Megáfono archivos - Runrun

Megáfono

Consorven pide a la ONU exhortar a gobierno de Maduro a cumplir con DDHH de personas con discapacidad
Sostuvieron que a nivel educativo hay barreras para las personas con discapacidad 

Juan Ángel De Gouveia, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU), exhortar al régimen de Nicolás Maduro a “cumplir y hacer cumplir los mandatos internacionales” y los derechos humanos de las personas con discapacidad.

“La ONU debe exhortar al Estado venezolano a cumplir y hacer cumplir los mandatos internacionales, la Constitución y las leyes nacionales que sustentan los derechos de las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la justicia, el debido proceso y la garantía de accesibilidad e inclusión”, afirmó De Gouveia.

“Hemos importantes hallazgos que muestran las inequidades existentes a nivel educativo y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a ese derecho», dijo.

Afirmó que se ha vulnera el derecho a la accesibilidad física y comunicacional de las personas con discapacidad en las instituciones educativas.

Sostuvo que el Estado venezolano debe revisar la normativa vigente con el objetivo de generar reglamentaciones y planes de acción que propicien el diseño de programas de formación, protección y apoyo para las mujeres con discapacidad.

 

DDHH olvidados | Igbert Marín Chaparro: una huelga de hambre para ser escuchado
El militar Igbert Marín Chaparro fue detenido en marzo de 2018 por efectivos de la Dgcim. En 2021 hizo una huelga de hambre en protesta a las torturas y tratos crueles que ha sufrido durante su detención

@ValeriaPedicini

Igbert Marín Chaparro estuvo 17 días en huelga de hambre en las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El 21 de diciembre de 2021 tomó la decisión en protesta por las torturas, tratos crueles e inhumanos que ha sufrido desde su detención. 

A través de un comunicado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Comité de la Cruz Roja Internacional y a la Nunciatura Apostólica pidió que fuera visitada la celda conocida como “La casa de los sueños”, en los calabozos de la Dgcim, para constatar las condiciones de encierro que debe enfrentar diariamente los presos políticos venezolanos. 

El teniente coronel perdió seis kilos durante la huelga de hambre. Su salud se deterioró, así que su defensa y familiares habían pedido conocer su estado actual. Fue evaluado por psicólogos y médicos, quienes le hicieron un examen forense. También, se conoció que fue visitado por representantes del Ministerio Público en materia de derechos humanos. 

La Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia indicó que era urgente que se dictara una medida humanitaria para el teniente coronel. Además, recordó que la salud y la vida de los privados de libertad es responsabilidad del Estado. “La salud y la vida de los presos políticos debe ser respetada y garantizada como la de toda la población carcelaria”, escribieron en un tuit.  

La huelga de hambre fue levantada el pasado 6 de enero. Esto ocurrió después de que la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de Naciones Unidas en Venezuela ingresara al recinto para constatar el estado de salud de Marín Chaparro.

“Luego de que las autoridades se comprometieran a atender algunas de sus demandas, el tcnel. Igbert Marín Chaparro, levantó la huelga de hambre”, informó a través de Twitter el abogado defensor Alonso Medina Roa.

¿Por qué está preso?

Igbert Marín Chaparro fue detenido el 16 de marzo de 2018 dentro de Fuerte Tiuna, el principal cuartel militar del país, por efectivos de la Dgcim junto a otros siete oficiales. Estuvo días sin que nadie supiera de su paradero, lo que constituye una desaparición forzosa.

Fue trasladado hasta el Ministerio de la Defensa para una reunión con el ministro Vladimir Padrino López, y los generales Jesús Suárez Chourio e Iván Hernández Dala.

Desde entonces ha estado recluido por más de tres años, pese a que una orden del tribunal que llevó su causa ordenó su traslado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, conocido también como la cárcel de Ramo Verde. 

El entonces jefe del Batallón Ayala fue presentado en tribunales militares, donde se le acusó de presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. 

