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Monitor de Víctimas

Monitor de Víctimas | Siguen casos de familias que denuncian que a sus parientes los ejecutaron funcionarios del Cicpc
Familiares de tres de fallecidos en Caracas en supuestos enfrentamientos niegan la versión oficial según la cual sus allegados murieron en enfrentamientos 

Carlos D´Hoy – @carlos_dhoy 

José Javier Castro Castro, de 19 años de edad,  resultó muerto en un supuesto tiroteo el pasado martes 27 de julio en el sector Boquerón, calle El Amparo, de la parroquia Sucre de Catia, en Caracas.

La de Castro se suma a la denuncia de otras familias que aseguran que sus parientes fallecidos resultaron muertos a manos de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en hechos que según la policía fueron enfrentamientos, pero que según los dolientes fueron ejecuciones.

Eva Castro, madre de la víctima desmintió las informaciones que vinculan a su hijo con la banda de alias Koki. “Él vivía conmigo en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela de Ciudad Caribia, se dedicaba a vender plátanos en Quinta Crespo”, dijo.

“El martes, al salir del trabajo, no consiguió autobuses para bajar a la casa y decidió ir a casa de su papá en El Amparo. A las 11:00 pm llegaron los funcionarios de la policía y tumbaron la puerta, luego sacaron a su papá y a los minutos se escucharon los disparos”, comentó la mujer.

A Castro Castro le dieron dos tiros: uno en el pecho y otro en el intercostal izquierdo. “Y sale  Douglas Rico (director del Cicpc) a decir que tenía antecedentes penales y que era de la banda. Yo quiero que me demuestre eso porque lo que está diciendo es mentira. Mi hijo no tenía antecedentes ni armas de fuego”, dijo la madre del hombre.

Una versión oficial con muchos errores

Rico, el ya mencionado director del Cicpc, informó a través de su cuenta de Instagram (@douglasricovzla) sobre el caso de Castro. Dijo que se trataba de un hombre apodado El Gorilín, quien murió en un enfrentamiento con funcionarios bajo su mando.

Según el jefe policial, el nombre de alias El Gorilín era Juan Lugo, tal como lo muestra el cartel que además señala que sería un integrante de la banda de Mayeyas, de La Vega, y de El Koki de la Cota 905.

El dato curioso en este caso es que en la fotografía de alias El Gorilín la identificación de la víctima no corresponde con los datos suministrados en la nota que acompaña la publicación.

En el cartel el sujeto buscado se llama Juan Lugo alias Gorilín, mientras que en la nota el nombre que aparece es el de Javier José Castro Castro, algo no cuadra en la historia oficial.

Lluvia de denuncias

Este es el tercer caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por funcionarios del cuerpo detectivesco.

Hace unos días el director del Cicpc publicó en su cuenta de Instagram que funcionarios de la Delegación Municipal Oeste “sostuvieron un intercambio de disparos con un peligroso homicida, violador e integrante de un grupo hamponil dedicado al robo en viviendas en el sector Negro Primero, parroquia La Pastora, Caracas”.

La víctima fue identificada como Kelvis José Blanco Martínez, apodado “Jerry”, quien presentaba solicitud ante el Tribunal Primero de Control del estado Sucre por homicidio intencional.

“El hombre falleció tras resistirse a su detención, luego que los funcionarios del Cicpc ubicaran su escondite. Al verse descubierto, desenfundó un arma de fuego y la accionó contra la comisión, dando inicio a una confrontación en la que resultó lesionado y llevado al hospital más cercano, donde falleció”, indicó Rico.

En la Morgue de Bello Monte familiares de Blanco Martínez desmintieron esa versión. “Fue asesinado cuando iba a pagar una extorsión que le estaban cobrando funcionarios policiales”, dijeron.

De acuerdo con los parientes del fallecido, el hecho se inició pocos días antes del Día del Niño, cuando Blanco Martínez compró un teléfono para regalárselo a su hijo. “Resulta que el teléfono era robado, unos policías lo detuvieron y lo extorsionaban con meterlo preso si no pagaba. Como no tenía la cantidad de dinero que le pedían reunimos y fue a pagar con lo que conseguimos. Luego apareció muerto. El cadáver estaba golpeado y tenía un brazo fracturado”, dijo un pariente.

Martínez era vendedor de zapatos en el mercado de La Hoyada y deja un hijo huérfano, indicaron sus familiares.

Lo mataron en su apartamento

Otro caso ocurrido recientemente fue el asesinato de Luis Fernando Mendoza Córdoba, muerto en un supuesto enfrentamiento con el Cicpc en el apartamento donde vivía con su hermana y sus sobrinos.

La muerte de Mendoza Córdoba fue relatada por el director del Cicpc también en su cuenta de Instagram de la siguiente manera.“Al notar la presencia policial, optó rápidamente por desenfundar un arma de fuego y dar inicio a un enfrentamiento para evitar ser detenido, procedimiento en el que resultó lesionado y posteriormente fallece”, escribió Rico.

