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DDHH Olvidados | La Masacre de El Junquito cumple seis años en impunidad
Organizaciones No Gubernamentales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los únicos que han llevado a la justicia las presuntas ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otros seis venezolanos

Foto: Inaki Zugasti (Agence France-Presse)

«Nos están disparando con RPG (lanzacohetes), granadas, lanzagranadas… Hay civiles acá adentro. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos. Nos quieren asesinar», dijo el expolicía Óscar Pérez, entre la sangre y los escombros, cuando se grabó en redes sociales antes de morir a manos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en Caracas el 15 de enero del 2018. Momentos después, la sociedad civil llamaría a ese evento «La masacre de El Junquito».

Nueve personas murieron durante el ataque de las fuerzas de seguridad del Estado a un chalet ubicado en El Junquito, en el municipio Libertador del Distrito Capital, en donde se refugiaba Óscar Pérez con seis de sus compañeros (cinco ex miembros de los cuerpos de seguridad y un civil). Ocho de los fallecidos tenían un impacto de bala en su cabeza, solo uno tenía un impacto de bala en el cuello

Han pasado seis años desde «La Masacre del Junquito» y el Ministerio Público aún no ha investigado ni imputado a los responsables de esas ejecuciones extrajudiciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 26 de diciembre del 2023 que el caso de Pérez y los otros seis venezolanos será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a «la impunidad del sistema de justicia venezolano».

Sobrevuelo en la opinión pública

Óscar Pérez fue un agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y crítico del gobierno de Nicolás Maduro entre los años 2017 y 2018, cuando en Venezuela se presentaba una segunda ola de protestas en repudio a Maduro. 

Pérez sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017 a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil, cuando en el país se registraron un mínimo de 9.787 manifestaciones pacíficas en contra del gobierno madurista y al menos 158 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de esas protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, respectivamente

El expolicía caló en la opinión pública venezolana gracias a su presencia en las redes sociales. A través de videos narraba sus críticas y fundó el «Movimiento Equilibrio Nacional», donde se unieron varios exmiembros de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Ese día del 2017, Maduro tildó de «terrorista» al movimiento militar.

Y en septiembre de ese año, el Estado detuvo al escolta Franks Cabaña, quien hasta la fecha es un preso político, privado de libertad sin una sentencia condenatoria, por haber atendido una llamada de Pérez el día que robó el helicóptero.

Asesinatos casi grabados en directo

Daniel Enrique Soto Torres, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Abraham Lugo Ramos eran exfuncionarios de seguridad y estaban con Pérez en El Junquito ese 15 de enero del 2018. Ellos trataron de alzarse contra el gobierno madurista, luego trataron de rendirse y entregarse a las autoridades, pero los cuerpos de seguridad abrieron fuego contra una vivienda donde se refugiaban.

«Alrededor de 500 fuerzas de seguridad atacaron la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis víctimas. A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Óscar Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo», se lee en el reporte de la CIDH.

Entre el grupo de los fallecidos se encontraba Lisbeth Andreina Ramírez Montilla, una enfermera y estudiante de odontología de 30 años. 

Las autoridades estatales revelaron las identidades de los fallecidos 30 horas después del suceso que el gobierno de Nicolás Maduro bautizó como la «Operación Gedeón» (que en hebreo significa «destructor» o «guerrero poderoso»).

Pasaron más de 72 horas para que sus familiares pudieran identificar sus cuerpos y más de una semana en darles un sepelio

«En una nota de voz (Lisbeth Ramírez) dice ‘me agarraron’, no dijo ”nos tienen acorralados”. Eso da muchas dudas de si mi hermana está muerta, es porque a ella dice que la agarraron, lo debe decir es porque alguien la agarró. Quiero ver a mi hermana», dijo Leidy Ramírez, hermana de Lisbeth, al medio Crónica Uno cuando esperaba en la Morgue de Bello Monte, en Caracas, a que confirmaran que su hermana había fallecido el 18 de enero del 2018.

Mientras tanto, en las redes sociales y en la prensa circulaban fotografías de los cuerpos de Óscar Pérez y las otras seis víctimas.

Néstor Reverol, quien para ese entonces era ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana murieron en el «operativo»: Nelson Chirino Cruz y «Andriun Ugarte». Poco después se reveló que «Ugarte» era una identidad falsa para el antiguo miembro de los «Colectivos» -grupos de civiles armados e ideológicamente alineados con el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- y antiguo miembro de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), una serie de despliegues policiales entre 2015 y 2017 acusada de más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales.

La impunidad también se viralizó

Los familiares de las víctimas denunciaron que recibían amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios del gobierno madurista y cuerpos de seguridad sin que el Estado les brindará protección o «hacer un funeral adecuado», según recuenta la CIDH. 

Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello e Iris Valera, mantuvieron en sus discursos que Óscar Pérez y las otras seis víctimas eran «terroristas» y fueron «abatidos» «con el peso de la ley». 

Entre las protestas de crítica al madurismo del año 2018, la prensa venezolana nacional estaba bajo esquemas de censura estatal. Pocos días después de «La Masacre del Junquito», la periodista Alba Cecilia Mujica fue despedida del canal televisivo Globovisión por haber opinado que la muerte de Pérez y los otros seis venezolanos fue una ejecución extrajudicial. 

Mientras tanto, otras seis personas fueron detenidas y relacionadas por la «Operación Gedeón», acusadas de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. 

Si bien fueron liberados el 19 de diciembre del 2018, Joally Javier Deyon González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruiz Lugo y Antonio José Pérez Cisneros fueron víctimas de torturas y tratos crueles bajo las audiencias del en el Tribunal Militar Segundo de Control, con sede en Caracas, según los reportes del portal Armando.info

«La Masacre de El Junquito» se encuentra entre los miles de casos que el gobierno de Nicolás Maduro debería enfrentar ante la Corte Penal Internacional, donde la ONG Human Right Watch catalogó al evento como una ejecución extrajudicial similar a las dictaduras de Chile y Argentina en el siglo XX. 