En diciembre de 2020, el militar fue condenado a siete años y seis meses de prisión. De allí surgió la orden de traslado a Ramo Verde que no se ha materializado. 

Por el contrario, fue llevado a «La casa de los sueños», lugar denunciado por organismos internacionales -entre ellos la Misión de Determinación de Hechos- como un establecimiento de torturas para aquellas personas detenidas en esa sede. Este sitio se trata de unas pequeñas celdas de 3×2 metros donde un detenido puede estar aislado o hacinado. 

Según un testimonio del preso político, publicado en la cuenta de Twitter de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, fue sometido a siete días de torturas. Detalló que le pusieron bolsas en la cabeza con gases lacrimógenos, lo golpearon y le fracturaron costillas. “El médico forense no hizo nada al igual que los fiscales”, cita el tuit. 

“Desde el inicio de su encarcelamiento él ha denunciado violación de sus derechos fundamentales, torturas, tratos crueles, falta de atención médica oportuna, violación al debido proceso, lo que lo llevó a iniciar esta acción de protesta pacífica como lo es la huelga de hambre. Esperamos que pueda superar este escenario, es un tema muy traumático para la familia, muy complejo desde el punto de vista de la defensa, hay mucha frustración porque estamos ante un caso de retardo procesal evidente”, denunció Roa.

Salud en riesgo

Yocelyn Carrizalez, abogada y esposa del militar, ha denunciado que su esposo comparte celda con otras dos personas, “y sus condiciones de salud no han mejorado desde que lo notificamos a tribunales. Presenta hipertensión grado 2, tiene varicoceles y ha sufrido varios episodios de escabiosis (sarna). También ha perdido en gran medida la visión por uno de sus ojos”

Durante su reclusión, Marín Chaparro sufrió de COVID-19. Las secuelas de esta enfermedad le dejaron una fibrosis pulmonar, que se comprobó luego de un examen médico en octubre de 2020. “Eso está evidenciado en informes médicos que le han hecho en el hospital militar. Eso no ha mejorado ni mejorará mientras siga en ese lugar (…) Hasta ahora no lo han trasladado al médico para continuar con su tratamiento”, dice su esposa.

“Nuestra familia se pregunta si es que tampoco van a acatar la orden del juez y lo van a dejar allí (en la Dgcim) siete años, o en realidad cuatro años más porque ya lleva tres, sin posibilidad de hacer redención de pena porque la Dgcim no es un centro formal de reclusión, es un centro preventivo. Esto nos conmueve”, afirma Carrizalez. 

Las autoridades de la Dgcim tampoco explican por qué no dejan ingresar a los niños a visitas familiares, que se han visto mermadas por la pandemia por covid-19. Esto también ha afectado su alimentación, pues han tenido que llevarles alimentos perecederos. El único momento que pueden comer comida preparada es solo durante la visita, que dura una hora. 

“Mi hija menor casi no conoce a su papá, tenía un año cuando lo detuvieron y yo se lo muestro por fotos para que no se olvide. Mi hijo mayor es quien más sufre la detención de su padre porque no entiende el hecho de que no permitan las visitas, de porqué no puede ver a su papá. Ha sido muy difícil, tanto la situación de tener en la familia a un privado de libertad como por la pandemia, ha sido cuesta arriba afrontarlo”, menciona Carrizalez. 

 

 

DDHH olvidados | La masacre de El Ripial sigue impune
En la masacre de El Ripial fueron ejecutadas extrajudicialmente cinco personas en el estado Apure por parte de la FANB y FAES

@ValeriaPedicini

Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, Ehiner Yafran Anzola Villamizar, Jeferson Uriel Ramírez y Julio César Jiménez. Los primeros cuatro eran parte de una misma familia. El quinto era panadero. Todo eso conjugado en pasado. 

El 25 de marzo de 2021 fueron asesinadas, presuntamente, por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tras ser acusados de ser “guerrilleros”.

