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DDHH olvidados | Hecder Lugo fue escondido a una protesta opositora y nunca regresó: un GNB le disparó en la cabeza
Hecder Lugo acudió a una protesta en el estado Carabobo en 2017, sus padres no lo sabían. Un efectivo de la GNB lo hirió en el abdomen y luego a quemarropa en la cabeza

@ValeriaPedicini 

Héctor Lugo llegó a su casa del trabajo y su hijo Hecder estaba en su cuarto, chateando en la computadora. Estuvo de guardia y llegó tan cansado que casi no intercambió palabras con su él. 

A las 3:00 de la tarde lo llamaron los amigos y le avisó a su padre que saldría. Le recordó que “la vaina estaba muy fea”,  pero Hecder lo tranquilizó con un: “No te preocupes, papá. Voy aquí mismo y vengo”. En teoría, iba a casa de un amigo de la zona. 

Aunque casi nunca protestaba, el joven de 20 años salió de casa sin decirle a sus padres que iba a una concentración en el sector Tulipán del estado Carabobo. Su madre Daysi Pérez temía por su vida: continuamente le escondía las llaves para que no se fuera y si los amigos se acercaban a su residencia a buscarlo, ella los corría. No lo quería en la calle entre tanta manifestación y, sobre todo, represión. 

Pero el 4 de mayo de 2017, Hecder fue a una protesta y nunca regresó. 

¿Qué le pasó a Hecder?

La marcha de aquel día era para exigir justicia por los jóvenes caídos en manos de cuerpos de seguridad del Estado durante los más de 30 días que habían transcurrido de protestas callejeras. El lema era “Ni un muerto más”. 

En Valencia, los estudiantes de la Universidad de Carabobo habían organizado una clase magistral abierta en el distribuidor El Trigal en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. En uno de los “trancazos” del sector Tulipán se escabulló Hecder escondido de sus padres. 

Su muerte, al igual que otras durante las protestas de 2017, quedó registrada en videos de los celulares de los manifestantes que se encontraban ese día con él. En la grabación se escucha una detonación y un grito: “¡Malditos cobardes!… Hay un muerto”. 

Los amigos de Hecder vieron cuando un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana lo hirió primero en el abdomen. Después se acercó al muchacho, que ya estaba tendido en el suelo, puso la pistola en la frente y apretó el gatillo. 

En los videos se ve a sus compañeros intentando rescatarlo en medio del enfrentamiento con la guardia. Hecder fue trasladado al Centro Médico Valle de San Diego, pero ingresó en la emergencia sin actividad cerebral. Tuvo pérdida de masa encefálica. Los médicos que lo recibieron confirmaron heridas en el abdomen y un tiro en la frente con orificio de entrada y salida. 

Estuvo 15 horas luchando por su vida, pero el viernes 5 de mayo en la mañana se confirmó su muerte. Ese jueves en Los Tulipanes, el sector de la céntrica ciudad de Valencia donde protestaban, hubo cuatro heridos. El único muerto: Hecder Lugo.

Hecder es una de las 19 personas que murió en Carabobo durante las manifestaciones de 2017. Este fue el quinto estado en donde sucedió la mayor cantidad de homicidios en medio del conflicto, después de Distrito Capital, Miranda, Lara y Táchira. El nombre del joven también está entre las 31 personas caídas por ataques de la Guardia Nacional contra quienes protestaban.

El muchacho pertenece a la franja que edad en la cual se registró la más alta cantidad de muertes: 83 personas (de un total de 158), entre los 18 y 30 años de edad, perdieron la vida en las protestas de 2017.

Con pruebas, sin justicia

Daisy estaba haciendo unos helados cuando recibió la llamada de uno de los amigos de Hecder que había ido a buscarlo ese día más temprano. Le dijo que a su hijo le habían dado un tiro. “Yo me quería morir, quedé en shock y ni siquiera pude salir de la casa a buscarlo”. 

Familiares, amigos y manifestantes que conocieron su caso en redes sociales asistieron al sepelio de Hecder en el cementerio Jardines del Recuerdo en Valencia. 

El 6 de mayo, los padres del joven amanecieron aferrados al ataúd de su hijo que ahora reposa en el cementerio Jardines del Recuerdo, en Valencia. 

El Ministerio Público designó al Fiscal 34º nacional y el 28º del estado Carabobo para investigar el caso. Fue este último quien les confirmó a los familiares que los cartuchos del arma con que mataron al joven habían sido manipulados con materiales metálicos. La autopsia reveló presencia de metal en el cerebro.

“Cuando sale Luisa Ortega y entra Tarek William Saab nos pusieron unos abogados del gobierno, pero yo no quiero saber nada de este gobierno no quiero nada de ellos porque no sé con qué propósito lo hacen y ellos son los culpables de que mi hijo no esté vivo”, asegura la madre de Hecder.

En 2018 se conoció que el Fiscal 28º del estado Carabobo se había ido del país. “Cuando estaba Luisa Ortega nos garantizaron que se haría justicia, pero con su salida todo quedó en el limbo”, cuenta Daysi Pérez.

A su padre le cuesta dormir después de haber visto los videos de la GNB disparando a su hijo. Los muchachos intentando rescatarlo en medio de la protesta, Hecder herido en el piso, bombas lacrimógenas todavía cayendo cerca de su cuerpo… el funcionario que le dispara a quemarropa. 

A pesar de la existencia de los videos y testigos del asesinato, los padres de la víctima desconocen si existen órdenes de detención o imputaciones contra los uniformados que le dispararon en la frente al muchacho. 

“Lo que hago es pedirle fortaleza a Dios para que se me pase esto y haya justicia, pero no es fácil” dice la madre de Hecder. 

