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Disidencias chavistas son perseguidas por sus antiguos camaradas
Denuncian que hasta los organismos de seguridad del Estado han sido usados para presionar retiros de aspiraciones, y se ha empleado a la Contraloría General para evitar candidaturas incómodas.

@Reyestheis

 

Los sectores de la izquierda no alineada con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), denuncian la violación a sus derechos políticos y humanos, por los que consideran actos de persecución por parte de sus antiguos aliados.

Ya el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, había dictado su veredicto el 4 de febrero de 2021, cuando se debatía un acuerdo con motivo de la insurrección militar de 1992.

Tras la intervención del diputado Oscar Figuera del Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien mostró su desacuerdo con una parte del texto, porque según él “se ha retrocedido el camino al socialismo” y “habría que rectificar”, Rodríguez, desde lo más alto de la tarima le lanzó la sentencia al catalogarlo como “Quinta Columna”.

“Hay toda una campaña orquestada para generar división en el seno de la revolución venezolana. Hasta estas alturas del partido se está con la patria o se está contra la patria”, aseveró el psiquiatra, dejando claro que para ser considerado camarada hay que estar con Nicolás Maduro.

Pero en las disidencias de izquierda dicen que el asunto es aún peor. Que el trato para quienes antes eran integrantes de las fuerzas que respaldaban a Hugo Chávez y hoy muestran su desencanto con “su hijo político” ha sido más cruel que el que se le da a algunos sectores de la oposición venezolana y ahora se hace más evidente en las vísperas de las elecciones regionales.

El garrote estatal

Patria para Todos (PPT) es un partido que se creó tras una división de la Causa R y que tuvo entre sus figuras estelares a Aristóbulo Istúriz, Alí Rodríguez, Pablo Medina y José Albornoz, entre otros.

En la medida en que sus líderes principales se iban deslindando de esta tolda para incorporarse de lleno al PSUV, la dirigencia que se quedaba en la tolda azul se tornó cada vez más crítica, primero marcando distancia de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro.

En agosto del año pasado, su secretario general, Rafael Uzcátegui, anunció su separación definitiva del Polo Patriótico –la alianza oficialista-. Entonces, un grupo de dirigentes introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, que fue decidido en solo 24 horas, arrebatándoles las siglas a Uzcátegui y cediéndolas a Ileana Medina, figura incondicional con Maduro.

Hoy en día, Rafael Uzcátegui es una ficha clave de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), una plataforma de acción política que aglutina a dirigentes y partidos disidentes del chavismo. “Hay diferencias en las posiciones de lucha y éticas. Esas diferencias los lleva (a la cúpula del PSUV) a ser mucho más duros, exagerados, arbitrarios, autoritarios y desconocedores de los derechos democráticos para con nosotros”, expresa el dirigente.

Como un ejemplo de las arbitrariedades, el líder expepetista narra el caso de la dirigente Mariana Lerín, quien aspiraba ser la alcaldesa de Guanare, capital del estado Portuguesa, en las elecciones de noviembre próximo.

Esta joven dirigente participó en los comicios internos del PSUV, pero según ella, a pesar de contar con respaldo mayoritario, fue descartada su aspiración.

“Les digo responsablemente, tengo el 100 por ciento de las actas que se entregaron al partido y que se enviaron a la sala de totalización nacional. El día lunes fueron llegando las actas en físico de los centros de votación de difícil acceso, aunque ya teníamos las fotos de las actas. Guanare tiene 132 UBCH, 3 no tuvieron su estructura lista, por lo que quedaron 129 UBCH activas, y Mariana Lerín logró obtener el apoyo de 123. Se computaron 3 mil 4 votos, triplicando a la segunda contendora. Es imposible derrotar al que gana, y menos a quien lo acompaña, el pueblo. Esta es una batalla donde se logró ganar, pero no nos dejaron pasar”, declaró la dirigente el 6 de julio y anunció que vendrían “nuevos escenarios”.

De inmediato, Lerín se convirtió en la aspirante del chavismo disidente, pero la cúpula psuvista tenía otros planes.

“Es una muestra de lo que significa ser y tener una posición diferente. Ella fue secuestrada por cuerpos policiales, y conminada en Caracas a que renunciara. Su solo rostro demuestra las cosas a las que fue sometida cuando fue obligada a renunciar”, aseveró Uzcátegui.

Se refiere a un video que publicó Lerín en Instagram, el 29 de septiembre, donde con lágrimas en los ojos dijo: “Muchachos, les grabo este video para decir que estoy bien, que el comunicado lo escribí yo (donde renunciaba a su aspiración), y que por los momentos no vamos a cumplir los compromisos políticos (….)  Ya prontito estoy de regreso en mi estado, en mi casa, con mi hijo, con ustedes (…) A veces Dios escribe con renglones torcidos”, indicó con voz entrecortada.

Otro ejemplo del supuesto enseñamiento contra las disidencias le ocurrió al alcalde Macanao (Estado Nueva Esparta), Miguel Vásquez, quien -según Uzcátegui-  fue inhabilitado en forma ilegal por la Contraloría, al igual que el general Nerio Galbán, quien aspiraba a ser gobernador de La Guaira.

Según el PCV, el Consejo Nacional Electoral exigió a esa organización política retirar las candidaturas de Galbán y Vásquez por órdenes de la Contraloría General de la República. Pero el partido del gallo rojo denunció en un comunicado que “tales objeciones no aparecían reflejadas en el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP). De hecho, en lo que respecta a la postulación de Vásquez, su candidatura ha sido tipificada por el sistema como “Eliminada”; estatus inexistente en el Manual de Postulación del SAP”.

Pero además, el ente comicial tampoco permitió la sustitución de la candidatura de Galbán. En una carta consignada ante el ente electoral, el PCV relató que el viernes 24 de septiembre, el SAP impidió modificar la postulación. “El SAP reportaba a las 5:20 que la organización se encontraba fuera del lapso para hacer nuevas solicitudes aun cuando el plazo para este proceso permanecía abierto hasta medianoche”, indicó.

 

Por eso, el PCV está exigiendo al CNE la auditoría del sistema SAP.

El profesor Eduardo Samán, quien contaba con el respaldo de la APR para ser candidato a alcalde del municipio Libertador, también resultó inhabilitado y tuvo que ser sustituido por Rafael Uzcátegui.

Samán presentó su caso ante la embajada de México en Caracas, ya que este país sirve de anfitrión en los diálogos entre el régimen y un sector de la oposición venezolana.

Señaló en su carta a la legación diplomática que desde la conformación de Alternativa Popular Revolucionaria el Gobierno de Nicolás Maduro “ha aplicado una política para invisibilizarnos mediante un cerco mediático y comunicacional”.

Agrega la misiva: “Agreden a nuestra militancia a través de despidos, detenciones arbitrarias y demás acciones contrarias al ordenamiento democrático, específicamente con la intervención judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), imponiéndole Juntas AD-HOT (Sic) a distintos partidos políticos de izquierda (PPT) y (TUPAMARO), iniciando un proceso de judicialización, como también la negación por parte del CNE de habilitar electoralmente la tarjeta del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la exclusión del Partido Izquierda Unida (IU) rechazando su legalización electoral”.

Fuerza policial

El caso de Lerín no sería el único en el que las fuerzas policiales estatales son usadas para presionar a militantes del PSUV.

Al alcalde de San Antonio del Táchira, William Gómez, no le permitieron participar en el proceso de primarias de esa organización, y mantenía diferencias con el llamado protector del estado, Freddy Bernal.

La cúpula del PSUV supuestamente lo instó a que renunciara a su cargo, y como este se negó, fue detenido el 8 de octubre por unas horas en un comando de la Guardia Nacional y luego trasladado a San Cristóbal. La detención produjo protestas en San Antonio.

Al rato, Gómez anunció por whatsapp: “Por motivos políticos, debo entregar el cargo de alcalde hoy mismo”.

https://twitter.com/MurilloAnggy1/status/1446459557010608135

Sobre la situación a la que está expuesta la propia militancia del PSUV,  Uzcátegui señala: “La dirección (de la tolda roja) cada día más se aleja de los postulados para los cuales se crearon como partido. Hoy están alejados de sus bases, de su militancia, las agreden y persiguen si asumen una posición distinta a quienes gobiernan”.

El propio Uzcátegui mantiene un proceso judicial abierto y fue señalado por la exalcaldesa del municipio Libertador Érika Farías, de pertenecer a una red de prostitución.

Al interrogarlo sobre la razón del ensañamiento con las disidencias, el viejo roble de izquierda comenta: “Somos un referente ético, una prueba que se puede adversar, tener una posición política siendo honesto, transparente y honrado. Nos separa la frontera ética, de la honradez y la transparencia de estos señores que hoy pretenden erigirse en burgueses revolucionarios”.

“Divide y mantente unido”

Sergio Sánchez es el secretario de organización del Movimiento por la Democracia (MPD), el partido que tiene como líder al encarcelado general Miguel Rodríguez Torres y asevera que a la disidencia «no nos permiten registrarnos como partido”.

Añade que en las elecciones para las gobernaciones “tratamos de inscribir candidatos y nos los sacaron, tratamos de utilizar otras tarjetas y las eliminaron”.

Destaca que este año se ha permitido el registro de una gran cantidad de partidos opositores, pero ninguno de la disidencia de izquierda.

Para argumentar por qué el régimen trata a sus antiguos aliados de peor forma que a sus opositores naturales, Sánchez apela a “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu. Comenta que ese libro señala como estratégico lograr que el adversario se fracture, para que negocie una salida. 

“Mientras te fortaleces a lo interno, divides al adversario. En ese sentido, ellos saben (el régimen) que la oposición no les genera ningún tipo de dificultad, porque hay una pared narrativa”, expone.

Indica además que “el Gobierno conoce muy bien a la oposición, pero la oposición no conoce al chavismo, sus contradicciones, sus anhelos y miedos. Nosotros sí los conocemos. A nosotros no nos van a acusar de antirrevolucionarios, nosotros conocemos las mentiras que hay allí adentro, sabemos cómo se ha desviado eso y podemos señalarlo”.

Otro de los elementos que expone como prueba de la arremetida contra el chavismo disidente es la detención de Rodríguez Torres. Asegura que el general «tiene un liderazgo importante en la Fuerza Armada”.