Las cinco ejecuciones extrajudiciales se perpetraron en la zona fronteriza de Apure. Las víctimas fueron llevadas con signos vitales al barrio 5 de julio de La Victoria. Pero aparecieron muertos en El Ripial

Vecinos de la zona han contado que se trató de un falso positivo en el que se asesinaron a estas personas para aparentar “eficiencia en el conflicto armado contra grupos armados irregulares” que se registró en Caracas en marzo de 2021. 

Según organizaciones defensoras de derechos humanos esta masacre se asemeja a la de El Amparo, registrada el 29 de octubre de 1988 cuando 14 pescadores fueron asesinados con el mismo propósito de aparentar una acción militar exitosa contra la subversión. 

“Pareciera que se quiere reeditar la masacre de El Amparo, un hecho similar donde las Fuerzas Armadas asesinaron a civiles y luego pretendieron decir que eran guerrilleros», indicó Javier Tarazona de Fundaredes a una entrevista en TalCual en mayo de 2021. 

Sin un registro  de las detenciones, allanamientos o los falsos positivos, es difícil tener cifras oficiales. “Llegan a las casas y sacan a los hombres, los golpean. Incluso hay personas que los han sacado, los han detenidos y les han puesto tiros de gracia”. 

Además de la ejecución de las 5 personas, perpetrada por presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, se han procesado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos y allanamientos arbitrarios. 

Violaciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad

Las organizaciones Fundaredes, Provea y Fundación El Amparo condenaron a dos meses de haber ocurrido la masacre que el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, no haya presentado avance de las investigaciones que dijo se iniciaron dos días después del suceso.

“A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure”, expresaron las organizaciones.

Al día siguiente de lo ocurrido, el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab anunció que envió una comisión del Ministerio Público para investigar la masacre luego de que los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos realizaran la denuncia.

Por medio de su cuenta en Twitter dijo que en aras de “esclarecer los hechos” ocurridos en El Ripial se había enviado una comisión de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y la Unidad de Criminalística del Ministerio Público para practicar diligencias y experticias de investigación.

A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Tarek William Saab sigue en silencio, así como el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz.Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure. 

“Hasta el momento en los sucesos de Apure, el defensor del Pueblo guarda un silencio que estremece. Así lo hizo con la masacre de La Vega. ¿Callará nuevamente? Las omisiones también generan responsabilidad ante los crímenes de lesa humanidad”, indicó Marino Alvarado, coordinador de Provea. 

Ninguno de los presuntos responsables ha sido procesado.

Entre los señalamientos del defensor de derechos humanos, menciona que se debe abrir una investigación a la cadena de mando. “Debe investigarse a quienes accionaron el gatillo, quienes dirigieron y los altos mandos militares que coordinaban las operaciones”. 

“El lamentable silencio hasta ahora mantenido por quien dirige el Ministerio Público justifica aún más las investigaciones que adelanta la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en los últimos años. La no actuación del sistema de justicia en el país impone la necesaria actuación de las instancias y mecanismos internacionales”, afirmó Provea. 

DDHH olvidados | Carlos Marrón: detenido arbitrariamente y torturado por agentes de la Dgcim
Carlos Marrón Colmenares fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes luego de ser detenido arbitrariamente por funcionarios de la Dgcim, quienes lo torturaron

Foto: AP

@ValeriaPedicini

Una llamada lo cambió todo. Carlos Marrón Colmenares estaba en Florida, Estados Unidos, cuando un familiar se comunicó con él para decirle que su padre había sido secuestrado. No hubo mucho que pensar. El teléfono había sonado el 10 de abril de 2018 y ya al día siguiente estaba pisando el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Venezuela, con la intención de lograr la liberación de su padre. 

Al principio, la familia Marrón pensó que el secuestro se trataba de un acto delictivo ordinario; que negociar una liberación segura y pagar un rescate sería suficiente para tenerlo de vuelta. Pero al llegar a Maiquetía, tras siete años fuera del país, Carlos entendió que las cosas no serían como había planeado. 

