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Cada semana se registran cinco feminicidios en Venezuela
La cifra la reporta la organización Utopix

137 feminicidios se cometieron en Venezuela durante el primer semestre de 2020. Así lo reportó la organización Utopix, en su informe semestral sobre la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en el país.

“Son múltiples y diversas las desigualdades y violencia que vivimos las mujeres y las niñas día tras día en todo el mundo, y Venezuela no escapa de esa realidad; este año 2020 los femicidios se han incrementado de manera alarmante, mostrando un aumento de 67 % con relación al año 2019”, explicó Utopix.

La organización destaca que los feminicidios en Venezuela pasaron de ser uno cada dos días a cinco por semana.

El mes con mayor violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes fue enero con 34 víctimas. El segundo fue abril con 24 casos registrados.

Feminicidios en cifras

En 54,01 % de los casos registrados de feminicidios en Venezuela las víctimas tenían entre 16 y 40 años. 48 feminicidios se cometieron con armas de fuego; 29 con armas blancas; 23 por asfixia mecánica y 21 por violencia física.

A tres de las víctimas las quemaron vivas. A una la ahogaron y siete mujeres fallecieron por violencia obstétrica. Otro de los feminicidios se cometió mediante envenenamiento.

De 182 feminicidas, 86 están presos, 25 se encuentran fugados, 12 se suicidaron tras cometer el crimen y 15 murieron en presuntos enfrentamientos.

27 % de los casos de feminicidios en Venezuela fueron cometidos por las parejas conyugales de las víctimas. 11 % por exparejas, mientras que en 13,33 % de los casos los perpetradores fueron familiares cercanos.

En 41 de los 137 casos registrados, los cuerpos de las víctimas fueron dejaron en vías públicas. En 11 casos hubo signos de violación y en otros 15 las víctimas fueron torturadas.

De Freitas: La corrupción de Maduro tiene ramificaciones en gran parte del mundo
Dijo que Petrocaribe otorgó más de 28 mil millones de dólares en “ayudas” a otros países

La Directora Ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, considera que el patrón de corrupción ejercido por el madurismo ha escalado a niveles inimaginables, que se ha convertido en el factor principal de la compleja crisis humanitaria que viven los venezolanos.

“No se trata solamente de un modelo político el responsable de la destrucción institucional, sino que ese modelo ha conformado un patrón de corrupción tan grande que se apropió del dinero publico a mansalva, sin ningún tipo de limites y con total impunidad”, afirmó De Freitas, quien sirvió de ponente en el marco del Foro “El impacto de la corrupción venezolana en el mundo”, organizado por la Embajada de Venezuela en Guatemala y su representante diplomática, María Teresa Romero.

Si bien, desde el año 2003 se viene desarrollando esta red de corrupción, con Maduro en el poder alcanzó su cenit y se expandió por muchas partes de mundo dejando importantes impactos como la migración, el financiamiento político a sus aliados, el lavado de dinero, el narcotráfico, el crimen organizado internacional, entre otros aspectos.

Para De Freitas el patrón de corrupción del madurismo resulta de la configuración de varios elementos muy complejos que desencadenan en un poderoso sistema autoritario de control, con el único objetivo de mantenerse en el poder a costa de las riquezas de todo un país. “Solamente con Petrocaribe el chavo-madurismo otorgó más de 28 mil millones de dólares en ‘ayudas’ a otros países, aliados políticos, para financiar elecciones y comprar voluntades. Lo mismo ocurre con el lavado de dinero y otros delitos en varias partes del mundo que configuraron una de las migraciones más grandes en la historia de la humanidad”, destacó.

Las ramificaciones de la corrupción sistémica y poderosa en Venezuela como consecuencia de la carencia de un estado de derecho y la violación sistemática de los derechos humanos es un tema infinito. Países como Cuba, Rusia, China y los nuevos aliados Irán y Turquía no disponen de cifras públicas para cuantificar el tamaño de la “gran corrupción” a nivel internacional.

Hoy Venezuela esta en el ultimo lugar de América en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y entre los últimos 10 del mundo, lo que evidencia, en gran medida, los poderosos tentáculos que ha creado el régimen madurista con el uso de los bienes públicos.

El caso Saab

Una vez que el empresario colombiano Alex Saab fue detenido por la Interpol en Cabo Verde, comenzaron las especulaciones sobre las poderosas redes de corrupción que manejaba en diferentes países del mundo. México, Irán y Rusia eran sus destinos más comunes. No en vano, Saab manejó a su antojo y en la oscuridad, millones de dólares del erario publico venezolano, y al final el propio canciller del régimen lo protegió como “agente del estado”.

De Freitas fue enfática en señalar la importancia de la extradición del colombiano a los Estados Unidos. “Este personaje logró establecer todo un entramado de empresas con conexiones en muchas partes del mundo, con más de 700 personas involucradas en los casos de corrupción en los cueles fue partícipe”. Indicó.

Pero es que a Saab también se le señala de ser el poder corruptor para comprar diputados opositores, infiltrar partidos políticos y espiar para Maduro. Sin embargo; el mayor escándalo lo vinculan con su círculo íntimo: el propio Maduro, Cilia Flores, Alvaro Pulido, José Gregorio Vielma Mora y Tareck El Aissami como la poderosa red de crimen organizado, de corrupción y crimen organizado.