DDHH olvidados | Ariana Granadillo, tres veces injustamente detenida y torturada
Ariana Granadillo fue arbitrariamente detenida en tres oportunidades en menos de tres meses por cuerpos de seguridad del Estado. Fue víctima de tratos crueles, torturas y violencia de género

@ValeriaPedicini 

No una, ni dos. Ariana Granadillo ha sido desaparecida y arrestada tres veces por cuerpos de seguridad del Estado. ¿Su delito? Ser familiar del coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Oswaldo García Palomo y encontrarse en su vivienda cuando efectivos fueron tras él. 

La joven de 21 años era estudiante de cuarto año de Medicina y hacía sus pasantías en el hospital Victorino Santaella de Los Teques, estado Miranda. Al ser oriundos de Monagas, los familiares del coronel le ofrecieron su vivienda en San Antonio de Los Altos para que pudiera asistir a sus prácticas en el centro de salud. Ariana apenas tenía una semana viviendo en la quinta cuando todo en su vida se vino abajo. 

Eran alrededor de las 11 de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando entre 20 y 30 hombres encapuchados, algunos uniformados con el logo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entraron a la casa. Buscaban al coronel, acusado de delitos de terrorismo, conspiración y rebelión militar, pero se había ido dos días antes a una finca. En la residencia solo estaban la esposa de García Palomo, sus hijos, una prima de Ariana y ella. 

Inmediatamente, arremetieron contra la esposa y el hijo del coronel. “Los golpearon delante de nosotras, nos hicieron quedarnos en la sala de la casa y también empezaron con el interrogatorio”, cuenta Ariana. A su prima y a ella también las golpearon para que dieran información sobre el paradero del coronel. “Nos informaron que se le acusaba de terrorismo y traición a la patria. Les dimos las respuestas que teníamos: que no sabíamos por qué se les estaba acusando de eso”. 

Se llevaron detenidos a la esposa y al hijo del coronel. También sacaron pertenencias de la casa: ropas, dispositivos electrónicos, electrodomésticos. En la vivienda se quedaron la hija del coronel, su prima y Ariana. Antes de irse, los efectivos les dijeron que debían quedarse en la casa, que no podían salir; tampoco le dieron otra opción: dejaron un vehículo afuera de la vivienda para que no salieran. 

A pesar del susto, pensaron que ya estaban a salvo, que ya no habría problema. Pero al día siguiente regresaron por ellas. Sin orden judicial, las sacaron de la vivienda. La primera detención de Ariana. “Me llevaron con mi prima, nos dijeron que iban a hacer unas preguntas rápidas, que nos iba a llevar 30 minutos nada más y que luego nos regresaban a la casa. Ellos estaban conscientes que nosotras no teníamos nada que ver con el caso y fuimos”. 

Pero lo que parecía ser algo rápido, pronto se convirtió en el principio del terror que le tocaría vivir. “Nos pusieron una capucha a mitad de camino. Nos dijeron que desde ese momento, las cosas ya eran distintas, que ellos eran dueños de nuestras vidas y que teníamos que hacer todo lo que ellos nos pidieran”, dijo Ariana. 

Las obligaron a bajarse en un lugar, las hicieron subir tres tramos de escaleras y las tiraron en el piso de un baño, todavía encapuchadas y con las manos atadas detrás de la espalda. 

Uno de los efectivos que se quedó cuidándolas se acercó a Ariana, le puso una navaja en la cara y le dijo: “Te voy a quitar la capucha. Si me ves la cara, te voy a cortar”. La joven se quedó con los ojos fuertemente cerrados. El hombre comenzó a tocarle el pelo, el cuello y su pecho. 

En la madrugada, fueron a interrogarlas varias veces entre distintas personas. “Querían información del coronel, dónde estaba. Por nosotras vivir en la casa, ellos suponían que teníamos información de las reuniones, de las personas con las que se encontraba, de todos los planes que él tenía y realmente no. No teníamos ninguna información, pero eso no evitó que nos torturaran y que se hicieron muy difíciles todas las horas en ese lugar”. 

Ariana estuvo desaparecida por dos días, sus padres no sabían de su paradero. En aquella oportunidad la torturaron física y psicológicamente. La golpearon, le propinaron descargas eléctricas en las costillas, en las piernas, en el pecho y en la espalda. Hasta para ir al baño y cambiarse tenía que hacerlo frente a los hombres que estaban ahí. Uno de ellos fue quien la había tocado la primera vez. “Nos halaron por el cabello, nos dieron golpes por el abdomen. De eso quedaron hematomas de los golpes. Fue en repetidas ocasiones y de distintas maneras”. 

La pesadilla se hizo realidad

La segunda detención ocurrió el 24 de mayo. Los familiares del coronel salieron del país y, debido a las secuelas psicológicas por la primera desaparición, los padres de Ariana viajaron de Monagas hasta San Antonio de los Altos para hacerle compañía. “Los estudios se me hacían muy complicados, el trauma, la paranoia de volver a pasar por una situación similar. Y como me encontraba en el mismo sitio, el miedo seguía latente”. 

En esa oportunidad, Ariana estaba durmiendo cuando los efectivos fueron por ella. Obligaron al vigilante de la urbanización a tocarles la puerta para que el padre de Ariana abriera. Lo apuntaron y le preguntaron dónde estaban. “Nos buscaron sin despertarnos y nos hicieron bajar hasta la sala. Yo entré en un momento muy difícil cuando veo que eran las mismas personas, cuando veo que iba a volver a pasar por algo igual, algo que todavía no había superado”. 

Le dijeron que volverían a llevarsela para interrogarla. Alegaban que por el simple hecho de estar en esa casa la señalaban como una cómplice del caso que llevaban en contra del coronel. Pero no solo se la llevaron a ella, sino también a sus padres. 

Estuvieron siete días en una casa ubicada en Fuerte Tiuna, una urbanización militar. “Fue más rudo que la anterior. El interrogatorio fue más fuerte. Hubo asfixias en dos oportunidades. La primera sí la pude soportar, pero en la segunda perdí la conciencia”. De las cosas más duras fue escuchar cómo interrogaban y golpeaban a sus padres. 

