcó.

Apuntó que ese trabajo probablemente recaerá en la sociedad civil que está en el terreno, que deberá establecer una cadena de conservación de la prueba. La CPI también tendrá que  asegurar la cooperación de parte de otros Estados, no solo de Venezuela, así como fortalecer la documentación de la evidencia.

Piñango aclaró que, a medida de que avance el caso ante la CPI, se necesita alcanzar “ciertos estándares de prueba que cada vez son más rigurosos”. 

“En efecto, el estándar probatorio requerido en el examen preliminar es el de “bases razonables”, según el cual se busca únicamente una ‘justificación razonable’ de que uno de los crímenes de lesa humanidad haya ocurrido. Para una etapa de juicio, en la que se está debatiendo la responsabilidad criminal de un individuo, el estándar adoptado es el de ‘más allá de toda duda razonable’, siendo este el más exigente durante todo el procedimiento ante la Corte. Por ello es clave la cooperación del Estado parte con la investigación, pues de lo contrario, la misma se podría ver truncada”, finalizó. 

Las cartas para detener el proceso

La situación Venezuela I sufrió un retraso cuando el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, introdujo ante la Cámara de Cuestiones Preeliminares un documento en el que se quejaba por el escaso apoyo que le había prestado la Fiscalía ante los señalamientos formulados contra la administración de Nicolás Maduro.

“Son técnicas procesales que veremos no solo en esta etapa preliminar, sino que probablemente estén presente también en el supuesto de que se abra la investigación formal. Todavía son muchas las formas en la que el Estado venezolano puede retrasar esta investigación, haciendo uso, por ejemplo, de cuestiones de admisibilidad. La labor es entonces buscar acreditar a través de la documentación, la falta de investigaciones y enjuiciamientos en los hechos relevantes en el contexto bajo examen. La falta de procedimientos genuinos y, en definitiva, la incapacidad del sistema de justicia de conducirlos”, insistió Piñango.

Fernández indicó que, en el supuesto de que Venezuela I pase a ser un caso, la defensa de Maduro podría apelar al artículo 18 (numerales 2 y 3) del Estatuto de Roma, que contemplan que, en el mes siguiente a la apertura de la investigación, el Estado en cuestión podrá demostrar a la CPI que está llevando a cabo un proceso judicial por los crímenes que lo comprometen ante la Corte. El Fiscal podrá volver a examinar nuevamente si se inhibe en el caso.

Pero Fernández duda que la apelación al artículo pueda frenar el avance de Venezuela I en la CPI. Advierte que si bien Afganistán apeló a este artículo, su examen preeliminar había terminado tres años antes y hubo un período largo para que estos procedimientos se produjeran. En cambio, el examen de Venezuela acaba de terminar.

La administración de Maduro también podría cuestionar la admisibilidad de la situación. Pero, de nuevo, la especialista ve improbable que la CPI estime estas acciones como válidas, ya que tendrían que probar que la investigación gubernamental incluye a mandos militares altos y medios.

 

El proceso

 

Fase preliminar

Aquí está “Venezuela I”. En esta primera parte del proceso, los hechos a investigar todavía no se han convertido en casos y se les denomina “situación”. Aquí transcurren las cuatro fases del examen preliminar que, primero, busca estudiar e identificar toda la documentación recibida para determinar que es fidedigna y que se cometieron crímenes que juzga la Corte; luego se dedica a evaluar si el o los crímenes cometidos son de su competencia, posteriormente revisa si se cumplen los principios de complementariedad (si ya existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes) y de gravedad (la escala, naturaleza e impacto de los crímenes) y, por último, precisa si existen fundamentos para considerar que la investigación no servirá a los intereses de la justicia.

 

Fase de investigación

Es el momento de profundizar la investigación. Con ese fin, incluso se puede solicitar una visita al Estado implicado, algo que los expertos dudan que ocurra en Venezuela. Es vital que la Fiscalía tenga en cuenta la naturaleza de los crímenes, sobre todo aquellos vinculados con violencia sexual, por razones de género y contra los niños.

En la audiencia de confirmación de cargos, que se produce en esta etapa, el imputado puede estar ausente y, en ese caso, será representado por un defensor. En este acto, no será necesario que el fiscal llame a declarar a testigos, pese a que debe presentar pruebas suficientes para cada cargo.

Mientras que el fiscal podrá modificar o retirar los cargos antes de la audiencia, el imputado podrá impugnar los cargos y las pruebas presentadas por Fiscalía, así como presentar las suyas.

Será la Sala de Cuestiones Preliminares la que determinará si existen pruebas suficientes para enjuiciar al acusado. En este caso, lo asignará a una Sala de Primera Instancia. De lo contrario, no confirmará los cargos o levantará el acto para pedir a la Fiscalía la presentación de más pruebas o la modificación de los cargos.

 

Fase de juicio

La Sala de Primera Instancia es la que rige esta tercera parte del proceso, por eso, más allá del juicio, también celebrará consultas con las partes, determinará el idioma del juicio, dispondrá de la divulgación de información que no haya salido a la luz con anterioridad, indicará si los cargos deben acu

mularse o separarse en caso de que haya más de un acusado, ordenará la comparecencia y declaración de testigos, documentos y otras pruebas; protegerá la información confidencial, al acusado, los testigos y las víctimas, y ordenará más pruebas si lo considera necesario.

Si el acusado se declara culpable, la Sala revisará con el defensor si tal confirmación es voluntaria. Podrá condenarlo si considera que reconoce los hechos esenciales que configuran el crimen. De lo contrario, tendrá la declaración como no formulada y ordenará la continuación del juicio.

 

 

Fase de apelación

En la cuarta y última etapa, la Sala de Apelaciones toma las riendas del procedimiento. Podrá apelar tanto el fiscal (si considera que existe un vicio de procedimiento, un error de hecho o un error de derecho), como el condenado (si cree que existe un vicio de procedimiento, error de hecho, error de derecho o una desproporción entre el crimen y pena) y la Corte (si hay fundamentos para revocar la condena del todo o parcialmente).

Para que el proceso ocurra por completo, la “situación” Venezuela I todavía debe convertirse en un caso y, sobre todo, lograr que a lo largo del tiempo, las dudas razonables sean certezas que incriminen a los cargos medios y altos que están implicados.

CLAVES | 12 datos sobre la vacuna china de Sinovac que llegará a Venezuela vía Covax
La vacuna se llama CoronaVac y fue desarrollada por la empresa biofarmaceútica Sinovac, con sede en Beijing
El esquema inicial recomendado es de dos dosis, pero nuevos estudios sugieren que podría ser necesario una tercera dosis de refuerzo

@mrsyaky

Las vacunas chinas  producidas por Sinovac y Sinopharm llegarán al país a través del sistema Covax de la Organización Panamericana de la Salud.

Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación de Emergencias y Reducción de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó el 28 de julio que el primer lote de estas vacunas estará en Venezuela entre julio y septiembre.

Ugarte no preció qué cuántas dosis llegarían, solo precisó que será «una cantidad significativa».

A continuación, explicaremos en detalles los datos científicos conocidos sobre Sinovac, uno de los fármacos chinos que se sumarán al plan de vacunación nacional.

Autorizada para uso de emergencia en junio de 2021

El fármaco de Sinovac fue la segunda vacuna china contra el COVID-19 en conseguir luz verde.

A principios de junio de 2021, la Organización Mundial de la Salud la autorizó para su uso de emergencia.

En un comunicado, la OMS dijo que la vacuna «cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación».

Actualmente, la vacuna está autorizada para su uso de emergencia en, al menos, 39 países, como lo revela este rastreador de vacunas de la Universidad de Munich.

 ¿Qué tipo de vacuna es?

La CoronaVac de Sinovac es una vacuna inactivada fabricada por la empresa biofarmaceútica Sinovac con sede en Beijing.

El fármaco utiliza una versión muerta del virus SARS -CoV-2.  Esto significa que parte del código genético del coronavirus se inyecta en el cuerpo, pero no todo el virus, sino una versión inactiva  para que no se puede replicar.

En concreto, se mantiene intacta la proteína del pico de la superficie del coronavirus para activar el sistema inmunológico del cuerpo y crear anticuerpos para la protección contra el virus vivo, en caso de que llegue a invadir el organismo vacunado.

Su  método de elaboración es similar al empleado en otras vacunas como las que se usan para prevenir la hepatitis A, la influenza y el enterovirus. 

De hecho, estas vacunas son fabricadas por la propia compañía Sinovac. 

Una de sus principales ventajas es que se puede almacenar en un refrigerador estándar a 2-8 grados Celsius. 

Efectividad de la vacuna de Sinovac

En un documento del  Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) de la OMS se asegura que la eficacia de CoronaVac para prevenir los casos de COVID-19 sintomáticos es de 51%.