Reportan al menos 183 víctimas de violencia de género en Bolívar entre enero y octubre
Codehciu registró 201 eventos de violencia de género de enero a octubre de 2023
Los tipos de violencia de género  más recurrentes que registró Codehciu en Bolívar de enero a octubre de 2023 fueron la violencia física, con 98 víctimas, y la violencia psicológica, con 67
El tercer trimestre del año 2023 es el que más víctimas de violencia de género registró en Bolívar, con 80

 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró 183 víctimas de violencia basada en género entre enero y octubre de 2023 en el estado Bolívar. 

En un despacho de prensa, la organización advierte que estas cifras representan un subregistro y no la cantidad exacta de mujeres víctimas ante el contexto de vulnerabilidad del estado Bolívar.

Las cifras del monitoreo surgen de revisiones en publicaciones en medios de comunicación regionales y levantamientos de cifras sobre atenciones realizadas por Codehciu en su sede por medio de los servicios gratuitos de atención psicosocial y de asesoría jurídica.

De acuerdo con estos datos, en los primeros diez meses de 2023 la organización detectó 201 eventos de violencia. Aclararon que una sola víctima puede sufrir varios tipos de vulneraciones a la vez, como es el caso de la violencia física y la violencia psicológica.

Los tipos de violencia más recurrentes que registró Codehciu durante este periodo fueron la violencia física, con 98 víctimas, y la violencia psicológica, con 67. Por otro lado, también reportaron cuatro femicidios confirmados, aunque aclaran que otras organizaciones han contabilizado más, como es el caso del Ateneo Ecológico, que lleva un registro de 12 femicidios hasta la fecha.

El tercer trimestre del año es el que más víctimas de violencia de género registró, con 80, mientras que el primero y el segundo registraron 37 y 31, respectivamente. Y solo en el mes de octubre contablizaron 35 víctimas.

Violencia patrimonial está presente

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la violencia patrimonial como “el poder que se ejerce contra las mujeres para hacerlas dependientes económicamente de los hombres, cuando se controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o cuando se las priva de los medios indispensables para vivir”.

En el caso de Bolívar, Codehciu detectó tres casos de este tipo de violencia durante el período de monitoreo. 

Codehciu, que lleva desde 2018 alertando sobre esta problemática, recuerda que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todas las personas,» sin discriminación por razón de género» mediante la implementación de programas de educación y sensibilización sobre la igualdad de género «y la prevención de la violencia contra las mujeres, además del fortalecimiento de las instituciones responsables de la protección de los derechos de las mujeres».

DDHH Olvidados | El «delito» de Yosida Vanegas es ser la madre de un preso político
Una venezolana jubilada de 67 años denunció por cinco años las torturas del preso político Juan Carlos Monasterios, su hijo. Ahora ella cumple cuatro meses de estar detenida arbitrariamente en el INOF esperando su primer juicio

Yosida María Vanegas de Monasterios, una venezolana jubilada de 67 años, viajaba en carretera por La Pedrera, en la frontera entre el estado Táchira y Colombia. Era el 15 de agosto del 2023 y ella quería visitar a su hijo, Juan Carlos Monasterios, un preso político que recién lo habían operado de la vesícula. 

Tenía cuatro años que no podía visitarlo: había emigrado a Perú.

Pero los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Vanegas en una alcabala. Y, sin decirle nada a ella ni a su familia ni a sus abogados, la llevaron hasta Caracas y estuvo 33 días desaparecida forzadamente. 

Su hija, Giovanna Monasterios, denunció desde Perú que a su madre la detuvieron sin ningún cargo ni acusación.

«Exijo que sea liberada de inmediato y hago responsables de lo que le pueda pasar (a mi madre) a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Granko Arteaga», recalcó Giovanna, temiendo que su madre sufra la misma suerte que su hermano, quien es uno de los 17 presos políticos condenados entre 8 a 30 años por estar involucrado en un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, conocido como «el caso Dron».

«Ahora, a Yosida la terminan involucrando en el mismo caso de su hijo en una supuesta investigación que se ha hecho de forma extendida y la están imputando con acusaciones de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Imputaciones absurdas porque ella, al ser una mujer jubilada, es de los más escasos recursos», explicó Martha Tineo, abogada y Cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una entrevista a Runrun.es

«Fue trasladada al INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda), esperando, como la gran cantidad de presos políticos, un juicio, sufriendo una pena anticipada. Aún está esperando la audiencia preliminar, no se le ha acusado formalmente en la comisión de esos delitos», agregó. 

«Pareciera que el delito por el cuál ella está siendo apresada es ser madre de un preso político». 

De víctima indirecta a una directa 

Para la Corte Penal Internacional, las amenazas, persecuciones y la responsabilidad penal hacia los familiares de un preso político también son un crimen de lesa humanidad. El Sippenhaft, el término jurídico de origen alemán para referirse a ese crimen, ocurre en al menos 25 casos de presos políticos venezolanos

Incluso la sociedad civil ha documentado la tortura de mascotas de los privados de libertad por parte del Estado para generar más tortura psicológica en los presos políticos.

«En el momento en que su hijo fue detenido y se llevaron a cabo las primeras investigaciones en el denominado “caso Dron”, a Yosida la llevaron para tomar declaraciones. Lo hizo, evidentemente no estaba involucrada con absolutamente nada, y no hubo ninguna decisión contra ella. Es por ello que pudo salir del país en ese entonces», dijo Tineo.

Una amiga de Yosida, que pidió protección a Runrun.es, recordó que el 04 de agosto del 2018, cuando detuvieron a Juan Carlos Monasterios, la Dirección general de contrainteligencia Militar (Dgcim) invadió y vandalizó los hogares de Yosida y su hijo, presuntamente para buscar evidencias. Hasta el son de hoy no se consigue ninguna orden de allanamiento de los hogares de la familia Monasterios Vanegas. 

«Ellos (la Dgcim) les quitaron todo. Les quitaron la casa, en Maracay (estado Aragua), le quitaron los carros, los vehículos que tenían…», explicó la amiga de Yosida Vanegas. «Ella se va en 2019, después de que la Dgcim hizo todos sus allanamientos, todas sus acusaciones. Y ahora dicen que ella estaba solicitada desde el 2018». 

 

Después de ser detenida, Yosida Vanegas estuvo sin paradero en Táchira hasta presentarse en el Tribunal Segundo de Control de ese estado cinco días después. Allí la vincularon con «el caso Dron». Después pasaron 33 días desaparecida forzadamente hasta que notificaron que estaba en el INOF, según la ONG Justicia y Proceso Venezuela

Ella está a la espera del primer juicio bajo el Tribunal Primero de Control contra el Terrorismo, presidido por la jueza Angie Carfi. Hasta los momentos, la defensa aún denuncia que no tienen ninguna orden

de aprehensión. 