Sus familiares negaron esa versión, señalaron que cuando llegaron los policías, todos fueron sacados del apartamento por los detectives. Los hicieron salir a todos menos a Mendoza Córdoba.

Cuando los parientes del hombre llegaron a la planta baja escucharon tres disparos. Luego sacaron al fallecido envuelto en una sábana negra. Eso fue lo que relató la familia.

540 muertes en cuatro años

Según datos recopilados por Monitor de Víctimas, entre mayo de 2017 y junio de 2021 al menos 540 personas murieron a manos del funcionarios del Cicpc.

Del total de esas muertes, en 279 casos los familiares de las víctimas aseguraron que se tratatron de presuntas ejecuciones extrajudiciales

La mayor cantidad de víctimas se registraron entre 2017 y 2018, cuando 361 personas resultaron muertas a manos de las comisiones del cuerpo detectivesco.

Monitor de Víctimas | Pandemia, escasez de gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia
El equipo de periodistas e investigadores de Monitor de Víctimas presentó su informe 2020, con el balance estadístico y las historias de la violencia homicida en Caracas y Lara

 

 

Un año atípico, marcado por el encierro y la escasa circulación de personas en las calles debido a la pandemia y la falta de combustible, culminó con 599 homicidios en Caracas, capital de Venezuela.

El Informe 2020 de Monitor de Víctimas denominado “Pandemia, escasez de gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia” destaca cómo las muertes a manos de la fuerza pública volvieron a estar a la cabeza de las cifras rojas por tercer año consecutivo, con 204 víctimas.

 

 

El confinamiento obligatorio, la escasez de gasolina y la militarización del entorno se convirtieron en una mezcla que alimentó el abuso de la fuerza pública contra los ciudadanos, en procura de garantizar el control social del Gobierno de Nicolás Maduro.

El ejemplo más claro y dramático, que puso de manifiesto el patrón de las ejecuciones extrajudiciales, fue la masacre perpetrada en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, durante un operativo policial que pretendía dar con los miembros de la megabanda del “Wilexis”. En el hecho ocurrido en mayo una de las víctimas fue el basquetbolista Bryan Onel Cedeño Rengifo.

Por otra parte, se pudo identificar que cinco parroquias del Área Metropolitana de Caracas concentran el 52% de los homicidios. Son territorios controlados por grupos armados no estatales.

Se trata de Sucre, El Valle, Coche, Petare y La Vega, donde megabandas y colectivos imponen una forma de gobernanza criminal. Dominan la vida cotidiana mediante el miedo.

 

El informe también contiene un análisis inferencial que explora el comportamiento de la violencia homicida contra la mujer, realizado por un equipo de expertos de Caracas Mi Convive.

Mujeres, niños, niñas y adolescentes: víctimas directas y colaterales

428 niños, niñas y adolescentes (NNA) quedaron huérfanos y huérfanas de padre o madre debido a la violencia homicida en Caracas. 158 NNA perdieron a sus padres a manos de la policía. Eso significa que cada semana, los cuerpos de seguridad dejaron un promedio de tres pequeños sin al menos uno de sus progenitores.

También sobre las mujeres recayó la violencia homicida en Caracas.  52 mujeres fueron asesinadas en 2020 y 17 de ellas fueron víctimas de femicidios.

El caso de Carla Ríos, asesinada por su expareja, destaca y muestra un patrón de impunidad que favorece a los víctimarios.

 

 

 

Los homicidios por “ajuste de cuentas”, por casos de balas perdidas y por robos, también figuran entre los móviles más frecuentes.

En Lara los cuerpos de seguridad son el principal victimario

 El estado Lara registró 125 casos de letalidad policial durante el año 2020, 62 % del total de 201 homicidios que se reportaron entre abril –cuando inició Monitor de Víctimas- y diciembre.

Lo contradictorio es que Lara es una de las entidades menos violentas de Venezuela. Ocupa el lugar 21 en la clasificación de los estados con más homicidios con una tasa de 26,5 por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en 2020.

 

Algunas recomendaciones

Con base al estudio de los datos y los casos, Monitor de Víctimas hizo algunas recomendaciones:

-El Ministerio Público debe emprender investigaciones oportunas y eficaces sobre los homicidios, en procura de brindar justicia a las víctimas y acabar con la impunidad en este delito.

-El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos. Además de prevenir los homicidios, brindar protección y reparación a las víctimas.

-La letalidad policial continúa como la primera causa de los homicidios en Caracas. Los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar y hacer cumplir el artículo 43 de la Constitución, sobre la inviolabilidad de la vida y la inexistencia de la pena de muerte.

-Urge poner fin a los casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones en sectores populares.