Pero también aseguran que tiene una eficacia de 100% para evitar casos graves y hospitalizaciones en las poblaciones estudiadas, según la OMS.

¿Es segura?

El SAGE de la OMS, tras evaluar los datos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna, recomienda su administración a las personas de 18 años y más.

No obstante, advierte que disponen de pocos datos sobre la inocuidad de esta vacuna en personas mayores de 60 años, debido al reducido número de participantes en los ensayos clínicos.

«Los países que se planteen administrar esta vacuna a personas mayores de 60 años deben mantenerse vigilantes ante posibles efectos adversos», recomiendan.

¿Es eficaz contra las nuevas variantes de COVID-19?

Por lo pronto, la OMS solo dispone de los datos de un estudio observacional a profesionales de la salud realizado en Manaos (Brasil).

Para ese momento, 75% de las muestras de COVID-19 correspondían a la variante gamma o brasileña.

En esa población, la vacuna CoronaVac de Sinovac tuvo una eficacia estimada de 49,6%. Mientras que, para la variante P.2 (otra de las circulantes en Brasil) la eficacia de la vacuna fue del 49,6% tras administrar al menos una dosis y del 50,7% dos semanas después de la segunda dosis.

¿Sinovac protege contra la variante delta?

El pasado 15 de julio se difundieron los resultados de un estudio en Chile con esta vacuna.

El Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia de Chile realizó un ensayo clínico con 2. 000 participantes. Se concluyó que seis meses después de la administración de la segunda dosis, menos del 3% contrajo COVID-19.

Destacaron, además, que en una prueba in vitro para determinar su efectividad contra la variante delta mostró una reducción de cuatro veces en el efecto neutralizante.

Esto en comparación con el efecto que producía contra la cepa original del coronavirus que se halló a finales de 2019 en China.

¿Cuántas dosis de Sinovac se deben aplicar?

El SAGE de la OMS recomienda administrar dos dosis de 0,5 ml de esta vacuna por vía intramuscular, separadas por un intervalo de 2 a 4 semanas.

Advierten que, para lograr la eficacia prevista, se deben administrar ambas dosis a todas las personas vacunadas.

En el caso de que hayan pasado más de 4 semanas después de la primera dosis, la segunda se ha de administrar lo antes posible.

Cabe destacar que en el estudio que se realizó en Chile (mencionado antes) se concluyó que los niveles de anticuerpos  caían en los vacunados con Sinovac después de seis meses.

Por ello,  recomendaron la aplicación de una tercera “dosis de refuerzo”, para brindar una mejor protección contra las mutaciones del virus.

Justamente el pasado 27 de julio, la empresa biofarmaceútica  Sinovac Biotech, que produce la CoronaVac, anunció la preimpresión de un documento titulado Inmunogenicidad y seguridad de una tercera dosis y persistencia inmune de la vacuna CoronaVac en adultos sanos de 18 a 59 años: resultados provisionales de un ensayo clínico de fase 2 .

El estudio, disponible en Medrxiv, concluyó que un programa de dos dosis genera una buena memoria inmunológica, pero que administrar una tercera dosis 6-8 meses después de la segunda dosis indujo rápidamente una fuerte respuesta inmune.

«Los títulos de anticuerpos neutralizantes en el día 28 después de la tercera dosis aumentaron de tres a cinco veces más alto que el nivel registrado el día 28 después de la segunda dosis», reseña la nota de prensa de Sinovac.

Además, agregaron que los intervalos más largos entre la tercera dosis y la segunda dosis dan como resultado niveles más altos de anticuerpos.

¿Se puede usar inyectar en embarazadas?

La OMS indica que los datos disponibles en mujeres embarazadas son insuficientes para evaluar la eficacia de la vacuna o los posibles riesgos asociados a la vacuna durante el embarazo.

Sin embargo, añaden que al ser una vacuna inactivada con un adyuvante que se usa comúnmente en muchas otras vacunas con un perfil de seguridad bien documentado (como las vacunas contra la hepatitis B y el tétanos), se espera que su eficacia de la vacuna Sinovac-CoronaVac (COVID-19) en mujeres embarazadas sea comparable a la observada en mujeres no embarazadas de edad similar.

«Se esperan más estudios para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad en mujeres embarazadas», añaden.

¿La pueden recibir las mujeres que están amamantando?

 La OMS recomienda su uso tanto en mujeres lactantes como en otros adultos. La OMS no recomienda suspender la lactancia materna después de la vacunación.

¿Me puedo vacunar con Sinovac si tuve COVID-19?

Expertos de la OMS recalcan que se pueden vacunar las personas que hayan tenido COVID-19 en el pasado.

Los datos disponibles muestran que la reinfección sintomática es poco probable en estas personas hasta 6 meses después de la infección natural. 

En consecuencia,  recomiendan optar por retrasar la vacunación hasta más cerca del final de este período, especialmente cuando el suministro de vacunas es limitado.

«En entornos donde circulan variantes de preocupaciones con evidencia de escape inmunológico, puede ser aconsejable la inmunización más temprana después de la infección», añaden.

Efectos secundarios de la vacuna CoronaVac 

Los datos de ensayos clínicos de fase 1 y 2 para la vacuna, publicados el pasado mes de febrero en The Lancet, resumieron algunos de los efectos secundarios informados por los participantes del ensayo.

El más común reportado dentro de los 28 días de la segunda dosis fue dolor en el lugar de la inyección.

Otros efectos secundarios incluyeron fatiga, diarrea y dolor muscular.

La mayoría de estos efectos secundarios fueron leves y duraron solo 2 días.

Polémica por su uso en Indonesia

BBC Mundo reseñó el pasado 5 de julio que en Indonesia habían puesto en duda la eficacia de la CoronaVac, tras la muerte de, al menos, 20 médicos y 10 enfermeras a pesar de estar vacunados con dos dosis con este vial.

Un médico especialista en pulmones que consultó la BBC Mundo en Indonesia dijo que, un mes después de recibir las dos dosis de la vacuna, se hizo una prueba para verificar si tenía el nivel de anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad en su cuerpo.

«No tuvo ningún efecto. Esta vacuna no me generó anticuerpos. La hice de nuevo un mes después y obtuve los mismos resultados», declaró.

Esto sucedió antes de que la propia casa fabricante -Sinovac- revelara que los nuevos estudios llevados a cabo sugerirían la necesidad de usar una tercera dosis del fármaco para aumentar la inmunidad.

El infectólogo venezolano Julio Castro comentó en una transmisión en Instagram el pasado 25 de julio que la efectividad de las vacunas no se mide por la cantidad de anticuerpos tipo inmunoglobulina IGM e IGG que se hacen en los laboratorios.

«La inmunidad no se mide con anticuerpos en el caso específico de esta enfermedad, en algunas otras enfermedades sí se miden. No gaste ese dinero, no haga, esa inversión no tiene sentido ni valor hacerse esa prueba en laboratorios comunes ni de Venezuela ni del mundo», recomendó.

El rayo madurizador amenaza con arreciar en las redes sociales
En noviembre del año 2017, Maduro aseguró que los dueños de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter lo tienen vetado
«Es más fácil dicho que hecho, especialmente si se quiere regular cómo funcionan las redes sociales, que es lo que tratan de dar a entender», declaró Andrés Azpúrua, director de VE Inteligente

@Andrea_GP21 – Foto: EFE/Rayner Peña

Nicolás Maduro sugirió a la Asamblea Nacional (AN) oficialista este miércoles, 28 de julio, aplicar “regulaciones bien estrictas” a las redes sociales, en las reformas que están discutiendo sobre la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte).

Durante una intervención que tuvo en el programa Con El Mazo Dando, que transmite VTV, Maduro expresó: “En la ley Resorte perfectamente entran regulaciones bien estrictas para que esas empresas trasnacionales, que abusan de los pueblos, tengan que cumplir estrictamente con esas regulaciones».

A juicio de Maduro, en el mundo existen regulaciones en las redes sociales que son «mucho más severas» de las que el chavismo espera aplicar en Venezuela.

“Les toca a ustedes tomar cartas en el asunto, estudiar la legislación, la proyección y el patrimonio que hay en el mundo. Van a decir que como somos una dictadura, vamos a poner regulaciones”, dijo.

 

Este nuevo exhorto de Maduro llegó luego de que se conociera la suspensión de la cuenta de Twitter de Con El Mazo Dando (@ConElMazoDando).

Al ingresar al perfil,  aparece un mensaje que informa que la cuenta se suspendió por incumplir las reglas de Twitter.