Dice Sánchez que en el mundo militar se pregona con el ejemplo y el ejemplo a seguir es ser el número 1 de la promoción o director de la Academia Militar (cargo que ocupó Rodríguez Torres). Fue muy cercano a Chávez, llevó la inteligencia por muchos años (director del Sebin entre 2010 y 2104), puso a jefes de guarniciones y ayudó a muchos oficiales”.

Según el dirigente del MPD, el único delito por el que está detenido el alto oficial retirado es por instigación a la rebelión y la única prueba que hay en el expediente es un tuit que emitió en el que señalaba que Maduro era derrotable si había organización. Ese tuit lo habría enviado un oficial de la FAN a otro, pero –paradójicamente- quien lo envió no fue detenido.

Origen de las diferencias

A pesar de los inconvenientes denunciados por las disidencias, el PCV en alianza con la APR anuncia que han postulado aspirantes a las 23 gobernaciones –en La Guaira esperan que se resuelva el impasse con el CNE- 335 candidatos a alcaldes, 152 aspirantes a legisladores regionales por lista y 93 nominales y 1.420 candidatos a concejales por lista y 982 nominales.

“Es decir el PCV, en alianza con la Alternativa Popular Revolucionaria, lleva aspirantes a los cargos de elección popular en todos los espacios en disputa electoral”, declaró Janohi Rosas, secretaria general de la Juventud Comunista de Venezuela y representante del PCV ante el CNE.

La joven dirigente recuerda que su partido tiene 90 años de fundado y que en 1998 se decidió respaldar a Hugo Chávez porque había puntos en común, tales como la necesidad de la recuperación de la industria petrolera, la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, el rescate de la tierra en manos de latifundistas y el rescate del salario. Pero sostiene que en esos ámbitos “durante la gestión del presidente Nicolás Maduro se ha tenido un duro revés”.

Considera que en estos momentos hay “un pacto de élites del Gobierno a través del PSUV en una amplia conjunción con la oposición de derecha” y que estarían tratando de abrirle las puertas al Fondo Monetario Internacional y “revertir todos los logros y conquistas establecidos en el proyecto histórico bolivariano”.

Rosas sostiene que El PCV y la APR son «la única referencia popular revolucionaria que participa en las elecciones del 21 de noviembre”.

Janohi Rosas
Foto cortesía de Janohi Rosas

Riesgo potencial

Para el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, en estos momentos, las disidencias del chavismo no significan un riesgo importante para Maduro ni para el PSUV, pero podrían serlo.

“El Gobierno y el PSUV tiene el problema central que la popularidad de Maduro es restringida, que se ha debilitado en el ejercicio del poder de manera significativa y la figura de Chávez sigue siendo popular”, comenta.

Detalla que el recuerdo de la gestión de Chávez es positivo para más del 50% de la población, mientras la evaluación positiva de Maduro está por el orden del 14%.  

“El riesgo que corre siempre la Revolución y Maduro es que eso se convierta en una fuerza alternativa. Que surja una fuerza que eventualmente los desplace, que conecte mejor con el legado de Chávez y que desconecte con Maduro”, indica León.

Sostiene que, en este momento, no existe ningún líder disidente que tenga un nivel de aceptación popular significativo.

“Entonces, hoy no son un peligro, tanto que el gobierno no le teme a excluirlos. No se plantea negociar con ellos, como lo hizo en el pasado, para tratar que se pulvericen”.

Además, acota que el proceso electoral del 21 de noviembre está diseñado para que sea prácticamente imposible que esas fuerzas tengan una representación política importante, ya que es muy complicado el ejercicio del voto cruzado.

Este 21 de noviembre es la fecha pautada para las elecciones y mientras a la manito de la Unidad se le ha dado facilidades para sus postulaciones, como la concesión de varias prórrogas para inscribir sus candidatos, el gallo rojo canta recio en son de protesta.

Para este trabajo se intentó contactar a Manuela Lerín, Eduardo Samán y al diputado del PSUV Saúl Ortega, pero no fue posible obtener sus puntos de vista.

Zulia es la entidad con más personal sanitario fallecido por COVID-19 con 19,63% de los casos
A pesar de que Zulia es el estado que reporta mayor cantidad de miembros del personal sanitario fallecidos, no fueron vacunados de primeros
Las muertes del personal sanitario fallecido en el estado Zulia representan 19,63% del total de fallecidos reportado por Médico Unidos Venezuela

El 16 de junio de 2020 falleció el primer médico en Venezuela a causa del COVID-19. Su nombre era Samuel Viloria. Era médico especializado en Epidemiología, dirigió el Hospital Universitario de Maracaibo entre 2015 y 2017. También, fue director del Hospital Régulo Pachano Áñez y profesor de la Facultad de Medicina de La Universidad del Zulia (LUZ).

Después de un año y nueve meses de la llegada del COVID-19 a Venezuela, Zulia continúa siendo el estado que ha registrado la cifra de fallecidos del personal sanitario más alta del país. 

Hasta el momento de publicación de este trabajo (21 de octubre) Zulia había perdido a 151 trabajadores de la salud a causa del coronavirus. De ellos, 119 eran médicos, 23 eran licenciados en Enfermería y uno fue técnico radiólogo. Los médicos fallecidos en Zulia por COVID-19 representan 19,63% del total de sanitarios que murieron a causa del COVID-19.

Freddy Pachano, pediatra y director de posgrado de Medicina de LUZ, explicó que el estado Zulia es el estado con más muertes en el personal sanitario por dos razones: un brote de casos en un mercado local y el «terrible» estado del sistema sanitario.

El estado con más fallecidos

Según datos de la organización Médicos Unidos Venezuela (MUV), hasta el 21 de octubre de 2021, en Venezuela han fallecido 769 trabajadores del sistema sanitario a causa del COVID-19. Solamente en Zulia han fallecido 151 trabajadores del área salud.

Las muertes del personal sanitario fallecido en el estado Zulia, representan 19,63% del total de fallecidos reportado por Médico Unidos Venezuela.

119 de ellos eran médicos cirujanos especializados en diferentes áreas. 23 eran licenciados en Enfermería y uno fue técnico radiólogo.

Las muertes del personal sanitario en Zulia representan 3% de las muertes totales que ha registrado el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta el 20 de octubre, se registraban 4763 muertes por COVID-19 en todo el país.

El segundo estado con la cifra más alta de fallecidos del personal sanitario es Distrito Capital, con 105 fallecimientos. 56 de ellos eran médicos cirujanos y 22 licenciados en Enfermería. 

Le sigue Carabobo, con 69 trabajadores del área de salud fallecidos a causa del coronavirus. 52 eran médicos cirujanos y 12 licenciados en Enfermería.  

Todo comenzó en el mercado de Las Pulgas

El 13 de marzo de 2020, Nicolás Maduro decretó que Venezuela debía pasar a cuarentena, suspendiendo las actividades educativas, laborales y legales, con la excepción de aquellas correspondientes al servicio médico, la distribución de cadenas de alimentos y las labores de los cuerpos de seguridad del Estado.

En el mercado de Las Pulgas de Maracaibo se hizo caso omiso a esta medida. Este es el mercado a cielo abierto más grande del estado Zulia y alberga a más de 20.000 trabajadores informales, 22.500 exactamente, establecidos en un área de 37.092 metros cuadrados. La fuente de ingresos proviene de la venta de víveres, ropa y licores.

EFE reseñó que la ausencia de datos sobre afectados por el COVID-19 en la zona permitió que un problema de gran alcance creciera en lo que es un ambiente perfecto para que el virus se expanda a sus anchas y se nutra de la suciedad y la podredumbre.

Según la agencia de noticias, la actividad en el Mercado de Las Pulgas es un escenario que no cambió en medio de la cuarentena, pues hubo poca disciplina con las medidas de protección como el uso de mascarillas o con el distanciamiento social.

“Detectamos que el foco de contagio es en Las Pulgas y tiene que ver con la relación paramilitar, tiene que ver con los que llegan de Colombia, que hacen el mercado en Colombia, que hacen el negocio en Colombia, que hacen el cambio de la moneda en Colombia y van todas las semanas y vienen todas las semanas”, señaló Omar Prieto, gobernador de Zulia, en esa ocasión.

Las Pulgas fue calificado de epicentro y quedó cerrado hasta nuevo aviso tras notificarse dicho brote. 

Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela (MUV), indicó que el foco más fuerte y con mayor cantidad de tiempo instalado, que además no fue fácil controlar, fue justamente el que se originó en este lugar.

«Un foco tan importante como el del mercado de Las Pulgas tuvo un volumen de contagio altísimo y exponencial, en donde la inmensa mayoría de los pacientes no iban directo al hospital porque de repente eran asintomáticos. Probablemente, el virus corrió en todas las localidades del Zulia», afirmó Lorenzo. 

Lorenzo explicó que de un foco tan grande surgen muchos casos positivos de COVID-19 y, por ende, al haber más casos, puede haber una cifra más elevada de muertes. 

Sistema sanitario no estaba preparado

El estado de deterioro de los centros de salud es otro de los factores que ha contribuido a que Zulia lidere la cifra de fallecidos del personal sanitario.

Pachano denunció que, desde que inició la pandemia, hay mucha escasez de equipos de bioseguridad, incluso en hospitales centinela. «A esto se le suma la infraestructura hospitalaria destruida», dijo. 

El médico pediatra señaló que los hospitales más importantes de la entidad estatal están deteriordados, que hay ausencia de medicamentos y muy pocas camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la entidad.

Además de eso, Pachano reiteró la acentuada escasez de agua y energía eléctrica que afronta el estado.

«Todo ese mal manejo tuvo una repercusión tremenda en Maracaibo», aseguró Lorenzo.

El director de MUV señaló que otro de los errores que se cometieron en Zulia fue no tener un laboratorio de procesamiento rápido de pruebas para detectar el COVID-19 dentro del estado. Lorenzo reiteró que esto causó que los resultados de las pruebas se demorarán mucho tiempo en llegar. Además, ocasionó que las personas desconocieran si habían contraído el virus o no, lo que propició mayor propagación. 

No fueron los primeros vacunados

A pesar de que Zulia es el estado que reporta mayor cantidad de miembros del personal sanitario fallecidos, no fueron los primeros en ser vacunados. 

