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Hacinamiento y precarias condiciones de vida azotan a presos del Cicpc en El Paraíso
Hay 80 presos que permanecen en un calabozo con capacidad para albergar a 20 personas

La vida de los privados de libertad en cualquier parte del mundo es responsabilidad directa del Estado, independientemente del crimen que hayan cometido o el tiempo de pena que le corresponda, pero en Venezuela ese derecho no es respetado y preservar la vida de los presos es todo un reto para los familiares.

Tal es el caso de varios reclusos en calabozos de Caracas, si no hay familiares que día a día se tomen la tarea de llevar alimentos y enseres en general, es muy difícil que el privado de libertad salga con vida o al menos íntegro luego de pagar condena. No hay sistema de protección que asegure que la vida de la persona que es recluida no se pondrá en juego mientras paga su condena o mientras se desarrollan las investigaciones.

Es el caso de muchos reclusos que tienen a sus  familiares lejos o en otros casos no tienen a nadie que vele por ellos, son dejados a su suerte deliberadamente y terminan muertos o en estado de desnutrición severa. A puertas de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Paraíso, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer el caso de varios privados de libertad, a quienes se les ha vulnerado su derecho a la salud y por ende su vida fue puesta en riesgo.

 “A mi familiar le dio una parálisis ahí adentro, desde ese entonces está en silla de ruedas, no tiene movilidad en las piernas y ha tenido problemas de hipertensión. Es algo que no entiendo en cuanto a la justicia y a los derechos humanos porque la juez le mandó a hacer los exámenes con el forense, pero luego de los resultados la juez no se pronunció. Nada más indicó que él puede estar ahí”, sentenció la familiar de un hombre recluido en las celdas del CICPC El Paraíso.

Para los familiares de estos privados de libertad no es lógico que no sean tomados en cuenta, indicando que no tienen información certera de lo que puede estar sucediendo, porque aunado a sus condiciones de salud está el hecho de los retrasos procesales mal justificados por temas de la pandemia por COVID-19.

“Su mamá tiene que venir cada dos días a bañarlo, llevarlo al baño hasta darle de comer porque él no puede”, puntualizó la dama, quien clamó por ayuda antes de que sea demasiado tarde.

Es de resaltar que en el CICPC El Paraíso hay aproximadamente 80 presos que permanecen en un calabozo con capacidad para albergar 20 personas, lo que se traduce en hacinamiento crítico.

Dicha situación genera preocupación en los familiares porque afecta las condiciones en las que conviven día a día, además de que en caso de existir alguna enfermedad la propagación sería inmediata y la atención médica en los centros de detención preventiva es nula.

Transparencia Venezuela tiene estrategia jurídica para recuperar activos venezolanos
Se han abierto, al menos 80 investigaciones en jurisdicciones internacionales en las que se encuentran ubicados fondos venezolanos

La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el crecimiento económico, socava la confianza en los gobiernos y afecta la prestación de servicios esenciales como salud, electricidad, agua, alimentación, infraestructura, educación y transporte. Esto se debe a que los recursos destinados a la inversión, en estos y otros sectores, son desviados para el lucro particular de grupos o individuos.  En Venezuela, la impunidad con la que se ha cometido el desfalco de los fondos públicos ha permitido que muchos de los actores involucrados busquen lavar o “legitimar” las ganancias o beneficios producto de la corrupción en el extranjero, a través de empresas de maletín, compra de inmuebles, préstamos y depósitos en cuentas bancarias foráneas. De hecho, se han abierto, al menos, 80 investigaciones en jurisdicciones internacionales en las que se encuentran ubicados dichos activos. 

Ante esta realidad, y frente a la posibilidad de un eventual proceso de transición democrática en el país, Transparencia Venezuela ha decidido profundizar en el estudio y análisis de la recuperación de activos como una de las principales políticas para desalentar la actividad criminal – incluida la corrupción- mediante el decomiso de los bienes y ganancias obtenidas por el aprovechamiento ilegal de los recursos de la nación. En Estrategias jurídicas para la recuperación de activos venezolanos producto de la corrupción expertos de Estados Unidos, España y Suiza elaboraron sendos informes en los que ahondan en los procedimientos, normas e instituciones que intervendrían en la recuperación de los activos venezolanos. De igual modo, se realizó un estudio sobre el marco legal venezolano que regula la materia y la situación del país frente al ordenamiento jurídico internacional. 

Como parte de esta iniciativa, la organización ha lanzado el programa Cómo recuperar activos  producto de la corrupción. Formación en estrategias jurídicas y análisis de casos internacionales, dirigido a abogados, fiscales, jueces, académicos, parlamentarios y miembros de la sociedad civil, con el propósito de apoyar en el entrenamiento de estos actores claves. El programa inicia el próximo lunes 2 de noviembre en Campus Transparencia.

