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RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 178.827.648 infectados y 3.874.365 muertos en todo el mundo.

Aquí las 7 noticias más relevantes de la mañana:

Grecia decide mantener la prohibición de entrada a mayoría de terceros países

El Gobierno griego ha decidido mantener la prohibición de entrar en el país a los turistas de la mayoría de los países ajenos a la Unión Europea y el espacio de Schengen, después de haber anunciado la semana pasada que a partir de este lunes se levantaban las restricciones.

Aviación Civil ha prorrogado hasta el próximo sábado la prohibición de entrada a los viajeros de terceros países, con excepción de los siguientes: Australia, Macedonia del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Catar, China , Kuwait, Ucrania, Ruanda, Rusia, Arabia Saudí, Serbia, Singapur, Tailandia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, Japón y Líbano.

Israel, preocupado por variante Delta ante aumento de casos y entre vacunados

Israel superó hoy por primera vez en meses el centenar de positivos de covid en medio de un progresivo aumento de los casos con más del 90 % de infectados por la variante Delta, entre los que un 40 % estaba vacunado.

El país, con más de nueve millones de habitantes, había regresado prácticamente a la normalidad y desde hace una semana canceló la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores con una tasa de morbilidad en el mínimo desde abril.

Las mascarillas no serán obligatorias al aire libre en Italia el 28 de junio

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios al aire libre en Italia a partir del próximo día 28, según la nuevas indicaciones del ministro de Sanidad, Roberto Speranza, y tras el visto bueno del Comité Técnico Científico (CTS) que asesora al Gobierno en la emergencia del coronavirus.

“Desde el 28 de junio, superamos la obligación de usar las máscaras al aire libre en zona blanca, pero siempre respetando las indicaciones de precaución establecidas por el CTS”, anunció anoche Speranza en las redes sociales.

Menos de 50.000 contagios por covid-19 en la India tras récord de vacunación

La India registró este martes menos de 50.000 infecciones por coronavirus por primera vez desde finales de marzo, un día después de vacunar a un número récord de 8 millones de personas y continuando con la tendencia a la baja tras una virulenta segunda ola.

El país asiático sumó 42.640 casos en las últimas 24 horas, el número más bajo en 91 días, lo que eleva el total de contagios desde el inicio de la pandemia hasta 29,9 millones, según los últimos datos del Ministerio de Salud indio.

Perú espera tener vacunados a todos los mayores de 50 años en julio

Las autoridades sanitarias de Perú esperan que todas las personas mayores de 50 años del país hayan recibido a finales de julio próximo las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, informó este lunes el ministro de Salud, Oscar Ugarte.

“Esperamos que hasta finales de julio ya hayamos incluido a todos los de 50 años y, ojalá, ya con las dos dosis”, afirmó Ugarte en declaraciones a la emisora RPP Noticias.

Presidente filipino amenaza con la cárcel a quien rechace la vacuna anticovid

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con enviar a la cárcel a aquellas personas que rechacen inocularse la vacuna contra la covid-19, mientras el país todavía lucha por contener su peor rebrote.

“Si no quiere vacunarse, haré que lo arresten y luego le inyectaré la vacuna en las nalgas”, dijo Duterte, afamado por sus malos modales, la noche del lunes durante un discurso televisado.

Panamá llega a 394.241 casos de la covid-19 y a 6.477 decesos

Panamá añadió este lunes 514 nuevos casos de la covid-19 y 2 muertes por la enfermedad, para llegar a 394.241 contagios confirmados y 6.477 fallecimientos en más de un año de pandemia, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El Minsa en su reporte epidemiológico diario indicó que hay 501 hospitalizados por el coronavirus en planta y 89 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 9.541 permanecen aislados en sus casas y 390 en hoteles que funcionan como hospitales, para un total de 10.521 casos activos (contagiantes).