DDHH olvidados | Dexy González todavía no ha encontrado justicia
Dexy González todavía no ha encontrado justicia, pero no pierde la esperanza. Viaja a Caracas cada 15 días para ver al fiscal nacional que lleva el caso.

@ValeriaPedicini

Dexy González no tenía razones para pensar que ese 10 de julio de 2017 sería un día doloroso. No había motivos para sospechar que todo en su vida cambiaría para siempre. El presentimiento de madre, ese que manda alertas cuando algo no marcha bien, no estuvo. 

Fue lo contrario: era una mañana alegre, la felicidad la embargaba. A final de mes su hijo Rubén Darío se convertiría en bachiller en ciencias de la República y se alistaba para ir al liceo para dar por concluidos sus años de colegial. “Hoy es el último de clase”, le dijo a su madre y a su hermana. El joven de 16 años se bañó y, para hacer honor a la importante ocasión, Dexy le planchó el uniforme. 

Cuando salió del baño, ella lo abrazó tiernamente por la espalda. 

—¿Qué te pasa, mamá?

—¡Ah pues!, ¿no puedo besar a mi niño?—, le dijo de forma juguetona.

Rubén Darío fue y regresó del colegio.  “¡Mamá, nos graduamos! ¿Viste que sí lo logramos?”. Tenía pensado volver a salir, así que se vistió con ropa más cómoda, agarró su bolso y notificó que iría a su práctica de boxeo. 

Horas después, mientras Dexy González  estaba lavando, un familiar llegó a su casa a avisarle que su hijo estaba herido en la Clínica Elhoím, en la ciudad de Valencia del estado Carabobo. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Inmediatamente se puso en movimiento. Se comunicó con el mayor de sus hijos, bombero que trabajaba en Protección Civil, para que se adelantara y pudiera llegar primero. Llenó un bolso de sábanas y salió de casa.

Dexy recuerda que la calle parecía una guerra campal, había plomo por todos lados y varias entradas de la zona estaban bloqueadas con objetos que manifestantes habían dejado en la vía. 

En ese momento ya intuía lo que iba a descubrir cuando llegara al centro de salud, pero se aferraba a la idea de que pudiera estar equivocada. Comprendió que todo había terminado cuando vio a su hijo mayor Ronald. “Mamá, no puede hacer nada por mi hermano, me lo mataron”. 

Dexy se tiró al piso, lloró y gritó. Su hijo le pedía que se levantara porque no era buena idea quedarse en medio de disparos de cuerpos de seguridad del Estado, pero ella no lo escuchaba. “‘A mí no me importa, ya me mataron. Ya me mataron a mi niño, ya me mataron”, le contestó. 

Una bala le apagó la vida a Rubén Darío González, de 16 años, a menos de dos meses de cumplir los 17. Recibió un disparo por arma de fuego en el tórax que entró por el lado derecho y salió por el izquierdo. Aunque lo llevaron a la policlínica, ya no había más que hacer: llegó sin vida.

Testigos aseguraron que el proyectil que impactó y le quitó la vida a Rubén Darío provenía de donde se encontraban funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimiendo a los manifestantes en la urbanización La Isabelica. 

Fue ahí a donde realmente el joven se dirigió cuando le dijo a Dexy que iría a su práctica de boxeo. “Él iba a las protestas pero escondido de mí”. En el sector ubicado en la parroquia Rafael Urdaneta del estado Carabobo se desarrollaba un “trancazo”, en el marco de las protestas callejeras que habían iniciado en abril de 2017. 

Los venezolanos se volcaron a las calles en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera dos sentencias que le arrebataron los poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Las protestas se extendieron hasta por cuatro meses. 

Marchas se convirtieron en sinónimo de represión y la fuerza de los efectivos de seguridad del Estado se tradujo en muertes. Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las protestas de hace tres años. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público. 

Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio, mes en el que murió Rubén Darío, comenzaron a tratar heridas de bala. 

Ese 10 de julio no había presentimiento alguno de que algo saldría mal, pero viéndolo todo en retrospectiva, Dexy recuerda detalles que parecieran darle cuenta de una despedida que no advirtió. Esa mañana, antes que todo ocurriera, sigue en su mente como un momento especial con Rubén Darío. “Ese día fue mágico. Ese día… se me iba”.

Un plan que no pudo ser

Rubén Darío era el tercero de los hijos de Dexy González. Lo sacó adelante sola. Trató de que su hijo se dedicara a estudiar, pero él dedicaba sus horas libres de las mañanas antes de ir a clases para ayudar a un herrero que tenía un taller cerca de casa. No le importaba mucho cuánto le pagaran, lo que le interesaba era aprender.

En casa de Dexy González y su familia, el hambre hacía de las suyas. No fueron pocas las veces que el joven se iba a clases sin comer. “Muchas veces amanecía y yo no tenía nada para la comida. Eso me dolía mucho, me quedaba acostada, deprimida totalmente”, cuenta Dexy. Era Rubén quien la empujaba a seguir.

Para hacer frente a la situación que vivían, en abril le había pedido a su madre que vendieran todo y emigraran a Colombia donde unos familiares los podían recibir. Dexy, con la idea de que una decisión así no se podía tomar a la ligera, le dijo a Rubén que esperarían hasta julio cuando se graduara de bachiller. 

Pero la vida tenía otros planes para ellos. 