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estaban esperando al abogado de 43 años en el aeropuerto para detenerlo. No hubo explicaciones, ni tampoco una orden de aprehensión en su contra. Lo agarraron y lo trasladaron hasta la sede ubicada en Boleíta. 

Según el acta de investigación de la Dgcim, Marrón era el propietario de DolarPro.com, un portal web que se encargaba de publicar el tipo de cambio del bolívar por dólares en el mercado negro. Pero para el cuerpo de seguridad del Estado el sitio web estaba “encargado de desestabilizar la economía del país con precios irreales del papel moneda dólar”. El informe llegó a la conclusión legal de que el abogado estaba violando la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos. 

Tras varias horas en el lugar, el Director de Operaciones Especiales de la DGCIM comenzó con el interrogatorio alrededor de la medianoche. Al abogado le exigían que declarara su vinculación con Dolarpro por supuestos ilícitos cambiarios. 

Carlos se negó. Y ahí vinieron las torturas. 

Le dieron puñetazos, patadas, golpes con tablas de madera mientras tenía los ojos vendados. Con una porra de metal también le golpearon los hombros, las rodillas y en la planta de los pies. 

Lo asfixiaron con una bolsa de plástico; le pusieron una capucha en la cabeza y la empaparon con agua para crear la sensación de que se estaba ahogando. 

Los golpes en la cabeza fueron tan fuertes que Carlos perdió el conocimiento en varias oportunidades. “Te asfixian hasta que empiezas a perder el conocimiento”, dijo Marrón en una entrevista a la agencia de noticias The Associated Press (AP).Una vez que ven que te estás desvaneciendo, se relajan”.

Al día siguiente, las torturas seguían. Después de varias horas de golpizas y maltratos, Carlos accedió a firmar un documento en el que aceptaba la responsabilidad por los hechos que se le habían imputado. Los efectivos también lo obligaron a revelar las contraseñas de su computadora, teléfono y cuentas bancarias. Durante los días siguientes retiraron más de 100 mil  dólares de varias de sus cuentas.

La noche del 12 de abril, al día siguiente de que se produjera la detención del abogado, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, declaró por televisión para asegurar que Marrón era el propietario de una “página al margen de la ley”. Se refirió a él como “un verdadero delincuente” a quien “no le ha importado poner el dólar paralelo a precio casi terrorista”. 

William Saab dijo que el “objetivo central” de la página web era promover el “terrorismo financiero” y la “especulación cambiaria” para “destruir la moneda venezolana”.

En unas de las sesiones de interrogatorios, a Carlos le preguntaron si su padre necesitaba una medicina especial porque parecía estar al borde de la muerte. Ahí fue cuando supo que su padre había sido secuestrado por la Dgcim para obligarlo a regresar al país. Su padre fue liberado cuatro días después de su arresto. 

Los dos primeros días fueron los más duros. Pero luego Carlos fue trasladado a una celda conocida como “el cuarto de los locos” y recluido en un espacio de menos de 2 x 2 metros, sin acceso al baño, que compartía con otros dos presos. Él lo describió como una “tortura suave”, confinamiento en una celda estrecha con varias personas. 

En ese lugar recibían poca comida, bebían agua contaminada que salía del grifo que lo hacía enfermarse del estómago y tenían que defecar en botellas o bolsas de plástico. Carlos llegó a perder 30 kilos. 

Tras más de un mes, fue trasladado de nuevo a la sede de Boleíta y permaneció incomunicado durante unos dos meses, sin acceso a abogados ni familiares.

Ahí estuvo detenido en una celda subterránea que tenía iluminación artificial las 24 horas del día, sin ventilación ni ventanas. En ese tiempo, solo lo dejaron salir al exterior en dos ocasiones.

Crímenes de lesa humanidad 

El caso de Carlos Marrón Colmenares fue mencionado en el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado en septiembre de 2020, en el que los expertos dictaminaron que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

El documento señala que se investigaron casi 3.000 casos y se analizaron más de 5.000 asesinatos. Fue así como concluyeron que Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa estaban al tanto de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia venezolanas.