Información de EFE

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La corte, con sede en Luxemburgo, anuló así la sentencia del Tribunal General que había declarado lo contrario y le devolvió el asunto para que se pronuncie sobre el fondo del recurso de anulación de sanciones presentado por Venezuela

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Venezuela está legitimada para impugnar un reglamento europeo que establece sanciones de la UE en su contra.

La corte, con sede en Luxemburgo, anuló así la sentencia del Tribunal General que había declarado lo contrario y le devolvió el asunto para que se pronuncie sobre el fondo del recurso de anulación de sanciones presentado por Venezuela.

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El presente dilema se refiere a un recurso de casación interpuesto por Venezuela el 28 de noviembre de 2019 contra la sentencia del Tribunal General que desestimó un recurso presentado el 6 de febrero de 2018 por las autoridades de Caracas, en el que pedían la anulación de un reglamento adoptado el 13 de noviembre de 2017 por el Consejo de la UE de medidas restrictivas por la situación en el país latinoamericano.

El Consejo de la UE puso en marcha unas sanciones selectivas a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 que incluyeron un embargo de armas y equipos que se pueden utilizar para “la represión interna”, con el fin de “ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas a fin de llevar la estabilidad política al país”

Asimismo, las medidas restrictivas contemplaban la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos en territorio europeo de 18 personas con cargos oficiales a las que la UE considera “responsables de violaciones de los derechos humanos” y de “haber socavado la democracia y el Estado de derecho” en Venezuela.

El 20 de septiembre de 2019, el Tribunal General dictaminó que Venezuela no había demostrado que las medidas en cuestión le afectaran directamente y concluyó que carecía de la necesaria legitimación para sostener su recurso de anulación, de modo que lo declaró inadmisible por ese motivo.

Pero hoy el Tribunal de Justicia desestimó ese dictamen y siguió el criterio del abogado general de la UE, que se pronunció en el mismo sentido el pasado enero.

Por un lado, la corte europea señaló que Venezuela, como Estado dotado de personalidad jurídica internacional, debe ser considerada “persona jurídica”, según recoge el Tratado de la UE.

A continuación, el Tribunal de Justicia declara que el Tribunal General (primera instancia) incurrió en error de Derecho al considerar que las medidas restrictivas en cuestión no surtían efectos directamente en la situación jurídica de Venezuela.

A este respecto, señala que dichas medidas fueron adoptadas contra Venezuela.

Prohibir a los operadores de la Unión llevar a cabo determinadas operaciones equivalía a prohibir a Venezuela efectuar tales operaciones con esos operadores, señala la corte.

Por otra parte, la entrada en vigor del Reglamento tuvo por efecto la aplicación inmediata y automática de una serie de prohibiciones que impedían a Venezuela procurarse numerosos bienes y servicios.

El Tribunal de Justicia deduce de ello que estas disposiciones surten efectos directamente en la situación jurídica de dicho Estado y no es necesario distinguir en función de si las operaciones comerciales de dicho Estado corresponden a actos de gestión o a actos de autoridad pública.

Asimismo, señala que es “irrelevante” a estos efectos el hecho de que las medidas restrictivas en cuestión no constituyan un impedimento absoluto para que Venezuela se procure los bienes y servicios de que se trata.

El tribunal desestima además los motivos de inadmisibilidad inicialmente invocados por el Consejo ante el Tribunal General.

Por último, el Tribunal de Justicia declara que, dado que los artículos del Reglamento impugnados por Venezuela no incluyen medidas de ejecución, ese país está efectivamente legitimado para impugnarlos, sin tener que demostrar que dichos artículos le afectan individualmente.

“Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país”, indicó

Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión, presidida por el diputado Diosdado Cabello, para hacer una “revolución judicial” en un lapso de 60 días.

“Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón”, indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.

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Como vicepresidenta de la comisión nombró a su esposa, la también diputada Cilia Flores, y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Anderson.

Hizo este nombramiento luego de señalar que en Venezuela “hace falta” la construcción de una “revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional”.

“Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país”, indicó al tiempo que informó que ya Cabello tiene preparada una “documentación” para ejecutar el plan con el que busca transformar el sistema judicial.

La comisión, explicó Maduro, deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los de reclusos de estos centros a las cárceles.

Para ello, continuó el mandatario, tienen que presentar un plan en un “breve lapso” que permita los “cambios estructurales” a través de reformas y creación de nuevas las leyes.

Por su parte, el diputado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que la comisión se ha puesto como plazo un mes para visitar todos los centros penitenciarios del país y revisar las causas judiciales

Esto, dijo Cabello, “nos va a permitir que, 30 días después, nosotros tengamos desocupados los centros de reclusión preventiva”.

El Gobierno venezolano viene poniendo atención a los centros penitenciarios desde hace más de un mes.

El 12 de mayo publicó en la Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debían “transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días”.

La situación ocasionó el rechazo de la oposición pues señaló que esto implicaba el traslado de los “presos políticos” a cárceles comunes.

El pasado 15 de junio se esperaba que la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciara sobre el caso Venezuela I. Sin embargo, el hecho no sucedió. Fatou Bensouda no anunció si abriría o no una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado, durante las protestas de 2017 en contra del gobernante Nicolás Maduro.

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De acuerdo con el balance oficial, en las últimas 24 horas el total de muertes asciende a 2 973 y el de contagios a 262.038

El ministro de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, informó vía Twitter la noche del 21 de junio que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 15 fallecimientos por COVID-19 y 1.298 nuevos contagios (1.297 por transmisión comunitaria y 1 “importado”). Con estas cifras, el total de muertes asciende a 2 973 y el de contagios a 262.038.

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Con respecto a los fallecidos, dijo que se reportaron:

4 hombres de 41, 53, 64 y 81 años de Apure
1 mujer de 85 años y 1 hombre de 71 años de La Guaira
2 mujeres de 69, 80 años de Sucre
2 hombres 48, 70 años de Miranda
1 mujer de 77 años y 1 hombre de 54 años de Lara
1 mujer de 62 años de Trujillo
1 mujer de 66 años de Falcón
1 hombre de 48 años de Aragua

Los nuevos contagios están ubicados en Yaracuy 197, Apure 160, Trujillo 142, Miranda 111, Lara 103, entre otros estados.

En este sentido, detalló: “Yaracuy es hoy la entidad con mayor número de contagios, en 11 de sus 14 municipios: San Felipe 141, Independencia 24, Cocorote 18, Urachiche 6, Bruzual 2, entre otros”.

Refirió que hay 242.357 personas recuperadas, lo que representa el 92% de los contagios. “Contamos con 16.708 casos activos, 16.106 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 602 en clínicas privada”, sumó.

De igual modo, mencionó: “Tenemos 8.612 pacientes que se encuentran asintomáticos, 6.465 con Insuficiencia Respiratoria Aguda leve, 1.322 con Insuficiencia Respiratoria Aguda Moderada y 309 en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

“El único caso importado se trata de una mujer proveniente de España, con entrada por La Guaira”, añadió Ñáñez.

La organización considera que “el gran problema” que se observa en los centros masivos de vacunación “es claramente” una falta de organización

El director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Jorge Lorenzo, denunció este lunes que hay una “anarquía” en la programación de la vacunación contra la covid-19 en Venezuela.

“Cuando tú no planificas, no te organizas o no pides el concurso de todos aquellos que te pueden ayudar, cometes el error de la gran mala planificación y la anarquía que estamos observando”, dijo Lorenzo en una rueda de prensa junto a otros representantes de los trabajadores de la salud.

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A su juicio, “el gran problema” que se observa en los centros masivos de vacunación “es claramente” una falta de organización.

El Gobierno venezolano comenzó a finales de mayo un plan de vacunación masiva contra la covid-19 e instaló distintos puntos de vacunación en todo el país para arrancar la inmunización de la población.