Cuidar a un preso político

Aunque ella llevaba años jubilada como administradora en el Instituto Pedagógico de Caracas, se dedicó a denunciar y a visitar a su hijo en la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas, uno de los centros de torturas denunciados por la ONU en sus cuatro informes sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. 

«Desde el momento en que detuvieron a su hijo, como cualquier madre, fue muy activa en denunciar las torturas y todas las violaciones a los derechos humanos de las cuales estaba siendo víctima su hijo», reiteró la cofundadora de JEP.

En Venezuela, los familiares de un preso político deben encargarse de todas las necesidades del privado de libertad. No conformes la condena anticipada, el Estado no les garantiza la alimentación, el acceso al agua, la higiene personal y la salud a los presos políticos. 

En algunos casos, como lo denuncian otras ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones, los familiares deben pagar una cuota, «una vacuna», para ingresar a los centros penitenciarios y ofrecer lo que tienen a los presos políticos.

«Pero, además, las denuncias fueron en un contexto difícil, una situación económica muy difícil que no escapa de la realidad de los más de cinco millones jubilados y pensionados: estar condenados a una pobreza extrema, con una pensión que no supera los cuatro dólares mensuales», explicó Tineo. 

«Lamentablemente nada fue fácil, como a millones de venezolanos en el extranjero. Una señora de una edad avanzada que no conseguía un empleo fijo juntaba lo que tenía junto a su hija para mandarlo a Venezuela para que otra persona llevara algo de comida y medicinas o de insumos de higiene a su hijo. Al sentirse tan impotente de no estar al lado de Juan Carlos, de no poder ayudarlo, se fue deteriorando su ánimo y su salud. Es por ello que ella decide volver a Venezuela, para estar cerca de su hijo», agregó. 

Ahora, Giovanna Monasterios es el único familiar directo que puede cuidar a su hermano Juan Carlos y a su madre Yosida Vanegas desde Perú

El desgaste de Yosida Vanegas y otras madres

JEP advirtió que las madres y las esposas de los presos políticos son quiénes sufren los mayores gastos económicos y desgastes de su integridad física y psicológica para cuidar a sus familiares. Al menos 227 de los 276 presos políticos que hay en Venezuela hasta la fecha se identifican como hombres, según la ONG Foro Penal. 

«La mayoría de los presos políticos son los responsables económicos de sus familias: los hijos, los esposos, los padres. Estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja desde el 2015, los índices de pobreza en la población se acercan al 80 %. Estas familias no se escapan de esa realidad, que deben dividir sus recursos entre su subsistencia y la del preso político», dijo Tineo. 

Más de 50 presos políticos están en condiciones críticas de salud y el Estado no los atiende. «A ese número lo podemos multiplicar por tres, considerando que cada persona tiene una familia de al menos tres integrantes». 

Yosida Vanegas ya sufría de mareos por la escasa alimentación, artrosis, hipertensión y problemas gastrointestinales antes de ser privada de libertad. Ahora, tanto Giovanna como los abogados defensores piden medidas humanitarias para que, al menos, le den un tratamiento médico.

Como ella, otras madres de presos políticos mantienen cuadros clínicos críticos sin ser atendidas. Edircia Fuenmayor, madre del preso político Ángel Barrios, y Yusleida Pérez, madre del preso político Roberto Romero, requieren de operaciones y tratamientos como la meniscectomía parcial artroscópica, «pero no tienen recursos para hacerlo porque deben velar por la salud de sus hijos». 

«Estas madres, al igual que Yosida, por denunciar, por documentar las torturas y detenciones arbitrarias contra sus hijos fueron perseguidas a tal punto que tuvieron que huir de Venezuela con el corazón partido en dos: medio corazón consigo y medio corazón en la cárcel con sus hijos», denunció la cofundadora de JEP.

«Señoras mayores que se van a otro país con condiciones mínimas para conseguir otro empleo, están en situación de precariedad. Estamos viendo el aumento de estos casos en la medida en que la presión política se ha extendido y el deterioro tanto de los presos como de sus familiares se está agravando. Cuando hay un preso político, toda su familia queda presa con esa persona», concluyó. 

Convite reporta aumento de escasez de medicamentos para la diabetes
En octubre la escasez de medicamentos para la diabetes en Venezuela fue de 36,4%, cifra 1,8% mayor que la del mes de septiembre según la ONG Convite
Además de medicamentos para la diabetes, los que escasean más en Venezuela son los usados contra las infecciones respiratorias agudas y contra las convulsiones

 

La escasez de medicamentos para la diabetes en Venezuela fue del 36,4 % en octubre, según un monitoreo realizado por la ONG Convite en Caracas y otras 16 ciudades, cuyos resultados fueron publicados este 04 de diciembre por la organización.

La cifra de octubre representa un aumento de 1,8 puntos respecto al porcentaje de escasez de medicinas para la diabetes en septiembre, cuando fue del 34,6 %.

La ONG también hace seguimiento a la disponibilidad de medicinas para hipertensión, convulsiones, depresión, diarreas e infecciones respiratorias agudas, según una nota de prensa.

En octubre, los porcentajes «más elevados» de escasez los registraron, además de los que son usados para la diabetes, los medicamentos para las infecciones respiratorias agudas, con un 33,5 %; y para las convulsiones, con un 30,9 %.

Las fallas en la disponibilidad de estos seis tipos de medicamentos fue mayor en San Fernando, capital del estado Apure, mientras que una de las ciudades «mejor abastecidas» fue San Carlos, en la región occidental de Cojedes, señaló la organización.

Bajo poder adquisitivo limita crecimiento de la industria

Según datos suministrados recientemente a EFE por la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), el mercado farmacéutico venezolano creció un 18,9 % en octubre en comparación con el mismo mes del año pasado, al pasar de 17,55 millones de medicamentos distribuidos a unos 20,87 millones.