«Suspendieron la cuenta del Con el Mazo Dando. ¿Qué habremos hecho? Si ya estamos sancionados por la UE. ¿Nos va a frenar eso? No nos conocen. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana», advirtió Diosdado Cabello en la emisión del programa.

Cuenta de Con El Mazo Dando suspendida – Foto: Captura de pantalla

Posibilidad e implicaciones

En conversación con Runrun.es, Andrés Azpúrua, director de VE Inteligente, organización que lidera proyectos como VE sin Filtro y Conexión Segura, reiteró que no es la primera vez que en Venezuela se habla de aplicar regulaciones a las redes sociales.

«Es más fácil dicho que hecho, especialmente si se quiere regular cómo funcionan las redes sociales, que es lo que tratan de dar a entender», detalló Azpúrua a este medio.

Asimismo, consideró que a la administración de Maduro «se le hace muy difícil» presionar a empresas como Twitter y Facebook, que no están en Venezuela, para «operar bajo las leyes o normas venezolanas, cuando estas están sujetas a las normas de los países donde sí están establecidas».

«En parte, por estos estas razones, el gobierno nunca termina de decir cómo quieren regular las redes sociales», añadió.

 

En tal sentido, señaló que este tipo de acciones representan un riesgo para los ciudadanos, «porque lo que sí pueden hacer es darle justificación y expandir a algo que ya está ocurriendo, que es consecuencia, legales o no, por el ejercicio legítimo de nuestras libertades al usar RRSS».

Una amenaza recurrente

En noviembre del año 2017, Maduro aseguró que los dueños de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, lo tenían vetado.

Durante una jornada de trabajo realizada en Fuerte Tiuna, Maduro expresó en ese momento: «Me tienen vetado de las redes sociales», dijo.

En aquella oportunidad, también aseguró que plataformas digitales como Twitter y Facebook le tiene prohibido pagar publicidad para desmentir una supuesta campaña internacional que había contra su administración.

Asimismo, indicó que al menos 80% de los venezolanos poseen alguna cuenta en una de estas plataformas, por lo que reprochó que a los funcionarios de su administración y a su persona no se les permita utilizar estas redes como a cualquier persona.

Por otra parte, el 30 de marzo de 2021, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, dijo que presentaría ante la AN oficialista una propuesta para regular las redes sociales.

“En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso, vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”, dijo Ñáñez en declaraciones a Telesur.

Este anuncio llegó luego de que Facebook bloquease la cuenta oficial de Maduro por publicar información falsa sobre la COVID-19.

Según Ñáñez, estas modificaciones pretenden “blindar” la libertad de expresión de Maduro y de los ciudadanos que, a su juicio, ahora no tienen acceso a “información veraz” del gobernante en la red social.

Venezuela, uno de los países menos libres

En su informe más reciente publicado en marzo de 2021, Freedom House, ONG con sede en Washington DC que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, incluyó a Venezuela entre los países menos libres.

De acuerdo con el texto, Venezuela ha disminuido 40 puntos dentro del conteo de la ONG en los últimos 15 años.

Pese a que surgió alguna esperanza en 2019 cuanto el opositor Juan Guaidó asumió la presidencia interina y de la Asamblea Nacional, en el año 2020, Maduro recuperó la ventaja. 

«A pesar del boicot de la oposición, se llevaron a cabo elecciones de la Asamblea Nacional fuertemente controladas, creando un nuevo organismo con una mayoría del partido gobernante. La vieja legislatura liderada por la oposición se mantuvo en un estado debilitado», señala el texto.

Tomando en cuenta todos estos aspectos y los anuncios de Maduro, a juicio de Andrés Azpúrua, «no se debe aceptar ninguna regulación que vulnere los derechos a la libertad de expresión, información, asociación ni la privacidad de los usuarios».

El club de países que violan la libertad de Internet

Freedom on the Net, que evalúa la libertad de Internet en 65 países de todo el mundo, informó que la pandemia de COVID-19, «está acelerando un dramático declive en la libertad global de Internet».

Por décimo año consecutivo, los usuarios han experimentado un deterioro generalizado de sus derechos y el fenómeno está contribuyendo a una crisis más amplia de la democracia en todo el mundo.

El informe señala al régimen de China como el pionero en este campo y «el peor abusador mundial de la libertad de Internet por sexto año consecutivo«.

Precisa que el régimen comunista ha bloqueado por mucho tiempo los servicios extranjeros populares y la «infraestructura técnica centralizada para permitir el control y filtrado generalizados de todo el tráfico que ingresa al país».

Por otra parte, denunciaron que  autoridades rusas aprobaron una legislación para aislar al país de Internet internacional durante emergencias nacionales.

También, refieren que el puntaje de libertad de Internet de Myanmar se redujo en cinco puntos, ya que un apagón de Internet que ordenó el gobierno dejó al menos a 1,4 millones de personas casi sin acceso continuo desde junio de 2019.

Por su parte, de acuerdo con el informe, el gobierno de Irán limitó las conexiones para ocultar la respuesta violenta de la policía a las protestas masivas a fines de 2019.

De acuerdo con el informe, cuando la disidencia política y organizaciones cívicas se desbordan del ámbito en redes sociales en ciudades como Minsk, Jartum y Caracas, «los dictadores cierran las redes para sofocar cualquier llamado a una mayor democracia y derechos humanos».

Otro país que recurrió al bloqueo del internet y las redes sociales recientemente en el marco de una crisis política fue Cuba.

Desde el 11 de julio (fecha en la que estallaron históricas protestas contra el régimen cubano) y hasta el 14 del mismo mes el servicio de internet móvil quedó interrumpido

Después de esa fecha, aún hay dificultades constantes para acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea con datos móviles como Whatsapp.

La periodista y activista Yoani Sánchez denunció el pasado 26 de julio un nuevo «apagón» en el internet de Cuba, en un contexto de la muerte de cinco generales en nueve días. 

Mientras que en Venezuela, los bloqueos selectivos a páginas web informativas, servicios de streaming  y redes sociales en momentos de alta tensión política no son de extrañar.

Es constante ver reportes de bloqueos de las redes, Youtube y otras páginas en días de noticias políticas impactantes, o cuando el líder de la AN opositora del 2015,  Juan Guaidó, transmite sus discursos en streaming.

El pasado 4 de junio de 2021, la organización VE sin filtro, documentó un «aumento importante en bloqueos de internet» contra medios de comunicación.

En el texto, calificaron este hecho como «otro ataque contra la libertad de información y el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital».

Al respecto, precisaron que los nuevos bloqueos afectaron a sitios que antes habían sido bloqueados como  La Patilla y Caraota Digital, Alberto News.

Acotaron que el régimen ha recurrido al bloqueo de dominios alternativos de estos y otros medios y que sus tentáculos de censura se han expandido.

«No sólo han bloqueado los sitios web de medios no afiliados con el Gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos años, también han bloqueado plataformas de multimedia, de streaming y redes sociales en aras de limitar el acceso a las noticias», advirtieron. 

La organización comparte constantemente alternativas a los ciudadanos para evadir los bloqueos del régimen al internet.

En el marco de esta ola de bloqueos, el gobierno de Maduro también ha restringido el acceso a sitios pornográficos, lo que el periodista y ciberactivista, Luis Carlos Díaz, calificó el pasado mes de abril como un tema de censura importante «tanto por el conservadurismo, como por la discrecionalidad».

*Puede leer el informe completo de Freedom on the Net aquí

Vacunómetro: Gobierno de Maduro anuncia avance de vacunación pero silencia llegada de nuevas dosis anti COVID-19
Hasta el 27 de julio se han distribuido 2.835.793 vacunas entre los 23 estados y el Distrito Capital; de las cuales se han aplicado 2.360.320 dosis, de acuerdo con las cifras oficiales. En la octava semana aumentó el ritmo de vacunación en 17,52% mientras circula la información de la llegada de nuevas dosis

ARI

 

El ritmo de vacunación contra el covid-19 en Venezuela tuvo un incremento de 17,52% en la semana del 20 al 27 de julio, en contraste con las jornadas anteriores. De acuerdo a las cifras de fuentes oficiales se ha suministrado 83,23% de las dosis que se han distribuido en todo el país.

El Vacunómetro que lleva el seguimiento al proceso de vacunación en Venezuela resalta que en la octava semana de iniciado el plan, se han aplicado 2.360.320 vacunas, pero aún pocos estados han informado sobre la cantidad de primeras y segundas dosis, por lo que se hace difícil definir con exactitud el avance de la inmunidad de rebaño en el país.

Hasta la fecha además solo se conoce que han llegado a los aeropuertos venezolanos un total de 3.230.000 vacunas. Sin embargo, según informaciones extraoficiales obtenidas por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual, señalan que han arribado nuevos lotes de Sinopharm pero sin anuncios de las autoridades correspondientes.   