Específicamente, la Misión investigó 77 casos en los que la Dgcim arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas. Y en unos pocos casos, los agentes arrestaron, detuvieron y torturaron a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar.

“Oficiales de la DGCIM cometieron torturas contra los detenidos en cada uno de los casos estudiados”. El propósito de estas torturas podría ser para la obtención de una confesión, la obtención de información, el castigo, la intimidación, la humillación, la coerción o cualquier razón basada en la discriminación.

“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación”, reza el documento. 

Su testimonio también fue incluido en el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2021. 

Irregularidades

Carlos Marrón fue presentado ante la jueza del Tribunal Tercero de Control Penal de Caracas para la audiencia de presentación el 13 de abril de 2018. Antes de salir de la sede en Boleíta, agentes de la DGCIM le obligaron a firmar un documento en el que indicaba que no había recibido maltrato físico, verbal o psicológico.

En la audiencia de presentación, la fiscalía acusó a Marrón de tres delitos: difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, asociación ilícita y legitimación de capitales.

“La Misión observó inconsistencias en las fechas de la orden de aprehensión y los documentos de sustento, lo que sugiere que fueron alterados para que parezca que fueron emitidos antes de la detención del Sr. Marrón”, expresó la instancia de las Naciones Unidas. 

Los expertos especificaron que la fecha de la orden de aprehensión era el 10 de abril de 2018, aunque las cartas que transmitían los documentos de sustento tanto del Ministerio Público como de la Dgcim, tenían la fecha del 12 de abril de 2018. 

La acusación del Ministerio Público del 28 de mayo de 2018 no presentó pruebas con respecto a los cargos de legitimación de capitales y asociación. La audiencia preliminar fue cancelada 22 veces y nunca se celebró.875 

El 2 de agosto de 2018 fue derogado el Decreto de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, que tipifica el delito de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio. Días después, la defensa de Marrón presentó una solicitud para su libertad inmediata, argumentando que había desaparecido el fundamento jurídico para su detención. 

Aunque en 2019 le desestimaron los cargos de legitimación de capitales y asociación por falta de fundamento, le mantuvieron los cargos de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio. Así que la Corte de Apelaciones mantuvo la orden de prisión preventiva, ya que el tribunal señaló que el informe de investigación de la Dgcim aportaba pruebas suficientes para sostener esa acusación. 

Carlos Marrón fue liberado el 6 de enero de 2020 con medidas cautelares junto a otros 13 presos políticos en medio de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos de oposición. No fue sometido a juicio y tampoco se le prescribió la pena por sus supuestos delitos. 

El abogado le contó a la agencia de noticias AP que no sabe por qué los funcionarios lo dejaron en libertad. Aunque las autoridades lo obligaron a entregar su pasaporte y aceptar no salir del país, Carlos escapó de Venezuela. Manejó hasta la frontera con Colombia, donde funcionarios de Estados Unidos lo reunieron con su esposa y sus dos hijos en Florida. 

 

Una Ventana a la Libertad: En Venezuela hay 110 mil presos, de los cuales 65 mil están en calabozos
2021 cierra con balance negativo en las prisiones 

El coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, indicó que lo que ha ocurrido en materia de justicia y derechos humanos días previos a la visita del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a Venezuela y posterior a haber anunciado una investigación contra funcionarios venezolanos, ha sido un «maquillaje«, porque en el caso de los privados de libertad siguen muriendo por el hacinamiento de los centros penitenciarios y los centros de reclusión policial, afirmando que se mantiene el retardo procesal. 

«El 21 de junio, el presidente, Nicolás Maduro, creó la Comisión Especial para atender el retardo procesal en los centros de detención preventiva, según el anuncio los parlamentarios de la Asamblea Nacional tenían que atender este problema en 60 días, a la fecha siguen trabajando en este tema, apenas se atendió al 20% de la población carcelaria, se abrieron algunas investigaciones de algunos privados, algunos quedaron en libertad o fueron trasladados a otras cárceles», dijo. 