Dexy fue al entierro, pero confiesa que no pudo ver cuando estaban sepultando el cuerpo de su hijo. Se despidió de él, molesta por lo que había hecho. Le expresó que no lo defendería porque él se había buscado lo que le había pasado. “No te voy a llorar más, le dije. Mentira, todos los días yo lloro a mi hijo”.

A la semana de la muerte de Rubén Darío, Dexy González hizo la denuncia formal y el Ministerio Público inició la investigación correspondiente. Trabajó de cerca con la fiscal que lleva el caso: buscó los testigos, documentos, grabó un CD para limpiar su nombre. Meses después le cambiaron el fiscal y el caso se paralizó y quedó estancado. Hasta la fecha no ha sido identificado, detenido o sancionado ningún responsable.

A Rubén Darío le fue vulnerado su derecho a la vida y su derecho a la manifestación pacífica. Además, su caso representa un ejemplo a las violaciones al debido proceso y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. 

La justicia es algo que anhela, no solo para su hijo, sino para los otros jóvenes que murieron en las protestas. “La justicia para mí significa que no solo pague el que me lo mató, el guardiecita ese que le disparó a mi hijo. No. Que paguen todos porque Rubén tenía metas, tenía una vida por delante, él era mi futuro. Y así como mi hijo escuchas las historias de los otros muchachos y todos eran especiales, deportistas, estudiantes, ¡la juventud de este país!”.

Dexy González todavía no ha encontrado justicia, pero no pierde la esperanza. Viaja a Caracas cada 15 días para ver al fiscal nacional que lleva el caso. No ha podido cumplir con las palabras que le dijo a su hijo frente a su ataúd: no ha dejado de luchar para que la muerte de Rubén Darío no quede impune.

N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace

DDHH olvidados

DDHH olvidados | “Mi hermano me dice que está muerto en vida”

 

Pueblos indígenas en Venezuela pierden su derecho al voto secreto y directo
Ahora los representantes a la AN serán elegidos por integrantes de las comunidades indígenas, por medio de asambleas comunitarias 

Los pueblos indígenas volverán a ser ciudadanos de segunda, porque el próximo 6 de diciembre no podrán elegir a sus representantes a la Asamblea Nacional (AN) de la misma manera que el resto de los 19 millones de venezolanos habilitados para votar. Esto gracias a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cambiar el sistema electoral para escoger a los representantes de los pueblos originarios ante el Parlamento.

En el Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020, contenido en la resolución n.° 200630-0024 del 30 de junio de 2020 se aprobó un procedimiento especial que incorpora un conjunto de medidas novedosas pero imprecisas para la elección de los diputados indígenas en las parlamentarias, y cuyo contenido vulnera lo establecido en Constitución.

La Carta Magna de 1999 estableció una representación mínima para los pueblos originarios en las esferas políticas nacional, estadal y local como parte de su derecho a la participación política. En el caso del Parlamento Nacional, el texto fundamental fijó en tres los diputados que corresponden a las distintas etnias y ordena que sean elegidos «respetando sus tradiciones y costumbres».

Para ejercer este derecho político, la Constitución, en su Disposición Transitoria Séptima, prevé unas normas y principios. Fija requisitos para la postulación de las candidaturas, así como la definición de las circunscripciones electorales; sobre todo, establece que la selección se debe realizar mediante el voto directo, pues indica que los nominados «estarán en el tarjetón de su respectivo Estado o circunscripción y todos los electores y electoras de ese Estado podrán votarlos o votarlas». Esas condiciones fueron posteriormente desarrolladas en 2009, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

Sin embargo, el nuevo reglamento especial obvia estos lineamientos y fija un peculiar y complejo sistema electoral que no garantiza la participación política del pueblo indígena. Asimismo, a partir de esa reglamentación, el CNE se convierte en un «legislador», usurpando las funciones exclusivas de la AN con el aval de la Sala Constitucional, gracias a su decisión 068 del 5 de junio, en la cual le ordenó establecer «un sistema de elección de los representantes indígenas en consonancia con los usos y costumbres ancestrales de estas comunidades».

Sin voto directo

El reglamento pauta que los representantes indígenas a la AN serán elegidos única y exclusivamente por los integrantes de las comunidades indígenas, por medio de asambleas comunitarias por cada población. De hecho, el artículo 16, concretamente indica lo siguiente:

«Las Asambleas Generales como espacios de participación libre y directa, estarán conformadas por los voceros y voceras electos y electas del seno de los pueblos y comunidades indígenas de las Asambleas Comunitarias. Se conformará una Asamblea General por cada entidad federal de la Circunscripción Indígena. Los voceros y voceras reunidos en Asambleas Generales, tendrán la potestad de elegir en total un Diputado o Diputada como Representación a la Asamblea Nacional por los Pueblos y Comunidades Indígenas, por región».

Esta disposición viola el derecho al sufragio de los miembros de los pueblos originarios, pero también dos principios fundamentales de la Carta Magna. El primero, contenido en el artículo 5, el cual establece que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público», y el segundo en el artículo 6, que estipula: «El gobiernode la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables».

El CNE no define en el mencionado reglamento especial cómo se elegirán los voceros que participarán en las «asambleas generales», pues deja esta regulación a manos de otro instrumento normativo denominado Manual de Funcionamiento de las Asambleas Comunitarias (artículo 11), sin indicarse, por cierto, quién lo aprobará, pese a que solo faltan cuatro meses para la celebración de las parlamentarias.