El Foro Penal realizó la denuncia ante fiscalía el 29 de mayo por la desaparición de la familia. Y el 31 de mayo fueron liberados bajo amenazas, incluso no les permitieron volver a la casa en San Antonio ni sacar sus pertenencias.

Huir

Al liberarlos, sabían cuál era el siguiente paso: salir de Venezuela. Planearon todo para emigrar de forma regular en julio, pero por tercera vez detuvieron a la joven. “Iba con mis papás en un (autobús) Expreso. Cuando nos acercamos a la frontera en San Antonio del Táchira nos detuvieron en una alcabala. Nos hicieron entregar las identificaciones a todos y en ese momento, me llamaron a mí, me dijeron que había una orden de captura en mi contra”. 

Le explicaron que Ariana estaba acusada por instigación a la rebelión militar y traición a la patria, además de estar solicitada por un tribunal militar, a pesar de que ella es una civil. Por consejo de los abogados del Foro Penal, organización que llevaba su caso, los padres de Ariana cruzaron la frontera mientras ella fue llevada a Caracas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Según publicó en sus redes sociales el director del Cicpc, Douglas Rico, Ariana estaba solicitada por el Juzgado Militar Segundo de Control de Caracas de fecha 27 de mayo por el delito de rebelión militar.

“Tenía una orden de captura del 27 de mayo, de cuando ella se encontraba desaparecida. Nosotros denunciamos su desaparición en la fiscalía y llevan a esa causa”, explicó Romero.

“Estuvo unos ocho o nueve días en ese transcurso. Me llevaron a dos puntos del Cicpc, que fue el organismo que me detuvo. Tenía que compartir el espacio de celda con presas comunes. No me dieron derecho a ducharme o al alimento. Fueron días muy difíciles”, señala Ariana. 

Al quinto día después de su detención llegó a Caracas, al sitio donde la iban a recluir, mientras esperaba el juicio en tribunales. La liberaron con medidas cautelares, bajo régimen de presentación cada ocho días. 

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Ariana ni lo pensó dos veces: salió del país. Emigró de forma irregular, sin ningún documento de identidad que le permitiera volver a estudiar. Sin sus papeles de secundaria, su partida de nacimiento o cédula. “Yo salí de Venezuela sin absolutamente nada, porque todo ellos se lo llevaron en el allanamiento”. 

Para ella, haber abandonado su carrera ha sido una de las cosas más duras de haber pasado por esta situación. “En 2020 me hubiera graduado de Medicina y tuve que dejarlo todo. Se ha hecho muy complicado continuar con mis estudios, a pesar de que las ganas las tengo, por lo menos empezar una carrera desde cero. Pero no se ha podido porque obviamente al no contar con los papeles, no se puede”.

El caso de Ariana y su familia fue documentado para el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, donde se recopilaron actuaciones del Estado venezolano que formarían parte de una política de represión y conducta sistemática que constituiría crímenes de lesa humanidad.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que Ariana Granadillo, Argenis Granadillo, Sorbay Padilla y al menos otros cinco familiares fueron objeto de detenciones arbitrarias, desaparición forzada a corto plazo y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, la Misión tiene motivos razonables para creer que se perpetraron actos de violencia sexual contra Ariana Granadillo y Argenis Granadillo en forma de agresión sexual, amenazas de violación a familiares y amenazas de mutilación genital, como parte de la tortura perpetrada contra ellas”, reza el informe. 

Murió recluso de la cárcel de Tocorón
El hombre purgaba condena por el delito de abuso sexual

 

Víctima de un accidente cerebrovascular, falleció en la sala de emergencias del Hospital central de Maracay, Esteban Hilario Rosa Diamont, luego de ser trasladado desde el Centro Penitenciario de Aragua en Tocorón, municipio Zamora, la noche del lunes 15 de agosto.

El hombre estaba detenido y purgaba condena por el delito de abuso sexual, según lo contempla la causa número 3E-2099-21. Su traslado fue realizado tras el auxilio de sus compañeros de celda al presentar vómito, parálisis facial, pérdida del conocimiento y tensión arterial alta.

Rosa Diamont, quien fue trasladado de emergencia y fue ingresado de emergencia en el área de terapia intensiva. A pesar del esfuerzo de los galenos falleció.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para la autopsia de ley.

DDHH olvidados | Yoinier Peña, víctima de la represión y de la crisis de salud
Yoinier Peña de 28 años fue herido de gravedad por una bala perdida mientras transitaba cerca de una protesta antigubernamental en Barquisimeto. Falleció debido a la escasez de antibióticos para tratarle una infección

@ValeriaPedicini

Yoinier Peña estuvo 54 días internado en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio Maria Pineda (Hcuamp) del estado Lara. El joven de 28 años fue alcanzado por una bala perdida mientras transitaba cerca de una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro en la avenida Florencio Jiménez, al oeste de Barquisimeto. 

La bala le perforó el lado derecho de la parte baja de la espalda, afectando el colon y una de las vértebras de la columna. Había perdido la movilidad en las piernas, obligándolo a estar en sillas de ruedas. 

Su madre, Yanet Hernández, contó que los primeros cinco días fueron traumáticos para  Yoinier, el segundo de sus cuatro hijos. En una entrevista para El Impulso, señaló que el joven no dormía, con insistencia  imitaba el sonido de un disparo y empuñaba la mano como si accionara un arma imaginaria.

En esos casi dos meses lo operaron tres veces y le hicieron cuatro intervenciones. A eso se sumaba su condición previa de parálisis cerebral infantil: desde niño tomaba fenobarbital, pero  últimamente no lo conseguían con  facilidad  y por eso  convulsionaba con frecuencia.

Aunque el muchacho había avanzado en su recuperación, el último tratamiento que le recetaron los doctores incluía el antibiótico Tygacil que era difícil de conseguir en el país debido a la crisis de salud y la escasez de insumos médicos.