De acuerdo a Freddy Pachano, esto influyó directamente en la cifra de fallecidos que reporta el estado del oeste del país. «Tuvimos muchas muertes este año que pudieron evitarse si se hubiesen vacunado», reiteró.

El Vacunómetro  indicó que, para junio de 2021, Zulia solo había recibido 5382 vacunas, a pesar de registrar la mayor cantidad de casos positivos en el momento. La cifra corresponde a 4,1% de las repartidas a nivel nacional. 

Llaman a impedir un ecocidio en El Ávila
Provea recordó que la ley de parques protege al pulmón vegetal caraqueño desde 1958
El Observatorio de Ecología Política denunció que desde hace un tiempo, se adelanta un proceso para privatizar «poco a poco» el parque y  permitir el usufructo de sus espacios por parte de empresarios 

 

Foto: Héctor Luis Fuentes (Tomada de @GianlucaCoccon1)

 

En horas de la noche del 20 de octubre, el tópico «Ávila» se posicionó como una de las tendencias más comentadas en Venezuela en la red social Twitter.

Un anuncio de Nicolás Maduro activó la conversación virtual.  El dirigente oficialista reveló que autorizaría la construcción de una ciudad comunal en el emblemático pulmón vegetal de los caraqueños.

«Una vez que aprueben la ley, promulgaré con mi firma de jefe de Estado la ley de ciudades comunales y constituiré en el Waraira Repano la primera ciudad comunal
del país, de la historia de Venezuela acá mismo, en el Waraira Repano, así que a trabajar mucho, a producir mucho, a organizarse mejor», anunció Maduro durante una reunión con miembros de la fuerza comunal de Caracas. 

 

Las alarmas se encendieron enseguida. Ciudadanos y activistas rechazaron la propuesta que afectaría al patrimonio natural de Venezuela. 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) llamó a impedir lo que tildaron de «ecocidio» e instó a los caraqueños a evitar que la medida se concreta. 

«El Ávila es un parque nacional El Ávila es un pulmón para Caracas El Ávila es un patrimonio natural de Venezuela. Anunciar una «ciudad comunal» para El Ávila solo traerá más destrucción. La ley de parques nacionales lo protege desde 1958. No permitamos un ecocidio en El Ávila», escribieron en su perfil en Twitter. 

La intervención del Ávila es de vieja data

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) advirtió sobre la «grave» degradación de la montaña, debido a actividades «ilegales» que vienen ejecutándose,

En un artículo publicado en su sitio web, expresaron su preocupación por las implicaciones socioambientales que traerá consigo el establecimiento de una ciudad comunal en el Ávila.

Señalan que esto se sumaría a otras actividades que ya violentan el reglamento de uso de este parque nacional «ante la mirada cómplice de Inparques».

Entre ellas, citan el «uso de bicicletas y la promoción de carreras y deforestaciones, la realización de fiestas en el Hotel Humboldt,  la deposición de las aguas servidas directamente en la montaña; así como la violación a los terrenos de los cultivadores de Galipán de forma arbitraria para construir carreteras, teleféricos, mansiones y otras edificaciones de gran tamaño. El peor de los casos, el permitir el uso de glifosato y otros agrotóxicos sobre los terrenos».

Sobre Galipán,  sitio donde Maduro apuntó el ojo para construir la primera ciudad comunal del país, indicaron que es el punto de la montaña con más problemas ambientales.

«Se quiere crear una figura jurídica que se pretende superponer a la del Parque Nacional, a su PORU (Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso) y todas las medidas protectoras que no pueden retrotraerse, por principio constitucional y del derecho, a un estado de menor protección y de mayor daño para el ecosistema allí existente. Pues, más allá de la jerigonza jurídico-política, las contradicciones existentes, o lo nada comunal que tendrán las llamadas ciudades comunales que no podemos discutir en este momento, el problema fundamental es la violación a la protección del principal pulmón de la región capital y un atentado a la vida del principal bosque nublado tropical», denuncian.

Destacaron además que hace unos meses, Inparques promovió una consulta para reformar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU)  de Él Ávila con la intención de permitir actividades «nocivas y peligrosas para el ecosistema local».

En tal sentido, según recordaron en otra publicación, el 27 de abril se habría celebrado una mesa de trabajo de Inparques vía Zoom en la que se expuso a la directiva de dicha institución sobre los cambios planteados, «que van sí o sí», según denunciaba el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

Estas modificaciones, anticipaban entonces, se enmarcaban en un modelo  “económicamente sustentable” , que apuntaría «a la privatización poco a poco del parque y el usufructo de sus espacios por empresarios para generar ingresos».

Por tal motivo, consideran que el anuncio de la instalación de la ciudad comunal es otro eslabón más para concretar la privatización de El Ávila. 

«Esto parece estar alineado a un plan sistemático de revertir la protección establecida por el Parque Nacional, para convertir sus espacios en zonas de usufructo económico a todo trance. Violando todo principio constitucional, ambiental e, incluso, el sentido común», reclaman.

Por último, enfatizaron que construir una ciudad comunal en El Ávila constituye un  «ataque frontal» a la montaña y  una «guerra declarada» a la protección del principal espacio verde de los caraqueños».

«Y nos advierte que ni los parques nacionales están a salvo de la depredación extractivista, pero además, si esto es tan cerca en Caracas y en una montaña tan querida y defendida por los ciudadanos, ¿qué queda para los demás espacios, protegidos o no, que no tienen tanto arraigo en el sentimiento popular?», se preguntan. 

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela convocó a un tuitazo en defensa de El Ávila este jueves 21 de octubre, a las 7:00 de la noche. 

Las caras del “protector” de Maduro en la frontera
Freddy Bernal es uno de los pocos hombres de Hugo Chávez que aún goza del apoyo de Nicolás Maduro y, a quien lo impuso en un cargo para mantener el control político en Táchira. De participar en un golpe militar pasó a convertirse en funcionario público y ser sancionado por violación a los derechos humanos. Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) junto a Connectas devela los mecanismos que se usan desde el “protectorado” para permitir el paso irregular de mercancía por este estado fronterizo

 

Hace seis años Venezuela cerró la frontera con Colombia después de que dos militares venezolanos resultaron heridos en enfrentamientos con grupos delictivos. Los puentes que comunican ambos países desde el estado Táchira siguen trancados, afectando la vida de los ciudadanos quienes se vieron obligados a pasar por caminos improvisados y alternos al paso oficial entre ambos países. Sin embargo, lo que sí sigue abierto es un negocio millonario producto del contrabando que se ha aprovechado de esos pasos irregulares.

Unas 52 rutas informales que van desde pasos por ríos a puentes con tablas improvisadas, conocidas como “trochas”, siguen activas en la frontera. Pero dos de ellas fueron elegidas para el tránsito de la mercancía autorizada por el “protectorado” del Táchira, según informaron varios empresarios y funcionarios regionales consultados por este reportaje de investigación publicado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual junto a la organización periodística Connectas.  

Desde 2017, Freddy Bernal actúa como “protector” de este estado fronterizo, una suerte de mandatario regional paralelo a la gobernadora legítimamente electa, integrante del partido Acción Democrática. El rol de “protector” es una estructura que no está contemplada en las leyes y es una figura alterna a los gobernadores y alcaldes, para imponerse sobre los opositores que ganaron la elección popular.

En los cuatro años que lleva en el cargo, Bernal se autopromociona en jornadas de dotación de materiales, reuniones con militares para “afinar estrategias para la defensa” de la frontera, mesas de trabajo para atender a las familias afectadas por las lluvias, entregas de alimento y gas doméstico, para inaugurar nuevos alumbrados públicos, así como encuentros con sectores productivos; actividades que corresponden al gobernador del estado.

Los nuevos códigos

El intento del paso de ayuda humanitaria desde Colombia en 2019, se tomó como argumento para cerrar por completo el puente internacional Simón Bolívar en la frontera. A partir de esta fecha se intensificó el tráfico de mercancía en la zona con la creación de los llamados “códigos” emitidos por el protectorado de Bernal o por organismos militares, popularmente conocidos como Código del Protectorado, Código Zodi (Zona Operativa de Defensa Integral) o Código Redi (Región Estratégica de Defensa Integral), estos dos últimos manejados por militares. “Los códigos representan una autorización para cruzar productos de manera ilícita a través de las trochas y son otorgados a los amigos del régimen”, aseguraron fuentes consultadas para este reportaje. 

Con documentos en mano (código y planilla de liquidación de impuestos) “se dirigen a una trocha específica y utilizada para tal fin, donde esperan las mercancías en los vehículos de carga colombianos para hacer trasbordo a camiones de matrículas venezolanas y luego ser cruzadas a territorio venezolano”, explicó un de las fuentes que pidió mantener su nombre en reserva. 

Según la gobernadora Laidy Gómez, el contrabando por las trochas le deja al protectorado del Táchira 3 millones de dólares semanales. También recalcó la fuerte pérdida económica para el estado fronterizo, al señalar que en los últimos dos años se han dejado de percibir más de 288 millones de dólares en recaudación aduanera, los cuales se habría podido invertir en obras públicas para la región.

“Para nadie es un secreto esta situación. Los mismos comerciantes y productores agropecuarios vienen a mi despacho a manifestarme la preocupación por pagos sin ningún sustento tributario ni aduanero que se deben hacer al llamado protectorado, para traer mercancía o materia primas desde Colombia”, apuntó Gómez.

Trochas V.I.P

Una de las formas que han surgido para traspasar la frontera es “Trochas V.I.P.”, un servicio “más cómodo y seguro que un servicio puerta a puerta”, que se ofrece a los venezolanos que requieren viajar a cualquier ciudad colombiana y especialmente a Cúcuta, que se salta las limitaciones oficiales a la movilización como medida preventiva por la pandemia. Para ello, el pago para pasar de la capital tachirense San Cristóbal hasta la zona de Juan Frío en Colombia, ronda los 108 dólares o 400.000 pesos colombianos, según el tipo de cambio del día.

Un recorrido realizado por ARI en la zona logró verificar el tránsito de mercancía por estos caminos improvisados, la forma en que militares custodian las cargas y ayudan en su transbordo de un camión con identificación colombiana a otro de placa venezolana. En el lugar afirmaron que gran parte de esa mercancía pertenecía a alguien que ostentaba el “código del protectorado”.