El sistema diseñado por el árbitro electoral configura, sin lugar a dudas, una elección de segundo grado o indirecta, que es incompatible con el carácter universal y democrático del sufragio contemplado en el artículo 63 constitucional. Para Acceso a la Justicia, el reglamento especial aprobado por el CNE exprés atenta contra la libertad política del cuerpo electoral indígena, al imponer restricciones a su capacidad electoral, luego de excluirlo de la calidad de elector para elegir directamente a sus autoridades representativas a la AN.

A mano alzada

Por su parte, el artículo 17 del texto indica que la forma de votación para la designación de los voceros se realizará a mano alzada, y se sujetará a lo dispuesto en el Manual de Funcionamiento de las Asambleas Generales para la designación de los Voceros y Voceras para la Elección de los Diputados y Diputadas de la Representación Indígena a la Asamblea Nacional 2020. Esta disposición viola una de las condiciones del sufragio: el secreto del mismo.

El voto secreto es una conquista de la democracia que significa que el elector emite su voto sin que ninguna persona pueda conocer su preferencia electoral, pero, tal como aparece dispuesto la manera de escogencia de los delegados, que a su vez designarán los representantes de los pueblos indígenas a la AN, realmente no se impide que se conozca el contenido del voto de los electores, lo que puede generar un gran temor, y más aún después de la experiencia que se vivió en el país con las listas Tascón y Maisanta en el revocatorio presidencial de 2004.

No estando recogido en las normas dictadas por el CNE el carácter del secreto del sufragio, no hace más que poner en peligro la libertad del cuerpo electoral indígena para votar o no, dado que los electores podrían estar sujetos a algún tipo de coacción física o psicológica para que las personas escojan a determinados candidatos, configurándose otra flagrante violación al derecho de libertad del sufragio contenido en el artículo 63 constitucional.

Cambiando las reglas a mitad del juego

Por si lo anterior no fuera suficiente, el CNE con su reglamento desconoce la prohibición constitucional de modificar la normativa electoral seis meses antes de la celebración de unos comicios (artículo 298), una situación que está muy lejos de garantizar la estabilidad, seguridad jurídica, transparencia y confiabilidad, principios democráticos que demanda toda elección.

Este incumplimiento puede dar lugar a la manipulación del sistema electoral indígena y, por ende, a la del resultado final de la votación, sobre todo cuando la escogencia de la representación indígena a la AN se llevará a cabo mediante un procedimiento y cronograma electoral paralelo y distinto del resto de la elección de los representantes parlamentarios, lo cual es evidentemente excluyente, discriminatorio y, por supuesto, contrario a la Constitución y los estándares internacionales para elecciones auténticas, libres y justas.

Excediéndose de las disposiciones constitucionales, el CNE adopta unas medidas que buscan desconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como parte de la política del régimen de Nicolás Maduro impuesta luego de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015.

72.517 personas venezolanas retornadas no tienen garantizados derechos
La mayoría proviene de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú

Sanidad, agua y gas doméstico son algunas de las necesidades insatisfechas de 72.517 personas venezolanas retornadas al país por la contingencia sanitaria causada por la COVID-19.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), indicó en su último informe que el impacto humanitario seguirá en aumento si no se fortalece el entorno de protección.

La OCHA señaló que para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad se deben elaborar lineamientos nacionales para la detección y atención de la COVID-19 en personas venezolanas retornadas, lo cual incluye la prevención de infecciones en espacios de alojamiento temporal.

También destacó la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta y atención que ofrecen los Puntos de Atención Social Integral en los estados fronterizos (PASI).

Hasta el 31 de julio las autoridades confirmaron 17.859 casos de COVID-19 en Venezuela. La OCHA manifestó la necesidad de apoyar la capacidad operativa de los establecimientos de salud, con un suministro continuo de medicamentos e insumos, al igual que de los servicios esenciales.

La Oficina aseguró que al 11 de julio existían 212 casos de coronavirus entre el personal del sector salud. La limitada disponibilidad de equipos de protección personal así como la negligencia y prácticas no sanitarias figuran como posibles causas de los contagios.

La implementación de procesos educativos para la transferencia de conocimiento es imprescindible para asegurar el fortalecimiento de capacidades en el personal sanitario y garantizar una mayor tasa de recuperados.

Casos locales en alza

OCHA destaca que las personas venezolanas retornadas en el marco de la pandemia son las que requieren mayor atención humanitaria. Entre ellos quienes provienen de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Sin embargo, la OCHA advirtió que no se deben descuidar los casos comunitarios.

El informe indicó que para el mes de julio 5.450 de todos los casos habían sido importados al país. Esto representa un cambio en la tendencia de tipos de contagio. Ahora el número de casos de transmisión comunitaria representa 67 % del total de casos (11.121).

Las recomendaciones de la OCHA se rigen por el el Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades Humanitarias 2020 para Venezuela, que tiene por objeto proporcionar asistencia humanitaria a 4,5 millones de venezolanos y venezolanas en situación de mayor vulnerabilidad.