Un problema complejo

La recuperación de activos producto de la corrupción es una materia poco explorada en el país. Son procesos complejos que dependen de la finalización de causas judiciales extensas, en las que, de acuerdo con el marco legal, debe determinarse la comisión de un delito y rastrear la procedencia de los bienes, para luego conseguir la confiscación de dichos bienes y solicitar su devolución. No obstante, muchas veces no existe la armonización de sistemas jurídicos que puedan facilitar la cooperación internacional. Otros obstáculos se presentan por la falta de voluntad política para llevar a cabo procesos penales internos, que determinen la culpabilidad de los corruptos, o por el mantenimiento de regímenes cleptocráticos en el país de origen de los recursos.

Algunas jurisdicciones han optado por procedimientos donde una condena no es necesaria, aunque para ello debe existir una vinculación del activo con un delito. Son procesos que pueden durar años, incluso décadas, en los que se requiere un conocimiento minucioso del marco legal internacional y de las leyes de los países actuantes. Para ello, Transparencia Venezuela aporta una visión académica y práctica que permita conocer los retos que se pueden presentar y las estrategias a seguir para conseguir la recuperación de los activos producto de la corrupción.  Estos informes pretenden incentivar a los investigadores venezolanos, así como a los actores políticos y funcionarios del sistema de justicia penal, a profundizar sus conocimientos sobre el tema, abrir el debate y construir las bases para la recuperación de activos venezolanos ubicados de manera ilícita en el extranjero.

Conexión europea 

El capítulo La Recuperación de Activos en el Derecho Español fue redactado por Adán Nieto Martín, catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. De su trabajo se desprende que en España no existe una ley judicial en materia de recuperación de activos, que regule de manera sistemática la cooperación con otras naciones. No obstante, tanto España como Venezuela han suscrito y ratificado los tres grandes tratados internacionales en este ámbito: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (UNTOC) y la Convención sobre Tráfico de Drogas.

Nieto Marín afirma que la recuperación de activos constituye un problema de gobernanza global. “La globalización de la delincuencia ha propiciado la aparición de delitos transnacionales altamente lucrativos, y también la posibilidad de mover con gran facilidad las ganancias procedentes de la comisión de delitos. La recuperación de activos es un instrumento de política destinado a luchar contra la delincuencia, especialmente la organizada, mediante el decomiso de los bienes o beneficios producto de acciones criminales”.

El catedrático señala que la recuperación de activos actúa como una herramienta disuasoria que pretende garantizar que el delito no sea provechoso.  De igual modo, considera que los beneficios fruto del crimen deben decomisarse y utilizarse para compensar a la víctima, ya sea un individuo o el Estado, para restablecer así la justicia y eliminar las conductas delictivas de organizaciones criminales y  corruptos.

En ello coincide el director y especialista en recuperación de activos del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Basel Institute on Governance, Oscar Solórzano, autor del informe La recuperación de los activos Venezolanos en Suiza, estudio clave si se toma en cuenta que investigaciones judiciales de ese país han revelado que su  sistema financiero ha sido usado, de manera sistemática, para malversar fondos del Estado venezolano.

“El sistema de justicia penal suizo está concebido para castigar a los responsables de un hecho punible. Sin embargo, con respecto a la delincuencia económica generadora de ganancias ilícitas, la legislación suiza dispone de un amplio marco que le permite dirigir la acción de la justicia al incentivo económico, con el fin de recuperarlos y regresarlos al erario. La recuperación de activos es entendida como un proceso legal de carácter internacional que pone en relación a Estados soberanos y que hace intervenir a diferentes instituciones judiciales y gubernativas, así como a marcos jurídicos, por lo general no armonizados, en un contexto internacional”, señaló el experto.

Solórzano explicó que el proceso consta de cuatro fases: identificación,  incautación o bloqueo,  decomiso y restitución o disposición. Resaltó que existen varias opciones para que las autoridades venezolanas participen en el proceso de recuperación y brinden elementos de prueba a Suiza a fin de cumplir los pasos de este proceso, en el que las autoridades de ambos países pueden definir las modalidades de restitución de activos a Venezuela.  

Considera que la coordinación, desde el inicio de cualquier intento de recuperación de activos en la plaza financiera suiza, es una pieza clave de la estrategia a seguir. Debido a que Suiza y Venezuela no han concluido un acuerdo sobre Asistencia Legal Mutua (ALM), las condiciones que permiten a las autoridades suizas brindar asistencia a sus contrapartes venezolanas se definen según la normatividad doméstica del país europeo: La Ley Federal sobre Asistencia Legal Mutua (LALM). “Si la información se solicita en el marco de un proceso penal nacional o extranjero, el banco y sus empleados están legalmente obligados a revelar información confidencial a pedido de una autoridad competente. La autoridad de ejecución suiza puede declarar la incautación de activos en cuentas solicitadas por la autoridad extranjera si estos fondos pueden últimamente ser decomisados”, afirmó. 