Su familia no pudo encontrar el medicamento y eso aceleró su muerte. “Aquí, me ayudaron demasiado, las ONG,  los médicos  lo trataron  muy bien. Fallece porque no hay medicinas, antibióticos”. 

El sábado 3 de junio de 2017, a las 3:15 de la madrugada, Yoinier Peña falleció en el Hcuamp por una infección  generalizada. La muerte del  joven fue la novena registrada en protestas en territorio larense durante 2017.

Yoinier ni estaba protestando

Yoinier Peña estaba en la avenida Florencio Jiménez con  avenida  La Salle la noche del 10 de abril de 2017. Desde tempranas horas se desarrollaba una protesta antigubernamental en esa zona, pero cuando el sol se ocultó, muchos de los manifestantes se habían ido.

Sin embargo, aquellos que se quedaron en la concentración fueron sorprendidos por cuatro hombres armados, encapuchados y vestidos de negro que bajaron de una camioneta pick up roja doble cabina y dispararon, según información de Amnistía Internacional.

Todo a plena vista de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Una de las balas alcanzó a Yoinier y a otra muchacha de 15 años. Ambos  fueron trasladados al Seguro Social Pastor Oropeza, pero de allí los remitieron al Hcuamp porque el quirófano estaba inoperativo.

Fuentes aseguraron a El Impulso que el concejal Jesús Superlano estaba dentro de la camioneta roja doble cabina desde donde se bajaron los civiles armados a disparar contra los manifestantes. Existen testimonios de personas que lo vieron en el sitio, pero no se atreven a denunciarlo. 

En declaraciones públicas, después de haberse ausentado durante  aproximadamente  un mes de las sesiones de la Cámara Municipal de Iribarren, Superlano lo negó.

Aunque no existen pruebas  directas, el concejal Joel Mendoza dijo que el vehículo ocupado ese día  por los hombres armados pertenece a la Alcaldía  de Iribarren, pero  fue cedido en condición de comodato, durante la gestión  anterior, al Concejo Municipal. Desde el 10 de abril de 2017, la camioneta está desaparecida.

Testigos han declarado que en ningún momento Peña representaba una amenaza para quienes lo ejecutaron, razón por la cual califican su muerte de absurda y rechazan que el Estado venezolano no garantice el derecho a la integridad física.

Se pudo haber salvado

Desde que Yoinier Peña resultó herido, su madre Yanet Hernández estuvo con él día y noche. Durante esos 54 días pocas veces volvió a pisar su vivienda, ubicada en el barrio El Carmen en Barquisimeto. Si lo hacía, no estaría en casa más de cuatro horas. 

Yoinier tenía dificultades psicomotoras por una parálisis cerebral que sufrió de niño. Por esta razón, caminaba con lentitud y no pronunciaba palabra alguna. “Él podía escuchar pero no hablaba, a su edad se comportaba como un niño”. “Juju” era de los pocos sonidos que salían de su boca, lo que inspiró a sus amigos y allegados a llamarlo de esa forma. 

A pesar de su condición, su madre explicó que era un muchacho independiente. Esa fue una de las recomendaciones que le dieron a Yanet en el Taller  Laboral Nueva Segovia, donde Yoinier aprendió a ser ayudante de jardinería  y técnicas para trabajar con cerámica. 

El muchacho también era un pasajero frecuente del transporte público de la ciudad. Se sentaba en el primer puesto, intentaba ordenar a las personas dentro de la unidad; los usuarios y chóferes ya lo conocían. 

“Era un ser noble que transmitía la inocencia de un infante. Tiene que haber castigo para quienes dispararon alegremente sin medir las consecuencias de sus actos”, cuenta su madre. 

Yoinier no solo fue víctima de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, sino de la crisis de salud. El Estado no le garantizó su derecho a la salud,por tanto tampoco el derecho a la vida.

“Cuando Yoinier murió, los médicos me aseguraron que hubiera sobrevivido teniendo a mano las medicinas que necesitaba para ser atendido, por ejemplo antibióticos básicos para curar una infección en la herida. El otro joven se salvó porque la herida no afectó órganos vitales”, expresa la madre del joven. 

En estos cinco años, Yaneth Hernández agotó todos los mecanismos de justicia disponibles orientados a determinar las responsabilidades penales. Pero no ha tenido respuesta. La investigación de su muerte continúa estancada y sus familiares sin obtener respuesta alguna por parte del Estado. 

“No sé quién le disparó, no sé dónde están los asesinos, lo único que pido es justicia, justicia cuantas veces sea necesario”, son palabras que emergen del corazón de otra madre venezolana dispuesta a obtener justicia para el caso de su hijo. 

 

DDHH olvidados | Una bala perdida apagó la vida de Brayan Principal
Una bala perdida durante una protesta antigubernamental de 2017 en el estado Lara le perforó un intestino y le quitó la vida a Brayan Principal de 14 años

@ValeriaPedicini 

Brayan Principal solo tenía 14 años cuando una bala le quitó la vida. El proyectil perforó su intestino en medio de una protesta antigubernamental de 2017 a las afueras del urbanismo Alí Primera, una Misión Vivienda, donde residían. Fue trasladado al Hospital Central “Antonio María Pineda” de Barquisimeto, pero falleció al día siguiente, el 11 de abril de 2017.

Ese día, entre las 8:00 y las 8:15 de la noche, su madre Marbelis Giménez lo había mandado a comprar comida para la cena. El muchacho fue hasta la entrada del urbanismo y vio que más allá, en la avenida principal, los vecinos de las residencias Yucatán habían levantado barricadas y quemado cauchos. 

Pero los residentes de la Misión Vivienda, que eran afectos al chavismo, salieron a confrontarlos. Al principio solo eran insultos; minutos después, había comenzado una balacera. 