El Plan tiene tres objetivos estratégicos: prestar asistencia de emergencia para salvar vidas; asegurar los medios de vida mediante un mejor acceso a los servicios básicos; y garantizar la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Los que no se rinden | Kapé Kapé: La Constitución de 1999 es letra muerta
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Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales
“La grave crisis económica y el Decreto de Explotación del Arco Minero aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras”, advierte Armando Obdola
Al sur de Venezuela, decenas de indígenas han muerto por la minería desenfrenada y 1.200 personas han sido desplazadas forzosamente de sus territorios ancestrales

@nelapalaciosr

La asociación civil Kapé Kapé  se ha convertido un símbolo de libertad y de la lucha por la democracia y los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Estado Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas desde su fundación, el 28 de julio de 2005.

Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales, que se han convertido en el escenario de uno de los peores ecocidios registrados en Latinoamérica y en territorios sin ley controlados por bandas criminales y fuerzas irregulares que imponen su poder y roban riquezas patrimoniales al pueblo venezolano día tras día, bajo la fuerza de las armas.

Armando Obdola, presidente de Kapé Kapé, rechaza el nuevo reglamento del Concejo Nacional Electoral por considerar que viola los derechos políticos de los pueblos indígenas y representa un enorme retroceso a los avances alcanzados por ellos.

Tras la ampliación de la superficie de extracción de oro, diamantes, coltán y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco, una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y en la que residen más de 50.000 venezolanos de 197 comunidades indígenas, este líder indígena está especialmente preocupado por la voracidad minera que se ha desatado en esas tierras y lo que eso supone para el futuro de las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami, piaroa y jivi, entre otras.

No es para menos: más de 20 indígenas han muerto en medio de la actividad minera desenfrenada en los últimos 2 años.

El informe sobre el Arco Minero del Orinoco presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, Michelle Bachelet , advierte sobre graves violaciones en esa zona: desde explotación laboral, sexual e infantil, asesinatos y mutilaciones, hasta el aumento de enfermedades, daño ambiental y grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que disparó las tasas de homicidios a registros récord en 2019, como las de los municipios Caroní y Heres (97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente).

¿Qué opina del nuevo reglamento del Consejo Nacional Electoral (CNE) que elimina el voto directo a los indígenas en Venezuela?

Es violatorio de las normas legales vigentes en Venezuela con relación a los pueblos y comunidades indígenas, puesto que establece un sistema de elección mediante asambleas populares, lo que vendría siendo una elección de segundo grado, lo cual no está previsto en las leyes venezolanas vigentes. Además, la Organización Socialista Bolivariana Unida (Osibu) desmintió que 320 comunidades y 18 organizaciones indígenas regionales y nacionales habían sido consultadas para la modificación de la elección de los representantes indígenas en la Asamblea Nacional.

Los 8 pueblos que hacen vida en el municipio Sucre realizaron una asamblea en la que decidieron que no participarían en las elecciones parlamentarias. A las comunidades indígenas no se les tomó en cuenta para la elaboración de este reglamento y esto también viola la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas en sus artículos: 11, 63, 64 y 65.

Este Reglamento Especial reduce considerablemente la representación indígena en la Asamblea Nacional para las próximas elecciones parlamentarias e impone a los pueblos originarios a unas votaciones de segundo grado, con una Asamblea General a Mano Alzada con observadores del Consejo Nacional Electoral, en medio del peligro latente de la pandemia de la COVID-19. Esto representa un enorme retraso a los derechos alcanzados por nuestros pueblos indígenas.

¿Cuantos indígenas han muerto hasta ahora en el Arco Minero del Orinoco?

Más de 20 indígenas han muerto en los últimos dos años en hechos vinculados con la minería. Actualmente existe una situación crítica de caos e invasión en los territorios indígenas con actividades mineras, como el caso de los municipios Sifontes y Gran Sabana.

Se exhorta al Estado venezolano a que asuma el control garantizando el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, a través de la consulta previa, pues hasta ahora ha actuado contraviniendo estos principios con la entrega en concesión de territorios a empresas trasnacionales, como es el caso de los 111.000 km² de territorios indígenas que hoy son intervenidos en el estado Bolívar a través del Arco Minero del Orinoco.

Al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Otra zona de importante riqueza natural es la de Ikabarú, ubicada en el Municipio Gran Sabana, entre los estados Bolívar y Amazonas, actualmente sus comunidades indígenas están invadidas por minas ilegales de oro.

Al menos un centenar de comunidades indígenas de la entidad se han visto forzadas a dejar su estilo de vida, para incluso participar en las actividades mineras, como modo de subsistencia ante la nueva dinámica social y comercial impuesta en sus espacios de origen.

Tanto mineros no indígenas como indígenas, coinciden en que son extorsionados por las bandas ilegales que se han adueñado del negocio minero, con la participación de los cuerpos de seguridad y resguardo apostados en estas zonas (como Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, Guardia Nacional Bolivariana GNB y Policía del Estado Bolívar PEB). Algunos de los casos emblemáticos de muertes de indígenas vinculadas a la actividad minera que ha registrado nuestra asociación son los siguientes:

  • Marzo 2018. San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar. Asesinato del indígena Oscar Mella.

  • Agosto 2018. Comunidades indígenas de Maripa denunciaron el asesinato del líder indígena del pueblo jivi Misael Ramírez. El hecho habría ocurrido en medio de un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño del estado Bolívar. También falleció el hijo del capitán, Milson Dorangel Rondón Reina, de 18 años, así como otras 4 personas que no fueron identificadas.