En cuanto a los tratados y convenios multilaterales internacionales, que abordan específicamente a la recuperación de activos, cuyas disposiciones son aplicables a los Estados signatarios, destaca la ya mencionada UNCAC -de la cual Suiza y Venezuela son parte-, en el que la restitución de activos a los Estados víctima del delito se considera como principio fundamental.

El sueño americano

Para el ex Fiscal Federal y especialista en decomiso de activos y lavado de dinero, Stefan Cassella, es común que las ganancias de delitos cometidos en países extranjeros se depositen o se inviertan en propiedades en Estados Unidos. “Naturalmente, a estos países les interesa recuperar esos bienes y Estados Unidos ha expresado su compromiso para colaborar en esa tarea”, señaló en el informe Recuperación del producto de delitos extranjeros ubicados en Estados Unidos.

Cassella explica que hay dos formas para lograr ese objetivo. La primera es que los tribunales del gobierno extranjero emitan una orden de decomiso o incautación de bienes ubicados en Estados Unidos, y soliciten asistencia a ese país para que dicha orden sea registrada y ejecutada por un tribunal federal. La segunda consiste en que el gobierno extranjero presente las pruebas que vinculan a delitos los bienes ubicados en Estados Unidos ante el Departamento de Justicia, que podrá utilizarlas para iniciar una acción de decomiso sin condena contra los bienes, en virtud de la legislación federal. “En cualquier caso, el resultado sería la interposición de una orden ante un tribunal federal de Estados Unidos que permitiría repatriar los bienes al país de origen”, puntualizó el experto.

En el estudio explica que, antes del año 2000, Estados Unidos no tenía medios para ejecutar una orden de decomiso del extranjero. Por el contrario, los tribunales federales tenían prohibido hacer cumplir las leyes penales extranjeras, incluidas las sentencias de decomiso penal y civil. Eso cambió con la aprobación de la Ley de Ejecución de una sentencia extranjera, que tipifica el procedimiento por el cual se puede ejecutar una orden de decomiso contra bienes ubicados en ese país.

“El Departamento de Justicia asigna una alta prioridad a las solicitudes de asistencia de países extranjeros para restringir, confiscar y, en última instancia, repatriar activos obtenidos por delitos, y ha expresado su compromiso a utilizar la Sección 2467 del Código de Estados Unidos para tal fin”, refirió el experto, quien detalló que el proceso de ejecución de un fallo de decomiso comprende varios pasos: el gobierno extranjero hace una solicitud formal a Estados Unidos; el Fiscal General certifica que hacerlo redunda en interés de la justicia; el Departamento de Justicia presenta una solicitud para ejecutar el fallo en un tribunal federal; y el tribunal emite las órdenes que sean necesarias para ejecutar el fallo y repatriar la propiedad.

De tal manera que una acción para ejecutar una sentencia de decomiso del extranjero es una acción iniciada por Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero. “Estados Unidos está comprometido a ayudar a otros países a recuperar las ganancias obtenidas a partir de delitos cometidos en el extranjero que se han invertido o blanqueado en su territorio”, afirmó Cassella.

Según el experto, es bastante común que los países, que no han podido obtener una orden de decomiso o confiscación de bienes que se encuentren en Estados Unidos, soliciten al Departamento de Justicia que inicie una acción de decomiso sin condena, y repatríen la totalidad o parte de los bienes si la causa se resuelve a su favor. “Estados Unidos comprende la importancia de utilizar este instrumento no solo para cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los tratados, sino también para evitar que la nación se convierta en depositaria de las ganancias de hechos delictivos en todo el mundo e impedir que sus instituciones y mercados financieros sean utilizados y, en algunos casos, dominados por delincuentes organizados, funcionarios extranjeros corruptos y cleptómanos que han vaciado las arcas de los países del mundo en desarrollo e invertido las ganancias mal habidas en bienes raíces, valores y empresas en su territorio”, destacó.

Ley de Recuperación de Activos: una tarea pendiente

El análisis sobre el Marco Jurídico para la recuperación de activos producto del delito en Venezuela estuvo a cargo de la abogada Norma Ferrer, coordinadora de la Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela e Investigadora principal en el proyecto JustLEAD de Transparency International. “El patrimonio de una nación puede ser invertido de manera fraudulenta y corrupta en otros Estados, en los cuales se perpetra el delito de lavado de dinero para poder obtener una apariencia de legalidad, de allí la importancia de un marco internacional claro para la recuperación de los activos provenientes de la corrupción, y la adecuación de los ordenamientos jurídicos internos a esta normativa”.