Afirma que en Venezuela existe una población penitenciaria aproximada de 110 mil presos, de los cuales 65 mil están en centros policiales. 

«Otros de los cambios que se dio previo a la visita del fiscal, es que la sede del Sebin, en El Helicoide, pasó a manos del Ministerio de Asuntos Penitenciario, pero los problemas de fondo no se han atacado, como el caso de las muertes de los privados de libertad por desnutrición, no recibir atención médica a tiempo, o las enfermedades derivadas por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran», comunicó. 

Según registro de Una Ventana a la Libertad, el estado Lara es el que más presos muertos registra este año, estando bajo custodia del Estado. Han fallecido un total de 37, de los cuales 25 se encontraban en la cárcel de Fénix, en Uribana. 

La principal causa de muerte son enfermedades, como insuficiencia respiratoria, desnutrición y tuberculosis. Las cárceles del país tienen problema de mantenimiento, la gran mayoría carece de agua, no hay atención médica a tiempo y el 95% de la alimentación de los privados depende de los familiares.

Entre octubre y noviembre comerciantes carabobeños figuran como víctimas de secuestros
Cuerpos de seguridad no suministran datos estadísticos sobre secuestros que acontecen en la entidad

El secuestro es uno de los delitos que pocas veces es denunciado por las víctimas y sus familiares ante las autoridades policiales en la entidad carabobeña, bien sea porque temen que la persona secuestrada sea asesinada o porque acceden al pago de grandes sumas de dinero a los captores. Estos individuos son, por lo general, miembros de bandas organizadas que buscan acumular capital, controlar la zona donde operan y llevar a cabo otras actividades ilícitas.

A través del monitoreo de prensa del mes de noviembre, el Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo (OVV Carabobo) registró el secuestro de un comerciante de origen lusitano en la población de Morón del municipio costero Juan José Mora. La víctima fue sometida frente a su negocio por unos hombres que utilizaban vestimenta de un cuerpo policial y quienes lo mantuvieron por 14 días en cautiverio hasta que sus familiares pagaron por su liberación.

Igualmente, durante un operativo realizado en noviembre por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue rescatado un ciudadano, de 78 años, a quien habían secuestrado en el mes de octubre en el sector La Floresta de la zona industrial en el municipio Guacara.

En octubre también se registró el caso de un comerciante que fue secuestrado en el sector los Chaguaramos I de la parroquia Central Tacarigua del municipio Carlos Arvelo, según las versiones preliminares, por miembros de una banda delincuencial que opera en la zona. El ciudadano fue rescatado sano y salvo por funcionarios del CICPC y del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana durante un procedimiento en el que murieron tres de los secuestradores, quienes enfrentaron con armas de fuego a los efectivos.

Los cuerpos de seguridad no suministran datos estadísticos sobre los secuestros que acontecen en la entidad, lo que imposibilita conocer la incidencia en la región más allá de los casos publicados. Sin embargo, se han reportado en los medios de manera frecuente enfrentamientos entre funcionarios de los cuerpos de seguridad e integrantes de bandas delincuenciales identificadas por las autoridades como grupos delictivos dedicados al secuestro, entre otros delitos. “Esto indica que debe haber una alta ocurrencia de secuestros y también desinformación de la realidad al respecto, lo que es muy grave porque a las víctimas en cautiverio se les vulnera el derecho a la libertad individual, se amenaza la integridad personal y la vida misma”, detalló la coordinadora del OVV Carabobo, Giannina Fusco.

La investigadora reiteró que las autoridades deben garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, además de diseñar y aplicar medidas de protección para combatir la violencia en todas sus expresiones.