Los centros de vacunación se encuentran con largas filas en las que las personas pueden esperar por más de diez horas, según relatan algunos de los asistentes y pudo constatar Efe.

Hasta el momento, Venezuela ha recibido 3,23 millones de vacunas, entre las rusas de Sputnik V de y las chinas VeroCell, de los laboratorios Sinopharm, contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

Sin embargo, a juicio de Lorenzo, no se puede hablar de que haya en marcha un plan nacional de vacunación, sino “una actividad nacional”, puesto que no ha habido un acuerdo entre todas las personas que “forman parte de lo que debería ser la acción de llevar la vacuna a todos los ciudadanos”.

“Eso significaría un acuerdo donde no haya distingo de raza, género o parcialidad política”, aseguró el médico, especializado en salud pública, que considera que no se cumplen esos requisitos.

Además reclamó que, para iniciar un plan de vacunación, es necesario “estar seguro de la provisión de vacunas”, algo que considera que no está sucediendo.

Finalmente, Lorenzo sostuvo que, por la falta de organización en los puntos de vacunación, “lo más seguro es que tengamos unos altísimos contagios”, ya que “no hay distanciamiento social” ni se usa de manera adecuada los equipos de protección.

“Esclavos del siglo XXI”

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció que, en este momento, son “una suerte de esclavos del siglo XXI”, puesto que sus salarios son bajos y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Eso, explicó, les ha llevado a “buscar salidas en otras ocupaciones”, para sortear “el salario que el Estado fallido”, que considera que es hoy Venezuela, les “ha negado”.

Además, aseguró que ven “morir a pacientes porque no hay oxígeno” en los hospitales, lo que hace que hoy sea “una tragedia enfermarse en Venezuela”.

Frente a esa situación, Contreras reclamó que “es una emergencia” organizar un plan de vacunación con los expertos.

“Tenemos que sentarnos en una mesa, hay que buscar solución a la tragedia que embarga al pueblo venezolano”, subrayó.

Por su parte, la presidenta del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud (Sunepsas), Zenaida Figuera, se unió a las denuncias de las condiciones laborales en el sector.

Según afirmó, el Gobierno ha aprobado un bono de transporte para ellos por 23 millones de bolívares mensuales (unos 7,3 dólares), mientras que quienes, como en su caso, viven en Guatire, una populosa ciudad dormitorio de Caracas, gastan cerca de 63 millones de bolívares (unos 20 dólares) para acudir a su puesto de trabajo.

Además, se aprobó un “bono de alimentación” también por 23 millones de bolívares mensuales, lo que, en su opinión “no significa absolutamente nada porque la canasta básica está referenciada en dólares”.

“Es fundamental para que se haga la planificación de lo que eventualmente será el proceso de misión, que vendrá en octubre o noviembre, dependiendo de cuáles sean las características que se establezcan de mutuo acuerdo entre el CNE y la UE”, dijo

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón calificó este lunes como una “excelente noticia” que la Unión Europea (UE) envíe una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación.

“Es fundamental para que se haga la planificación de lo que eventualmente será el proceso de misión, que vendrá en octubre o noviembre, dependiendo de cuáles sean las características que se establezcan de mutuo acuerdo entre el CNE y la UE”, agregó Picón en entrevista para Globovisión.

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El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, informó este lunes que la UE enviará a Venezuela una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación para las próximas elecciones locales y regionales de noviembre, tras apreciar una “posible apertura política” en el país.

“En Venezuela hay una posible apertura política”, indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

“Voy a mandar una misión técnica de evaluación para ayudar a considerar si se cumplirían las condiciones para enviar una misión de observación a las elecciones en noviembre”, señaló.

Al respecto, el rector Picón, simpatizante de la oposición, dijo que el directorio del CNE no ha discutido formalmente la modificación al reglamento electoral para permitir la observación para los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre, pero destacó que, posiblemente, se haga luego de la visita de la misión técnica.