Aún no hay evidencia pública de dónde se encuentran las restantes 394.207 dosis del total que han llegado al país.

Una fuente del Ministerio de la Salud que prefiere el anonimato informó que “semanalmente están llegando vacunas chinas desde hace un buen tiempo y decidieron no publicar ni realizar actos públicos en los aeropuertos”.

Mientras que otras fuentes señalaron el ingreso de vacunas Sinopharm al país sin anuncios oficiales. “La cantidad son exactamente 7.000.000”, reveló. No obstante, el #VacunómetroVen no pudo confirmar esta versión. 

La última vez que las autoridades informaron sobre la llegada de nuevos lotes de vacunas fue el pasado 13 de junio cuando al país arribaron 500.000 dosis de la rusa Sputnik V.

Venezuela también está a la espera del suministro de vacunas a través del mecanismo Covax, que llegarán al país entre julio y septiembre, de acuerdo con declaraciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Aún se desconoce la cantidad de vacunas que llegarán, pues en los últimos días las autoridades oficiales no se han pronunciado sobre este tema.

 

Al respecto, en la semana que culminó el 27 de julio la vicepresidenta Delcy Rodríguez invitó a las personas mayores de 40 años a que soliciten una cita para vacunarse contra la covid-19 enviando un mensaje de texto SMS con el número de cédula al 74224, el cual ya ha sido utilizado en las anteriores convocatorias del Ministerio de la Salud.

En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta agregó que la persona recibirá una cita para ser vacunado en un centro de inmunización próximo a su domicilio. “¡Avanzamos unidos en el Plan Nacional de Vacunación! Con conciencia venceremos!”, anunció.

Delcy Rodríguez manifestó que la finalidad es agilizar y reforzar la meta de vacunar 70% de los venezolanos antes de que finalice el 2021. 

Desinformación en vacunación

Pese a que se reportó la aceleración en el ritmo de vacunación, las autoridades de 15 estados no actualizaron sobre el avance del proceso de inmunización en la octava semana. Estos son Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Vargas.

Mientras que los estados que actualizaron las cifras de dosis aplicadas son Amazonas, donde se pudo conocer que se han aplicado 30.565 dosis, Anzoátegui con 230.628 dosis, Cojedes 68.000, Lara 150.000, Monagas 65.852, Sucre 74.162, Yaracuy con 109.107 y Zulia con «cerca» de 300.000.

Sin información sobre segunda dosis de Sputnik V

Los venezolanos están a la espera de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, pero ninguna autoridad local ha explicado las razones del por qué no llegan.

Pablo Terán, presidente de Fundasalud, aseguró que la espera de un período de entre 60 y 90 días para la segunda inmunización con Sputnik V “no afectaría la eficacia”. Añadió que la situación de escasez de la vacuna rusa no solo se presenta en Venezuela, sino que también afecta a Latinoamérica.

 

Por su parte, el médico internista e infectólogo Julio Castro detalló que quienes recibieron la primera dosis de esta vacuna tienen un margen de 90 días para esperar que llegue la segunda dosis y resaltó que mientras tanto, tienen algún grado de protección, que él estima está alrededor de 47% y 50%, similar al de AztraZeneca.

El llamado de Castro es para que las personas no mezclen las vacunas. No hay ninguna información hasta el momento para mezclar primera dosis de Pfizer, segunda de AztraZeneca o las que sean; “hasta el momento no tenemos data fuerte de utilizar una primera dosis de una vacuna y la segunda de otra”, sostiene.

También advierte que “es absolutamente contraindicado” ponerse dos veces el primer componente de la Sputnik V, por lo que los venezolanos deberán tener paciencia y calma, especialmente los adultos mayores a los cuales se les ha aplicado en mayor número la vacuna rusa.

CLAVES | Lo que usted debe saber sobre la variante delta que circula en Venezuela
La variante delta es más agresiva y rápidamente transmisible. También, hace que los síntomas aparezcan más temprano que con la cepa original, aseguró Huníades Urbina
Las variantes que actualmente circulan en Venezuela son la gamma, alfa y delta

 

Foto: Gettyimages

 

La variante delta, detectada en la India en diciembre de 2020, ya se encuentra en Venezuela, según lo anunciado la noche del domingo 25 de julio por Nicolás Maduro. 

«En Venezuela hemos descubierto dos casos de cepa delta, los dos venidos del exterior. El primer caso es un joven deportista que llegó de Turquía, registró PCR positivo a cepa delta. El otro caso, es el de una médico de 56 años que reside en Caracas, también procedente del exterior», declaró Maduro en su alocución. 

Delta es una variante o mutación del COVID-19  que tiene la particularidad de ser más contagiosa. Está presente en más de 100 países de todo el  mundo.

En el hemisferio, ha sido identificada en  Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú, Colombia, San Martín y Venezuela, según información de la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F.Etienne.

Flor Pujol, viróloga, investigadora y jefa del laboratorio de virología molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) afirmó que, hasta el momento, solo se han detectado los dos casos que anunció Nicolás Maduro.

Sobre las pruebas que está haciendo el IVIC para determinar las variantes que circulan en el país, la investigadora aseguró que el instituto realiza un poco más de 500 pruebas al mes de las muestras que salen positivas en todos los estados.

«El Ivic está haciendo casi 500 muestras al mes, es un porcentaje de las muestras que salen positivas de todos los estados del país y hasta más, probablemente podemos hacer un poco más al mes», declaró a Runrunes. 

Al enumerar las características de la variante delta, Pujol precisó que es «más contagiosa», que circula con una carga viral hasta 1000 veces más alta y que su evolución es más rápida, pero aclaró que esto no significa que sea más letal. 

La investigadora afirmó que, hasta el momento, no hay casos de transmisión comunitaria de la variante delta: «Si hubiese transmisión comunitaria, forzosamente lo detectaríamos», apuntó.

También, precisó que las variantes del coronavirus originalmente surgido en China a finales de 2019 que actualmente circulan en Venezuela son la gamma, alfa y delta. 

«La variante delta es de preocupación porque es mucho más contagiosa, se transmite con mayor efectividad y eso hace que el número de contagios aumente un poco más rápido de lo que se espera», afirmó Patricia Valenzuela, integrante de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, en entrevista a Unión Radio el pasado 26 de julio. 

Valenzuela explicó que es muy prematuro relacionar la variante delta con letalidad y mortalidad, pero recalcó que «definitivamente, es mucho más contagiosa».

Síntomas de la variante delta 

Huniades Urbina Medina, medico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, explicó que la variante delta causa síntomas similares a los que ya conocemos del coronavirus original (tos, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, dolor de garganta y dificultad respiratoria).

La diferencia es que esta variante genera los síntomas más rápido que el virus original. «El paciente presenta los síntomas más rápido y, en algunos casos, la enfermedad se torna más agresiva. Al momento de hacer la PCR, el paciente tenía que esperar de 5 a 6 días de síntomas; con esta variante, entre 2 y 4 días después, el paciente puede dar positivo a una prueba de PCR», dijo.

Urbina aseguró que la variante delta afecta a las personas jóvenes, principalmente a los adultos de entre los 22 y 24 hasta los 40 y 50 porque «son la masa laboral más grande, son los que mas salen a fiestas». 

Al mismo tiempo, el pediatra enfatizó que la cepa puede afectar a cualquier grupo etario, «mientras más expuesta esté una persona, más afectada será». 

Médicos de otros países han descrito que la variante delta puede generar síntomas ligeramente diferentes a los del coronavirus surgido en China a finales de diciembre de 2019. 

«La variante delta tiene síntomas ligeramente diferentes en comparación con el virus original. Es posible que no pierda el gusto y el olfato. La variante delta podría causar problemas como tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores corporales, congestión y más», escribió George Monks, presidente de la Asociación Médica del Estado de Oklahoma. 

En un trabajo de Bloomberg publicado a principios de junio, se recogió el testimonio de seis médicos que luchaban contra el COVID-19 en medio de la mortal ola de la India, quienes precisaron que la variante delta se estaba manifestando con dolor de estómago, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, pérdida de audición y dolor en las articulaciones.

Medidas a seguir

«Hay que reforzar las medidas de bioseguridad, mantener distanciamiento físico, no acudir a eventos masivos, sobre todo si no son al aire libre, y si así lo son, que el aforo sea reducido en los espacios. También es importante el lavado frecuente de las manos y usar dos mascarillas», dijo Urbina Medina. 

Sobre las medidas de prevención, Valenzuela afirmó que cada vez las personas usan menos tapabocas y no se está manteniendo el distanciamiento físico. «Esto es preocupante, porque el sistema de salud sigue con el mismo déficit que hemos comentado desde que inició la pandemia hace año y medio», dijo.