  • Septiembre 2018. En el municipio Gran Sábana, fue asesinado el comandante de la Guardia Territorial Pemón, José Vásquez, quien había logrado mantener la seguridad en territorios indígenas de la delincuencia.

  • Noviembre 2018. 4 indígenas de la etnia piaroa murieron tapiados luego que ocurriera un derrumbe de tierra en la mina Cacique, localizada en el Parque Nacional Yapacana, del municipio Atabapo en Amazonas.

  • Diciembre 2018. Un indígena pemón fallecido y una veintena de heridos fue el resultado de un operativo de funcionarios del DGCIM en el Parque Nacional Canaima.

  • Febrero 2019. La indígena Zoraida Rodríguez fue asesinada y por lo menos otros 15 miembros de su comunidad resultaron heridos tras la arremetida de un convoy de la Guardia Nacional a esta comunidad pemón del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar. Luego del incidente, otras 7 personas fallecieron producto de las lesiones que recibieron en este ataque, la última de ellas fue el indígena pemón, Onésimo Fernández.

En Kumarakapay también fueron asesinados Rolando García y Kliber Pérez, los dos últimos guías turísticos del tepuy Roraima, una de las maravillas naturales del sur de Bolívar. Este incidente tuvo otras consecuencias como la migración forzada de cientos de indígenas quienes huyeron por amedrentamiento de los cuerpos de seguridad. Reportándose unos 1200 desplazados forzosos, cifras semejantes a las reportadas por ACNUR.

  • Mayo 2019. El 26 de mayo fue asesinado Eduardo Garrido, indígena del pueblo kurripaco y Capitán de la Comunidad Puerto Montaña Fría, ubicada en la parroquia Platanillal, en el eje carretero sur.

  • Junio 2019. Nelson Pérez, capitán general de las comunidades indígenas de la etnia jivi de El Silencio, denunció la desaparición de 2 de sus líderes indígenas del municipio Sucre de Bolívar.

  • Noviembre 2019. Habitantes del sector minero de Ikabaru denunciaron una nueva masacre, con un saldo de 6 fallecidos confirmados por los cuerpos de seguridad.

Aunque la explotación minera tiene una historia de más de 50 años en el país, la grave crisis económica de los últimos años y el Decreto de Explotación del Arco Minero del Orinoco aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras.

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

Considero que durante este gobierno se ha marcado una violación invalorable de los DDHH, trayendo como resultado una Impunidad marcada en todos los sectores.

¿Estamos hoy mejor o peor que en 1999? ¿Por qué la constitución de 1999 se nos ha convertido en letra muerta en tantos aspectos?

La situación de los DDHH ha empeorado mucho a pesar que desde el inicio se hicieron las bases legales para el respeto de los derechos. Por lo tanto, siempre ha sido Ley muerta.

El coronavirus ya llegó a las comunidades indígenas del país. ¿Cómo podría protegerse mejor a estos pueblos durante la pandemia?

Desde el 16 de marzo el país se encuentra en una cuarentena social ordenada por el Ejecutivo Nacional para contener la propagación del Covid-19. Desde las primeras semanas del decreto, las comunidades indígenas del país comenzaron a ver las consecuencias.

En el caso de Bolívar, donde las comunidades indígenas se caracterizan por la movilización constante entre centros poblados para el comercio de artículos tradicionales o el abastecimiento, poco a poco comenzaron a verse restringidos principalmente por la falta de gasolina para retornar a sus comunidades; y así la cuarentena social se fue convirtiendo en sinónimo de falta de dinero y comida. Muchos se quedaron varados en otros centros poblados en medio del decreto.

Con el avance de la cuarentena y el cierre de frontera, en Amazonas comenzaron a notarse los efectos en el abastecimiento, con su consecuente aumento de precios, toda vez que vendedores formales y los “bachaqueros” comenzaron a tener problemas para surtirse de productos en Casuarito o en Puerto Carreño.

Los habitantes del Bajo Delta se enfrentan a la instalación de puestos de la GNB que tienen tomado el paso fluvial, lo que les niega la posibilidad de salir a Tucupita para abastecerse de alimentos.

En el caso de las comunidades indígenas del Delta, Bolívar y Amazonas la escasez de combustible ha significado la imposibilidad de salir a vender y comprar insumos, poniendo en riesgo mayor la situación alimentaria y sanitaria en el interior de las comunidades.

Las infecciones respiratorias se propagan rápidamente entre los pueblos indígenas debido a que las condiciones de salud, generalmente, son peores que las de la población no indígena.

La convivencia en viviendas multifamiliares y la falta de agua, sumadas a la inexistencia de campañas de información, aumentaron los riesgos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha advertido que los pueblos indígenas ya experimentan un acceso deficiente a la atención sanitaria, tasas significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

A eso se suma la falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas clave, como agua limpia, jabón, desinfectante, etc. Asimismo, la mayoría de las instalaciones médicas locales cercanas, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal.

Le agradezco ahora tres mensajes claves. Uno dirigido al madurismo gobernante y las FANB. Otro dirigido al liderazgo opositor. Y otro al pueblo venezolano, al ciudadano de a pie que hoy apenas si tiene fuerza y energía para resolver el día de su familia.