Añadió que, con un convenio, se establecerá el alcance que tendrá la UE en el proceso electoral y cómo serán las facilidades para movilizarse por el país, contactar a los dirigentes políticos y ciudadanos y cómo será el informe que posteriormente entregará la misión de observación.

Ratificó que también se le envió una invitación a la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como a organismos relacionados con el ámbito electoral, grupos de países y fundaciones privadas.

“Todo eso está fluyendo en este momento”, apostilló.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió el viernes con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, en el Foro Diplomático de Antalya, en el sureste de Turquía, para tratar las relación con la UE y el diálogo político en el país suramericano.

Fuentes comunitarias adelantaron que Borrell y Arreaza iban a tratar, entre otros temas, el acompañamiento internacional al proceso electoral en Venezuela.

Esas fuentes señalaron que la UE “ha trabajado duro” para favorecer el diálogo político interno entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, y que intentó sin éxito que las elecciones a la Asamblea Nacional del pasado 6 de diciembre fueran “democráticas, libres y justas”.

El actual CNE fue elegido por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría oficialista y está compuesto por tres simpatizantes del chavismo y dos de la oposición, uno de ellos, Picón.

La ONG asegura que los indígenas de los sectores de la Macanilla y Capanaparo (Apure), “desde hace tiempo”, no gozan de “ningún tipo” de protección social del Estado venezolano

Al menos seis indígenas fueron asesinados en una localidad del estado Apure, fronterizo con Colombia, por disidentes de las FARC luego de que los aborígenes tomaran un camión que trasladaba alimentos, denunció este lunes el coordinador regional de la ONG Fundaredes, Juan Francisco García Escalona.

“En Fundaredes sabemos del asesinato de seis indígenas por las FARC en sector Oasis de la Macanilla, municipio Pedro Camejo. Los indígenas tomaron un camión de comida que iba a Puerto Páez y, por ello, los asesinaron”, dijo García Escalona en un mensaje en Twitter.

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Apuntó, además, que el Ministerio Indígena conoce el caso.

Posteriormente, el activista y defensor de derechos humanos reveló en un video publicado en Twitter que fueron asesinados el 15 de junio.

Añadió que los indígenas de los sectores de la Macanilla y Capanaparo (Apure), “desde hace tiempo”, no gozan de “ningún tipo” de protección social del Estado venezolano.

“Hay desnutrición, hay denuncias por violaciones a jóvenes de 12 y 13 años por parte de las (disidencias de las) FARC, denuncia que se ha hecho a los organismos de seguridad del Estado”, aseguró.

García Escalona señaló que los indígenas sufren una “esclavización moderna” por parte de los grupos disidentes de las FARC conformados por quienes no se acogieron al acuerdo de paz y que “pretenden también utilizarlos en actividades inherentes al narcotráfico y toda las actividades ilegales” en Apure.

Las comunidades indígenas de Venezuela han denunciado en ocasiones anteriores que, tanto militares como grupos armados ilegales, cometen abusos contra los grupos indígenas y territorios.

El pasado 3 de junio, Fundaredes denunció la “ocupación violenta” de territorios indígenas de varios estados del país caribeño por parte de “grupos armados irregulares”.

El representante de Fundaredes en el estado Amazonas, José Mejías, señaló que la ONG ha documentado, desde hace años, cómo las poblaciones indígenas han sido despojadas de sus territorios y han caído en el “absoluto abandono” por parte del Estado venezolano.

El pasado 14 de abril, los líderes indígenas de la cuenca amazónica (Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam) denunciaron que en sus comunidades se vivió un asesinato cada dos días en 2020 y más de 600 desde 2014.

Por ello, exigieron a los Gobiernos de sus países y a multilaterales garantías para la vida de los miembros de sus comunidades.

Denunciaron que hasta el momento no hay un mecanismo “veraz” y “efectivo” que les permita defender sus derechos.

“No hay un sistema de información sobre lo que está pasando con los pueblos indígenas”, agregó.