El sector asegura que representa un problema para la industria el «bajo» poder adquisitivo en el país, donde el salario mínimo y la pensión -que se mantienen en 130 bolívares desde marzo de 2022, pese a las presiones de trabajadores y pensionados- equivalen a 3,6 dólares al mes, al cambio oficial.

La cámara farmacéutica pide a las autoridades acceso a financiación bancaria, creación de leyes que protejan la industria y reducción arancelaria para la importación de materias primas, entre otras medidas.

Cifar proyecta un crecimiento del 5,6 % para este 2023, cuando prevé que se distribuya un total de 210 millones de medicinas, frente a los 198,77 millones del año pasado.

Con información de EFE

DDHH Olvidados | Franks Cabaña tiene seis años preso por hablar por teléfono con Óscar Pérez
El abogado Joel García detalló que a Franks Cabaña le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y usurpación de funciones. Además, señaló que Cabaña es el único preso que queda por la causa de Óscar Pérez. Todos los demás están en libertad
Xiomara Andara, madre de Franks Cabaña, tuvo que salir del país en diciembre del año 2017 porque su familia estaba siendo víctima de persecución. Tal es el caso del padre de Franks, quien estuvo preso tres meses y bajo régimen de presentación durante un año. No hubo explicación para esto

@Andrea_GP21

 

El 13 de septiembre del 2017, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron al escolta Franks Cabaña y lo acusaron de ser cómplice del robo del helicóptero que piloteó Oscar Pérez sobre Caracas.

Los funcionarios allanaron la residencia de su madre y, además de detener a Cabaña, se llevaron a uno de sus hermanos, que para ese momento tenía 17 años, y a un primo que se estaba quedando en el lugar.

Joel García, abogado especialista en Derecho Penal, señaló que a Franks lo vinculan con Óscar Pérez porque tuvo una llamada de apenas unos segundos con el exinspector del Cicpc que fue asesinado en la “Operación Gedeón” de enero de 2018.

“El día que el difunto Oscar Pérez sobrevoló Caracas en un helicóptero del cuerpo, a Franks se le ocurrió tomar una llamada que duró menos de un minuto. Por ese vínculo telefónico se encuentra tras las rejas”, señaló el jurista en un conversatorio realizado este lunes, 27 de noviembre, mediante la cuenta de Instagram @familiasoslibertadcolombia, que modera el expreso político Jonatan Palacios.

 
 
 
 
 
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El 27 de junio de 2017, según dijo Joel García, Franks mantuvo comunicación con Óscar Pérez. Y ese es su “crimen”. Sin saber el contenido de esa llamada, que apenas duró unos segundos.

“Aquí no hace falta cometer un delito para que alguien esté preso. Hace falta que cualquier personero del gobierno se antoje para que usted esté preso”, criticó García.

El único que queda preso por la causa de Óscar Pérez

El abogado Joel García detalló que a Franks Cabaña le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y usurpación de funciones. Además, señaló que Cabaña es el único preso que queda por la causa de Óscar Pérez. Todos los demás están en libertad. 

“A pesar de que la juez está convencida de que no tiene nada que ver, lo mantienen privado de libertad”, expresó García.

 

Cabaña se encuentra preso desde hace seis años y todavía no se ha emitido una sentencia condenatoria. Para el abogado Joel García, la jueza del caso “está agotando todos los recursos” como una “táctica para mantenerlo preso en un juicio que no termina nunca”.

“Es un patrón de conducta, donde las detenciones preventivas se convierten en condenas o penas anticipadas. Si a Franks lo llegasen a absolver, ¿quién le repone esos seis años?”, apuntó el jurista.

 

El abogado manifestó que lo único que quiere la familia de Franks Cabaña es que termine el juicio. “Mientras se mantenga en este limbo jurídico no vamos a saber nada. Las incertidumbres son muy dañinas”, expresó.

A esto, su madre, Xiomara Andara, añade que su familia no entiende la razón de que su hijo esté preso, pues han suministrado toda la información posible. Incluso, envió una carta hecha de “puño y letra” al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para que le ayude con el caso de su hijo.

“No sé a quién pedir porque es una situación engorrosa, como madre no se lo deseo a nadie”, expresó.

Familia víctima de persecución

Xiomara Andara, madre de Franks Cabaña, tuvo que salir del país en diciembre del año 2017 porque su familia estaba siendo víctima de persecución. Tal es el caso del padre de Franks, quien estuvo preso tres meses y bajo régimen de presentación durante un año. No hubo explicación para esto.

“Tuve que salir del país porque viví mucha persecución porque todavía no habían agarrado a Oscar Pérez”, dijo la señora Andara durante el conversatorio.

Franks tiene dos hijos, uno de ocho años y otro de 10. Era escolta y trabajó para dos entidades bancarias del país y para la Fundación del Niño. Su madre lo describe como un “hombre responsable y buen hijo”, al tiempo que lamenta su  situación y asegura que no pierde la esperanza de que algún día pueda estar con él nuevamente.

 

“Yo me siento presa como mi hijo porque anhelamos todos los diciembre que él pueda salir. Realmente no hay nada que acuse a Franks. Es tan injusto lo que ha sufrido mi hijo. Somos personas humildes, no tenemos nada. ¿Qué verdugo tiene a mi hijo ahí? No lo entendemos. Temo por mi familia y hasta por Franks. Esto de mi hijo lo veo como una injusticia muy grande”, dijo su madre.

Franks sufre de afección pulmonar

El mismo año en el que a Franks lo detuvieron fue víctima del hampa. Su madre, Xiomara Andara, contó que un día salía de su trabajo y un hombre, para quitarle el teléfono, le disparó. Ese tiro todavía lo tiene alojado cerca del pulmón.

“Tenía un buen seguro, fue lo que le salvó la vida. Cuando a Franks lo detienen, lo golpearon fuertemente, lo único que pedía es que tuvieran misericordia porque tenía un tiro en un pulmón y ahí fue que pararon”, relató su madre.

Además, la señora Andara reveló que su hijo tiene problemas en las muelas y siempre tiene malestar de gripe, por lo que se pregunta: “¿Cómo puede estar la salud de una persona que no tiene cómo ir al médico?”.

Por su parte, el abogado Joel García apuntó que tiene algún tiempo que no puede ver a Franks porque “se declaró en contumacia”, es decir, en rebeldía contra el tribunal. Además, señaló que su papá no lo puede visitar porque la Cárcel de Yare, donde está recluido, tiene acceso restringido de hombres. 