También se pudo evidenciar la presencia de vigilancia por parte de grupos irregulares en todo el camino, que mostraban sus armas sin pudor.   

Policía revolucionario

Bernal era policía cuando participó en el golpe militar liderado por Hugo Chávez en 1992 y fue escolta de Violeta Barrios de Chamorro, siendo presidenta de Nicaragua; con el pasar de los años, constituyente, diputado, alcalde de Caracas y ministro de la mano del chavismo. Su nombre ingresó en la Lista Clinton de Estados Unidos por supuestas conexiones con el narcotráfico junto a las FARC, y está en todas las listas de funcionarios chavistas sancionados por violaciones a los derechos humanos en Venezuela.  

Esta es la trayectoria de Bernal, el “protector” de Maduro en la frontera y, a quien escogió como candidato en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre para ser gobernador de Táchira, complicada región que sigue en manos de la oposición, pese a la hegemonía del chavismo en el resto del país. 

Puede leer este reportaje completo en el siguiente link:

https://alianza.shorthandstories.com/Las-caras-del-protector-de-Maduro-en-la-frontera/index.html

Vacunómetro: Casi 60% de la población tiene al menos una dosis anticovid en 20 semanas del plan de vacunación
A partir del próximo lunes 25 de octubre se retomarán las clases presenciales por primera vez después de año y medio de pandemia, según anunció Nicolás Maduro. La Alianza Rebelde Investiga (ARI) recopiló datos de las autoridades regionales que dan constancia de la inmunización del 58,15% de la población

“¡Pendiente! Maestras, maestros, profesores, profesoras, madres, padres, representantes, niños, niñas y jóvenes, recuerden que el lunes 25 de octubre regresan a clases; escuelas, liceos y universidades abren sus puertas a los estudiantes”. Estas fueron las palabras del mandatario Nicolás Maduro para anunciar el regreso a las actividades escolares de manera presencial. 

Este anuncio se hizo cuando se contabilizaban 1.349 nuevos contagios de covid-19, con proliferación en los estados centrales, liderando la lista Caracas con 203 nuevos casos, La Guaira con 156, Aragua con 149 y Miranda con 145. En estas zonas del país se comienza a vivir una tercera ola de contagios, así lo han advertido profesionales de la salud y se ha constatado con los reportes diarios ofrecidos desde el Gobierno. 

Datos recopilados por el Vacunómetro, una herramienta diseñada por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), revela que el proceso de vacunación ha ido presentado un alza moderada, a la par de la llegada de más dosis de fármacos al país.  En la semana número 20 de vacunación el ritmo de dosis aplicadas subió 9,62% con respecto a la semana del 12 al 19 de octubre, cuando fue de 8,24%.

Esta alza moderada se puede deber a la poca capacidad de almacenamiento de vacunas con la que cuenta el país. En un reportaje publicado por ARI sobre la cadena de frío, se indicó que al menos 12 estados no tienen plantas eléctricas ni suficientes neveras y congeladores para conservar las dosis del programa nacional de inmunización. Una evaluación reciente Unicef constató que Venezuela cuenta con una capacidad de conservación para 31.040.750 vacunas, sin embargo, Huniades Uribina, secretario de la Academía Nacional de Medicina, asegura que esta capacidad se ha reducido por las carencias en el sector.

El llamado a clases no será segmentado ni de forma paulatina. El próximo lunes 25 de octubre, desde nivel preescolar hasta las universidades deberán retornar a las aulas. “Hemos logrado la vacunación del 84% del personal educativo del país”, aseguró Maduro durante una reunión del martes 19 de octubre con los jefes de las zonas educativas. 

Pero el hermetismo en torno a la vacunación pone en tela de juicio estos números, además, variantes más transmisibles y que atacan con mayor fuerza a los niños como la delta, circulan ya en el país. 

Griselda Sánchez, docente y presidenta de la Asociación Civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordisi), sostuvo que no es el momento para volver a las clases presenciales. 

“La pandemia se encuentra en un pico alto y las instituciones no cuentan con los servicios básicos” señaló Sánchez al explicar que servicios como el agua, esenciales para la higiene y bioseguridad escasean con frecuencia en los centros de educación pública. 

 

Además, tampoco el personal cuenta con productos como cloro, jabón, “muchos menos habrá tapabocas o alcohol”, factores que ponen en un riesgo mayor al personal que antes de la pandemia ya trabaja en condiciones precarias, de acuerdo a datos suministrados por la presidenta de Fordisi.

A pesar de este escenario, Maduro insistió en que la meta es vacunar para finales de año, es decir, en solo dos meses, al 100% del personal educativo.

 

Y, aunque no es primera vez Nicolás Maduro habla del tema, refirió que el “consejo científico de Venezuela, en la comisión presidencial contra el covid-19, estamos haciendo estudios de algunas vacunas en el mundo para comenzar, es lo que aspiramos antes que termine el año, la vacunación de niños y niñas mayores de tres años en adelante hasta jóvenes de 18 años”. 

Muchos países han avanzado en el proceso de vacunar a su población infantil. Naciones vecinas como Colombia, han comenzado a proteger a sus infantes con dosis de fármacos anticovid-19. Hasta ahora dosis de Sinovac, Sinopharm y Pfizer/BioNTech han sido usadas por diversos organismos de salud para vacunar a menores de edad. 

 

¿53,5% de Venezuela vacunada?

El domingo 17 de octubre Maduro afirmó que “53,5% de toda la población venezolana ya había sido vacunada contra la covid-19”. Además, aseguró que el país contaba con dosis suficientes para inmunizar al 80% de la población. “Tenemos una meta muy importante, llegar el 31 de octubre al 70%”. 

 

Los datos ofrecidos por las autoridades gubernamentales dan constancia de que, en lo que va de año Venezuela, ha recibido 30.991.056 dosis de vacunas contra el covid-19. El más reciente cargamento, 430 mil dosis de la vacuna Sputnik V llegó el lunes 18 de octubre proveniente de Moscú.

Hasta el 19 de octubre las cifras recogidas por el Vacunómetro dadas por las autoridades de salud indican que, durante este tiempo, se habrían aplicado 12.794.896 dosis de vacunas contra el covid-19, lo que significa que 58,15% de la población cuenta con al menos una dosis.

La Organización Panamericana de Salud, detalló que en Venezuela han sido aplicadas 16.127.242 dosis de vacunas contra el covid-19. Es decir, 9.926.613 primeras dosis y 6.190.629 personas ya recibieron la segunda dosis.

La opacidad y el poco interés en las autoridades de hablar con detenimiento de la pandemia así como del proceso de vacunación hace que varíen los datos suministrados sobre las dosis que han llegado a los 23 estados y el Distrito Capital versus las dosis aplicadas.

La información suministrada por las autoridades locales y sanitarias dan registro de la distribución de 9.938.773 dosis de vacunas, pero han aplicado 12.794.896, lo que significa 28,73% más de las dosis distribuidas en los estados.

 

Ronna Risquez Oct 20, 2021 | Actualizado hace 4 días
El Tren de Aragua tiene parada en Ecuador
El Tren de Aragua, la megabanda delictiva más poderosa de Venezuela, se ha convertido en una locomotora de crimen que recorre Suramérica a toda velocidad. Sus integrantes han seguido la ruta del éxodo venezolano: Colombia, Perú, Brasil, Chile
Ecuador se había mantenido al margen, pero a finales de 2020, la Policía ecuatoriana asestó un golpe en Carchi –un poblado en la frontera con Colombia– y desarticuló a un grupo ligado a la banda que operaba en esta provincia.
La banda delincuencial transnacional nació en 2020 y es controlada desde la prisión de Tocorón. Se dedica al menos a 18 delitos y destacan la extorsión, el tráfico de drogas, el microtráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes, entre otras actividades que desarrollan en zonas fronterizas 

 

Ronna Rísquez y Lorena Erazo Carapaz

**Este reportaje es parte del libro Periferias: crónicas del Ecuador invisible, una publicación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) de Ecuador, presentada el 30 de septiembre de 2021. Runrunes lo reproduce con autorización de la editora 

Eduardo ingresó a Ecuador portando solamente su cédula de identidad, como casi todos los venezolanos que huyen de su país. Sin posibilidad de tener un visado de trabajo, empezó a ganar algunas monedas a cambio de cargar maletas en la terminal de buses de Tulcán, la primera ciudad ecuatoriana que pisan los migrantes venezolanos al dejar atrás Colombia. Su nombre real no es Eduardo, pero pide proteger su identidad por temor a las represalias por haber denunciado a los miembros del Tren de Aragua, la organización delincuencial que viene saltando de país en país, siguiendo el camino de los venezolanos. 

Eduardo cuenta que los delincuentes llegaron a la terminal de buses en medio de la pandemia, se presentaron como miembros de la banda y empezaron a extorsionarlos

 

«Nos dijeron: ‘Mira, somos miembros del Tren de Aragua, y hay que seguir el carro (como se llama a la estructura criminal que opera en las cárceles venezolanas) así que debes pagar la causa’ (hacer un tributo o vacuna)”. Si no pagábamos, debíamos buscar otro lugar donde trabajar y atenernos a las consecuencias».

 

Y las consecuencias de negarse a pagar eran mortales. “Nos decían que para solucionar el inconveniente debía haber un muerto. Si no queríamos pagar, íbamos a recibir bala”, dijo el venezolano, quien evitó  hablar del monto que pagaban a los miembros de la banda para conservar su puesto de trabajo en la terminal.

Aunque los principales cabecillas de las extorsiones están presos desde el 13 de noviembre de 2020, Eduardo está convencido de que todavía hay personas vinculadas al grupo que siguen moviéndose por la ciudad fronteriza. 

La actividad de la banda empezó a ser observada por la Policía en septiembre de 2020, tras las denuncias de trabajadores de la terminal de Tulcán. Los delincuentes son liderados desde el Centro Penitenciario de Aragua, en Venezuela, mejor conocida como cárcel de Tocorón, y están organizados en células pequeñas y grandes que los venezolanos conocen como carros que se dedican al robo, extorsión y al tráfico de drogas y armas, según información de Jaime Fung, profesor venezolano radicado en Tulcán. 