El médico pediatra Huniades Urbina aseguró que así la persona reciba las dos dosis de las vacunas correspondientes, debe seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. 

Variante delta y vacunación en Venezuela 

Urbina explicó que, de acuerdo con los estudios que se han ido realizando en otros países que ya tienen más tiempo con la variante delta circulando, las vacunas sí están protegiendo a las personas de las formas más graves de la enfermedad. Sin embargo, destacó, que la vacuna no garantiza que la persona esté protegida al 100 %. 

«Hay que recordar que la vacuna no evita que te contagies, lo que evita es que si la persona se contagia, la enfermedad sea más leve», dijo Urbina.

Por su parte, a Patricia Valenzuela le preocupa el ritmo de vacunación en Venezuela«Estamos entre los países con menor número de vacunas colocadas diariamente y, adicional, tenemos un bajo flujo y abastecimiento de vacunas. Alcanzar la inmunidad de rebaño nos podría tomar hasta dos años».

La especialista también destacó que es importante que los esquemas de vacunación se cumplan con rigor. 

«Las vacunas son eficientes y efectivas contra la variante delta, pero recientemente, se ha hecho énfasis en que se cumpla el esquema de vacunación completa. Si es de dos dosis, se debe cumplir con esa indicación. No solo porque garantiza que haya mejor protección contra la variante delta, sino porque los ensayos clínicos para la aprobación de la vacuna se diseñaron, en su mayoría, con dos dosis», explicó la integrante de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. 

Sobre la situación de los adultos mayores que fueron llamados a vacunarse con la primera dosis de la Sputnitk V y que ahora quedaron en el limbo porque no ha llegado a Venezuela la segunda dosis, Huníades Urbina recordó que así hayan pasado los 90 días existe la memoria inmunológica, lo que significa que una vez el organismo entre en contacto con la primera dosis, se crea un anticuerpo. 

«Esa memoria inmunológica no se pierde, lo único es que con la segunda dosis se hace un mayor incremento de la respuesta, pero eso no significa que se va a perder la primera dosis en caso de que hayan pasado los 90 días», dijo Urbina.

«Aquí en Venezuela, aunque la Vicepresidenta y el Ejecutivo dicen que llevamos el 14 % de la población vacunada (3.600.000), la OPS y otras páginas serias confirman que apenas llevamos el 7% de la población, lo que significa que se ha vacunado a 1.800.000 y se supone que deberíamos vacunar al 70 %, unos 10 a 20 millones de personas, para decir que estamos haciendo realmente una incidencia en la transmisión de la cadena epidemiológica del virus», explicó. 

Un estudio publicado este sábado 24 de julio, por la consultora internacional Ipsos, que contó con la participación de 380 líderes de opinión de toda la región, determinó que los procesos de inmunización peor evaluados fueron los de Venezuela, con solo un 8 % de aprobación, seguido de Brasil (13 %) y Bolivia (28 %).

Según las más recientes cifras del  #VacunómetroVen desarrollado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, en el país se han aplicado apenas 2.008.282 dosis de la vacuna contra el COVID-19. De acuerdo con estas cifras, solo 9,12% de la población está inmunizada con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Huella digital | Los certeros pasos de Román Maniglia en el sistema bancario
Con un bajo perfil, el licenciado en comunicación social se ha paseado por varios cargos dentro de la administración de Maduro, siendo la cartera bancaria el área donde concentra toda su experiencia
Solo en el mes de marzo de 2021, el hijastro de Carmen Meléndez figuró como director titular del banco Prodem en Bolivia, viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores y también como director ejecutivo suplente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

 

@yeannalyfermin

 

El nombre de Román Daniel Maniglia Darwich es de reciente aparición. En un principio, fue reconocido por ser el primogénito del exmilitar y embajador de Venezuela en Alemania, Ramón Orlando Maniglia Ferreira, y también por ser hijastro de la ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. Pero se ha ganado un nombre propio.

Román Daniel nació en 1984, tiene dos hermanos menores, Sofía y Biaggio Maniglia Meléndez. En el registro electoral, al corte del 31 de mayo de 2021, aparece como elector en el municipio Iribarren en el estado Lara. Sobre su formación profesional poco se sabe, pero en la tarjeta de registro de una entidad bancaria de Bolivia se lee que es licenciado en comunicación social. 

Una cuestión de abolengo

Sus inicios en el mundo político venezolano se han dado bajo las alas protectoras de Carmen Meléndez, cuando en 2009 fue nombrado y designado en Gaceta Oficial 39354, como miembro principal de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A). 

La CASA, S.A., fue una empresa estatal creada para importar y distribuir productos alimenticios, pero tras varios hechos de corrupción fue liquidada en 2016 por el mismo gobierno, quien días después creó la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), misma entidad, pero con otro nombre comercial.

En julio de 2010, Román Daniel Maniglia tuvo su primer acercamiento al mundo bancario. En Gaceta Oficial 39526 fue nombrado y designado como miembro principal del Banco del Tesoro, Banco Universal S.A, entidad bancaria que funciona actualmente. 

Durante los años 2013 y 2014 asumió el cargo de presidente de la Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa Fundasmin.

Bajo el ala de Carmen Meléndez

El 15 de octubre de 2017 se celebraron en Venezuela las elecciones regionales a las alcaldías y gobernaciones de todos los estados del país. Para ese año, la almiranta Carmen Meléndez era la candidata por el oficialismo por el estado Lara, elecciones que ganó con un 58.33 %, frente a su principal contendor, el opositor Henri Falcón.  

A tres días de celebrarse las elecciones, el nombre de Román Maniglia ya estaba sonando para integrar el tren ejecutivo de su madrastra. La Prensa de Lara reseñó que Maniglia podría asumir el cargo de secretario general de gobierno.

Una noticia publicada por El Impulso el 31 de octubre del mismo año, afirmaba que el cargo del hijastro de Carmen Meléndez dentro del gabinete de la gobernadora era el de secretario privado de la Gobernación del estado Lara, cargo inventado, pues el secretario de la Gobernación para ese momento era el abogado y político oficialista, Yanis Agüero.

Una de las primeras reuniones donde participó Maniglia como secretario privado de la Gobernación fue en una mesa de diálogo con el central azucarero de la entidad, en donde afirmó que “las puertas de la gobernación están abiertas para trabajar en conjunto y así fortalecer el sector en la región”.

En enero de 2018, el portal Noticias Barquisimeto publicó el anuncio de un nuevo cambio en el gabinete de la almiranta, en donde Maniglia ascendió rápidamente de cargo asumiendo la dirección del despacho de la gobernación. 

Durante su gestión como secretario privado organizó varios eventos deportivos como el “Cuadrangular Internacional Sub 20, Lara 2018”, junto con la Federación Venezolana de Fútbol FVF.

También participó como jurado en la elección de la reina de la Feria de Barquisimeto en su edición XLII en el año 2017, luego de varios días de intensas protestas antigubernamentales en todo el país. 

Maniglia aparece en la tabla de jugadores de béisbol con el equipo Cocodrilos Sport Park del Banco de Venezuela, con un promedio al bate de .500 y de séptimo en el lineup 

Pasos en falso

Los pasos de Maniglia Darwich por el sector bancario iniciaron en  2015. Un estado de situación patrimonial del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela Bandes Uruguay indicó que para ese año, ostentaba el cargo de gerente ejecutivo de administración dentro de la entidad. 

Para el año 2016, un estado contable del Bandes Uruguay indicó que Maniglia Darwich ejercía como gerente ejecutivo de finanzas.

Chavismo INC., una investigación realizada por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), afirma que el Bandes ha sido clave en los lazos políticos y económicos entre Venezuela y Uruguay. 

La investigación reseña que el Bandes se fundó en Venezuela en el año 2001, cuando apenas Hugo Chávez tenía dos años en el poder, pero que la institución ganó renombre por sus nexos con casos de corrupción reconocidos por el mismo Nicolás Maduro cuando en 2013 admitió que funcionarios del banco habían perpetrado un desfalco de más 84 millones de dólares al Fondo Chino Venezolano, que manejaba la institución y que recibía aportes de los préstamos de la nación asiática para supuestos “proyectos de desarrollo”.

Un exalto funcionario del Bandes Uruguay -quien prefirió usar el anonimato- aseguró en mayo de 2019 al portal web MercoPress que Venezuela le enviaba al Bandes Uruguay US$4.2 millones mensuales.

Según la publicación, el exfuncionario afirmó que entre 2009 y 2012, Venezuela enviaba esas altas sumas de dinero por concepto de encaje financiero, un procedimiento en el cual se disminuye el riesgo de los depósitos del público en el sistema financiero.