Ferrer hizo un análisis comparativo de la legislación venezolana con las disposiciones de la UNCAC, de las formas de confiscación de bienes producto de la corrupción y los procedimientos existentes para poder solicitar la devolución de dichos bienes, con el objeto de que sirvan de guía a quienes emprendan estas acciones a futuro. “La UNCAC da un marco jurídico a seguir por los Estados que debe apoyarse en la legislación y procedimientos internos para llevar a cabo la recuperación de activos provenientes del delito. De igual modo, establece como mecanismos de cooperación internacional la asistencia jurídica recíproca con el fin de dar efecto a toda orden de decomiso dictada por el Estado requirente; el embargo preventivo o incautación de bienes que puede tener jurisdicción el Estado requerido, así como medidas para preservar los bienes a efectos de decomiso”, expresó.

Ferrer reiteró que las decisiones y medidas dictadas deben ser adoptadas por los Estados miembros de acuerdo con el derecho interno y los procedimientos o tratados bilaterales o multilaterales que al efecto se hayan celebrado. “La UNCAC pretende servir como guía introductoria para la cooperación internacional en materia de recuperación de activos, teniendo en cuenta también las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC), aunque esta convención sólo es aplicable a los delitos de corrupción y lavado de dinero”.

En el ámbito internacional, Venezuela también es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción y ha suscrito acuerdos bilaterales de asistencia legal en materia penal con países como Italia, México, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, China, Bielorrusia, Ucrania, República Dominicana y Cuba. Además, el ordenamiento jurídico venezolano ha previsto la figura de la asistencia legal mutua en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En el marco jurídico nacional, uno de los primeros pasos para la prevención de delitos que pueden generar activos, como el lavado del dinero,  es la eliminación o regulación del secreto bancario para proporcionar a las autoridades competentes los reportes de actividades sospechosas, a los fines de rastrear los activos que posiblemente sean producto del delito. 

Por otra parte, con la finalidad de preparar el escenario para la recuperación de activos, el informe ahonda en los conceptos, alcance y contenido de las diversas medidas existentes en el derecho venezolano como el embargo preventivo o incautación, congelamiento o inmovilización, confiscación o decomiso. Considera la jurista que  en Venezuela existen normas  sobre la restitución de bienes objeto de medidas de incautación, decomiso o congelamiento. No obstante, a los fines del informe,  solo se estudió la normativa relacionada con la restitución de bienes objetos de confiscación por haberse determinado su procedencia del delito y ante esta premisa se tiene que la acción civil es la vía idónea para su solicitud.

Al respecto, la Asamblea Nacional (AN) planteó el proyecto de Ley de Recuperación de Activos, que fue aprobada en segunda discusión, pero no se ha podido publicar en Gaceta Oficial debido a la conflictividad política del país. Esta norma pretende dar un marco más amplio para la obtención de bienes producto de la corrupción, estableciendo el procedimiento de extinción de dominio (procedimiento sin condena), siguiendo las recomendaciones de la UNCAC y teniendo como guía la Ley de extinción de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, contempla la creación de la Oficina Nacional para la Recuperación de Activos.

75% de los sucesos de violencia hacia menores de edad en Aragua ocurrió entre julio y septiembre
El municipio con mayor frecuencia de sucesos de violencia sexual fue Girardot

Según el monitoreo de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia en Aragua (OVV Aragua), durante el periodo enero-septiembre 2020 se reportaron 22 menores de edad víctimas de violencia –entre Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)-, producto de los siguientes 20 sucesos: 6 violaciones, 5 abusos sexuales, 3 actos lascivos, 3 lesiones y 3 filicidios.

Durante el primer trimestre del año, se registraron en la prensa regional 2 sucesos, con igual número de víctimas, correspondientes a este tipo de violencia, ocurridos en el municipio Girardot. El primero de ellos, fue una denuncia por actos lascivos hacia una adolescente femenina por parte de un hombre de 30 años, ocurrido en Maracay. El segundo, fue una violación de un niño de 8 años, por parte de un adolescente masculino de 16, ocurrida en la población de Choroní.

Para el segundo trimestre del año, que coincide con los tres primeros meses de confinamiento por la cuarentena por el Covid-19, se reportaron 3 sucesos de violencia –mismo número de víctimas- hacia los NNA: 2 filicidios (cuando los padres asesinan a los hijos) y 1 violación. El primer filicidio ocurrió en el mes de mayo, en el municipio Camatagua. La víctima fue una niña de 3 meses, quien fue asesinada por su madre, una adolescente de 16 años quien, en un arrebato de celos, decidió vengarse de la infidelidad de su pareja. El segundo filicidio fue reportado en junio, en el municipio Mario Briceño Iragorry; la víctima fue una niña de 5 días de nacida, cuyos padres -una adolescente de 16 años y un joven de 20- la dejaron en un basurero. El tercer suceso fue un caso de incesto, ocurrido en este último municipio, donde el padre de 58 años fue acusado de someter y violar reiteradamente a su hija, de 9, desde los cuatro años. La niña le contó a su madre, después de que la menor fue sorprendida realizando un intento de suicidio.