 

No solo es el problema que tiene en el pulmón, sino que “está sobreviviendo al igual que todos los presos en Venezuela. Salvo los pranes, todos los presos padecen esta calamidad”, denunció García.

DDHH Olvidados | Josnars Baduel: doblemente juzgado y sin derecho a nada
Andreína Baduel aseguró en entrevista para Runrun.es que no hay pruebas que vinculen a su hermano con la Operación Gedeón
La joven afirmó que ser Baduel no es un delito. Cree firmemente en que el ensañamiento en contra de su hermano se debe principalmente a su apellido

 

@yeannalyfermin

 

El ensañamiento de la administración de Nicolás Maduro no terminó con la muerte en custodia de Raúl Isaías Baduel. Uno de los hijos del general en retiro, Josnars Baduel, lleva tres años detenido en la sede del Helicoide, en Caracas, acusado de conspiración, asociación para delinquir y terrorismo.

El pasado 4 de mayo de 2020, se registró una incursión marítima por las costas del estado Aragua. EL «Macutazo», como también se le conoce a la operación, fue según información oficial, un intento fallido de varios disidentes venezolanos -en su mayoría militares exiliados-, apoyados por la empresa estadounidense de seguridad SilverCorp para, supuestamente, asesinar a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del Gobierno.

Según las versiones oficiales, el «Macutazo» estuvo a cargo del estadounidense Jordan Goudreau, exboina verde de los Estados Unidos y exmiembro de las Fuerzas Armadas de Canadá y también por Clíver Alcalá Cordones, ex miembro de la FAN quienes a bordo de dos embarcaciones provenientes de Colombia pretendían colarse por las costas de Aragua y tomar el país. 

Según informó el fiscal de la república designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, el balance de la operación Gedeón finalizó con la detención de 85 personas, incluido Josnars Baduel y ocho fallecidos presuntamente por ejecuciones extrajudiciales. 

Josnars Baduel es abogado, no está casado y no tiene hijos. Cuando se produjo su detención en las costas del estado Aragua no se sabía de quién se trataba, hasta que se confirmó su identidad. Según información difundida en redes sociales, al joven lo capturaron junto a los dos estadounidenses en la segunda embarcación.

Andreína Baduel, hermana de Josnars, aseguró en entrevista para Runrun.es que no hay pruebas que vinculen a su hermano con la supuesta incursión marítima. 

“Doblemente juzgado”

Desde la detención de Josnars Baduel, el proceso ha estado plagado de irregularidades: desaparición forzosa, falta de atención médica, negación de defensa privada y daños físicos y emocionales.

 “Al no asumir su culpabilidad lo pasaron a juicio con defensa pública y ‘sin derecho a nada’, aunado a esto, recientemente el 29 de septiembre de este año, fue presentado en otro tribunal de terrorismo por otro supuesto caso de conspiración para juzgarlo por los mismos delitos por los cuales ya está siendo juzgado, es decir, está siendo doblemente juzgado, algo que absolutamente prohibido”, dijo.  

Andreína vio a su hermano Josnars hace 15 días. Indicó que el joven abogado “de ánimo está fuerte y mentalmente está resistiendo”, pero con secuelas físicas productos de los daños sufridos en prisión. Detalló que actualmente necesita cuatro operaciones quirúrgicas: una para reconstruir los ligamentos de ambas rodillas, otra en su hombro izquierdo, necesita remediar una lesión que tiene en los testículos y varias hernias, además de tratar una afección pulmonar crónica.

“Nosotros no tenemos confianza en los médicos de ellos, por lo cual hemos exigido su libertad para que él pueda ser atendido por nuestros médicos de confianza”, dijo.

Andreína Baduel se declara profundamente creyente en Dios y en la justicia divina. Dijo que ellos como familia hacen todo lo posible para que Josnars resista. “Desgraciadamente, en Venezuela no hay Estado de Derecho y a pesar de que no hay elementos para que él esté privado justamente de libertad lo ha estado, ya tiene casi cuatro años allí”.

 La tragedia de ser un  Baduel

La joven expresó que ser Baduel no es un delito y manifestó que cree firmemente en que el ensañamiento en contra de su hermano se debe principalmente a su apellido. El fallecido general Raúl Baduel fue aliado de Hugo Chávez desde antes del alzamiento del 4 de febrero hasta el año 2007, cuando empezó a demostrar su inconformidad y disidencia. 

Cabe recordar que fue Baduel quien se opuso al Gobierno de Pedro Carmona Estanga en abril de 2002 y ayudó activamente en el rescate de Chávez. 

Raúl Baduel fue arrestado en el año 2009 e inhabilitado para ejercer cargos públicos. En el 2015 recibió libertad condicional, pero en el 2017 regresó a la cárcel en donde pasó sus últimos años de vida en condiciones deplorables y con daños graves en su salud física y mental..

El 29 de septiembre de 2021, al general retirado Raúl Baduel lo sacaron de la Tumba, un sótano ubicado cinco pisos bajo tierra que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y lo llevaron al Helicoide. 

A la familia nunca se les notificó el traslado. Andreína lo supo porque ese mismo día que fue a llevarle comida y artículos, no lo encontró. 

Un día después, se enteraron de que Raúl Baduel había sido trasladado al mismo sitio de reclusión donde estaba Josnars, pero su salud estaba muy comprometida. Los daños eran irreversibles y en menos de 15 días falleció.

Según información del Ministerio Público, Baduel murió de un paro cardiorespiratorio producto de complicaciones asociadas al COVID-19, pero la familia duda de esta versión.

“Los últimos días mi papá compartió celda con su hijo y el 12 de octubre se murió en los brazos de Josnars”, dijo Andreína. 

“A ellos no le bastó con o matar a mi papá en cautiverio, no les bastó con tenerlo 12 años injustamente preso, sino que desgraciadamente toda esa persecución se ha extendido a la familia, y hoy, dos años y un mes después del asesinato de mi papá, mi hermano sigue preso por ser Baduel”, aseguró.

Otros miembros de la familia Baduel no han escapado de la ferocidad del régimen de Nicolás Maduro. En el 2020, a Raúl Iván Baduel lo aprehendieron en el estado Guárico para obligar a uno de sus hermanos a inculparse de los delitos por los que era acusado.