Brayan estaba en el sitio y en el momento equivocado. Una bala perdida lo encontró y lo derrumbó contra el pavimento. Fue llevado al centro de salud para ser atendido y lo ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Marbelis se enteró de lo que le había pasado a su hijo por tres vecinos que se acercaron a contarle. Su primera reacción fue no creer lo que escuchaba, pensar que se trataba de un mal chiste. Después se llenó de miedo. Pero poco pudo hacer esa noche: las barricadas le impidieron salir de la urbanización. Su hermana María Elizabeth fue quien llegó al hospital para estar con Brayan; por teléfono le contaba todo a la madre del muchacho. 

Los médicos le contaron que la bala había perforado completamente el intestino de Brayan y que su columna vertebral también estaba comprometida. Le dijeron que quedaría en sillas de ruedas y que sus necesidades fisiológicas las tendría que hacer en una bolsa. 

“A él lo operaron y le colocaron tripitas de plástico. Justo a las 2:08 de la madrugada que estaba en quirófano quedó dependiendo de una máquina, para mí fue en ese momento que murió. Sin embargo, nos decían que estaba estable”, comentó María Elizabeth. 

Marbelis llegó al amanecer. A su muchacho le tenían que hacer una segunda intervención a las  8 am, pero a las 11 am los doctores le avisaron que no habían podido hacer nada por su hijo.

Brayan Principal fue el primer menor de edad caído en una protesta de los 20 que se registraron durante 2017 y la segunda víctima del estado Lara.

“Dios sabe hacer sus cosas, como le digo a mi hermana. Dios no va a dejar a un niño sufriendo en este mundo, pasando trabajo. Iba a quedar en silla de ruedas, a orinar en una bolsita y hacer pupú. Era un niño activo que no dependía de nadie, muy inteligente para quedar así”, señaló la tía de Brayan al recordar al pequeño.

Las versiones

Al principio, el abuelo de Brayan declaró que habían sido funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los victimarios del joven. Pero poco después se descartó esta hipótesis.  

Las versiones que le daban a Marbelis era que el disparo había salido de Yucatán y hasta hablaron de la presencia de un vehículo, historia que se repetía en las declaraciones. Del otro lado, sin embargo, aseguraban que eran colectivos. 

Tras una investigación por parte del Ministerio Público y funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, se determinó que el proyectil que asesinó a Brayan Principal había salido del mismo urbanismo Alí Primera. 

Presuntamente, quien disparó fue Héctor Yohan Zapata Felice, conocido como “El Maracucho”, un mototaxista de 29 años de edad que describen como “mala conducta” y miembro de colectivos armados. El primer día de los hechos, las autoridades lo interrogaron, pero luego lo dejaron en libertad. Un mes después, entre el 20 y 23 de mayo, fue detenido por orden del Tribunal de Control 2 del estado Lara.

Varios testigos confirmaron que había sido él quien había jalado el gatillo. Las experticias de balísticas, acompañadas de otra serie de pruebas científicas, fueron usadas para privarlo de libertad y acusarlo por homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad. 

Por este caso también se libró una orden de captura contra Jairo Janer Rivas Rivas, líder de Las Sábilas, el urbanismo más peligroso de Barquisimeto, quien aunque no pertenecía a ningún colectivo, figuraba como cómplice por haber prestado el arma.

El día que Brayan falleció voceros del gobierno de Nicolás Maduro se hicieron eco de su asesinato; incluso fueron al sepelio y condenaron los hechos. Usaron la muerte del joven como bandera política: aseguraban que habían sido los manifestantes opositores quienes habían disparado. 

Desde la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, viajaron a Lara, escucharon a Marbelis y a otras víctimas a quienes iban a indemnizar. La madre de Brayan relató en aquel momento que, en medio de su dolor, tenía necesidades: una nevera, camas y un trabajo. Desde abril hasta junio de 2017 hubo contacto. Pero lo prometido quedó en el aire. Nadie la ayudó.

La  audiencia preliminar del caso ya se realizó y “El Maracucho” no admitió los hechos. El 24 de mayo fue detenido con orden de aprehensión del Ministerio Público, acordada en el Tribunal 2º de control del estado Lara, y el 10 de julio fue acusado de los delitos de homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad, por lo que fue recluido en la cárcel David Viloria.

La madre del acusado, quien reside en la torre 15 de Alí Primera, amenazó a Marbelis días antes de que se cumpliera un año de la muerte de Brayan. Le pidió que retirara la denuncia por las buenas o por las malas. 

Pero Marbelis dice no tener miedo. Lo único que pide es justicia y que el victimario pague por el crimen. “No fue un perro a quien mató, no fue un animal, fue a un ser humano, a un menor de edad, a un niño que tenía solamente 14 años y que no estaba en protestas”.

DDHH olvidados | “Seguimos exigiendo la libertad de Javier Tarazona porque es inocente”
El activista Javier Tarazona fue injustamente detenido el 2 de julio de 2021 junto a su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García en el estado Falcón 
El director general de Fundaredes ha cumplido un año en detención, a pesar de que distintas organizaciones de derechos humanos han pedido su liberación por su complicado estado de salud

@ValeriaPedicini

 

Las amenazas a Javier Tarazona empezaron mucho antes de su detención arbitraria. Como director de Fundaredes, organización que fundó hace más de 20 años, sabía el riesgo que corría cada vez que denunciaban la actuación de grupos armados irregulares en las fronteras venezolanas. 

No era extraño ver camionetas o patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) dando vueltas por su vivienda. Tampoco le pareció extraño cuando un día despertó y un vecino le avisó que le habían escrito “La Furia Bolivariana (La FB) XXXX” en su fachada. A eso se enfrentan los defensores de derechos humanos y activistas en Venezuela.

Cuando los enfrentamientos entre militares de la Fuerza Armada Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) explotaron en Apure, Fundaredes comenzó a documentar el conflicto. Testimonios de desplazados, militares desaparecidos. 

Pero Diosdado Cabello negó la presencia de guerrillas colombianas y amenazó a la organización: “Los vamos a combatir donde estén, se llame FundaRedes, se llame como se llame”.