Tras las primeras pesquisas se determinó que el carro que ingresó a Ecuador estaba integrado por varios hombres con los alias de: ‘Loro’, ‘Chamo’, ‘Terry’, ‘Flores’, ‘Guaido’, ‘Terry’, ‘Carapita’, ‘Toñito’ y ‘Renzo’. El 13 de noviembre de 2020, desde la Fiscalía se autorizó el allanamiento y detención de los hombres que habían sido señalados como integrantes del grupo delincuencial. Los registros se hicieron al mediodía en la terminal terrestre, en el sur de Tulcán, en el hostal La Florida, y en la Cofradía, barrio periférico de la ciudad. 

Siete venezolanos fueron detenidos por asociación ilícita. Jesús Eduardo Ramos Fragachan, de 39 años, alias ‘Loro’, fue arrestado en el sur de Tulcán, era identificado como el líder de la agrupación y se encargaba de planificar las actividades de la organización, según las investigaciones. José Gregorio Flores, alías ‘Flores’, de 56 años, y Terry González, alias ‘Terry’, de 38 años. Todos son del estado de Aragua, algo que tienen en común todos los miembros de la banda. El primero dijo que no estaba radicado en Ecuador sino en Ipiales (Colombia), y el segundo, que fue aprendido en el hostal Florida, dijo no tener residencia fija y ser ‘cambista’, es decir que se dedicaba a cambiar dólares por pesos colombianos y viceversa. 

Otros de los detenidos fueron Eduardo Rafael Abasol, de 29 años, conocido como ‘Carapita’, venía de Caracas, pero tampoco tenía una residencia fija. Inicialmente se identificó como otra identidad, pero el apellido no concordaba con el sistema informático de la Policía de Ecuador. Juan José Medina Medida, de 28 años, alias ‘Guaido’, vivía en un hotel y también intentó ocultar su identidad. Su nombre real es Jonathan Jesús Sánchez Olivero, por lo que la policía tuvo que solicitar una nueva orden de detención con este nombre. Los otros detenidos se presentaron como trabajadores de la terminal de buses: Renzo Tablante, alias ‘Renzo’, de 38 años, y Antonio José Torres, alias ‘Toñito’, de 41 años, quienes manifestaron que se dedicaban a enganchar pasajeros y cargar maletas. 

El detenido apodado ‘Flores’ solicitó que comunicaran su detención a su hermana, en Ipiales, y ‘Carapita’ pidió ver a su pareja. El resto desistió del derecho de contactar a sus familiares. En los allanamientos también detuvieron a Darnis Jiménez y Sixmary Hostos. Ambas mujeres fueron sorprendidas en una vivienda en el sur de Tulcán, donde también se encontraron dentro de una mochila cinco paquetes que contenían marihuana. En la Unidad de Antinarcóticos se constató que eran 4.969 gramos de cannabis, cerca de cinco kilos. Jiménez está presa en la cárcel de Tulcán por tráfico de drogas, sentenciada a un año y ocho meses de prisión y una multa de 800 dólares. En su declaración, Jiménez dijo que la mochila la dejó Eduardo, conocido como ‘Carapita’. 

Los detenidos se acogieron al silencio y aceptaron los cargos de asociación ilícita; también se confirmó que los detenidos ingresaron a Ecuador de forma irregular y sus nombres no constaban en el sistema migratorio ecuatoriano. Los medios locales y nacionales hablaron de la operación Perseo, llamada así por la deidad griega que combate el mal, e hicieron hincapié en que los detenidos eran miembros de la banda Tren de Aragua y que empezaron a operar cuando la terminal de pasajeros volvió a funcionar luego del confinamiento estricto de la pandemia.

Las autoridades policiales, sin embargo, no confirmaron que se tratara de integrantes de la banda venezolana. La policía ecuatoriana niega la presencia de la banda en Tulcán. Marco Sánchez de la Policía Judicial dijo que los detenidos usaban el nombre de Tren de Aragua para intimidar a sus compatriotas. Esta investigación, sin embargo, confirmó que al menos cinco de los detenidos en Ecuador presentan solicitudes o registros policiales por diversos delitos en Venezuela, son originarios de distintas localidades del estado Aragua y pertenecen al Tren de Aragua. 

En el grupo de detenidos destaca el cabecilla, Jesús Eduardo Ramos Fragachan, alias ‘Loro’, quien está requerido por las autoridades venezolanas por su responsabilidad en el homicidio de un entrenador deportivo en la capital del estado Aragua, en julio de 2020. A raíz de ese crimen, el hombre huyó y se refugió en la población de Ureña en el estado Táchira –en la frontera con Colombia–, donde se le relacionaba con delitos de homicidio, extorsión, secuestro, robo y hurto de vehículos. Luego habría abandonado Venezuela y se volvió a saber de su paradero cuando fue detenido en Ecuador. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) confirmaron que Ramos Fragranchan es miembro del Tren de Aragua.

Otro de los detenidos en Ecuador es Juan José Medina Morales, alias ‘Guaido’, de quien las autoridades presumen que fingió su muerte, pues su identidad fue usada para registrar el fallecimiento de otra persona. También se pudo constatar con la policía venezolana que Antonio José Torres, alias ‘Toñito’, está solicitado en Aragua por extorsión y secuestro; Eduardo Rafael Abasol Montesinos, ‘Carapita’, tiene solicitudes en los estados Aragua y Carabobo –aunque no se obtuvo información de los delitos–; mientras que José Gregorio Flores es buscado por homicidio y pertenece al Tren de Aragua. 

Una locomotora de crimen organizado recorre América Latina 

El Tren de Aragua es la organización criminal más grande y poderosa de Venezuela. Tiene presencia en 11 de los 23 estados del país y es el primer grupo delincuencial de origen venezolano que ha logrado expandir sus actividades a otras naciones de América Latina. Se le identifica con el calificativo de “megabanda”, porque el grupo está integrado por un “ejército” de más de 3.000 hombres, dispone de armas de guerra y tiene una estructura jerárquica definida, clara y sólida. 

Una de las principales características de esta organización de crimen organizado es que tiene su base de operaciones en el interior de una prisión, la cárcel de Tocorón, a unos 101 kilómetros de Caracas, en la región centro-costera del país. El líder de la organización es un preso identificado como Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Él es también el “pran” de Tocorón, delincuente que lídera y actúa como el jefe de la cárcel. Ejerce el control de la prisión desde hace más de 10 años, y es uno de los delincuentes más poderosos de Venezuela. 

A juzgar por los resultados, pareciera que el uso de una prisión como enclave criminal ha sido estratégico para la expansión de la “megabanda”. El poder del Tren de Aragua se ha consolidado fuera de su región de origen de una forma acelerada. Un informe de inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, al que tuvo acceso esta investigación, revela que el grupo estaría desarrollando actividades ilícitas en 10 estados venezolanos: Carabobo, Sucre, Bolívar, Zulia, Miranda, Lara, Guárico, Trujillo, Táchira y Aragua. A esto debe agregarse Apure, donde ya se ha reportado la presencia de algunos de sus miembros.

Esta imagen fue tomada del Informe de Inteligencia de la PNB, pero corresponde a una infografía elaborada por la Fundación InSight Crime. Muestra los estados y países donde opera la banda, a los que hay que sumar Apure y Chile

“El Tren de Aragua funciona como una especie de franquicia criminal. Los líderes asociados, que están en las calles, pueden controlar por completo sus propios negocios, pero hay otros en los que deben compartir las ganancias con el ‘Niño Guerrero’”, explica un informe de Transparencia Venezuela sobre crimen organizado y corrupción, publicado en 2020. De la manera que sea, al final la conexión entre los franquiciados y la “megabanda” siempre se mantiene. 

La organización parece que también utiliza esta modalidad de franquicias en sus operaciones en el exterior, porque el Tren de Aragua no solo ha traspasado los muros de la cárcel para crecer dentro de su país. El documento de inteligencia, elaborado en 2021 por la PNB, afirma que el grupo delictivo ha logrado cruzar las fronteras y llegar, al menos, a cinco países de la región: Colombia, Perú, Chile, Brasil y Ecuador. “El Tren de Aragua está teniendo mucho poder en estos países y hemos identificado que realizan llamadas desde esos países para extorsionar. Esto ocurre desde 2018, utilizando líneas telefónicas que compran en el exterior”, explicó un comisario de la policía judicial de Venezuela que ha seguido los pasos del grupo delictivo, y quien pidió no revelar su identidad por razones de seguridad. 

Otros agentes de la policía regional del estado Aragua consultados ratificaron esta información. La presencia de miembros de la “megabanda” se ha identificado en países que comparten frontera con Venezuela o en países que han sido los principales destinos de los migrantes venezolanos, en los últimos cinco años. En estos territorios el grupo delincuencial ha logrado instalar a representantes de su organización para ejercer actividades ilícitas que ya formaban parte de su portafolio criminal, como extorsión o cobro vacuna, microtráfico de drogas, tráfico de personas, robo, homicidios y tráfico transnacional de drogas, entre otros. 

En 2019, la policía de Colombia confirmó la presencia del Tren de Aragua en la frontera entre Táchira (Venezuela) y el departamento de Norte de Santander. Allí controlan algunos pasos fronterizos ilegales, conocidos como trochas, que son utilizados para el tráfico de venezolanos, que intentan huir de la emergencia humanitaria compleja que vive el país caribeño. 

Incluso, luego de la publicación del libro Periferias, que contiene este reportaje, se conoció que el Tren de Aragua controla puntualmente los pasos fronterizos desde el lado colombiano en Villa Rosario, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) controla las trochas del lado venezolano. “Tal es el poder y la crueldad de esa organización criminal, que hoy domina varios puntos de Villa del Rosario (Norte de Santander), cobrando ‘vacunas’, comercializando armas, golpeando personas, amenazando, matando y desterrando gente. En fin, sus integrantes hacen lo que quieran, sin que alguien le pueda decir nada”, dice una nota periodística publicada en el medio colombiano La Opinión

De igual manera, se identificó la presencia de esta agrupación en la frontera entre Arauca y el estado Apure donde llegaron para disputarle a las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) los negocios ilícitos en esa frontera.  