En 2014, a Raúl Emilio Baduel, hijo mayor del exgeneral lo arrestaron en el contexto de una protesta antigubernamental y fue sentenciado luego a ocho años de prisión. Gerardo Carrero, yerno de Baduel, también estuvo tres años en prisión también por participar en las protestas de ese año.

Lisbeth Oyoque, madre de Josnars, Iván y Andreína, falleció en el 2020 esperando la libertad de su hijo.

DDHH Olvidados | Leonardo Mora lleva cuatro años navegando en la incertidumbre
De acuerdo con la OIM y Mayday Confavidt, al menos 150 venezolanos están desaparecidos desde su ruta migratoria en el Mar Caribe. Ningún caso tiene un paradero definido en un país donde la delincuencia y la trata de personas es un tema cada vez más recurrente

La última vez que Leonardo José Mora Medina vio a su familia fue en la madrugada del 7 de junio del 2019. Eran las 04:30 a.m. cuando él recibió una llamada en su casa, en La Vela de Coro, diciendo que su viaje a Curazao por mar zarpaba en pocas horas. 

Él y su esposa estaban dormidos, pero Leonardo ya había armado su bolso para salir días antes. Solo bastó una llamada para que un amigo, que iría con él, lo recogiera. 

Pero el viaje no era ordinario: la embarcación donde zarparía iba a entrar de forma irregular a la isla caribeña. La frontera entre Venezuela y las islas Aruba, Bonaire y Curazao (conocidas como las «islas ABC») estaba cerrada.

El sueño de Leonardo y su familia era que él llegara a las islas del Reino de Países Bajos para trabajar por un mes como mecánico automotriz y regresar a Venezuela con su inversión. Él y su esposa son profesores graduados de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, para ese entonces, el sueldo mínimo era de 40.000 bolívares soberanos, equivalentes a 5,89 dólares americanos a la tasa de cambio oficial en ese momento. 

«La única manera que tenían los venezolanos de migrar a las islas ABC era que te detuvieran en la frontera y luego formalizabas tu estadía», explica un familiar de Leonardo Mora, que decidió mantener anonimato para protegerse de represalias. «Los venezolanos tenían la oportunidad de estar como turistas un mes, luego tenías que regresar al país. Ese era el plan». 

El carro que recogería a Leonardo llegó una hora después, el ruido de su tubo de escape anunciaba su viaje. 

Su esposa lo acompañó hasta la puerta de la casa. Él iba a entrar al carro cuando se acordó de algo que le faltaba. 

—No me despedí de mis muchachos, mis hijos. Ya vuelvo. 

Ella esperó a que su esposo, de 49 años, se despidiera de sus tres hijos, todos adolescentes para ese entonces. 15 minutos después, regresó y se subió al carro. 

—Qué Dios te cuide mucho. Te amo —dijo ella sobre el ronquido del tubo de escape.

—También te amo. Por favor, cuídate tú también, cuida a los chamos y a mi mamá. 

14 horas después de esa despedida Leonardo zarpó en el peñero «Trompa de ballena» en Punta Aguide, municipio Acosta del estado Falcón. Los 34 pasajeros debían recorrer 157,42 kilómetros para llegar a Curazao, un viaje de tres horas máximo

Pero pasó un día y Leonardo no llamaba, pasaron 48 horas y los familiares metieron la denuncia para que buscaran la embarcación. 

Y han pasado cuatro años y el Estado no investiga ni informa sobre el paradero de Leonardo Mora y los otros 33 venezolanos.

La violencia se tragó el mar

«Lo particular de ese caso es que la mayoría de los que abordaron la embarcación se conocían. Leonardo viajó junto a su sobrino, Jesús Antonio Amaya Mora. La gran mayoría eran vecinos de La Vela de Coro o habían vivido allí», reflexiona el pariente de Leonardo. «Todos se enteraron del viaje por mensajes privados, por el boca a boca». 

El peñero «Trompa de ballena» no es la única embarcación perdida en Venezuela. Al menos otros ocho navíos han desaparecido en el territorio nacional, dejando sin paradero a al menos 150 venezolanos desde el 2015, según el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela Mayday (Confavidt). 

Según la ONG, todas las víctimas son venezolanos que buscaban migrar por el Mar Caribe a países como Trinidad y Tobago, Costa Rica, México, Estados Unidos y las islas ABC. Como en ninguno de los casos se sabe del paradero, no pueden descartar que los desaparecidos son víctimas del crimen organizado.

«Entre Leonardo y su sobrino, él era el único que tenía un celular. Le recomendaron que todos sus documentos y celulares debían estar guardados en un condón, un preservativo, porque el látex los protegía si se mojaban o caían al agua. Él guardó su celular antes del viaje, con la esperanza de mandarme un mensaje apenas llegara», dice el familiar entrevistado.   

Indicios no les faltan para denunciar esa posibilidad: si bien el Estado venezolano no da información sobre el crimen en alta mar, una investigación periodística de los medios El Espectador de Colombia y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) publicó este año que la banda criminal El Tren de Aragua mantiene una ruta de tráfico de personas con fines sexuales en el Mar Caribe, otra publicación de ARI indaga que los atracos y el tráfico de armas, drogas y personas están aumentando en los últimos 4 años en el país. 

«Para el viaje le pedían 400 dólares. Nosotros no teníamos dinero ni para alimentar a nuestros hijos (…). Le decían que en Curazao ganaría mucha plata, más si se dedicaba a la mecánica y la reparación de máquinas», recuerda. 

Acorralados por la economía

Leonardo Mora nació en La Vela de Coro en 1969. Toda su vida estudió en Falcón. Conoció a quién sería su esposa en la secundaria (conocido en Venezuela como bachillerato). Su pareja se fue a estudiar Turismo en el estado Zulia, donde ella nació, y después regresó a Falcón para casarse y asentarse en La Vela de Coro. Poco después decidieron afianzar sus estudios universitarios. 

«Él estudió la licenciatura en educación con especialización en deportes, y estuvo como asistente de mecánico en la Universidad por 15 años. Su esposa estudió educación también, pero enfocado en las ciencias sociales. Ella no tenía un puesto fijo como educadora allí, pero su esposo pudo conseguir una Caja de Ahorros en la Universidad para construir una casa», recuerda el pariente entrevistado. «Pero cuando recibieron el primer pago, que era para montar las bases de su hogar, vino la primera gran devaluación en 2014. Lo que les dieron solo alcanzó para 40 cabillas». 