Javier no se detuvo. El 30 de junio de 2021, se trasladó a Caracas a pedirle a la Fiscalía que investigara al exministro de Interior y exgobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, y a su esposa, Carola de Rodríguez, por tener vínculos con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su ONG había denunciado la existencia de «casas seguras» para la operatividad de los cabecillas del ELN y los disidentes de las FARC. El Estado lo sabía, los protegía y no hacía nada. Y Javier no se quedaba callado. 

«Hoy le estamos pidiendo al Ministerio Público que se le informe a la opinión pública nacional e internacional cuál es la relación que existe entre la agropecuaria Don Pío -otra presunta ‘casa segura’-, que es un registro mercantil venezolano perteneciente a Rodriguez Chacín», dijo frente a algunos periodistas. 

Al terminar la declaración, el activista se trasladó hasta Coro para dar unos talleres de derechos humanos. Iba con su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, miembro de Fundaredes. Durante la actividad, les avisaron que hombres armados estaban rondando la zona. Ellos salieron del lugar y lograron mantenerse a salvo por un par de horas. 

Poco sirvió que en 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le haya otorgado medidas cautelares de protección por considerar que estaba en riesgo. 

A la mañana siguiente, se dirigieron a la sede del Ministerio Público del estado Falcón para denunciar el hostigamiento de fuerzas de seguridad del Estado. También se encontraba Jhonny Romero, representante del «Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela» (mayday CONFAVIDF). 

A todos los detuvieron el 2 de julio de 2021. 

El inicio de las irregularidades

“A mi hermano y a Omar de Dios lo sacan de la fiscalía del estado Falcón donde se estaba pidiendo protección porque estábamos siendo víctimas de una acoso por parte de cuerpos policiales sin identificación desde el día primero de julio. En mi caso, yo me encontraba en la camioneta de mi hermano. A mí me detienen sin una orden judicial, sin la presencia de ningún fiscal”, cuenta Rafael Tarazona. 

Durante las siguientes 24 horas se conocía poco sobre el paradero de los activistas. Fueron víctimas, así como tantos otros, del delito de desaparición forzada. 

Alrededor de las 3:00 p.m del día siguiente, se supo que los activistas estaban siendo presentados ante el Tribunal de Terrorismo 3ro de Control a cargo de la juez Luisa Garrido. 

Rafael Tarazona explicó que habían sido trasladados a Caracas en una avioneta y luego los llevaron hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide. No se les permitió el acceso a los abogados de Foro Penal designados por ellos y les impusieron un defensor público.

“Nos llevan al Helicoide donde no hubo presencia de fiscal, no hubo presencia de nadie, ni siquiera de nuestros abogados, sino hasta el día siguiente es que nos llevan al Tribunal a la presentación donde nos imputan una serie de delitos”, dice. 

Los acusaron de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. El Tribunal dictó medida privativa de libertad y se estableció como centro de reclusión el ahora llamado “Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar”, conocido como “La Planta”. Sin embargo, los devolvieron a El Helicoide. 

Tarazona señala que estuvieron en investigación por 45 días que se extendieron hasta diciembre de 2021. Sin embargo, en octubre fue realizada una audiencia de presentación donde a Omar de Dios García y a él le quitaron una serie de delitos y  fueron excarcelados.

“Nos pasan a juicio con el delito de promoción e instigación al odio en grado de cómplices no necesarios. A mi hermano lo mantienen detenido con dos delitos: terrorismo e instigación al odio. Tanto a Omar como a mí nos dan una libertad bajo una medida cautelar el día 26 de octubre con prohibición de salida del país y presentación cada ocho días en el Tribunal de Control”

Deterioro en prisión

Distintas organizaciones de derechos humanos han alzado la voz por la liberación del activista Javier Tarazona. Sobre todo, por su detención injusta pese a presentar un delicado estado de salud.

Desconocemos las condiciones reales de reclusión en las que se encuentra nuestro director general quien, constantemente, presenta nuevas patologías que van deteriorando aceleradamente su estado de salud”, dijo la coordinadora del área de Documentación y Derechos Humanos de Fundaredes, Clara Ramírez.

“Debido a sus condiciones de reclusión a Javier Tarazona se le ha deteriorado su salud. Él tiene enfermedades base diagnosticadas previas a su detención, una de ellas arritmia cardiaca”, han explicado representantes de Fundaredes. Por sus condiciones de reclusión, han surgido nuevas patologías: psoriasis y neumonía -producto de haber tenido COVID-19-. 

Siguen esperando que sea evaluado por un especialista.

Javier tiene un deterioro de salud constante producto de la misma detención y esa es nuestra mayor preocupación. Su estado de salud es delicado. Mi hermano tiene unas patologías bases que día a día se ven más complicadas porque lamentablemente la detención que vive no es para ningún ser humano que de verdad no tiene ningún delito. Su delito es velar por los derechos humanos de los demás”; expresó su hermano Rafael. 

No es un delincuente

Al cumplirse un año de su detención, la organización Fundaredes pidió por la libertad plena de su director general Javier Tarazona. 

Seguimos esperando que el tribunal de juicio fije la fecha para que se dé la audiencia preliminar, la cual ha sido diferida en 13 oportunidades anteriores, por lo que nuestro llamado sigue siendo el mismo que hemos hecho desde el día 01, libertad plena para Javier Tarazona, su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García”, aseguró Clara Ramírez coordinadora de documentación y DDHH. 

Michelle Bachelet presentó una actualización oral sobre el caso de Venezuela en la que se mostró “preocupada por el enjuiciamiento de miembros de la ONG de Derechos Humanos Fundaredes; dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales”.

En 2021, tres presos políticos fallecieron bajo custodia del Estado Venezolano. Ramírez espera que Javier Tarazona no sea uno más de esta lista. “A Javier se le vulneran los derechos fundamentales que están afectando su salud física y emocional”

Durante la rueda de prensa, Teresa Sánchez, madre de Tarazona, expresó que desde que su hijo comenzó en Fundabriseta -como inicialmente se llamaba Fundaredes-, “lo que he visto es formación, amar al ser humano, porque eso es Javier Tarazona, no es ningún delincuente como pretenden hacerlo ver”. 