-Es necesario diseñar políticas de seguridad ciudadana que atiendan, corrijan y reviertan la delegación estatal de territorios a los actores armados no estatales, como megabandas y colectivos.

-Se deben implementar políticas efectivas de desarme y control de municiones.

-Se requiere la promoción de medidas cautelares de protección y atención psicosocial para los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos y huérfanas producto de la violencia homicida.

-El Estado debe procurar la reparación integral de daños causados a niños, niñas y adolescentes por acciones u omisiones de los funcionarios policiales o militares en el cumplimiento de sus obligaciones.

-Urge que el Estado invierta en un sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia como las casas de abrigo. Estas pueden brindar protección temporal a las mujeres víctimas de violencia y fomentar la denuncia.

 

Puede leer el informe completo aquí 

 

#MonitorDeVíctimas | Acusan a una misma comisión de las FAES de matar a dos jóvenes en diferentes sitios de Lara
Los hechos ocurrieron en el municipio Jiménez. Familiares de ambos fallecidos aseguraron que sus muertes no ocurrieron en medio de enfrentamientos y que a ambos los sacaron de sus respectivas casas

@KaryPerazaR

Pastor Alexander Freitez Sequera y Luis Eduardo Lucena Ramos fueron asesinados en el municipio Jiménez del estado Lara, entre la madrugada y la mañana del viernes 23 de julio.

Estos crímenes, aunque se registraron en distintos sitios, tienen mucho en común: ambas víctimas tenían 29 años de edad  y en los dos casos los familiares de los fallecidos aseguran que se trató de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por una misma comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

El caso de Freitez Sequera  

Al menos 40 funcionarios que vestían de negro, estaban encapuchados y portaban armas cortas y largas llegaron a las 2:00 de la madrugada al caserío de Guadalupe, ubicado en el municipio Jiménez. Se trasladaron en más de 8 vehículos entre los que se encontraban una camioneta Blazer, una Explorer, una Terios y una Hilux, además de un Corsa y un Ford Ka.

Los hombres eran supuestamente efectivos de las FAES. Según los vecinos del lugar así los identificaban los uniformes que tenían puestos. Aseguraron que  llevaban gorras con las siglas DCDO que significa Dirección Contra la Delincuencia Organizada, grupo que también pertenece a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En ese momento muchas personas se despertaron por el ruido de los vehículos y otros lo hicieron seguido de tres disparos al aire que hicieron los uniformados cuando tomaron toda la comunidad. Así lo narraron personas del sector.

La casa de Freitez Sequera fue rodeada. Dentro de la vivienda se encontraban los padres del hombre, un hermano menor de edad y su hijo de 5 años. El joven, que pertenecía una familia cristiana evangélica, estaba orando en una habitación junto a su madre.

De acuerdo con las versiones obtenidas, cuando los funcionarios irrumpieron, lo apuntaron y sin dar explicación lo obligaron a salir de la vivienda. A la familia la reunieron, la encerraron en el cuarto principal y le indicaron que no podía salir. El grupo quedó bajo la custodia de hombres armados.

Los padres del hombre escucharon más de cuatro detonaciones, que sonaron hacia la parte de atrás de la vivienda. Ante la inquietud de la familia los funcionarios indicaron que no estaba pasando nada.

Se supo que a los vecinos que trataban de acercase para saber qué pasaba, los obligaban a encerrarse a sus casas, bajo la amenaza de que los meterían presos. Solo observaron que en la parte de adelante de la casa estaba colocada un arma, que describieron como una escopeta larga.

Que lo fueran a buscar a la morgue

A las 6:00 de la mañana dejaron salir a la familia de Freitez Sequera de la habitación. Podían movilizarse dentro de la vivienda, pero no salir de la misma.  A las 11:00 a.m. le indicaron a los parientes del hombre que fueran a la morgue a buscarlo. Al dirigirse al Hospital de Quíbor supieron que su cuerpo estaba allí desde las 5:30 de la madrugada.

Los efectivos de las FAES se retiraron de la zona a las 4:00 de la tarde. Según las personas del sector fue a esa hora cuando pudieron transitar en el caserío con libertad.

La familia del occiso aseguró que no se explica por qué lo mataron. Sus parientes indicaron que no tenía antecedentes penales, no había tenido problemas con la justicia ni con nadie.

Freitez Sequera había llegado tres meses antes de Colombia. Desde entonces comenzó a ir a la iglesia con sus padres. Se dedicaba a hacer, vender o cambiar artesanía.

“Eso no fue ningún enfrentamiento porque Pastor no era ningún delincuente ni manejaba ni tenía armas. Lo mataron porque quisieron. Le dieron unos tiros en las piernas, en el abdomen y en el pecho. Además se robaron unos zapatos, un teléfono básico y hasta 8 dólares”, denunciaron los familiares del hombre.