La familia de Leonardo asevera que la situación económica fue empeorando hasta llegar a un punto crítico en 2017. 

«Él era conocido en su familia como el “utility”, hacía de todo: reparaba carros, hacía latonería, carpintería, era taxista. Al principio tenía trabajos fuera de la universidad sobre ello, pero llegó un punto que la gente ya ni podía pagar», relata. «Entonces se fue con su madre, que tenía una venta de dulces, y la ayudó. Desde allí podía conseguir un plato de comida para su núcleo familiar (de 3 hijos y una esposa), que en muchas ocasiones era lo único que ingerían». 

La historia de Leonardo no estaba aislada. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 3.7 millones de venezolanos estuvieron en situación de hambre en 2017. El panorama no ha mejorado con los años: en septiembre de 2023, la empresa venezolana Consultores21 estimó que 7 de cada 10 familias venezolanas no tiene ningún nivel de seguridad alimentaria. La ONU ha concluido en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que el principal factor de esta hambruna es las altas tasas de inflación nacional y los sueldos bajos en todos los niveles. 

«Ese viaje fue el resultado de la carencia económica. Sabíamos que era riesgoso, pero ya no teníamos otras opciones que probar en otro país. Pretendíamos que fuera un viaje corto, incluso Leonardo me dijo que no le dijera a su madre que iría a Curazao», dice el pariente bajo protección de Runrun.es. «Cuando él desapareció tuvimos que esperar varios días para decirle. Lo tomó con mucho dolor. Ella falleció sin saber del paradero de su hijo en 2020. Se contagió de COVID-19  y no siguió el tratamiento al pie de la letra. Lo último que dijo fue que daba su vida por la de su hijo».

«Él intentó migrar por vías legales, pero no podíamos por los gastos. Tratamos de vender nuestros enseres, nuestros electrodomésticos, para pagar el viaje. Pero nadie podía: todos los que conocíamos estaban en la misma precariedad económica que nosotros. Tuvimos que pedir prestado a una persona para que él se fuera. Varios familiares de los desaparecidos hicieron eso. En algunos casos, como el mío, esa deuda continúa porque dicen que “el compromiso es con él, no con la familia”», agrega.

Tanto Confavidt como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establecen que la gran mayoría de los migrantes no tenía antecedentes penales de ningún tipo. «Son personas que migran por necesidad, y en dos embarcaciones los desaparecidos son pescadores de oficio», recalca el pariente de Leonardo bajo la protección de la ONG. 

«Una herida que no se cierra»

No pasaron dos días para que los familiares de los viajeros del «Trompa de ballena» se movilizaran al Ministerio Público en su sede de Falcón. El Estado tardó cuatro días para admitir la solicitud de búsqueda, pero los días seguían pasando y no había información. No había rastros de la embarcación, ni manchas de gasolina que de un indicio de su última locación

Entonces, los familiares de los 34 desaparecidos decidieron levantar el caso por su cuenta, y poco después se conformó el Confavidt.

«Como nosotros no manejamos el tema, tardamos un poco en recabar la información. En el Ministerio Público nos dicen que no cuentan con los recursos y, bueno, entre todos a veces hemos hecho colectas y hemos podido asistir a algunas diligencias para avanzar un poco en el caso. Aún así, imagínense, llevamos más de cuatro años en esta situación y todavía nosotros todavía no tenemos justicia», explica el emparentado de Leonardo.

En este momento el caso de la desaparición de los 34 venezolanos está en la fase de juicio. El 4 de junio del 2022 detuvieron a cinco acusados en organizar el viaje de la «Trompa de ballena» y el presunto delito de trata de personas. Pero el caso sigue en el Juzgado Primero de Control y no en un Tribunal de Juicio, porque han diferido las audiencias constantemente. 

Para la familia de Leonardo y de los 33 venezolanos desparecidos, «el retraso y la lentitud procesal es suficiente castigo y tortura».

«Considero que no es el deber ser para el caso, pues el tiempo es oro porque no es lo mismo que el apoyo legal y penal en el caso de un muerto, porque ya la justicia es restaurativa. En nuestro caso cada minuto cuenta porque no sabemos si nuestros familiares siguen con vida. No sabemos el destino de nuestros familiares. Cada segundo que se pierda es un segundo que puede estar en peligro la vida de ellos, donde quiera que estén», acotó. 

Si bien la familia de Leonardo está conformada por 3 miembros, solo uno de ellos se comprometió a hacer todas las visitas al Ministerio Público. «Solo de ver el dolor que esto y los destrozos que esto les ha causado a a mi familia en su vida, trato de hacer todas estas cosas. Es una herida que no se cierra», dice. 

Llamadas frente a la incertidumbre

Los casos como el de Leonardo Mora siguen en pie y, según la OIM, con más frecuencia. La institución sobre derechos humanos alertó que el año 2022 fue la época con mayor tasa de muertes y desapariciones de migrantes en el Mar Caribe, con 310 casos. 

Sin embargo, el organismo internacional registra que, de los 154 casos registrados entre 2015 y 2022, el año con mayor número de víctimas venezolanas fue el 2019, con 89 personas desaparecidas en total. 

Las ONG internacionales advierten que las rutas irregulares en el mar continúan en América, incluso obligan a las personas a viajar muchas veces para ver la oportunidad de zarpar y las pueden extorsionar para que hagan el viaje, como le pasó a Leonardo. 

«Cuando él llegó a casa esa noche del 6 de junio del 2019 yo pensaba que ya él no iba a viajar. Pensé que se había venido porque ya estaba cansado, ese día la embarcación iba a salir y no lo hizo, era la tercera vez que pasaba. Sin embargo, ese día me comentó que ya había pagado el viaje y por obvias razones no le iban a devolver el dinero», recuerda el pariente bajo protección. 

La familia de Leonardo Mora tiene esperanza en la justicia internacional. «De la presión que hicimos en Confavidt, el Alto Comisionado de la ONU publicó el 5 de julio de este año sobre el caso como una violación al debido proceso judicial, así como a muchos derechos humanos más». 