A los gobernantes y a la FANB les diría que recuerden que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Al liderazgo opositor le diría que reconozcan que por su hambre de poder terminaron muchos arrodillándose ante el gobierno. Y al pueblo venezolano le diría que debemos seguir teniendo esperanza que pronto Venezuela será libre y mucha fortaleza.

Testigos de una destrucción progresiva


¿Cómo y cuándo nace la asociación civil Kapé Kapé?

Nace con el propósito de generar respuestas antes las constantes violaciones de los DDHH de los pueblos indígenas, el 28 de Julio del 2005.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer esta Kapé Kapé y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno desde entonces hasta ahora?

En el 2005 estábamos en la segunda fase del mandato de Hugo Chávez. Las comunidades indígenas comienzan el proceso de destrucción a través de la minería ilegal.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

Kapé Kapé realiza trabajos en materia de derechos humanos, así como en actividades en el area social, cultural, educativa y deportiva.

¿Qué servicios ofrece?

Capacitación, foros, charlas, denuncias, asistencia jurídica y socio cultural.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En Kapé Kapé somos 18 en total

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Organizaciones indígenas nacionales e internacionales, organizaciones de DDHH nacionales e internacionales.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

Salud, transporte y educación.

¿En qué zonas operan actualmente?

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia


¿Cómo pueden ayudar a Kapé Kapé las personas que estén interesadas en hacerlo?

Participando, difundiendo y acompañando a la organización en cada uno de las actividades.

¿Cuáles son los mayores retos y mayores amenazas de Kapé Kapé en la actualidad?

La situación de pandemia y enfermedades endémicas; la problemática de la escasez de gasolina y la deficiencia de los servicios públicos son nuestros principales retos. Y la presencia de grupos irregulares en las zonas de trabajo y la situación política actual del país, son nuestras principales amenazas.

Compártanos los casos emblemáticos del trabajo que han realizado en esta organización desde su fundación.

El caso Kumarakapay es el que podría destacar. Fuimos los primeros en lograr llevar medicinas luego de la masacre militar. En la madrugada del viernes 22 de febrero, la Guardia Territorial Pemón del municipio Gran Sabana de Bolívar, impidió el paso de convoyes del Ejército.

Los indígenas se negaron porque, para ellos, los militares iban a impedir la operación de acceso de la ayuda humanitaria. Después de un forcejeo, los militares dispararon para dispersar la concentración en la que, se aupaba a Juan Guaidó como presidente interino.

La balacera terminó con 16 pemones heridos, la mayoría fueron trasladados a Boa Vista. Al día siguiente las personas tenían temor salir a las calles. Se produjeron allanamientos ilegales a casas y comunidades indígenas.

Entre ese primer día y los venideros, se contabilizaron 8 asesinatos, 43 heridas y más de 60 detenciones arbitrarias. 4 de ellas a menores de edad. Ninguna de estas detenciones era de los militares que habían disparado contra los pemones de Kumarakapay.

Los funcionarios de la GNB en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, aún no hay detenidos por el asesinato de esas personas. Tras estos incidentes, líderes indígenas y particulares se movilizaron hasta Brasil en busca de resguardo ante la militarización y amedrentamientos de la GNB. Actualmente la comunidad permanece vacía por la secuela que dejó esa incursión armada de funcionarios del Estado venezolano.

Los que no se rinden

Los que no se rinden | Medianálisis: El sistema mediático en Venezuela se ha empequeñecido y desaparecido en buena medida

 

OVP advierte que la COVID-19 llegó a los calabozos policiales
Según el OVP, la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, confirmó los primeros dos casos en la entidad

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la COVID-19 llegó a calabozos policiales en los estados Lara, Táchira, Miranda y Nueva Esparta.

De acuerdo con el monitoreo del OVP, serían 49 casos de COVID-19 confirmados en calabozos policiales, distribuidos así: 

2 en Lara

2 en Miranda

9 en Táchira

36 en Nueva Esparta

El OVP presentó este informe de acuerdo a un monitoreo efectuado a través de medios de comunicación o redes sociales de autoridades gubernamentales.

Según el texto, la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, confirmó los primeros dos casos. El primero se dio a conocer el 26 de junio, se trata de un hombre de 34 años de edad que resultó detenido el 18 de junio por la policía estadal, en la parroquia Tintotero del municipio Jiménez, por presunto contrabando de cigarrillos.

 

Asimismo, el 29 de junio confirmaron el resultado positivo de un hombre de 35 años, aprehendido el 19 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por presunto contrabando de sustancias estupefacientes.

Al respecto del caso anterior, tuvo contacto con otros detenidos en el Destacamento 122 de la Guardia Nacional de Carora, según Edgar Carrasco, alcalde del municipio Torres, quien aseguró que tomaron las medidas pertinentes.

Por su parte, Wisely Álvarez alcaldesa del municipio Guaicaipuro de Miranda, confirmó dos casos positivos de COVID-19 en la sede del Cicpc en Los Teques.

A su vez, el protector de Nueva Esparta, Dante Rivas, informó que el 25 de julio las pruebas PCR que aplicaron a 35 presos dieron positivo para COVID-19. Rivas anunció un caso el día anterior, pero después dijo que eran 36 contagiados en los calabozos policiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Migración y pandemia en el imaginario de los niños
Menores de edad cuentan como es la vida del venezolano en 2020

El sol es inclemente en ese lugar donde el asfalto se convirtió en polvo. En un ambiente desértico destaca el revoloteo de un grupo de niños y niñas que juegan inocentemente.