El caso de Lucena Ramos

A las 6:30 de la mañana de ese mismo viernes 23 de julio una camioneta Explorer y una Terios se movilizaron hasta la calle 9A, entre avenidas 28 y 29 del barrio Primero de Mayo de Quíbor.

Los funcionarios, al menos 10, llegaron de forma violenta a la vivienda de Luis Eduardo Lucena Ramos y abrieron la puerta con una patada. El joven estaba durmiendo con su esposa. Los hicieron levantarse. A la par los funcionarios de las FAES ingresaron a la vivienda de a lado y sacaron a una pareja y sus tres hijos menores de edad.

A la familia vecina y a la esposa de Luis Eduardo los montaron en la camioneta Explorer, mientras que al joven lo arrodillaron, lo apuntaron y se lo llevaron detenido. A él lo montaron en la camioneta Terios. Eso fue lo que contaron los vecinos.

Los vehículos arrancaron al mismo tiempo, pero tomaron rumbos distintos. La Explorer se detuvo en la población de Cuara. Allí los bajaron a todos y los dejaron abandonados. La Terios se fue por el barrio Bolívar, cuando la vieron llegar testigos indican que escucharon algunas detonaciones y gritos.

Los familiares de Lucena Ramos fueron advertidos por conocidos que lo habían llevado al Hospital y cuando fueron lo habían ingresado sin vida.

Este joven deja tres niños de 2, 7 y 9 años de edad. Había estado detenido durante tres meses por el delito de robo. A través de los planes de descongestionamiento fue liberado con una medida cautelar de presentación de cada 8 días.

Cuando ocurrieron los hechos el hombre tenía tres días en libertad y su familia asegura que no estaba delinquiendo, que había regresado a su trabajo de jornalero y que se dedicaba a sacar las cebollas de algunas siembras.

Monitor de Víctimas – Cintillo
INFOGRAFÍA | 37 muertos en 3 días de tiroteos: el balance actualizado de la violencia en la Cota 905

 

Durante la presentación del informe anual de Monitor de Víctimas se precisó que a esta cifra se suman otros 27 muertos en la presunta «cacería» de supuestos miembros de la megabanda del «Koki»

Los integrantes del equipo de Monitor de Víctimas aprovecharon la presentación de su informe anual este 27 de julio para dar a conocer un balance actualizado sobre los hechos acaecidos en la Cota 905 y sus alrededores.

Durante la presentación del informe “Pandemia, gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia”  se dio a conocer que en el intento fallido del Gobierno por desmantelar la megabanda del “Koki” perdieron la vida 63 personas.

La presentación del informe estuvo a cargo de Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas; Manuel Parejo y Héctor Navarro por Caracas Mi Convive; Lorena Meléndez, periodista de Runrun.es; Liz Gascón, periodista del estado Lara; y como invitada especial la profesora Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares.

Respecto a los sucesos de la Cota 905,  Rísquez detalló que se contabilizaron 37 muertos en tres días  –entre el 7 y el 9 de julio– de enfrentamientos,  que incluye la Operación Indio Gran Cacique Guaicaipuro. 

La cifra de caídos incluye dos mujeres y un niño de 11 años que fueron víctimas de balas perdidas.

 

Además, se precisó también que del total de muertos,  11 víctimas fueron alcanzadas por balas perdidas, 9 eran presuntos miembros de la banda del “Koki”, 10 fueron presuntamente ejecutados por funcionarios policiales y 4 eran funcionarios de cuerpos de seguridad.

A esta cifra se suman otras 27 personas muertas en la presunta “cacería” de supuestos miembros de la megabanda del “Koki” entre el 10 y el 23 de julio, lo que eleva el número total de fallecidos a 63.

 

CLAVES | Los hallazgos más relevantes del informe anual de Monitor de Víctimas
Durante el año 2020, en la ciudad de Caracas se contabilizaron 599 homicidios, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas
En el estado Lara se contabilizaron 201 muertes violentas durante los nueve meses analizados. El municipio más violento fue Iribarren
El informe anual de Monitor de Víctimas determinó que 428 menores de edad quedaron huérfanos de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas

@Andrea_GP21

 

Este martes 27 de julio el equipo de Monitor de Víctimas, iniciativa de Runrun.es y la ONG Caracas Mi Convive, presentó su informe sobre los homicidios en Caracas y Lara durante el año 2020.

“Pandemia, gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia”, fue el nombre del informe, que refleja las características de la violencia homicida en 2020, periodo que estuvo marcado principalmente por las medidas de restricción ante la pandemia de COVID-19 y la escasez de gasolina.

En la presentación participaron varios ponentes como Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas; Manuel Parejo y Héctor Navarro por Caracas Mi Convive; Lorena Meléndez, periodista de Runrun.es; Liz Gascón, periodista del estado Lara; y como invitada especial la profesora Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares.