La banda también se dedica al tráfico de marihuana entre los dos países y al menudeo (venta al detal) de droga en la ciudad colombiana de Cúcuta, según refieren reportes oficiales de ambos gobiernos. La comercialización de cannabis sería uno de los negocios más importantes del Tren de Aragua. “Dominan el mercado de la súper marihuana, también conocida como ‘cripy’, en Venezuela y utilizan la salida al mar por el estado Sucre para traficarla hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe”, explicó el excomisionado Pedro González*, de la Policía de Aragua. 

El informe de Transparencia Venezuela confirma los nexos con el narcotráfico. “Distintas fuentes corroboraron que en el estado Sucre, en pueblos como San Juan de las Galdonas, San Juan de Unare, Río Caribe y Güiria, entre otros, existen células delictivas del Tren de Aragua que controlan el narcotráfico y el contrabando por vía marítima hacia Trinidad y Tobago, y otras islas del Caribe”, dice el documento

El comisario de la policía judicial relató que también han identificado la presencia de miembros del Tren de Aragua en Bogotá, donde la “megabanda” controla algunos locales nocturnos en zonas populares de esa ciudad. Allí organizan con frecuencia fiestas que cuentan con la animación de la vedette y Dj Jimena Araya, conocida como alias “Rosita”, quien estuvo relacionada con el “Niño Guerrero” y con otros miembros de la organización delictiva desde hace casi 10 años. “En las fiestas participan los miembros de la banda del penal de Tocorón. Son quienes venden droga y licores venezolanos”, precisó el funcionario policial. 

Algunos carteles promocionales de estas “rumbas venezolanas” (como se le llama en las fiestas) se pueden encontrar en las redes sociales de la Dj Jimena Araya. En sus giras artísticas destaca su paso, casualmente, por países donde se ha identificado que hay actividad de la “megabanda”, como Colombia, Chile, Perú (de donde fue expulsada por sus presuntos nexos con la organización criminal) y Ecuador. 

 

Captura de pantalla del Facebook de Jimena Araya donde anuncia su show en Cuenca, Ecuador, en 2018

La presencia del grupo delictivo también fue identificada en Brasil. “Los organismos de seguridad brasileños informaron que había células del Tren de Aragua operando en Pacaraima, norte de Brasil, y que miembros de la banda estaban comenzando a crear células dentro del sistema penitenciario brasileño. Los medios brasileños señalaron que la banda había ganado control en el país con el tráfico de personas y la extorsión a migrantes venezolanos en la frontera”, dice un reporte publicado por la Fundación InSight Crime en diciembre de 2020. 

Esta expansión parece lógica. Brasil comparte frontera con Venezuela, por el sur del país, en el estado Bolívar. Allí está ubicado uno de los mayores yacimientos de oro del mundo, conocido como el Arco Minero del Orinoco, donde opera una importante célula del grupo criminal, la banda de Johan José Romero, alias “Johan Petrica”, líder fundador del Tren de Aragua.

Este es, además, otro importante punto de salida de migrantes. Pero la relación con Brasil va más allá. Las autoridades del estado de Roraima han identificado el reclutamiento de más de 700 delincuentes venezolanos por parte del Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo criminal más poderoso de Brasil. Se presume que muchos de ellos son miembros del Tren de Aragua. 

Sin embargo, Perú fue el primer país de la región que experimentó las consecuencias de la llegada del Tren de Aragua. La detención de cinco de sus miembros cuando pretendían robar un banco en Lima, en 2018, encendió las alarmas de los cuerpos de seguridad de ese país. Luego vinieron las denuncias de secuestros, extorsiones y hasta casos de descuartizamiento de enemigos. 

Pedro Ramírez*, un funcionario de la Policía de Aragua que ha hecho seguimiento a la “megabanda”, explicó que los jefes del Tren de Aragua envían a otros países de la región a miembros de la organización para liderar operaciones en estas naciones y administrar negocios diversos. “Los mandan a Perú, Colombia, Ecuador, Chile y también creemos que a Argentina. Allí los líderes se ocupan de administrar negocios de alimentos o bares, que son una fachada para ocultar las diversas actividades delictivas de la banda”, explicó Ramírez. 

Estos países coinciden con las naciones recorridas por la Dj “Rosita” –la mujer que ha estado estrechamente ligada al Tren de Aragua– para sus espectáculos. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la localidad visitada por la vedette fue Cuenca. Sin embargo, no se conocen más datos sobre la presencia del grupo criminal en esta y otras ciudades de ese país. 

Por estas razones, no es descabellado que la expansión por Sudamérica del Tren de Aragua incluya Ecuador, que además es el tercer país del mundo que más inmigrantes venezolanos ha recibido. Hasta agosto de 2020 se calculaba en 420.000 el número de refugiados, según datos de ACNUR, y se espera que la cifra supere las 500.000 personas para finales de 2021. 

Funcionarios del Cicpc de Venezuela aseguraron para esta investigación que todos los venezolanos detenidos en la ciudad fronteriza de Ecuador son oriundos del estado Aragua (donde tiene su base la “megabanda”) y todos estarían ligados al grupo delincuencial, tras ser verificados en el Sistema de Integrado de Información Policial (SIPOL). Incluso algunos de ellos presentan antecedentes y solicitudes policiales por diversos delitos. 

El documento de inteligencia de la PNB al que se tuvo acceso para esta investigación también confirma la presencia del Tren de Aragua en Tulcán, Ecuador. Aunque no se especifica si se trata de miembros del grupo que actúan de manera independiente o si se trata de una franquicia de la organización.

Las operaciones en la frontera entre Ecuador y Colombia 

El centro de operaciones de la banda era el terminal terrestre de Tulcán, en la frontera entre Ecuador y Colombia. El sitio estuvo cerrado desde marzo de 2020, por la emergencia sanitaria que se declaró en Ecuador, pero el 14 de agosto volvió a ser punto de llegada y partida de autobuses. Las personas que perdieron sus empleos, sobre todo, venezolanos, encontraron en este sitio una forma de ganarse la vida, pero tuvieron que someterse a las extorsiones del Tren de Aragua. 

«Respondí que no pagaría y que estaba cansado de pagar vacuna y que me extorsionen, por lo que uno que le decíamos ‘Viejo’ sacó a relucir una pistola que portaba en la cintura y me apuntó«. Esta es parte de la versión de Carlos*, otro venezolano que también fue víctima de la banda y usa un nombre falso para protegerse. 

Los miembros del Tren de Aragua ingresaban a las oficinas de transporte para cobrar sus tributos a diario. Algunos pagos también se hacían en las inmediaciones de la terminal terrestre y en un restaurante a pocos metros de la puerta de salida de la terminal de autobuses donde encargaban la preparación de alimentos para los venezolanos que llevaban hacia Perú (en operaciones de tráfico de migrantes). 

El dinero se entregaba a ‘El Loro’ a través de sus cobradores, los venezolanos apodados: ‘Flores’, ‘Renzo’, ‘Toñito’, ‘Guaidó’, ‘Terry’ y ‘Carapita’, quienes simulaban reuniones o conversaciones para receptar los cobros. En las declaraciones de testigos protegidos que constan en el expediente de la Fiscalía, se lee que un venezolano que se opuso al pago resultó herido en una pelea en las afueras de la terminal. El atacante supuestamente fue alias ‘El Loro’, quien apuñaló al comerciante en el abdomen. Estas denuncias motivaron el seguimiento policial que duró más de dos meses y acabó con la operación Perseo, según explicó Marco Sánchez, oficial de la Policía Judicial ecuatoriana. 

La banda, además de la extorsión, se dedicaba también al tráfico de personas por los pasos informales que existen en la frontera entre Ecuador y Colombia, que se extiende por 224 kilómetros. Antes de la pandemia se contabilizaban 38 cruces, tras el cierre del Puente Internacional Rumichaca subieron a más de 50, según la información recopilada por la Brigada de Infantería Andes, que custodia el límite fronterizo.

Según la información policial, los delincuentes controlaban todo el corredor migratorio y transportaban a sus compatriotas desde territorio colombiano por los diferentes pasos informales hasta la terminal de Tulcán y desde este punto hasta Huaquillas, frontera con Perú. “El cierre del Puente de Rumichaca a causa de la pandemia ayudó en su cometido”, dijo el oficial de la Policía Judicial. 

Extorsión, tráfico de migrantes y comercialización de marihuana son algunos de los delitos que se le atribuyen a los aprehendidos por los cuerpos de seguridad. Estos delitos y la forma de operar descrita por las autoridades de Tulcán coinciden con el perfil criminal que presenta la “megabanda” dentro y fuera de Venezuela.

La frontera porosa que comparten Ecuador y Colombia, pese al cerrojo por la pandemia desde marzo de 2020, permitió también el paso de alcaloides desde Colombia. En 2020, en el Carchi se decomisaron más de 11 toneladas de droga, de los que más de 10 eran solo de marihuana que había ingresado al país en transporte hormiga (pequeñas cantidades), luego se acopiaba en zonas del límite internacional y se trasladaba al interior del país. Estas cifras superan con creces los decomisos del año anterior a la pandemia, cuando se incautaron apenas tres toneladas de sustancias psicotrópicas, dos de ellas de cannabis. 

La presencia del Tren de Aragua en la frontera entre Ecuador y Colombia ha levantado los recelos de otros grupos armados que pugnan por controlar el territorio. Al menos eso se puede concluir tras la circulación de un panfleto con las siglas de ‘FARC EP’ (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) Segunda Marquetalia, el 31 de julio de 2021. No se ha confirmado la autenticidad del documento en el que se amenaza a tres venezolanos que serían parte de la agrupación Tren de Aragua y les dan plazo de 12 horas para dejar Ipiales.

La crónica policial ya registró el asesinato de un venezolano en un paso informal fronterizo en el lado colombiano el 30 de julio, y el cadáver de otro venezolano apareció en un paso fronterizo en Ecuador, el 2 de agosto. Ese mismo día en La Verbena, comunidad colombiana limítrofe con Ecuador, hubo un enfrentamiento armado que se saldó con la quema de un vehículo y una vivienda y un colombiano asesinado. 

*Los nombres de las víctimas y los funcionarios de cuerpos de seguridad entrevistados para esta investigación fueron cambiados para garantizar su seguridad.

*Luego de la publicación del libro que contiene este reportaje, se conoció de la presencia de supuestos miembros del Tren de Aragua en otras localidades de Venezuela, Colombia y Chile. Sin embargo, es importante verificar que no se trata de grupos de imitadores.