Afirmó que, de algún modo, ella también está presa al no poder tener a su hijo. “Mi petición es que lo miren con ojos de piedad y consideración, denle la libertad plena porque tanto Javier como su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García no son ningunos delincuentes”.

Rafael Tarazona explicó a Runrunes que ambos se siguen presentando ante el Tribunal de Juicio, aunque todavía no existe una fecha de juicio. “Básicamente seguimos detenidos, a pesar de que yo mantengo una libertad condicionada porque lamentablemente no se puede tapar con un dedo el sol o las realidades de lo que se vive en Venezuela”. 

Dijo que su hermano lo que ha hecho es promocionar la educación, defender los derechos humanos y haber sido voz de muchísimos venezolanos que han sufrido las calamidades de un Estado donde la vulneración de derechos es inminente. “Seguimos exigiendo la libertad de Javier porque Javier es inocente”. 

 

DDHH olvidados | “Yo era la carnada”
Juan Pedro Lares fue detenido arbitrariamente en 2017 por grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado. Estuvo 10 meses en El Helicoide

@ValeriaPedicini 

A Juan Pedro Lares, hijo de Omar Lares, alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, lo sacaron de su casa el 30 de julio de 2017. Ese día se llevaban a cabo las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. El muchacho de 24 años estaba dormido en su cuarto cuando grupos armados y funcionarios policiales irrumpieron en la residencia para llevarse a su padre tras amenazas que habían sido impuestas por el gobernador del estado, Alexis Ramírez, por su presunta “complicidad con la colocación de barricadas” en el municipio. 

El padre del joven logró huir; también su esposa y su hijo de 13 años, pero Juan Pedro quedó atrapado en el cerco y fue retenido “como un símbolo de chantaje”, así lo aseguró en esa oportunidad, su madre, Ramona Rangel.

 

«Eran las dos de la tarde, estábamos los cuatro, mi hijo de 13, Jesús Lara, mi hijo de 23 secuestrado, mi esposo Omar y mi persona. Escuchamos que golpeaban la puerta de manera brusca y le dije a mi hijo, ‘hijo, ¡coloque las trancas!‘. Rápidamente se escucharon detonaciones para romper el cilindro. Cuando mi cuñada Lourdes me dijo, ‘¡Ramona, está la guardia, salgan!‘. Entonces, salimos corriendo hacia la parte trasera de la casa. Vivimos en una casa colonial que comprende casi una cuadra de extensión detrás de la que hay un polideportivo, nos trepamos a los techos, pero mi hijo no pudo salir…», explica Ramona.

De acuerdo con su tía Liliana Rangel, los atacantes no lograron penetrar por la puerta principal, por lo que ingresaron por las ventanas de la residencia. Mientras trataban de escapar por atrás, Juan Pedro dejó adelantarse a su padre porque él no tenía orden de arresto.

“No te preocupes, no me van a hacer nada», reporta Liliana que dijo el joven, hasta que un helicóptero lo avistó en el techo de su casa y lo capturaron los miembros del Sebin.

Después de su aprehensión —la cual no constó de ninguna orden de captura emitida por un tribunal—, la madre decidió trasladarse desde la población merideña a Caracas, pues le aseguraron que su hijo se encontraba en El Helicoide. 

Durante varios días, nadie supo de su paradero y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro exigió su aparición, pero de acuerdo con su madre, fue la presión de la cancillería colombiana la que ayudó a que apareciera, una vez que El Universal de Caracas indicó que los presos políticos de la organización estudiantil Liberación 23 retenidos en el Helicoide confirmaron haberlo visto ingresar a la prisión.

 

En efecto, luego de 48 horas sin saber de su paradero, constató a través de abogados del Foro Penal Venezolano que al joven lo habían llevado a esta sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Juan pasó diez meses encerrado en El Helicoide sin orden judicial ni ser nunca transferido a un tribunal y fue liberado con la condición de pasar desapercibido por los medios de comunicación. El gobierno deseaba apresar a su padre y como no lo logró, mantuvo en calidad de secuestro a su hijo durante casi un año.

El joven contó a Provea que las condiciones de reclusión no eran nada fáciles. “Dormíamos en el piso, nunca teníamos agua para bañarnos, la comida no llegaba. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de mucha gente que nos llevó comida porque si no, estuviéramos en un estado crítico de salud. Sin embargo, cuando nos llevaban la comida los funcionarios se la comían. Luego del motín lo que nos enviaban nunca llegaba. Se vivieron momentos muy duros en ese lugar”

Explica que, en cuanto a la relación con los otros presos, uno solo compartía en las visitas, porque del resto eran las 24 horas confinados en la celda. “No salíamos para nada”. 

“Mi madre pudo ir dos o tres veces. En las dos primeras oportunidades, fueron solo 10 minutos y luego de ocho meses, pudo entrar mi tía por una hora y mi madre una hora. Esas fueron las únicas visitas que tuve en ese tiempo, de resto no pude ver a más nadie. De parte de abogados como nunca fui presentado ante tribunales, no tenía expediente abierto, no tenían un caso al cual defender. Estaba secuestrado por parte del Estado venezolano para que mi papá se entregara, yo era la carnada”. 

Juan Pedro también contó que durante su reclusión no fue maltratado físicamente, pero sí durante su detención.

 

«Los funcionarios del SEBIN me patearon, me golpearon con una pistola en el cuello, me amenazaron con matarme si no decía el paradero de mi papá, incluso me rociaron con gasolina y me decían que iban a prenderla si no les decía dónde estaba mi padre. Luego, me trasladaron a la sede del SEBIN en el estado Mérida y en ese lugar me dijeron que si no decía dónde estaba mi padre me iban a poner la” bolsa”, que es un método de tortura donde te tapan la cabeza con algún tipo de químico irritante como insecticida y te asfixies, también me amenazaron con electrocutarme”.