De acuerdo con los hallazgos del informe de Monitor de Víctimas y en el caso de Caracas, el perfil de la víctima común son jóvenes entre 15 y 29 años, quienes no tienen servicios básicos, acceso a educación ni oportunidad de involucrarse en mercados laborales, lo cual “empeora la manera en que se comporta la violencia en el país”, explicó Héctor Navarro.

La violencia en Caracas

La periodista Lorena Meléndez ofreció un balance sobre las cifras de víctimas de la violencia que registró la ciudad capital durante el periodo estudiado.

La comunicadora inició su ponencia recordando el caso de Bryan Onel Cedeño Rengifo, de 24 años, quien fue asesinado en el Barrio José Félix Ribas de Petare el 8 de mayo de 2020.

Meléndez recordó que a Cedeño Rengifo lo mataron los cuerpos de seguridad durante un operativo policial en el que se buscaba a presuntos integrantes de la banda delictiva del “Wilexis”. Aunque familiares desmintieron que el joven estuviera vinculado con este grupo criminal, funcionarios de seguridad del Estado lo asesinaron porque supuestamente era uno de los miembros.

En ese contexto, la comunicadora expresó: “Conseguimos familiares que están denunciando que los muchachos que matan no tienen nada que ver con delitos o no estaban cometiendo delitos en ese momento, sin derecho a defenderse, ni a hablar o ser arrestados”.

Móvil de las muertes

La comunicadora detalló que en Caracas se contabilizaron 599 muertes durante el 2020 que estuvieron relacionadas con la violencia, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas. 

De esas muertes, 204 son adjudicadas a la letalidad policial / ejecuciones extrajudiciales, por lo que este se convierte en el móvil principal de las muertes violentas en Caracas.

Además, citando al informe de Monitor de Víctimas, Meléndez señaló que el segundo móvil de las muertes violentas fue el robo, con 93 víctimas; ajuste de cuentas o venganza, con 73; riñas o peleas, con 50; violencia de género, con 17; enfrentamiento entre bandas, con 15; balas perdidas, con 14; entre otros.

 

Señala además que, lejos de creer que por las restricciones de la pandemia se redujo la violencia, durante la primeras semanas de cuarentena los homicidios se incrementaron. 

En ese sentido, explicó que durante el primer trimestre, antes de que la administración de Nicolás Maduro decretara la cuarentena, hubo 51 homicidios. Más adelante, entre la mitad de marzo y principios de junio, se contabilizaron 63 víctimas, en lo que fue el periodo más letal del año.

Mientras que en el siguiente trimestre se contabilizaron 56 víctimas. En conclusión, Meléndez consideró que “había mayor letalidad policial mientras había cuarentena radical”.

Letalidad policial por parroquias

En este caso, la parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda registró la mayor cantidad de víctimas con 46 homicidios, seguida de la parroquia Sucre del municipio Libertador de Caracas, con 31 asesinatos en el periodo estudiado.

Según Meléndez, a través de las investigaciones, se determinó que las fuerzas de seguridad del Estado más represivas fueron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La violencia en Lara

Para detallar las cifras de violencia en esta entidad, que también estudia Monitor de Víctimas, tomó la palabra la periodista Liz Gascón, quien detalló que durante los nueve meses analizados se contabilizaron 201 muertes violentas en el estado Lara y el municipio más violento fue Iribarren.

Además, Gascón explicó que, entre abril y diciembre del 2020, más del 60% de los asesinatos registrados fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, según el informe, se totalizan 151 víctimas de la letalidad policial, asesinadas en su mayoría por funcionarios de las FAES.

Detalló además que, en promedio, hubo 23 homicidios por mes; y  en 7 de cada 10 casos, solo hizo falta una bala para acabar con la vida de las víctimas, las cuales eran, en su mayoría,  jóvenes en edad productiva.

 

“El equipo de Monitor de Víctimas pudo constatar que las muertes a manos de los cuerpos de seguridad en Lara tienen los mismos patrones de actuaciones que los ejecutados en el Distrito Capital”, reza parte del informe.

Los siguientes móviles de muertes detectados por el Monitor de Víctimas en Lara que aparecen en el informe y fueron citados por Gascón son el robo, ajuste de cuentas, riña, bala perdida, abuso o maltrato infantil, violencia de género y linchamiento.

Búsqueda de Santanita

La periodista también explicó que 30% de las ejecuciones extrajudiciales registradas en los nueve meses analizados fueron justificadas con el argumento de la búsqueda de Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, y líder de una banda que es señalada de estar presuntamente vinculada con alias “Niño Guerrero”, líder de la megabanda el Tren de Aragua.

Además, señaló que 89% de los homicidios vinculados a Santanita ocurrieron en el municipio Iribarren. Una de las víctimas fue el propio padre del presunto delincuente, quien fue asesinado en una vivienda. 