El exfuncionario también le aseguró al medio que en 2009 y 2010 el banco redujo su personal para que los ingresos compensaran las pérdidas. “Ese banco costaba más tenerlo abierto que cerrado”, afirmó.

Otro paso de Maniglia Darwich por el sector bancario ha sido su reciente incorporación al Banco Prodem S.A., una entidad con domicilio legal en la Calle Belisario Salinas Nº 520 Esq. Sánchez Lima Zona Sopocachi, en La Paz, Bolivia.

Según el documento, en una junta general ordinaria de accionistas realizada el 29 de marzo de 2021, se designó a Román Daniel Maniglia Darwich como director titular de la entidad bancaria. 

El Banco Prodem fue constituido el 12 de mayo de 1999. La carta de registro de la entidad (link) destaca que el venezolano y licenciado en contaduría pública, Bladimir Alexander Reveron Madrid es el principal representante legal de la organización. Otro nombre que aparece como representante legal del Prodem es el de Nicolás Enrique Artiles Arteaga, también de nacionalidad venezolana. 

Como principal accionista del Banco Prodem S.A, aparece el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) con un 99.01 % de acciones. 

El 30 de junio de 2021, el Banco Prodem S.A emitió una información sobre su actividad económica, en la que Román Maniglia sigue apareciendo como director titular de la empresa

En marzo de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Bandes y a sus filiales Prodem en Bolivia y Bandes Uruguay, en respuesta a la detención de Roberto Marrero, el asistente del líder político Juan Guaidó. 

El mismo día en el que el gobierno estadounidense emitió las sanciones al Bandes, el expresidente de Ecuador, Lenin Moreno denunció que Nicolás Maduro financia, a través de Bandes, con fondos públicos venezolanos el ‘Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro’ y que en el mes de agosto de 2018, ese instituto recibió una transferencia desde Bandes, por $ 281.000 a una cuenta del Bancodesarrollo S.A., un banco privado de Ecuador.

Además del Banco Prodem S.A, el gobierno oficialista también cuenta con otro negocio lucrativo en Bolivia. Un trabajo de investigación realizado por Transparencia Venezuela y Connectas titulado El diamante mejor escondido del chavismo, explica cómo un diputado del partido del expresidente Evo Morales tomó el control de Gravetal, una próspera agroexportadora de soya, gracias a una inusual transacción con un aporte millonario de fondos públicos de Venezuela. 

Según la investigación realizada, en la página web de la exportadora se afirma que fue creada en el año 2008 por empresarios bolivianos, pero que no se dice nada del impulso y los recursos aportados por el gobierno venezolano, pues es el Banco Prodem el principal brazo financiero de la compañía. 

Lo de Román son los bancos

La actuación de Román Maniglia Darwich en la política deja ver que la comunicación social o el periodismo en cualquiera de sus formas, no se le da tan bien como la actividad bancaria donde parecen estar puestas sus inclinaciones.

El 27 de noviembre de 2020, Román Maniglia, en su carácter de viceministro del Sistema Bancario y Asegurador del Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, fue nombrado por Nicolás Maduro bajo el Decreto N° 4.380, como director ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

A principios de 2021, bajo el decreto Nº 4.449, se creó el Despacho del Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; y Román Daniel Maniglia Darwich fue nombrado como viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, del mencionado Ministerio.

Todo indica que el 2021 ha sido el año de Román Maniglia Darwich, pues el pasado 24 de febrero, la vicepresidenta de la República Delcy Eloina Rodríguez lo nombró bajo Gaceta Oficial 42.074, como miembro principal del directorio ejecutivo del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden.

La ONG Transparencia Venezuela realizó un extenso trabajo de investigación sobre el fondo titulado “Fonden, una estrategia política para gastar sin control”. En el texto destaca que desde su creación en el año 2005 hasta la actualidad, ha fungido como un presupuesto paralelo al servicio de Nicolás Maduro del cual se han manejado miles de millones de dólares provenientes principalmente del Banco Central de Venezuela, BCV, y de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, sin que exista ningún tipo de control.

Transparencia Venezuela señala que desde que inició el Fonden se vendió la idea de que era una vía para financiar proyectos de inversión que favorecieran el crecimiento y desarrollo de Venezuela. Pero en la práctica, se terminó convirtiendo en un desaguadero por el que se despilfarraron muchos recursos.

Maniglia 2.0

Los avances en materia tecnológica del Banco de Venezuela es un tema del cual se ha hablado mucho desde que Maniglia fue designado viceministro de Economía Digital, Banca y Seguros. Desde mayo ha venido informando la creación de herramientas para “fortalecer la digitalización de la economía”.

“El sector bancario avanza en la economía digital, con 12 bancos que ofrecen productos de divisas convertibles, lo que significa que los usuarios ya pueden depositar sus divisas en la entidad bancaria mediante dos formas”, dijo Maniglia. 

Maniglia explicó que con el sistema de pagos BDVYa C2P, “el usuario deposita sus divisas en el banco y también puede realizar las compras en línea. Asimismo, se pueden vender las divisas en bolívares a través del mismo banco sin necesidad de ir a una agencia, porque todo se hace vía online”.

El viceministro destacó que gracias al nuevo mecanismo “va a mejorar todo el tema del efectivo y la gente no va a tener problemas con el cambio, sino que va a pagar lo justo y lo real”.

Sobre la afirmación de que iba a mejorar el tema del efectivo, Nicolás Maduro afirmó que con la creación del sistema de pago C2P,  “nos vamos liberando del papel moneda”, información que fue desmentida por el portal web Espaja.com, pues el sistema funciona para quienes mantienen cuentas en divisas (dólares, euros), lo que sigue siendo una minoría. 

EsPaja.com reseñó que el C2P es la tercera fase de un proceso que inició con la escasez de efectivo y el aumento de inflación acentuada en 2016, que produjo un lucrativo negocio con el papel moneda (dentro del país y en la frontera con Colombia) y llevó al presidente Maduro, en diciembre de ese año, a sacar de circulación –sin planificación alguna– el billete de Bs 100, medida que fue revertida por la violenta reacción de la población.

En junio de este año, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) hizo un llamado a liquidar de forma diligente y expedita los créditos dirigidos al sector agroalimentario. Sobre esto, el viceministro Román Maniglia afirmó que recientemente se había creado una nueva herramienta para agilizar los procesos de aprobación de los créditos, sistema que permitiría que los proyectos cargados sean evaluados directamente por parte del Comité Rector de la Cartera Productiva Única Nacional.

Maniglia participó en julio de 2021 en la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela – Irán con el propósito de construir una ruta para afianzar y fortalecer los sistemas interbancarios entre ambas naciones.

Un hombre sigiloso

Es muy poca la información que se consigue de Román Daniel Maniglia Darwich en internet. El hijastro de Carmen Meléndez no posee cuenta en Facebook, ni en Instagram, no tiene perfil en Linkedin (al menos no con su nombre) y su cuenta en Twitter fue creada en marzo de 2021, justo cuando fue nombrado viceministro. 

Con apenas 821 seguidores, Maniglia solo retuitea información de la vicepresidencia, del ministerio de Economía y Finanzas, la Sudeban y el Banco de Venezuela. 

En Twitter se pueden leer varios comentarios sobre Román Maniglia donde lo acusan de, entre otras cosas, «capitalista voraz» y de» vivir una vida de grandes privilegios» gracias a los cargos que sus padres tienen dentro de la administración de Nicolás Maduro.

Hostigar a defensores de DDHH es un patrón de Estado
El Centro para los Defensores y la Justicia registró 374 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos, que comprenden hechos de estigmatización, intimidación y hostigamiento, amenazas, judicialización, detenciones arbitrarias, ataques digitales y allanamientos
Entre los casos más denunciados este 2021 se encuentran la detención de activistas de la ONG Azul Positivo, ocurrida en enero y que fueron liberados posteriormente con medidas cautelares; y la detención de tres directivos de FundaRedes, que incluyen a su director Javier Tarazona

@Andrea_GP21

 

El Centro Para los Defensores y la Justicia reportó que durante el primer semestre del año 2021 se documentaron 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender DDHH, lo que representa un incremento del 243% en comparación con el mismo período del año 2020, en el cual se registraron 109 situaciones.

Las acciones de persecución y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos (DDHH) en Venezuela se han agudizado durante este año 2021, en un momento en que el país está en la mira de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI).

A su vez, en su último informe presentado a inicios de julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, manifestó que su oficina registró 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las acciones que más impacto han causado este año se destacan las detenciones de integrantes de la organización no gubernamental (ONG) Azul Positivo, ocurrida en enero; y la más reciente, con los directivos de FundaRedes, incluyendo a su director, Javier Tarazona.