Adultos mayores y niños: principales víctimas de violencia intrafamiliar en Amazonas
Las agresiones ocuparon el 62,3% de los 57 casos contabilizados en el primer semestre de 2021

Una acalorada discusión entre madre e hijo desencadenó en varios golpes con un palo de escoba sobre una mujer, de 85 años, producto de algunas diferencias y llamados de atención que el hombre no toleró. La agresión le ocasionó a la anciana hematomas en todo el cuerpo, que ameritaron revisión médica, además de la detención del ciudadano. Otro hecho similar se suscitó en contra de una dama, quien fue maltratada por su hijo, quien se encontraba en estado de embriaguez. El hombre destrozó algunos objetos en el comedor y sala de su casa, al punto de atacar a su madre, quien pudo gritar y pedir ayuda a unos vecinos. Estos hechos y otros similares, fueron registrados por el Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas), a través del monitoreo a los medios de comunicación social de la entidad. 

En los primeros seis meses del año 2021, los medios de la región reportaron agresiones a personas de la tercera edad y a niños, en el seno de hogares disfuncionales. Un caso resaltante fue el ocurrido a tres hermanos, quienes fueron maltratados por su padrastro con un trozo de hierro. El hombre arremetió contra los niños, ocasionando lesiones en las piernas y varias partes del cuerpo.

De acuerdo con el Informe Semestral realizado por el equipo del OVV Amazonas, en este período, las agresiones ocuparon el 62,3% de los 57 casos contabilizados, de los cuales 12 registros -el 21% de las víctimas- involucraron a adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, afectando predominantemente al sexo femenino (80%). En 10 de los casos, la persona responsable del delito fue un familiar; los 2 restantes se trataron de personas desconocidas. Las edades de los afectados oscilan entre 6 y 14 años, para el caso de los niños y jóvenes; mientras que, para el grupo de los adultos, se encuentra entre 57 y 85 años. Llama la atención la práctica recurrente del maltrato físico y verbal, lo que pudiera estar evidenciando el aumento de la violencia intrafamiliar.

Para el coordinador del OVV Amazonas, Héctor Escandell García, la violencia contra los grupos etarios más vulnerables de la población es evidencia de la continua erosión del tejido social que, en el marco de la crisis multidimensional que afecta al país, parece acentuarse en las entidades más desfavorecidas en términos de condiciones de vida, como es el caso del estado Amazonas.

46 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia en Aragua entre enero y octubre 2021
Los delitos fueron violaciones, maltratos infantiles, abusos sexuales, actos lascivos, tratos crueles, robos y extorsiones

Según el monitoreo que realiza el Observatorio Venezolano de Violencia en Aragua (OVV Aragua), durante el período enero-octubre 2021, 46 niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron víctimas de violencia en la entidad.

Los tipos de violencia más frecuentes fueron: la violencia intrafamiliar, presente en 36,96% de las 46 víctimas -12 con delitos relacionados con el género y 5 con delitos vinculados con maltrato y abuso infantil-. Luego le sigue la violencia de género con 32,61%, la autoinfligida con 8,7%, la interpersonal individual con 6,52%, seguida de las violencias delincuencial, policial y sexual, con 4,35% cada una. Finalmente, la violencia de los grupos criminales organizados, presente en el 2,17% de las víctimas.

El 70% de las víctimas fueron niñas y adolescentes del sexo femenino. De las 46 víctimas, 14 tenían edades comprendidas entre 1 mes y 11 años, y 32 eran adolescentes, entre 12 y 17 años.

Los 14 niños y niñas fueron víctimas de 19 delitos. Tres fueron por muertes violentas: 1 femicidio de una niña de 2 años, 1 homicidio culposo de un niño de 11 meses y 1 suicidio de una niña de 9 años. Entre los delitos no letales ocurrieron 5 violaciones, 4 maltratos infantiles (3 con lesiones graves, 1 por negligencia). Igualmente ocurrieron 2 abusos sexuales, 1 acto lascivo, 1 trato cruel, 1 robo, 1 secuestro y 1 extorsión. Dos niños fueron víctimas de más de un delito (una niña de 2 años víctima de 4 delitos, por parte de su padrastro, y 1 niño de 9 años víctima de 3 delitos, por parte de miembros de bandas criminales organizadas). La violencia intrafamiliar fue la más frecuente en este grupo etario, seguida de la violencia de género.