Sobre este hecho, la familia descartó que el padre de “Santanita” estuviera relacionado con alguna banda o que tuviera algún contacto reciente con él.

 

Masacre en Torres

La periodista Liz Gascón hizo referencia al caso del asesinato de seis personas en la finca La Polonia, del caserío Cerro Alto del municipio Torres, que está identificado como un ajuste de cuentas o venganza.

Tres niños y tres adultos de una misma familia fueron asesinados por el agricultor. Jesús Concepción Arriechi Carrasco, señalado como el presunto homicida. El hombre había sido despedido un año antes por el propietario de esas tierras por quedarse con las ganancias de unos sacos de caraotas que habían cosechado en el lugar.

Un año después, Arriechi volvió a la finca y mató a machetazos al propietario del lugar, Octaviano Antonio Serrano Vargas, de 60 años, junto a su hermano, Noval Ramón Serrano Vargas, de 44 años; su cuñada, Liliana Rafaela Mavare Colmenárez, de 44 años, y tres sobrinos de 6, 8 y 14 años de edad, el sábado 28 de noviembre de 2020, en horas de la tarde.

Mujeres vulnerables

Héctor Navarro, integrante de Caracas Mi Convive, explicó que la mujer se ha convertido en “una víctima completamente vulnerable ante las autoridades”, al señalar que no existen mecanismos de prevención, reducción de la violencia ni investigación de los hechos.

“Es necesario una colaboración de toda la sociedad para apuntar a mecanismos que protejan a la mujer”, sostuvo Navarro.

Asimismo, indicó que se analizaron las víctimas femeninas de violencia a partir del análisis de tres factores: tipo de arma, victimario y el contexto del homicidio.

También, se realizó el test del chi-cuadrado, que compara los casos observados con la distribución esperada que deberían tener los datos cuando no existe asociación. Además, establece si las categorías son independientes.

 

“Es necesario una colaboración de toda la sociedad para apuntar a mecanismos que protejan a la mujer”, sostuvo Navarro durante su intervención.

De acuerdo con el informe de Monitor de Víctimas, durante el 2020 se contabilizaron 52 asesinatos de mujeres y la mayoría de las víctimas fue asesinada por su condición de ser mujer.

En este sentido destacó el femicidio de Carla Ríos, de 39 años, quien fue asesinada por su pareja. En este caso, la víctima había denunciado previamente a su agresor, pero no hubo justicia que la protegiera y esa situación facilitó que el agresor consumara el crimen. 

 

De igual forma, el texto detalla que las mujeres tuvieron limitaciones para denunciar o pedir ayuda durante la cuarentena, a lo que se le suman las fallas en el servicio eléctrico, de internet y de telefonía móvil que disminuyeron las posibilidades de ayuda para las afectadas.

“Estos obstáculos traen como consecuencia que las mujeres desistan en la búsqueda de justicia y esta situación solo favorece al agresor. Pero además, y lo que es más grave, incide en el incremento de los femicidios”, explica el informe.

Niños huérfanos por la violencia

La periodista Lorena Meléndez puntualizó que 428 menores de edad quedaron huérfanos de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas.

Citando al informe, precisó que 57,95 % de los huérfanos de la violencia se concentra en las parroquias Petare, Sucre, La Vega, Antímano y Coche. Además, se detalla que solo en la parroquia Petare, 24,77 % de los niños, niñas o adolescentes perdió a uno de sus progenitores.

Por otra parte, 71,26 % de los niños, niñas o adolescentes huérfanos de la violencia corresponden al municipio Libertador de Caracas.

Gobernanza criminal

Héctor Navarro explicó que en parroquias como El Cementerio, que es constituida como una zona de paz, el control total lo tienen las bandas delictivas, señalando que en muchas ocasiones, la confianza de los habitantes de estos lugares no está hacia el Estado, sino hacia la banda delictiva.

Sin embargo, aclaró que no es que la banda termine siendo un elemento para admirar, “sino algo que da a las comunidades más tranquilidad que el propio Estado”.

Por su parte, Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas, definió este tipo de situaciones como “gobernanza criminal”, puntualizando que no se trata de que las comunidades apoyen a las bandas, sino que están obligadas a convivir bajo las reglas de estos grupos delincuenciales.

“La gente de los barrios está en el medio. Las bandas imponen unas reglas que las comunidades se ven obligadas a cumplir, mientras que los cuerpos de seguridad cuando entran al barrio matan a los jóvenes y agreden a las personas de las zonas populares”, explicó Rísquez en su intervención.

 

En ese contexto, también intervino Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares, quien indicó que las comunidades no protegen al delincuente. “No les queda otro remedio que estar bajo un poder arbitrario, como lo es el poder malandro”, expresó.

Asimismo, indicó que se debe entender la forma de vida delincuencial, que es “estructural y consentida”, señalando que el delincuente es coherente con su práctica, toma una decisión de fondo y, a partir de esa decisión, actúa.