 

En el caso de Azul Positivo, los activistas Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez, Alejandro Gómez y Luis Ferrebuz fueron detenidos el 12 de enero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras ser señalados de “asociación para delinquir”. Fueron liberados con régimen de presentación el 11 de febrero, luego que organizaciones nacionales e internacionales exigieron su liberación.

Por su parte, en cuanto a FundaRedes, el pasado 3 de julio detuvieron a su director, Javier Tarazona, junto a otros dos directivos de la ONG: Omar de Dios y Rafael Tarazona. A todos se les decretó medida privativa de libertad.

Agresiones radicales y flexibles

En el mismo informe del Centro para los Defensores y la Justicia, enfatizan que durante un año de pandemia, mientras se profundiza la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, “se consolidan las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria”.

Los 374 ataques e incidentes de seguridad que documentó la ONG durante los primeros seis meses de 2021, se reflejan en varios patrones de agresión: 

 

Informe del Centro Para los Defensores y la Justicia by Andrea González Parra on Scribd

 

“En este año, lejos de minimizarse, los ataques contra la sociedad civil crecieron. Las detenciones arbitrarias por manifestaciones por servicios públicos, aumentaron, así como contra periodistas, sindicalistas, contra defensores de DDHH que se han convertido en un patrón de Estado. Pero hay un compromiso tremendo con seguir en el país haciendo la labor”, advirtió Lexys Rendón, directora del Laboratorio de Paz.

Derecho a defender DDHH

En conversación con Runrun.es, Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, indicó que los defensores de derechos humanos ejecutan acciones que se enmarcan en el Cuerpo Jurídico Internacional, “tanto del derecho internacional de DDHH, como el derecho internacional humanitario, que promueve y reconoce las distintas actividades que estos grupos realizan”.

Además, Romero detalló que, a través de distintos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establecen una serie de derechos como la “libertad de asociación y reunión pacífica, de expresión y de opinión”.

Recordó además que, en el año 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó lo que se conoce como la “Declaración de Defensores”, que establece una serie de derechos relativos a la defensa de DDHH y que impone obligaciones internacionales para el Estado que deben cumplir.

“El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, garantizar y promover el derecho a la defensa de DDHH”, por ende debe “abstenerse de criminalizar, perseguir, imponer obstáculos y limitaciones arbitrarias o indebidas, al ejercicio de estas actividades”, aclaró.

Un intento de silenciar las voces

De acuerdo con Lexys Rendón, activista y directora del Laboratorio de Paz, el Estado venezolano se ha encargado de ir silenciando las voces de quienes disienten y denuncian las arbitrariedades que se cometen en el país.

A juicio de Rendón, el objetivo del estado es “lograr controlar, callar e imponer la política del silencio en las organizaciones de DDHH y los defensores”.

En ese contexto, explicó que el Estado venezolano comenzó con buscar la hegemonía comunicacional, al lograr obtener el control “del espacio público y silenciar voces en todo el espectro radioeléctrico del país”.

Posteriormente, fueron por los partidos políticos, los cuales, según explica Rendón, “están muy diezmados y disminuidos y han abandonado el espacio que tenían copado, por persecución y hostigamiento”.

En tal sentido, tras lograr en un gran porcentaje el silencio de partidos políticos, “ahora la mirada se posa sobre la sociedad civil independiente”.

“Una vez que este espacio está controlado, ahora quienes quedan en la mira del gobierno como parte crítica, con credibilidad nacional e internacional, se les ha tildado de enemigos”, comentó Rendón refiriéndose a los defensores y activistas de DDHH.

 

A pesar de esta campaña, la activista asegura que al Estado no le ha funcionado. Comenta que la denuncia y el acompañamiento que han tenido defensores a los que ha tenido acceso, el monitoreo y sistematicidad “ha permitido llegar a las Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo”.

“Se logró la mirada de todos los organismos, como la CPI, la oficina de Bachelet, la Misión de Determinación de Hechos. Hay organismos vigilantes de DDHH en Venezuela (…) Ha sido un logro de la sociedad civil organizada y defensores”, remarcó.

Se profundiza la criminalización

Marianna Romero señaló que existe una política de criminalización desde hace varios años, lo cual “tiene implicaciones en el marco del derecho internacional, porque existen procedimientos y mecanismos internacionales, que se abocan principalmente a la protección de defensores de DDHH”.

Consideró además, que lo que hace el Estado con el recrudecimiento de la criminalización y la represión a defensores de DDHH, “tiene repercusiones, porque hay una responsabilidad internacional que el Estado no está cumpliendo”.

Por otra parte, Romero resaltó que estas detenciones arbitrarias, como la de los activistas de las ONG Azul Positivo y FundaRedes, “ocurren en el marco de las restricciones al espacio cívico y democrático”, que además comprenden otras acciones como allanamientos, campañas sistemáticas de estigmatización, creación e implementación de leyes como la Ley Antiterrorismo, detallando que hay una serie de instrumentos que se suman a estas agresiones.

“Durante este año ha aumentado la criminalización y no pareciese que esto fuese a disminuir, por eso, reiteramos que es necesario que el Estado cese la criminalización. Defender los DDHH no es un delito. El Estado está obligado a generar entornos propicios y seguros para la promoción y la defensa de DDHH y el ejercicio de la acción humanitaria”, puntualizó.

 

En medio de este escenario hostil, Marianna Romero recordó la necesidad de entender que defender DDHH no es un delito, porque se constituye como un derecho humano. “Son acciones necesarias para promover la existencia de sistemas democráticos sólidos”, dijo.

En ese mismo orden de ideas, Lexys Rendón consideró que desde el año 2020 hay un aumento significativo de las detenciones arbitrarias y este año, “está claro que el Estado venezolano quiere ahora lograr el control y el silencio de la sociedad civil, y lo está haciendo a través del miedo, el terror, las mismas prácticas que hizo con el movimiento político, que es tratar de generar fracturas y que personas se inhiban”.

Los defensores de DDHH siguen trabajando

A pesar de las detenciones, allanamientos y el hostigamiento del cual son víctimas activistas y defensores de DDHH, según Romero, “las organizaciones han seguido de forma resiliente trabajando para realizar sus actividades, aunque esto represente una labor de riesgo”.

“Lo que estamos es en evidencia de un Estado que pretende que este trabajo sea desprestigiado, pero, aun cuando el estado recrudece esta política de criminalización, las organizaciones han seguido trabajando”, agregó Romero.

 

Por su parte, Lexys Rendón coincide con esto, pues considera que, en el caso de las organizaciones que defienden derechos humanos, “no es a través de las detenciones arbitrarias o el hostigamiento que se va a lograr que se desarticule el acompañamiento y la denuncia en materia de DDHH”.

“Esto es un compromiso que va más allá de reivindicaciones de carácter político, cargos políticos o dinero”, agregó Rendón.

Desmovilizar la sociedad civil

De acuerdo con Lexys Rendón, todas estas acciones del Estado genera que los defensores de DDHH tengan que defenderse a sí mismos, antes que seguir haciendo su labor de documentar y denunciar.

Por otra parte, reconoce que el miedo que generan estas arbitrariedades pudiera causar que muchos piensen en emigrar y hacer su trabajo desde el exterior.

“Se busca desmontar una red muy fuerte de sociedad civil, que es lo que ha hecho que la mirada del mundo esté aquí, por las denuncias de DDHH (…) Sabemos que es un Estado autoritario, que no tiene la voluntad política de respetar el estado cívico, sino de control, que va a seguir tratando de ejercerlo”, apuntó Rendón.

Comenta además que, en lugar de resquebrajarse el movimiento, ha habido una respuesta de solidaridad y que, contrario a muchos sectores políticos, los defensores de derechos humanos se articulan, entendiendo que estos defensores pueden ser periodistas, sindicalistas, trabajadores de la salud, gremialistas, maestros, estudiantes y aquellos cuya labor está dentro de una organización que acompaña víctimas.

“Creemos que si el Estado quiere controlar quienes disienten, que la información salga, atemorizar a la sociedad civil, pudiera haber nuevas detenciones y nuevas formas de reducir el Estado cívico”, alertó Rendón.

 

“Estamos claros que ahorita la mirada está sobre la sociedad civil no partidista. Estamos en un año de elecciones, donde la CPI podría pasar a una nueva fase. Estamos en un año muy importante en materia de DDHH. Esperamos un próximo informe de la Misión de Determinación de Hechos.

De “conspiradores” a aliados: Maduro tras la inversión privada
El gobierno pone sobre la mesa negocios a través de la Ley Antibloqueo, el desarrollo de zonas económicas especiales y compras por parte del Estado. Fedecámaras se muestra dispuesta a fortalecer las relaciones

 

@vsalmeron

 

Tras apartarse de los controles y permitir la libre circulación del dólar Nicolás Maduro dejó atrás el túnel de la escasez y el racionamiento. Ahora, el acercamiento al capitalismo teje una alianza para que los empresarios inviertan y ayuden a estabilizar una economía pulverizada, reducida a la cuarta parte de lo que fue en 2013.