En el caso de los victimarios, 79% resultaron ser familiares (9) o conocidos (2). La casa fue el lugar de ocurrencia más frecuente de los delitos (93%). La fuerza física fue utilizada en el 64% de los casos.

Para el OVV Aragua, estas estadísticas son un llamado de atención en relación al posible impacto del confinamiento por la pandemia y de la crisis humanitaria compleja, en la exacerbación del perfil pedófilo y violento, dentro de los miembros de las propias familias. “Esto es un reflejo de la reproducción de los círculos viciosos de transformación de víctimas en victimarios, producto de la conjugación de la desesperanza y de los diferentes tipos de adicciones, que son el caldo de cultivo de una disfuncionalidad familiar extrema, de la que hoy tristemente estamos siendo testigos”. Señaló el equipo.

En relación a la violencia hacia los adolescentes, se registraron 32 víctimas -75% del sexo femenino y 25% masculinos-, de las cuales 11 fueron muertes violentas: 6 homicidios -1 femicidio, 1 homicidio culposo, 1 homicidio con desaparición forzosa y 3 homicidios simples-, 3 suicidios y 2 muertes por actuación policial.

21 adolescentes fueron víctimas de 27 delitos no letales -6 de ellos fueron víctimas de más de un delito-. Dentro de los 27 delitos no letales contra los adolescentes se reportaron: 15 violaciones, 3 abusos sexuales, 2 actos lascivos, 2 maltratos infantiles, 2 explotación sexual comercial de menores y 2 producción de material de explotación sexual comercial de menores y 1 secuestro.

El 47% de los victimarios de los adolescentes eran conocidos, 19% eran familiares consanguíneos, 9% era la misma víctima, 6% los padrastros, 6% delincuentes comunes, 6% funcionarios de los cuerpos de seguridad, 3% ex parejas y 3% integrantes de una red de explotación sexual comercial de menores.

En relación a los lugares de ocurrencia, fue la casa de la víctima la más recurrente (11), la calle (9), lugar de trabajo del victimario (3), casa del victimario (2), lugar de trabajo de la víctima (1), en hotel (1), sitio de secuestro de la víctima (1) y no informan (4).

La fuerza física fue utilizada en el 29% de los casos, seguida por el amedrentamiento en el 22% de los casos, las armas de fuego con 17%, la seducción con 12% y la manipulación con 10%. Finalmente, las sogas con 5% y las armas blancas y los objetos contundentes con 2% cada uno.

El comportamiento que muestra la violencia hacia los adolescentes, evidencia que se hacen difusos los límites de las zonas de mayor vulnerabilidad para este grupo etario. La casa, es el sitio donde ocurre la mayor cantidad de casos de maltratos, violaciones y abusos sexuales (34%), seguido de la calle (28%), donde los adolescentes son violentados y donde ocurren mayormente las muertes por ajuste de cuenta y por intervención policial. Existe un tercer espacio de riesgo y son las casas del victimario (8%), donde ocurren abusos sexuales de adolescentes femeninas que son manipuladas y seducidas psicológicamente, probablemente con ofertas económicas que las hacen acudir voluntariamente a estos lugares; finalmente, los sitios de trabajo (8%) es donde los adolescentes igualmente son vulnerables.

Según la opinión del equipo del OVV Aragua, la violencia intrafamiliar y la disfuncionalidad familiar extrema, son producto de la falta de políticas económicas y sociales efectivas, por lo tanto se considera necesario que el Estado diseñe e implemente políticas públicas integrales e integradas, orientadas al rescate y reconstrucción de la familia, como célula fundamental de la sociedad, donde exista, entre otras cosas, una infraestructura pública de salud mental, que realmente posibilite el acceso de los miembros de las familias disfuncionales a terapias individuales y grupales. “Esto permitirá evaluar el riesgo de los NNA en el seno de su hogar y tomar las medidas de protección necesarias para garantizar su integridad física y psicológica”. Concluyó.