“¿Qué hace la comunidad frente a un delincuente? Está en medio de dos estructuras violentas: Estado y delincuentes”, puntualizó.

Por último, Pérez consideró que cuando hay un sistema que permite la autonomía de la delincuencia y que esta comience a actuar. En ese marco, la comunidad queda en medio de “dos procesos que parecen insolubles”.

“La comunidad no puede lidiar con el Estado ni con los delincuentes. El lenguaje hacia el que está afuera probablemente sea de preferencia. Hay que analizar si esa preferencia no significa más bien tolerancia”, sugirió.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

  1. La periodista Ronna Rísquez detalló que las cinco parroquias que registraron más de 52 % de los homicidios tienen megabandas y colectivos: Petare (Municipio Sucre), Santa Rosalía, El Valle, Coche y Sucre (Libertador).
  2. Además, explicó que los casos de letalidad policial se han mantenido proporcionalmente al 2019, pese a las denuncias.
  3. También, los casos de balas perdidas no son investigados y en la mayoría de los casos prevalece la impunidad. Y se han triplicado los casos de balas perdidas en 2021 en comparación con 2020.
  4. Rísquez añadió que los familiares de las víctimas son “revictimizados por funcionarios” cuando intentan buscar la justicia.
  5. Las mujeres se vieron obligadas a quedarse aisladas con sus victimarios debido a la cuarentena, lo que obstaculizó la posibilidad de movilizarse para denunciar.
  6. Por último, los niños huérfanos se mantienen con un importante porcentaje y sin ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades.

Recomendaciones

  1. Rísquez enfatizó que el Estado debe cumplir con su deber de garantizar el derecho a la vida en vista de que “la letalidad policial continúa como la primera causa de muertes en Caracas”.
  2. Además, recordó la campaña “Sin luz verde para matar”, que busca concientizar sobre la letalidad policial. “Urge poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones”, añadió la comunicadora.
  3. Señaló también que debe haber atención integral a los jóvenes, “porque sienten que no tienen oportunidades ni futuro”. Opinó que los ciudadanos deben ser concientizados sobre entender el valor de la vida “para desterrar la cultura de la muerte”.  
  4. Finalizó recordando que se ha validado la muerte como una solución a la delincuencia y no lo es. “Hay que promover y defender la vida”, consideró, y diseñar políticas de seguridad ciudadana integrales.

#MonitorDeVíctimas | Denuncian al Cicpc por muerte de hombre en Chacao
Familiares de Luis Fernando Mendoza aseguraron que los sacaron del apartamento en el que estaban junto al hombre y que luego escucharon tres disparos. La policía asegura que el hombre se opuso a bala a ser detenido 

@carlos_dhoy

 

Familiares de Luis Fernando Mendoza Córdova, de 26 años de edad, denunciarán ante el Ministerio Público que el hombre fue asesinado la noche del pasado jueves 23 de julio supuestamente a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Así lo informaron a la prensa.

Según parientes de Mendoza Córdoba, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:00 de la noche, en el edificio Eburón ubicado en la calle Elice de Chacao. De acuerdo con esta versión, miembros del Cicpc, quienes llevaban el rostro cubierto con máscaras, derribaron la puerta del apartamento 52 del mencionado edificio y tras dominar a todos los presentes fueron hasta el cuarto donde se encontraba el hombre.

«Tras apuntarnos a todos, incluido un niño de 3 años y un adolescente de 13, nos pidieron que saliéramos del edificio y nos escoltaron hasta la planta baja, mientras ellos se quedaban en el apartamento. Cuando llegamos abajo se escucharon tres disparos, al rato los funcionarios se lo llevaron envuelto en una sábana negra», relató un familiar de la víctima.

Del apartamento los funcionarios se habrían llevado objetos de valor y alimentos. Los familiares reconocen que Mendoza tuvo algunos problemas con la ley, incluso que estuvo preso. «Pero esa no es la excusa para asesinar a una persona desarmada», indicaron.

 

La versión oficial

 

El comisario Douglas Rico, director del Cicpc, repitió la versión suministrada por los funcionarios que actuaron. En su cuenta de Instagram (@douglasricovzla) señaló con respecto al operativo: “En el primer procedimiento, funcionarios de la División Contra Robos, ubicó en la calle Alice, parroquia y municipio Chacao, estado Miranda, a Luis Fernando Mendoza Córdova (26), quien se encontraba solicitado por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; este al notar la presencia de los gendarmes, optó rápidamente por desenfundar un arma de fuego y dar inicio a un fuerte enfrentamiento para evitar ser detenido, procedimiento en el que resultó lesionado y posteriormente fallece”.