**Este reportaje es parte del libro Periferias: crónicas del Ecuador invisible, una publicación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) de Ecuador, presentada el 30 de septiembre de 2021. Runrunes lo reproduce con autorización de la editora 

 

Bombonas de gas estallan por falta de mantenimiento
Los cilindros deben ser revisados periódicamente y someterse a una inspección mayor cada 7 años. Recomiendan ubicarlos fuera de los hogares y comprar detectores de gas 

@franzambranor

Al menos 30 personas resultaron heridas el pasado viernes 8 de octubre en el edificio Tip Top de San Martín en Caracas luego de que se produjera la explosión de una bombona de gas. 

Seis meses antes, el 23 de abril, un hecho similar se registró en el barrio Los Erasos de San Bernardino, también en la capital venezolana, provocando la muerte de cuatro personas, entre ellas un menor de edad; mientras que el 28 de diciembre de 2020 se registró el estallido de 161 cilindros de gas en la comunidad de Caño de los Becerros, en la capital monaguense de Maturín. Este accidente trajo como consecuencia la muerte de nueve personas y otras 45 heridas. 

En lo que va de 2021 han ocurrido nueve episodios relacionados con gas doméstico en cinco estados del país, destacando Monagas, entidad en donde ocurrieron tres en menos de un mes.

Rubén Pérez, consultor en materia de gas natural, dijo que cuando suceden este tipo de accidentes, responden a la conjunción de múltiples factores y existen corresponsabilidades.

El Estado, a través del Ministerio de Petróleo, es corresponsable, este debe velar porque todos los cilindros cumplan con las normas técnicas de construcción y mantenimiento nacionales. Asimismo, los distribuidores y el mismo usuario final, que a veces prefiere ignorar algunas señales de alerta y recomendaciones”, dijo Pérez. 

De acuerdo a Bomberos del Distrito Capital y Defensa Civil, el suceso en San Martín pudo haberse producido por una inadecuada instalación del cilindro que desencadenó una fuga. “Era una bombona de 40 kilos, que es la más grande, por eso vimos a paredes de gran espesor colapsar”, sentenció Pérez. 

Un mal evitable 

Para Pérez, este tipo de tragedias pudieran evitarse si se toman los correctivos pertinentes. “Los cilindros deben ser retirados cuando cumplan su vida útil y además tienen que ser sometidos a revisiones periódicas muy sencillas para verificar si tienen algún tipo de corrosión, abolladura, abombamiento o desperfecto en sus válvulas”. 

Según Pérez, quien cita la norma técnica nacional, cada 7 años debe hacerse un mantenimiento mayor a los cilindros y la inspección por parte del usuario tiene que ser permanente. 

Las bombonas no pueden estar dentro de las viviendas, deben estar afuera en un área adecuada, ventilada y resguardada del ambiente. En ocasiones, no se instalan bien y se hacen malas conexiones, por ejemplo, no se puede unir una conexión de bronce con otra de hierro porque se corre el riesgo de que haya una corrosión”. 

El experto sostuvo que las empresas distribuidoras deben garantizar las inspecciones periódicas debido a que los cilindros son de su propiedad, no del usuario final.

Yo recomiendo al usuario comprar detectores de gas que cuestan entre 15 y 20 dólares, estos trabajan con baterías o electricidad, colocarlos en la cocina y cuando hay fuga de gas, ellos nos avisan. Igualmente, podemos realizar inspecciones con agua y jabón del cilindro y sus válvulas para detectar fugas, y una inspección visual que detecte algún desperfecto en el cuerpo del cilindro”. 

Escasa producción de gas

Explicó Pérez que, de acuerdo con  la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, las empresas privadas pueden participar en la distribución de gas, pero que desde la creación de Pdvsa Gas Comunal en 2007 durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, estas se han visto reducidas a entre 5 y 10%.

“Comenzó una política de expropiación y la distribución quedó básicamente en manos del Estado”, recordó. 

El experto en materia gasífera manifestó que el déficit nacional de GLP (gas licuado de petróleo) es de 40 mil barriles diarios y por eso la gente se ve obligada a recurrir a acciones como cocinar con leña. “Un 90% de la población en Venezuela emplea gas doméstico”.  

Informó que desde hace poco más de 10 años, Pdvsa comenzó a importar GLP, pero la actividad se detuvo debido a los problemas económicos de la empresa petrolera y posteriormente a las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. “El pasado mes de julio una resolución de la administración estadounidense permitió la importación nuevamente de GLP por razones humanitarias”.

Para Pérez, el problema en Venezuela radica en que no hay producción de gas suficiente para abastecer el mercado.

Desde 2012 no se produce una molécula de GLP en el occidente del país, el colapso económico hizo que esto se detuviera y ahora todo se concentra en lo poco que se produce en el oriente del país, específicamente en la planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural en Jose, estado Anzoátegui, lo cual, como es de suponer es insuficiente para cubrir toda la demanda nacional”.   

Vacunación contra la covid-19 en niños venezolanos debe estar basada en ciencia y no en política
La Academia Nacional de Medicina desaconseja usar el prototipo cubano Abdala y recuerda que en Venezuela están disponibles las vacunas chinas de virus inactivado (Sinovac y Sinopharm) que se están empleando en niños latinoamericanos.

@MrsYaky

La vacunación contra el coronavirus en niños y adolescentes es un tema que no ha estado exento de polémicas en el mundo. La conveniencia o no de inmunizar a un sector de la población que, estadísticamente, es el menos afectado por las complicaciones del COVID-19,  y en el que se reportan pocos estudios sobre seguridad y efecto de las vacunas ha sido objeto de intenso debate. 

En muchos países occidentales no se ha dado el paso hasta no conocer qué tan segura o efectivas son las vacunas, sobre todo en menores de 12 años.

En Venezuela y en más de una ocasión, Nicolás Maduro ha mencionado que autorizará la vacunación contra en covid-19 en niños y adolescentes y que este proceso de inmunización en menores se pondría en marcha a partir del mes de octubre.

«Tendremos vacunas para todos los niños, niñas y adolescentes. Vacunas ya probadas, porque nosotros en octubre vamos a clases presenciales y estamos tomando todas las medidas», pronunció el mandatario en una alocución del 31 de agosto.

La Academia Nacional de Medicina difundió el pasado 11 de octubre una serie de consideraciones sobre la necesidad de basar «en ciencia y no en política» la vacunación contra el coronavirus en los grupos menores de edad en el país.

Especificaron que la vacunación en niños y adolescentes persigue dos objetivos: protegerlos de la infección y enfermedad (aunque ellos con frecuencia solo sufren de infecciones asintomáticas o de poca gravedad) y evitar que se conviertan en propagadores del virus y que infecten a miembros de su familia o comunidad. 

En Runrunes quisimos poner la lupa sobre la evidencia científica acerca de la vacunación contra el coronavirus en menores y las alternativas disponibles en Venezuela.  A continuación, algunas preguntas comunes sobre el tema. 

¿Cuál es el mejor momento para vacunar a los niños y adolescentes contra el coronavirus?

¿En qué momento debería vacunarse los niños en el contexto epidemiológico del COVID-19?

Según el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel  Enrique Figuera, hay que partir de una premisa básica: la enfermedad por la infección del coronavirus afecta de manera más severa a personas mayores de 60 años o con distintos problemas de salud.

“Afortunadamente, la infección en los niños es raro que genere consecuencias como hospitalizaciones e infecciones. Desde el punto de vista de vulnerabilidad a la enfermedad, los adultos pueden tener una infección más severa y mayor chance de enfermarse, complicarse y, eventualmente, morir, sobre todo los adultos mayores. Entonces, ellos son los prioritarios en vacunar. Desde el punto de vista poblacional, los niños son el último grupo etario que debería ser vacunado”, explicó Figuera.

Comentó que los países que han basado sus vacunaciones en este criterio procedieron a vacunar primero a los más expuestos (profesionales de la salud en todas las áreas) o a los que tienen mayor riesgo de complicación (mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad y enfermedades cardíacas).

“Después de que un país haya alcanzado una alta cobertura de vacunación es que se debe empezar a vacunar eventualmente a adolescentes y, finalmente a los niños, es lo que han hecho los países que han hecho bien las cosas”, recalcó Figuera.

Por lo mismo consideró que, además de evaluar con qué fármaco se debe vacunar a los menores en el país, es importante destacar que aún no es el momento de hacerlo, cuando hay millones de adultos mayores y profesionales con riesgo a contraer el coronavirus por su ocupación que no han sido vacunados.

“Planificar vacunar a niños cuando todavía tenemos un alto porcentaje de población adulta y en riesgo sin vacuna es algo inadecuado desde el punto de vista científico y lamentablemente cae en el ámbito de una promesa política”, subrayó.

De acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 15 de octubre, en Venezuela solo 6.190.629 millones de personas habían completado su esquema de dos dosis de vacunas. La información se puede consultar haciendo clic acá

¿Cuáles vacunas contra el coronavirus han sido estudiadas hasta ahora en niños y adolescentes?

En junio de 2021, un ensayo desarrollado en China y publicado en The Lancet reveló que la administración de dos dosis de la vacuna CoronaVac (desarrollada por Sinovac) era “segura” en niños y adolescentes de entre 3 y 17 años y provocaba una fuerte respuesta inmunológica.

Esa prueba fue realizada en tan solo 550 menores. Según los investigadores, las reacciones más adversas fueron “suaves o moderadas” y el síntoma más común que notificaban los participantes era el dolor en el sitio de la inyección.

En Chile, país que recomendó usar esta vacuna en menores entre 6 y 11 años, aseguraron que se sustentaron en un reporte “muy grande” de más de 40 millones de niños en China entre 3 y 17 años que habían sido vacunados con este fármaco y que notificaron efectos secundarios muy leves. 

Por su parte, en mayo de 2021, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de la vacuna de Pfizer en niños de 12 a 15 años, con lo que se convirtió en la primera vacuna anticovid en Estados Unidos que fue aprobada para uso en adolescentes.  Previamente, se había aprobado el uso en personas de 16 años y mayores.