En el tercer trimestre del año y segundo trimestre de cuarentena, se evidencia un incremento significativo con respecto al total de casos del primer semestre del 2020. Durante el periodo julio-septiembre, se reportaron 15 sucesos -17 víctimas- de violencia hacia los NNA, que representan el 75% de los sucesos registrados en el estado Aragua durante los 3 primeros trimestres del año. Los casos se distribuyen así: 11 de violencia sexual (4 violaciones, 5 abusos sexuales y 2 actos lascivos), 3 de lesiones graves por maltrato infantil y 1 filicidio, protagonizado por una madre de 34 años con inestabilidad emocional que asesinó a su niña de 3 meses porque la desesperaba con su continuo llanto.

El municipio con mayor frecuencia de sucesos de violencia sexual fue Girardot con 5, seguido por Sucre y Zamora, con 2 sucesos cada uno. Mientras que el municipio Camatagua fue donde ocurrieron 2 de los 3 filicidios reportados. Del mismo modo, se observa que el municipio Zamora tiene la mayor frecuencia de lesiones graves por maltrato infantil, reportadas en lo que va del año 2020.

En relación al perfil de las víctimas de los sucesos de violencia sexual, tenemos que el 93% son niñas, con un promedio de 10,5 años, con un rango de edad que oscila entre los 5 y los 16 años. Los agresores, por su parte, son hombres, con un promedio de edad de 48,6 años, con edades comprendidas entre los 15 y 67 años; 90% de ellos son familiares o conocidos de las víctimas.

En cuanto a los filicidios u homicidios de hijos por parte de uno o ambos padres, el 100% de las víctimas fueron niñas, cuyas edades estaban comprendidas entre los 5 días de nacida y los 3 meses de edad. En el 100% de los casos la autora material del filicidio fue la madre; en 67% de ellos involucran a madres adolescentes. En el 33% de los casos están involucrados ambos padres. El promedio de edad de los padres filicidas fue de 21,5 años.

Los maltratadores reportados en la prensa se corresponden con madres solas o en complicidad con padrastros, con un promedio de 33,5 años de edad, que fueron detenidos por ocasionar lesiones graves a sus hijos, producto de un maltrato físico desproporcionado. Las víctimas fueron 3 niñas de 2, 3 y 10 años.

Finalmente, llama a la reflexión el notable incremento de los casos de violencia contra los NNA, durante los últimos tres meses del año, comportamiento que, de acuerdo a la opinión de expertos en el área de salud mental, podría estar relacionado con diversos factores contextuales que afectan la estabilidad emocional de las poblaciones más vulnerables, inmersas en disfuncionales dinámicas familiares que, sometidas a la presión psicológica generada por el confinamiento, terminan convirtiéndose en un detonante de liberación de frustraciones acumuladas y de bajas pasiones, que son drenadas dramáticamente sobre los eslabones más indefensos de la sociedad.

La violencia contra los NNA en Venezuela no es un problema aislado y lineal, sino que, por el contrario, es el producto y reflejo de la compleja y profunda crisis que padece nuestra sociedad. Evidencia el gran deterioro de nuestro tejido social fundamental, que es la familia. Necesita, con urgencia, la confluencia de voluntades y la participación sincera y proactiva de todos los actores sociales involucrados, para diseñar e implementar estrategias integradas e integrales, que permitan reencontrar el camino de la protección eficaz de nuestras futuras generaciones.

Los que no se rinden  |  ODH-ULA: Operamos en un contexto no democrático agravado por el COVID-19
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes surgió a raíz de las protestas antigubernamentales en 2014

@franzambranor

En 2014, Venezuela era un hervidero, protestas en todos los rincones del país contra el gobierno de Nicolás Maduro. De las 43 personas asesinadas en las manifestaciones, cuatro fueron en el estado Mérida. La entidad registró decenas de heridos, algunos de bala y cientos de detenidos.

En medio de esta coyuntura, el 17 de marzo el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes creó el Observatorio de Derechos Humanos (ODH-ULA) a fin de documentar y denunciar la desproporcionada represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra la ciudadanía, especialmente a universitarios. La respuesta de los funcionarios también supuso violaciones a la autonomía universitaria y la libertad académica. 

Mayda Hocevar, directora del Observatorio, dijo que antes del inicio de las protestas el 12 de febrero de 2014, ya la comunidad universitaria estaba afligida por el asesinato del estudiante, Héctor Moreno a manos de delincuentes en la madrugada del 5 de enero. La muerte de Moreno aunada a la situación de escasez, inflación y altos índices de inseguridad hicieron que Mérida se uniera a las protestas a nivel nacional.

https://runrunes.org/noticias/329550/ong-venezolanas-denunciaron-ante-la-cidh-ruptura-del-orden-democratico-en-venezuela/

¿Cómo ha sido el transitar de la organización hasta el presente?  