Rico indicó que Mendoza formaba parte de la banda de alias Coqui y que era un traficante de drogas.mo

#MonitorDeVíctimas | Denunció que a su hijo se lo llevaron funcionarios de las Faes y lo asesinaron

A Luis Abraham Verde Ruiz, de 22 años de edad, se lo llevaron con una supuesta orden. Su padre indicó que el cadáver presentaba golpes en la cara

 

A la víctima, un joven de 22 años de edad, lo sacaron de su casa en la parroquia Altagracia, en Caracas. Así lo aseguró el padre del fallecido

 

@SandraGuerrero1

 

El cadáver de Luis Abraham Verde Ruiz, de 22 años, fue localizado el pasado sábado 17 de julio en el sector Los Nichos del Cementerio General del Sur.

Un día antes, una comisión de presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) había sacado al joven de su casa en el edificio Simon de la Misión Vivienda, ubicado entre las esquinas de Muñoz y Miraflores, parroquia Altagracia del municipio Libertador, en Caracas.

Esta versión la ofreció Luis Abraham Verde, padre de la víctima, quien dijo que al llegar al apartamento los funcionarios mostraron a la madre de su hijo una orden de allanamiento relacionada con la Operación Cacique Guaicaipuro, presuntamente suscrita por la ministra del despacho del Interior Justicia y Paz, Carmen Meléndez.

Los funcionarios de las FAES le informaron a la madre de Verde Ruiz que se lo llevaban detenido para una averiguación. El padre del muchacho presume que a su hijo lo mataron el mismo día en que se lo llevaron detenido.

El joven era el tercero de cuatro hermanos. Trabajaba con su papá como ayudante de albañilería.

El familiar que declaró a la prensa explicó que al identificar el cadáver de su hijo en la morgue de Bello Monte observó que el cuerpo presentaba golpes en la cara. Dijo que el joven estuvo recluido en el Retén de Menores Primero de Mayo, en El Cementerio, cuando tenía 16 años de edad y salió de allí en 2019 a trabajar con él.

#MonitorDeVíctimas | Dos hombres murieron en presuntos enfrentamientos con el Cicpc en Lara en tres días
Las muertes ocurrieron en los municipios Iribarren y Morán. Ambos presentaron registros policiales. Parientes de las víctimas se negaron a dar declaraciones a la prensa 

 

Entre el 13 y el 16 de julio de este año dos hombres murieron en medio de presuntos enfrentamientos con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC) del estado. Los hechos ocurrieron en diferentes municipios del estado Lara. Ambos presentaban registros policiales y fueron señalados por las autoridades como presuntos delincuentes.

Según información del Cicpc los dos individuos murieron tras enfrentarse a los funcionarios. Sin embargo, familiares de las víctimas se negaron a dar sus versiones por temor a represalias.

Llegaron de madrugada

Eran las 4:30 de la madrugada del 13 de julio cuando miembros del Cicpc llegaron hasta el sector Palo Verde de El Tocuyo. Se supo que buscaban a Keimert José Flores Gutiérrez, de 24 años de edad, quien supuestamente presentaba múltiples denuncias por el delito de abigeato.

Los uniformados, adscritos a la delegación municipal de El Tocuyo, irrumpieron en la vivienda de Flores y lo hirieron en el tórax, en un supuesto enfrentamiento.

Fuentes aseguraron que el cuerpo del hombre lo montaron en una patrulla del Cicpc y lo trasladaron hasta la emergencia del Hospital Dr. Egidio Montesinos, esto para brindarle los «auxilios», sin embargo, doctores del centro asistencial de forma anónima contaron que el hombre fue ingresado sin signos vitales.

Flores presentaba registros por los delitos de uso indebido de arma de fuego, aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Además lo investigaban por  delitos como hurto, robo, abigeato y lesiones.

Monitor de Víctimas trató de hacer contacto con familiares del fallecido en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda, para que dieran la versión de cómo ocurrieron los hechos. Un pariente explicó que preferían no dar  información por temor a represalias.

Dentro de un rancho

Tres días después de la muerte de Flores, funcionarios del Cicpc volvieron accionar, pero esta vez en una comunidad al oeste de Barquisimeto, específicamente en el municipio Iribarren.

Según el Cicpc, Ember Felipe Principal Marchán, de 30 años de edad, murió luego de resistirse a su detención. Supuestamente disparó contra los funcionarios, generándose un intercambio de disparos en el que resultó sin vida.

 

El hecho ocurrió el pasado 16 de julio dentro de una vivienda tipo rancho, en el barrio La Municipal, al oeste de Barquisimeto. Se rataba de la vivienda del individuo.

Los funcionarios lo señalaron como azote de barrio. Presentaba una solicitud por el delito de homicidio desde el año 2018. El cadáver presentaba un disparo en el tórax.

El pasado fin de semana los familiares de Principal estaban en la morgue del Hospital Central Dr. Antonio María Pineda de Barquisimeto, pero no quisieron aportar detalles sobre lo ocurrido.

Monitor de Víctimas – Cintillo