El gobierno ha puesto sobre la mesa opciones de inversión mediante la Ley Antibloqueo, un plan de compras por parte del Estado y la construcción de zonas económicas especiales con diversos incentivos y facilidades. 

José Gregorio Vielma Mora, exgobernador del Táchira, exministro de comercio exterior y exsuperintendente nacional tributario, es el encargado de ofrecer las bondades del proyecto de ley de zonas económicas especiales mediante reuniones con empresarios de distintas regiones como Carabobo, Falcón, Mérida y Zulia. 

Al mismo tiempo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, asistió a la Asamblea Anual de Fedecámaras y restableció el Consejo de Economía Productiva donde se reunirán representantes del gobierno y la empresa privada.

Están incluidos

“Allí está la Ley Antibloqueo, están todos invitados. Nos ha pedido el presidente restablecer el Consejo de Economía Productiva, los invito a que en una semana nos reunamos porque uno de los primeros anillos de esta ley es el empresariado venezolano”, dijo Delcy Rodríguez en Fedecámaras.

La Ley Antibloqueo, un instrumento que busca contrarrestar el impacto de las sanciones de Estados Unidos, que al igual que una larga lista de países considera ilegítimas las elecciones con las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente en 2018, otorga amplios poderes al gobierno.

El texto permite desaplicar otras leyes, efectuar transacciones de forma confidencial, privatizar o transferir la gestión de empresas estatales al sector privado y levantar las restricciones a la comercialización “en actividades estratégicas de la economía nacional”.

“Ustedes como empresarios son vistos con envidia por sectores privados internacionales que no tienen posibilidades de tener la mayor reserva de petróleo del mundo, la quinta reserva más grande de gas, la mayor reserva de oro, la mayor reserva de diamante, la tienen ustedes acá”, detalló Delcy Rodríguez durante su discurso.

Recalcó que uno de los principales objetivos es que los empresarios locales “inviertan y desarrollen las potencialidades de Venezuela. Es una invitación, está en la Ley Antibloqueo, pensando siempre en cómo levantar la producción de Venezuela”.

La vicepresidenta explicó que otro paso es reforzar el plan de compras del Estado para “garantizar mercado permanente a los productos nacionales”, algo que ya está en marcha mediante la compra de una parte de la producción de calzado que luego es repartida a la población mediante programas sociales.

Además, Delcy Rodríguez planteó una “sustitución estratégica de importaciones” y explicó que “nuestro interés es el ahorro de divisas porque estamos bajo ataque permanente y tenemos que desarrollar los sectores que tienen un alto componente nacional”.

Como ejemplo de esta iniciativa resaltó el caso de los neumáticos: “Venezuela consume 187.500 neumáticos al mes, casi todo lo que llegaba al país era importado. Desde enero de 2021, con políticas arancelarias, hemos recuperado la producción nacional”.

Pueden confiar

Tras la debacle de la producción petrolera, el cierre del financiamiento y el aislamiento internacional, la administración de Nicolás Maduro necesita de los empresarios, los mismos que ha tildado de “parásitos”, “conspiradores” o artífices de una “guerra económica”.

El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, dejó en claro el interés de dejar atrás el pasado de confrontación: “Yo le pido al gobierno nacional, a todas sus autoridades, que confíe en los empresarios venezolanos”.

Añadió que “debemos asumir un compromiso con el país sin importar si los radicales atacan o si la comunidad internacional no entiende lo que está ocurriendo”.

Zonas especiales

El gobierno buscará la aprobación en el corto plazo de la Ley de Zonas Económicas Especiales que permitirá crear espacios geográficos que contarán con estímulos “fiscales, tributarios, financieros y de otra índole” para impulsar la sustitución selectiva de importaciones, potenciar el turismo, el desarrollo tecnológico y las exportaciones.

José Gregorio Vielma Mora ha visitado distintas regiones del país para explicar la iniciativa y viajó a las zonas económicas especiales de China y Vietnam para reunirse con expertos en el tema.

En entrevista concedida a Unión Radio Vielma Mora dejó en claro que “aquí va a trabajar el cien por ciento del sector privado, sobre todo nacional, la gente está pensando que vamos a traer inversión extranjera de la noche a la mañana”.

Para Vielma Mora la principal tarea es generar “confianza entre el sector público y el sector privado. Confianza mutua. Yo confío en que me vas a brindar servicio, seguridad, prosperidad, no me vas a colocar alcabalas, restricciones, que nuestros certificados salen de la noche a la mañana de manera inmediata, que no hay corrupción”.

Entre otros propósitos la idea es que los empresarios ayuden a superar el impacto de las sanciones. “En los países que han sido sancionados la manera de maniobrar, ha sido a través del apoyo del sector privado”, dijo Vielma Mora.

Campo minado

Empresarios consultados se muestran escépticos ante el rumbo que puede tomar la relación con el gobierno.  Explican que la mayoría de las leyes para controlar la economía como la Ley de Precios Justos están vigentes, solo ha habido una desregulación de facto.

Otro factor a tomar en cuenta son restricciones que difícilmente podrán solucionarse en el corto plazo. Para disminuir la cantidad de dinero en circulación y desacelerar la inflación el Banco Central asfixió el crédito obligando a los bancos a congelar 85% de los depósitos, por lo tanto, el financiamiento a las empresas es mínimo.

De acuerdo a los datos de Conindustria en promedio las empresas solo están utilizando 18% de la capacidad instalada por la baja demanda, las fallas de electricidad, escasez de combustible y la competencia de productos importados.

“La idea de las zonas económicas especiales no es mala, pero en un país que no esté destruido. Tal vez empresarios cercanos al gobierno aprovechen la Ley Antibloqueo y las zonas especiales para comprar barato algunas empresas o tomar el control de compañías públicas, pero el resultado va a ser muy tímido”, dice un empresario que prefiere reservar su identidad.

Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que el proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales no cumple con el propósito de eliminar la burocracia y generar confianza.

Explica que las ventajas fiscales se concretarán en un “convenio de inversión” que cada empresa tendría que suscribir con el “Centro Internacional de Inversión Productiva”, un organismo a ser creado.

Desde su punto de vista “muchos de los beneficios fiscales en materia de ISLR, IVA e impuestos aduanales deben ser creados en la propia Ley”.

Agrega que el proyecto señala que los inversionistas necesitarán la autorización del Centro Internacional de Inversión Productiva que tendrá la potestad de determinar los requisitos a exigir con lo cual se crea una zona propicia la discrecionalidad de este organismo.

Juan Cristóbal Carmona, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señala que el proyecto establece que los inversionistas tendrían que pagar sus impuestos y luego, habría alguna devolución, algo que genera incertidumbre.

“La experiencia acumulada en Venezuela respecto de la devolución de tributos ha sido nefasta, para lo que vale remitirse a casos como los de las retenciones excedentarias de IVA o de los aranceles de aduana a través del mecanismo de draw back”, dice Juan Cristóbal Carmona.

La incertidumbre legal también alcanza al sector petrolero. El gobierno, para eludir las sanciones, comenzó a firmar contratos con empresas locales que invierten en proyectos y cobran con una porción del petróleo que extraen. La estrategia contempla ampliar estas operaciones en el corto plazo.

Juan Cristóbal Carmona advierte que para estas empresas el manejo del petróleo que reciben como pago es problemático. “Bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, únicamente la República, Pdvsa y operadoras 100% propiedad de Pdvsa pueden exportar crudo. Y únicamente Pdvsa puede atender el mercado interno de crudo”.

Mantenerse en el poder

Si bien Nicolás Maduro camina hacia un mayor acercamiento con los empresarios, en el plano político no hay señales de apertura, al contrario, en las últimas semanas acusó al partido Voluntad Popular de estar vinculado con paramilitares asociados al gobierno colombiano y encarceló a su dirigente Freddy Guevara.

Maryhen Jiménez, Doctora en Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, explica que “el gobierno necesita del viraje económico porque quiere llegar en una mejor posición a 2024”.

“Estos incentivos económicos no están diseñados para ninguna transición importante, no implica un giro en lo político, es posible que estén pensando en un modelo como Singapur, China o Rusia donde se activa la economía, pero no tiene libertades civiles, políticas o institucionalidad independiente”, añade Maryhen Jiménez.

Desde su punto de vista el gobierno va a combinar el acercamiento a los empresarios y el intento por oxigenar la economía, con represión selectiva para evitar que todos los actores de la oposición se coordinen para participar en algún evento electoral.