Mayda Hocevar: Desde entonces, la situación ha empeorado en todos los sentidos. En 2017 hubo un nuevo episodio de protestas ciudadanas, en medio de un contexto mucho más complejo: la emergencia humanitaria. Durante estas protestas, la comunidad universitaria fue afectada con asesinatos, detenciones arbitrarias, uso de la justicia militar contra civiles, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Después de la imposición de la asamblea nacional constituyente  muchos líderes estudiantiles se vieron forzados a huir del país de modo que las protestas han disminuido. La situación de la universidad ha empeorado y se encuentra básicamente paralizada, ello significa el declive de la investigación científica, fuga de cerebros, y atraso tecnológico del país.

¿Qué servicios ofrecen la organización y en qué áreas se desempeñan? 

MH: Nosotros hacemos documentación y monitoreo de violaciones de derechos humanos, educamos a la gente en esta materia, brindamos asesoría gratuita y hacemos litigio estratégico. Somos un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA. Además contamos con un grupo de 20 voluntarios. 

https://runrunes.org/noticias/391351/causas-politicas-de-la-crisis-venezolana-fueron-explicadas-en-medellin/

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas a las que atienden?

 MH: La mayoría tiene temor a denunciar. Ignorancia de sus derechos e inseguridad de las posibilidades de obtener resultados. Desconfianza en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos por la lentitud y aparente falta de efectividad.

¿Cuentan con alianzas estratégicas? 

MH: Tenemos nexos con organizaciones de la región articulados en la Red Andina de Derechos Humanos y con organizaciones a nivel nacional afiliados a  diversas redes. Operamos principalmente en Mérida, pero observamos también los estados Táchira y Trujillo.

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? 

MH: Operar en un contexto no democrático, agravado por el confinamiento por el Covid-19, con severas fallas en los servicios públicos, de comunicaciones y de movilidad, restricciones y limitaciones financieras de la universidad.

https://runrunes.org/rr-es-plus/423004/ong-aseguran-que-informe-de-la-onu-es-el-primero-en-senalar-a-responsables-de-violaciones-de-ddhh/

¿Un caso emblemático?

MH: El asesinato de Wuilderman Paredes a manos de efectivos de la Policia Nacional Bolivariana el pasado 8 de junio de 2019, en el marco de una cola para echar gasolina en los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina. También acompañamos a Gerardo y Luis Paredes, primos de la víctima y heridos en este mismo contexto. El jueves 22 de octubre de este año, el juez del Tribunal Penal de Juicio Nro. 05 del estado Mérida, José Gerardo Pérez Rodriguez dictó sentencia. De los seis efectivos implicados en el hecho, solo Luis Gerardo Vargas fue condenado a 18 años de prisión. Los otros cinco fueron absueltos.   

También atendimos el caso de Carlos Varón y Ricardo Prieto, bomberos de Mérida detenidos por hacer un video satírico, donde mencionan el nombre de Maduro y el de 22 personas que perdieron total o parcialmente la vista por disparos a los ojos de las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2017.

 

No hay condiciones para ir a las playas y mucho menos hacer elecciones
Dijo que a los miembros de mesa ni siquiera se le garantiza el cambio de tapabocas cada dos horas

“En este momento no están dadas las condiciones ni para hacer elecciones ni para celebrar ningún otro tipo de consulta, porque en realidad no sabemos el número de casos de COVID-19 que se presenta en el país”, señaló de forma contundente,  la médico internista y endocrino María Gabriela Guercio. 

La profesional de la medicina y activista política del movimiento de Griselda Reyes, Justicia Venezolana, reiteró su preocupación por la organización de las colas, el distanciamiento físico, el tiempo en el centro de votación, el entrenamiento del personal que es miembro de mesa y la falta de concientización sobre las medidas de bioseguridad. 

“No vemos, por ejemplo, que se garantice a los miembros de mesa algo tan básico como el cambio de tapabocas cada dos horas. Mucho menos, la desinfección de cada máquina entre votante y votante. En consecuencia, supone un altísimo riesgo hablar de elecciones en este momento”, subrayó. 

También la galeno, pese a estar consciente de la importancia de reactivar el aparato económico nacional, hizo importantes observaciones a la reactivación de espacios como iglesias y parques de recreación.

“No estamos en condiciones para abrir las playas porque las personas no tienen conciencia de lo que está pasando (…) Se está subestimando la enfermedad”, sumó. 

En este sentido, Guercio reconoció que las experiencias en otros países con condiciones sanitarias superiores a las de Venezuela no han sido positivas. En razón de esto, planteó que podría ser caótico el rebrote en el país, por la falta de equipos y de personal sanitario calificado.  

“Al principio los venezolanos decían que la enfermedad no existía, que era un invento; al aumentar el número de fallecidos, asumió que es un problema real (…) Hemos denunciado un grave relajamiento de las medidas elementales y tenemos reservas que pueda ocurrir un repunte como el de España luego de las vacaciones de veranos”, dijo.