Ellos no niega que navega la incertidumbre con dolor. Pero advierten que no descansarán hasta que se descubra el paradero de Leonardo y se dé justicia. 

«Como él, otros 150 venezolanos están desaparecidos en el Mar Caribe por migrar o por trabajar. Ir repetidas veces al Ministerio Público para que no se olviden de su caso es otro martirio que se le suma el no saber si mi esposo está vivo o no. No podemos tener paz ni tranquilidad porque mientras mi esposo no me llame para decirme “no me busques más”, pues yo voy a seguir buscándolo, y voy a seguir buscando una respuesta. Entonces, alguien tiene que darnos respuesta», reflexiona. 

DDHH Olvidados | El teniente de navío Jefferson Díaz fue coaccionado para declararse culpable
Estando en la Dgcim de Boleíta, contó su madre, Jefferson “fue torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarlo y lo sacaban. Fue sometido a electricidad”
Cuando Jefferson Díaz fue detenido, aseguró su progenitora, los funcionarios le enseñaron fotos y videos de sus padres siendo interrogados. Le decían que si no se declaraba culpable “iban a arremeter” contra ellos

@Andrea_GP21

 

El teniente de navío del Ejército Bolivariano Jefferson Díaz Mendoza, de 34 años, fue detenido la noche del 23 de octubre del 2019 por una comisión de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se encontraba en el Comando de Guardacostas de La Guaira. Sin mediar explicación, se lo llevaron por estar supuestamente implicado en una operación contra el gobierno de Nicolás Maduro denominada “Jaque Mate”.

Mary Cruz Mendoza, madre de Jefferson, contó que tanto ella como su fallecido esposo fueron detenidos y llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Valencia. Mientras eso ocurría, el militar estaba en la sede de la Dgcim en Boleíta.

Su hijo fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Ejecución y fue “coaccionado” a declararse culpable. “Nos tomaron fotos y videos que fueron usados para coaccionar a mi hijo en el momento”, relató la madre del teniente de navío.

 

Jefferson fue imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, contra el decoro militar y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por la supuesta sustracción de unas tarjetas de memoria que presuntamente tenían información que entregarían al gobierno de Estados Unidos.

Coaccionado para declararse culpable

Cuando Jefferson Díaz fue detenido, contó su madre Mary Cruz Mendoza, los funcionarios le enseñaron fotos y videos de sus padres siendo interrogados. Le decían que si no se declaraba culpable “iban a arremeter” contra ellos.

“Ya era bastante con que él estuviera detenido para que también a nosotros nos hicieran algo. Eso le hizo tomar la decisión de declararse culpable, por lo que le dictaron diez años y seis meses, de los cuales lleva cuatro”, reveló su madre en entrevista con Runrun.es.

Actualmente Jefferson está recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Los Teques, estado Miranda, conocida popularmente como la cárcel militar de Ramo Verde.

“Gracias a Dios goza de buena salud porque hemos estado pendiente de que consuma sus vitaminas y le llevamos todas sus provisiones”, contó.

Víctima de torturas

Tras su detención Jefferson estuvo recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, un lugar que familiares de presos políticos y defensores de los derechos humanos han catalogado como un “centro de torturas”.

Pasados unos 50 días desde su detención fue cuando por fin su mamá pudo verlo. Estaba pálido por no ver la luz del sol y llevaba puesta una braga manga larga hasta el cuello. “Yo le dije ‘¿por qué andas vestido así?’ Y me respondió ‘no te puedo decir’”, porque allí estaban los custodios escuchando todo lo que conversaban.

Estando en la Dgcim, contó su madre, Jefferson fue “torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarle y lo sacaban. Fue sometido a también a electricidad”.

Todas esas torturas le ocasionaron secuelas como fuertes dolores de espalda por los que a veces ni siquiera puede levantarse de la cama. Además, el preso político debe “aguantarse” los dolores hasta que los fines de semana su madre le lleve medicamentos “porque allí donde está no tienen ni una inyectadora”.

 

“Yo estoy pendiente de llevarle su calmante, de llevarle las vitaminas como complejo B, cosa de que se fortalezca”, dijo su mamá.

Para mantenerse en buena forma y mejorar su salud física, Jefferson hace ejercicios que le ayudan a fortalecer su espalda. Nunca había sufrido de eso, pero ahora sí “debido a los trancazos que le dieron”, asegura su madre. 

Su padre murió de tristeza

El esposo de la señora Mary Cruz era paciente renal y falleció en marzo del 2021. Jefferson no pudo darle el último adiós a su papá. 

“Mi esposo muere en este proceso en el que a mi hijo lo apresan. Él de verdad fue débil y se desmejoró. Él sufrió mucho, lloró mucho, mi esposo muere de tristeza, muere de la enfermedad que le agravó por las circunstancias”, relató Mendoza.

“Yo le pido a Dios, y luego le pido al gobierno de Nicolás Maduro, que tenga un poquito de conciencia, de amor y de entereza. Que libere a los presos políticos porque realmente están allí presos por esas cosas de la vida, porque mi hijo es inocente y pido la libertad para él”, señaló la señora Mary Cruz.

Una madre y su hija solas

Para el momento en que Jefferson fue detenido se encontraba soltero, pero la señora Mary Cruz siente que, en otras circunstancias, actualmente él tendría una esposa e hijos sin la presencia de su padre.

“Nos quedamos mi hija y yo solas sin la presencia de mi hijo. Mi hija trabaja bien duro para mantener a su hermano y para mantenerme a mí, porque yo hasta hace dos años trabajé, pero yo tenía que luchar por mi hijo, tenía que ir a múltiples reuniones, a congregaciones, a todo para poder lograr la libertad de mi hijo”, relató.

 

La madre del teniente de navío del Ejército ansía que todo lo que ha hecho no sea en vano, para  poder tener a su hijo en casa en las Navidades de este año y no tener que llevar su almuerzo navideño hasta la cárcel de Ramo Verde.

“Él es un chico muy optimista,  siempre digo que es mi orgullo y que lo admiro, como madre, como persona, como mujer (…) Lo admiro porque tiene una actitud de que él va a salir, de que la justicia divina es grande y que la justicia divina debe hacerse efectiva”, señaló Mary Cruz Mendoza.