Mientras que el 20 de septiembre pasado, la farmaceútica Pfizer dijo que su vacuna era segura para niños de 5 a 11 años. Tras probar una dosis más baja (alrededor de un tercio de la vacuna regular en niños de 5 a 11 años) y en un estudio en el que evaluaron a 2.258 participantes encontraron que, después de la segunda inyección, los niveles de anticuerpos fueron comparables a los de las dosis regulares para adolescentes y adultos jóvenes”.

El laboratorio asegura que la dosis reducida también fue segura en estas edades y que sus efectos secundarios temporales (como molestias en el brazo, fiebre o dolor) fueron “similares o menores a los de los adolescentes”. Por lo pronto, no ha sido aún autorizada por la FDA para su uso en esas edades.

Por otra parte, y desde el mes de julio de 2021, la Agencia Europea del Medicamento recomendó la vacunación con la inyección de Moderna en menores de 12 y 17 años, tras un estudio que involucró a 3.732 personas de los cuales 2.163 recibieron la vacuna.

De acuerdo con este estudio, ningún joven de los evaluados desarrolló la covid-19 y la respuesta en anticuerpos fue comparable “a la observada en adultos jóvenes de 18 a 25 años”.

En lo que respecta a la vacuna china de Sinopharm, el laboratorio reveló el pasado 25 de septiembre que su vacuna Vero Cell era “segura y bien tolerada” en los menores de entre 3 a 17 años.

Este ensayo clínico (aleatorio y doble ciego, fase I y II) se realizó entre el 14 de agosto y el 24 de septiembre de 2020 en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Liangyuan y fue publicado en The Lancet.

La muestra estudiada fue de 288 niños y adolescentes para fase 1 y 720 niños y adolescentes para la dos. Todos recibieron tres dosis: la segunda, a los 28 días de la primera, y la tercera a los 28 días de la segunda.

El único evento adverso que se reportó en esta prueba fue en el grupo de niños entre 6 y 12 años. El menor era alérgico a varios alimentos y por eso, como recomendación, los investigadores sugirieron prestar atención a niños con antecedentes de alergia antes de inyectarles esta vacuna.

Cabe destacar que, actualmente, están en proceso un par ensayos clínicos de la vacuna de Moderna para niños de 6 a 11 años, así como otro del antígeno de Johnson & Johnson, un ensayo en fase 3 en el que se prueba la vacuna en menores de 12 a 17 años.

¿Qué vacunas contra el coronavirus se están utilizando en niños y adolescentes?

El doctor Manuel Enrique Figuera mencionó que en países como Chile, que tienen a más del 70% de su población adulta totalmente vacunada, tomaron la decisión de empezar a vacunar a los adolescentes con el inmunizante de Pfizer.

“Pero ellos empezaron a vacunar recientemente entre a los niños entre 6 y 11 años con la vacuna de Sinovac porque hay un estudio que se publicó en The Lancet, fase I y II, que demuestra que esta vacuna es segura y eficaz en esas edades. Adicionalmente, recogieron información sobre vacunas de virus inactivada en China, no solo la de, Sinovac sino también la de Sinopharm, y los datos preliminares de los estudios en China han demostrado eficacia y seguridad. En base a esos datos, Chile y Argentina han empezado a vacunar a los niños, pero hay que entender que en esos países hay un alto porcentaje de la población vacunada”, detalló Figuera.

 

El médico comentó que la razón por la que los estudios de la vacunación anticovid en menores se dejaron para una fase posterior de investigación es porque en estas edades hay menor riesgo de complicarse con coronavirus.

No obstante, consideró importante que estos fármacos inmunizantes sean estudiados en ese grupo, “porque los adolescentes y niños no son adultos pequeños y no se puede extrapolar la eficacia y seguridad de los adultos en los niños, se tiene que estudiar”.

En ese sentido, precisó que la vacuna de Pfizer no se usa en menores de 11 años porque aún sus estudios no han aportado suficiente información en materia de eficacia y seguridad, sobre todo en cuanto al aspecto de seguridad.

“Con Pfizer se ha visto que en jóvenes y adolescentes ha habido un riesgo de miocarditis o inflamación del corazón en adolescentes vacunados y en 5 por cada millón de vacunados, a veces un poco más, y eso ocurre en población joven. En niños ese riesgo quizá no sea aceptable porque la posibilidad de complicación con covid-19 es mucho más rara. En los niños hay que buscar garantizar con mayor énfasis una vacuna que sea segura y, por supuesto, eficaz”, enfatizó el titular de la SVI.

Entonces, ¿qué vacunas contra el coronavirus se están usando en niños menores de 11 años? Las vacunas de virus inactivados, las chinas desarrolladas por las compañías Sinopharm y Sinovac, ambas disponibles en Venezuela (la primera desde el comienzo del plan de vacunación y la segunda que está siendo recientemente introducida a través del sistema Covax).

Un punto a favor de este tipo de vacunas en menores es que están hechas a base de una tecnología conocida: la de virus inactivados, similar a la tecnología de otras vacunas que se usan ampliamente en menores, como las de la poliomielitis o el sarampión.

“En China hay millones de niños que se han vacunado, incluso, hay data recolectada de más de 40 millones de niños vacunados y Chile fue de los primeros países en el continente que tomó la decisión de vacunarlos con base a un estudio en The Lancet, donde se evaluó seguridad y eficacia de esta vacuna (la de Sinovac). En Argentina también tomaron la decisión de vacunar con Sinopharm bajo cierta data de estudios en desarrollo. Cada país puede tomar la decisión autónoma de aplicar cierto tipo de vacuna, pero es importante que la vacuna tenga un aval científico y que sean decisiones basadas en científica y no política”, acotó Figuera.

Otro país latinoamericano que anunció que vacunaría a sus niños de 6 a 11 años con Sinovac fue Ecuador. El pasado 13 de octubre, las autoridades dijeron además que los menores de cinco años recibirán la vacuna de Pfizer. 

¿Es ético vacunar a niños venezolanos con Abdala?

Aunque Maduro no ha precisado qué vacuna utilizaría para inmunizar a este sector de la población, en una alocución del mes de julio mencionó que en Cuba estaban probando en menores el candidato a vacuna Abdala, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y sugirió que ese podría ser el fármaco a emplear en Venezuela.

En un acto con estudiantes oficialistas celebrado el mes siete del año, Maduro mencionó: “Cuba empezó el ensayo con la vacuna Abdala entre niños de 3 años hasta jóvenes de 16 años. Es bien probable que para octubre el ensayo clínico esté completo. Y es probable que podamos empezar a vacunar a los muchachos de las escuelas y los liceos. Vamos a empezar a avanzar en un plan perfecto”, comentó en esa oportunidad.

En torno a esta posibilidad, Figuera ratificó que tanto Abdala como el otro candidato a vacuna cubano (Soberana II) solo han sido estudiados en Cuba y los resultados de esas investigaciones no han sido publicados en revistas científicas, a diferencia de lo que pasa con otras vacunas, como Sinovac, que publicaron recientemente sus estudios en niños.

“Con Abdala no tenemos ni información de estudios en adultos. No tenemos respaldo científico de lo que han hecho, ni han sido revisados por expertos de otros países que den aval lo que ellos dicen. Es una plataforma de vacuna que no es conocida en general y cuya eficacia puede ser cuestionable, igual que su seguridad. Utilizar Abdala y Soberana II de manera amplia es inadecuado y puede violar principios éticos que son relevantes. Lamentablemente, muchos países como Nicaragua están colocando la vacuna más que por respaldo científico, por político. En Venezuela las sociedades científicas no estamos de acuerdo con aplicación de candidatos de vacunas y más cuando hay un montón de alternativas con buen respaldo científico que son usadas en países”, declaró.

“El temor de la población es totalmente válido, ningún ente científico, ni la Academia Nacional de Medicina está dando respaldo a lo que pudiera ser una promesa política. Hay que buscar respaldo científico a decisiones relacionadas con salud”, acotó.

Justamente la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado el pasado 11 de octubre, en el que recordaba que en Venezuela había dos vacunas de virus inactivados disponibles (las chinas de Sinovac y Sinopharm), ambas aprobadas por la OMS, y que se están empleando en niños latinoamericanos.

«A pesar de que la vacuna Sinovac y Sinopharm se encuentran en Venezuela, sorprende el anuncio del gobierno de iniciar en niños la vacunación con el prototipo conocido como Abdala, que aunque también está siendo aplicado a niños en Cuba desde el mes de septiembre, lo hacen como un ensayo clínico y todavía no ha recibido la autorización para uso de emergencia en la población infantil», explicaba la ANM, al tiempo de manifestar su preocupación por pretender emplear en niños y adolescentes un producto del cual no se tiene información científica sobre eficacia, seguridad y que no ha sido aprobado ni por la OMS ni por ninguna agencia regulatoria internacional. 

El infectólogo venezolano Manuel Enrique Figuera recordó que el COVID-19 es un tema sanitario y que debería ser abordado desde esa perspectiva, ya que involucrar elementos políticos en el enfoque puede traer consecuencias negativas.

“Lo ideal sería que se convocara a los expertos, a los que más saben en infectología, vacunología, epidemiología, a las academias y sociedades científicas para buscar un consenso y, con base a la evidencia científica del momento, se tomaran las decisiones”, consideró Figuera.

En conclusión, ¿es un momento adecuado para vacunar contra el coronavirus a los niños en Venezuela?

A juicio del especialista consultado, no es momento de pensar en vacunar a niños venezolanos contra el coronavirus.

“Aún faltan muchos adultos mayores, falta mucho personal de salud, educativo, que también son prioritarios, porque si ellos se enferman tienen mayor riesgo de vacunación de complicarse que un adolescente, niño o niña”, opinó el experto.

Recalcó que incluso si se tomara la decisión de vacunar con Sinovac o Sinopharm, sería inadecuado, porque “estaríamos dejando de vacunar a adultos mayores que tienen mucho mas riesgo”.

Sobre este tema tan debatido, el médico recomendó establecer mesas de trabajo entre científicos y las autoridades para establecer los lineamientos sobre el abordaje del covid-19 y todos sus elementos, incluyendo la vacunación. Esto se ha pedido desde el principio de la pandemia.

“Prometer vacunar a niños cae en el terreno de la promesa política, que es inadecuada desde el punto de vista técnico y científico, dada la circunstancia actual de vacunación en Venezuela, del problema de covid-19 y de la poca información que se tiene en cuanto a la vacunación en esta población pediátrica”, sumó.