Hacer justicia en Venezuela: una oportunidad que la fiscala Fatou Bensouda no debe perder
La Corte Penal Internacional puede ayudar a una salida sin impunidad al drama venezolano

El informe presentado ante las Naciones Unidas por la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela (FFM, por su sigla en inglés) le ha dado a la fiscala de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, una oportunidad de oro para saldar su deuda con Venezuela y, al mismo tiempo, dejar un legado duradero.

El informe emitido recientemente por la FFM, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, corrobora lo que organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vienen advirtiendo, con un tono cada vez más perentorio, sobre los crímenes ocurridos en el país.

Tras examinar 2891 casos, la misión determinó que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, tales como asesinatos, encarcelamientos a disidentes, torturas, violaciones a los derechos humanos, violencia sexual, desaparición forzada y actos inhumanos de carácter similar.

Sin embargo, la fiscala Bensouda se ha mostrado indiferente al respecto aún cuando cuenta con una larga lista de evidencias y señalamientos sobre la participación del alto gobierno venezolano en la comisión de tales crímenes, incluyendo al menos dos ministros y el propio presidente, Nicolás Maduro. La CPI necesita con urgencia iniciar la investigación formal de estos crímenes.

Creada en 1998, la CPI se encarga de perseguir y castigar a individuos que atentan contra el derecho internacional. Thomas Lubanga, exlíder rebelde congoleño, fue el primer condenado por la Corte en 2012 por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Esta también fue la primera decisión de la CPI sobre las reparaciones de las víctimas, proporcionando justicia a los afectados en la República Democrática del Congo.

Luego de años de presiones contra el régimen de Maduro sin que este haya disminuido en un ápice su vocación criminal, hay dudas sobre cómo la comunidad internacional puede ayudar a Venezuela a recuperar su democracia y salvar vidas. Pero si la CPI actúa en Venezuela, puede abrir la posibilidad de una salida definitiva sin impunidad al drama venezolano.

Pese a su contundencia, los hallazgos de la FFM no son enteramente nuevos. En 2018, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un panel de expertos determinaron que había fundamentos para sostener que en Venezuela habían ocurrido crímenes de lesa humanidad en varias categorías. Como resultado de esos señalamientos, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la CPI la apertura de una investigación en Venezuela sobre la comisión de tales crímenes. En 2019, Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ratificó la existencia de un patrón de persecución política contra la oposición venezolana, también señalado por su antecesor, Zeid Ra’ad Al Hussein, desde 2017.

Pareciera, entonces, que la OEA, los seis países que remitieron la situación de Venezuela ante la Corte e incluso la burocracia de las Naciones Unidas, que esta semana decidió renovar el mandato de la FFM por dos años más, han sido más activos en procurar justicia en Venezuela que la CPI. No solo han advertido a la comunidad internacional y a la mismísima Corte sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino que han recabado las pruebas, han identificado los patrones de ataque e incluso han identificado a los presuntos responsables, una labor que debería corresponderle a la Corte. La falta de diligencia de este tribunal los ha obligado a ocuparse de tan graves crímenes.

No existen razones para que la CPI no abra la investigación. Quien conozca la legislación y mecanismos operativos de la Corte sabe que desde 2018, cuando los seis países remitieron el caso de Venezuela ante sus instancias respectivas, la fiscala Bensouda estaba más que habilitada para iniciar la investigación. Pero ha preferido aprovechar los vacíos en el Estatuto de Roma sobre la temporalidad para abrir una investigación, dejando de lado que cada día que pasa es un día más para que la dictadura continúe en su vocación criminal impunemente.

¿Qué hacer? Casi 60 países en el mundo claman por la vuelta de la democracia en Venezuela. Más del 80 por ciento de ellos son signatarios del Estatuto de Roma. Una manera contundente de apoyo a la causa venezolana es que refieran el caso de Venezuela ante la Corte para dejarle claro al mundo la naturaleza criminal del régimen venezolano, y que solo podrá hacerse justicia en Venezuela con la ayuda de la Corte Penal Internacional.

Tan pronto la fiscalía abra la investigación, podrá emitir sus primeras órdenes de arresto, si no necesariamente para Maduro, al menos para los ministros de Defensa, Padrino López, y del Interior, Néstor Reverol, ambos señalados en el informe de la FFM.

Venezuela necesita justicia. Este es el momento de actuar para la fiscala Bensouda. De no hacerlo, sobre todo luego del informe de la misión, su credibilidad podría quedar seriamente cuestionada por mantener el statu quo de un régimen criminal que ha creado el colapso humanitario más severo del continente americano, hoy acrecentado por la crisis de la COVID-19 y con el peor drama migratorio de la historia de las Américas.

La fiscala Bensouda tiene dos opciones muy claras: seguir sin iniciar la investigación sobre Venezuela o aprovechar la oportunidad de dejar un legado con la apertura de la primera investigación de la CPI en América Latina y, así, proporcionar un mensaje rotundo al régimen de que la justicia llegará.