Explica que el 1 de junio, como a las 11:30 de la mañana, funcionarios llegaron a la celda donde se encontraba junto a otros presos y les informaron que irían a una sesión de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. 

“La primera condición fue que no pude salir como el resto de los presos, como estaba secuestrado y los medios se encontraban en la entrada del Helicoide, pues me indicaron que debía llamar a alguien que me fuera a buscar en algún vehículo para salir discretamente. La otra condición fue que no podía dar declaraciones a la prensa, ni proselitismo político. Nunca me entregaron una boleta de excarcelación”, agregó. 

DDHH olvidados | El fotógrafo Carlos Debíais García, detenido por volar un dron
El fotógrafo Carlos Debíais García fue detenido arbitrariamente y acusado de terrorismo por presuntamente haber sobrevolado con un dron la Refinería Amuay

@ValeriaPedicini 

 

Carlos Debíais García es fotógrafo. Y por eso, por volar un dron el viernes 12 de noviembre de 2021, fue detenido de forma arbitraria por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón. 

Lo último que supieron sus familiares fue por un mensaje que Carlos le había enviado a su prima a las 3:00 de la tarde desde Judibana. “Él tenía que buscar a una tía a eso de las 4 p.m., nunca llegó. A partir de ahí nos comenzamos a preocupar y empezamos a llamarlo”, expresa su prima Gabriela Galicia a Espacio Público. 

El joven estuvo desaparecido arbitrariamente desde esa hora hasta las 2:30 p.m del día siguiente cuando autoridades informaron sobre su paradero y que se encontraba bajo investigación. 

Sus familiares se enteraron de lo que estaba ocurriendo cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su vivienda sin orden judicial en horas de la noche y se llevaron equipos electrónicos, cámaras fotográficas y teléfonos celulares.

“No fue sino hasta las 10 de la noche que llegaron 4 camionetas del Dgcim, con aproximadamente 20 funcionarios. Ingresaron a la casa y se llevaron computadoras, memorias, herramientas, el celular de mi primo; se llevaron una cantidad de cosas que no nos daba tiempo de ver qué estaban agarrando”, dijo Galicia.

Tras el procedimiento, los funcionarios le pidieron la cédula a los miembros de la familia para levantar un acta sobre los equipos que estaban incautando. 

Luego del allanamiento, los familiares se trasladaron a la sede de la Dgcim en el estado Falcón para tener información sobre el paradero de Carlos, pero no recibieron ninguna respuesta. Al abogado tampoco lo dejaron pasar.

Acusado de terrorismo

Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del gobierno de Nicolás Maduro, ofreció declaraciones el sábado 13 de noviembre donde confirmó la detención del fotógrafo por sobrevolar con un dron la Refinería Amuay y ser parte de un plan contra algunas autoridades e infraestructuras estratégicas del Estado.   

“El día de ayer fue detenido el ciudadano Carlos Germán Debiais García con un vehículo pilotado a distancia; estaba haciendo vuelos en los alrededores de la refinería de Amuay, la GNB logró su aprehensión y estamos en plena investigación”, informaron a través de la cuenta oficial del ministerio en Twitter.

Sin embargo, los familiares del fotógrafo desmintieron estas acusaciones. Su hermana Nathali Debiais, en su cuenta de Instagram, publicó otra versión de los hechos: “Él no estaba volando un dron cerca de la refinería de Amuay como se dice, su error fue volar el dron cerca de la casa de un General y lo están usando para vender una historia distinta. Tampoco le han permitido hablar con su abogado. Lo único que sabemos es que lo trasladaron a Caracas ayer en la noche. Mi familia y yo estamos muy asustados por lo que pueda pasarle”, indicó.

Su prima Gabriela Galicia declaró que al momento de su captura se grababa la bahía de Amuay y recalcó que el dron que pilotaba -por tratarse de uno comercial- no le permitía grabar en zonas restringidas ya que se bloquea automáticamente, “así que no es posible que hiciera tomas de la refinería ni mucho menos”.

Carlos apenas tenía dos meses en el país, procedente de Bahamas, donde se encontraba trabajando, refirió El Pitazo. El joven se dedicaba a fotografiar paisajes. El día que mencionan como justificación para su detención buscaba información acerca de la zona petrolera por medio de la toma de fotos y videos sobre la zona de la refinería Amuay.

Según ha denunciado la ONG Espacio Público, su detención se traduce en una esta situación se traduce en una violación al ejercicio de la libertad de expresión.

El 15 de noviembre, el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo, a cargo de la juez Luisa Garrido, imputó al fotógrafo Carlos Debiais por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y violación del espacio aéreo.

Preso con boleta de excarcelación

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) informó el sábado 15 de abril que el fotógrafo Carlos Debíais García había recibido su boleta de excarcelación pero funcionarios todavía no lo habían dejado en libertad.

La organización explicaba que los familiares del fotógrafo piden que se haga justicia porque desde que le arrestaron se han visto diversas irregularidades como retardo procesal, desaparición forzosa, impedido de recibir visitas y continúa dentro del Rodeo II a pesar de ya poder salir de ahí.

Carlos Debíais, padre del detenido, aseguró que el director del penal no le concede la libertad a su hijo mientras no llegue un correo electrónico del Ministerio de Servicios Penitenciarios. “En eso estamos, mi hijo prácticamente está secuestrado. El llamado al Presidente de la República y al Fiscal General. Los familiares deseamos su pronta la libertad”.

El padre del fotógrafo explicó a Una Ventana a la Libertad que el joven no tiene antecedentes penales y fue detenido injustamente por tomar fotos de los espacios públicos para sus redes sociales, donde solo buscaba resaltar las bondades de la región.

La familia pide que se haga justicia y devuelvan la libertad del joven que es inocente de lo que se le acusa. “Es un hombre trabajador, padre de familia que necesita regresar a su casa”, dijo su padre.