La primera opción le permite a la dictadura ganar todavía más tiempo para avanzar en su intento de apoderarse de todos los resquicios de libertad que mal que bien perviven en Venezuela. La segunda, puede salvar vidas y dejar sentado que el sistema internacional de justicia no va a dejar impune los actos del régimen.

Justicia venezolana denuncia retardo procesal de hasta 750 días en juicios a presos políticos
La paralización de la justicia penal debido a la pandemia ha acrecentado esta situación

El abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, denunció que el retardo procesal se ha convertido en la máxima de los juicios a presos políticos militares en Venezuela, sumando, en algunos casos, hasta 750 días sin impartir justicia a castrenses detenidos. 

“Hoy denunciamos con cifras en mano, el grave retardo procesal que vienen arrastrando las causas penales seguidas en contra de los presos políticos militares, lo cual ha venido denunciando nuestra organización, desde incluso antes que iniciara el confinamiento a causa del COVID-19, y que hoy nos vemos obligados a recalcar ante el riesgo de contagios y muerte por coronavirus de estos uniformados”, explicó el jurista.

Citando la Constitución vigente, Mustiola subrayó que todo proceso judicial debe ser breve, debido a que así lo establece el principio de eficacia procesal, definido en el artículo 257 de la carta magna y las leyes procesales en curso. “En Venezuela, se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales institucionales, sometiéndolos al tan pernicioso retardo procesal”, sentenció.

Sobre este tema, el profesional del derecho ahondó en que los principios y garantías que conforman el proceso penal venezolano, contenidos en los primeros 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal, establece el principio de concentración. Detalló que este señala que “…Iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles…”.

En relación a este principio que, según sumó, se desarrolla en distintos contextos a lo largo del COPP, enfatizó que está siendo violado reiteradamente por los órganos de justicia del país. Puso como ejemplo el señalamiento que el juicio se llevará a cabo sin interrupciones, en el menor número de días posible (Artículo 318), o que las medidas de coerción personal no podrán durar más de dos años (Artículo 230).

“Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio, y en el caso operación “Vuelvan Caras”, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público. Todo esto, a pesar de que el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal señala, que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al Tribunal de Juicio”, agregó.

Al respecto, el defensor de derechos humanos acotó que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su génesis en la pandemia. Sin embargo, acotó que la paralización de la justicia penal ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que hoy permanecen tras las rejas. 

 

Justicia Venezolana

Siguen llegando a Tucupita waraos enfermos en estado crítico
Paludismo y Covid-19 son las enfermedades más comunes

15 indígenas warao llegaron en curiara hasta Tucupita desde el municipio Pedernales.

El presidente del Instituto Regional Indígena del Delta Amacuro (Irida), Alexis Valenzuela, informó sobre la llegada de este grupo de personas que presentan cuadros severos de deshidratación y signos de otras enfermedades.

Una niña de aproximadamente de 9 años, fue levantada en brazos hasta la unidad de Transdelta para ser trasladada hasta el hospital Luis Razetti de Tucupita.

En las gráficas publicadas por las redes sociales, se observan dos personas sostenidas en brazos mientras se dirigían hasta la unidad de transporte. El dirigente indígena Camilo Medina, camina en dirección hasta la unidad con una niña de apropiadamente nueve años entre sus brazos: “hacemos   un reconocimiento a nuestro guerrero Camilo Medina, que sin dar tiempo al tiempo, fue a la ayuda de los parientes enfermos” ratificó el representante de Irida, Alexis Valenzuela.

Cuatro de los waraos fueron diagnosticados con paludismo, entre ellos la niña de nueve años. Actualmente están recibiendo tratamiento en una casa de atención para pacientes del municipio Pedernales

Cabe destacar que el mismo 18 de octubre, la gobernadora del estado Delta Amacuro anunció el retorno de 83 familias desde el paseo malecón Manamo hasta sus comunidades de origen. Las familias waraos tenían tres meses instaladas en la orilla del Caño Manamo, provenientes de sus comunidades en busca de alimentos y medicinas.

La evacuación obligada de las familias waraos generó reacciones en Tucupita. El dirigente social, Luis Buenos cuestionó el desalojo de los waraos: “Lizeta Hernández publica en las redes sociales, como un gran logro humanitario el devolver a los hermanos waraos de Pedernales a sus comunidades sin garantizarles las mínimas condiciones humanitarias en esas comunidades”.

Asimismo, señala que las familias waraos obligadas al retorno hasta sus comunidades de Pedernales,  no tienen luz eléctrica, servicio de agua potable, esencial para la vida humana, transporte público, alimentos, ni las herramientas básicas para subsistir de la pesca, ya que la poca gasolina que pudieran enviarle a ese municipio es desviada para el contrabando, alega.

 

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