Una niña espera sobre un risco de tierra que se impone cerca de su casa hecha de latón. 

Dice que no ha comido. Los alimentos vendrán más tarde, si sus padres tuvieron un buen día en los trabajos precarios que tienen en el comercio informal.

Ella dice que extraña su casa, en Caracas. La pequeña y su familia migraron hacia el sector Pinto Salinas, en San Antonio, estado Táchira, hace más de cinco meses en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Los planes de cruzar hacia Colombia quedaron en suspenso. Permanecen en el lado venezolano de la frontera a la espera de que la pandemia amaine.

Los recuerdos, deseos y sentimientos de la pequeña, así como los de otros niños y niñas migrantes que conviven en la zona fueron plasmados en dibujos.

Son obras sin pretensiones artísticas que reflejan los cambios abruptos que han experimentado en los últimos años y que han recrudecido con el surgimiento de la COVID-19. La migración y la pandemia fueron los temas a recrear desde el imaginario infantil.

Sebastián, uno de los muchachitos convocados a dibujar por la organización no gubernamental Operación Libertad, puso sobre papel el relato de lo que vivió días antes.

“La policía te multa si no tienes tapabocas”, dice Sebastián al referirse a un altercado entre sus padres y funcionarios policiales. Sus padres habrían sido víctimas de un intento de extorsión. Sin embargo, si no tenían para comprar un tapabocas, menos tendrían para acceder al pago ilegal exigido por los policías.

Apenas tiene 10 años de edad y ya es testigo de un atropello policial, de una violación de derechos humanos que lo afecta directamente.

La vida de Anyeleith, de 5 años, cambió radicalmente el día que tuvo que separarse de sus familiares y abandonar la casa donde vivía, en Maturín, estado Monagas.

Sus padres migraron a Colombia. Su plan era trabajar y enviar dinero a Venezuela para brindarle al menos lo esencial a la niña .

En una semana, Anyeleith tuvo que abandonar la escuela y, con ello, también perdió a amiguitos y amiguitas. Ahora vive con sus abuelo. Su mayor deseo es volver a abrazar a su mamá.

José Gregorio, de 6 años de edad, dibujó su nuevo hogar, el cual tiene una puerta y dos ventanas. En techo es de zinc y tiene encima unos cauchos. Él migró desde la capital junto a su familia y ahora reside cerca de la frontera venezolana.

El niño aspira a migrar junto a su familia a Colombia cuando la pandemia de la COVID-19 ya no sea un peligro.

Danna , de 8 años de edad, también expresó con creyones su experiencia con la migración y la pandemia. Lamenta que el intercambio con las demás personas esté signado pormedidas de distanciamiento físico que le incomodan. Lamenta que esté prohibido salir a la calle a jugar con su bicicleta.

Desde que llegó a la frontera, dice, su mamá se dedicó a la peluquería. Sin embargo, debido a la crisis acentuada por la pandemia, su madre ha tenido que salir a buscar nuevos ingresos en el comercio informal, que también se ha venido a menos.

«Tengo mucho miedo. Estoy muy preocupada porque no quiero que mis hermanos o mi mamá mueran por el virus», dice la niña.

Migración interna pre COVID-19

San Antonio, Pedro María Ureña, Ayacucho y García de Hevia no son municipios del Táchira con grandes emporios empresariales ni empresas gubernamentales. Son zonas fronterizas con escasos servicios públicos y con una industria devastada luego del cierre de frontera impuesto por Nicolás Maduro en 2015.

A partir de 2016, cuando la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de consumo masivo golpeó más duramente a la población venezolana, algunos comenzaron a abastecerse en Colombia. Ello creó un comercio efervescente en la frontera que abrió oportunidades de empleo a ambos lados de la línea limítrofe, aunque fueran empleos precarios.

Esta actividad comercial se fortaleció con la expedición del llamado carnet fronterizo, inicialmente pensado para la migración pendular, pero que, en la práctica, ampliaba la zona de tránsito de venezolanos en Colombia.

Además, los municipios fronterizos de Táchira se convertirían en las principales puertas de salida de todos los que huyen de Venezuela por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país.

Luego de que un grupo de mujeres forzaran la reapertura de los pasos fronterizos de forma peatonal, miles de personas de diversas regiones de Venezuela se abocaron a la frontera del Táchira ante la posibilidad de abastecerse de los productos de primera necesidad. A diario llegaban más de 200 autobuses provenientes de diversos destinos.

El terminal de San Antonio pasó a ser una de las rutas más solicitadas en los terminales del país. El terminal de transporte municipal pasó de tener seis rutas nacionales y cinco suburbanas a tener más de 60 líneas que recorrían Venezuela entera. Desde Caracas se ofertaba el pasaje Caracas – San Antonio y había que hacer filas para conseguir un boleto.

El peso sustituyo al bolívar en las transacciones comerciales que se realizaban y se realizan en el lado venezolano de la frontera, la cual se fue llenando de personas procedentes del centro y oriente del país. Los hoteles y residencias se colmaron. Hubo épocas en que muchos dormían en las calles .

Todo ello ocurría a medida que la crisis económica se profundizaba en Venezuela, luego del cierre y reapertura de la frontera de Venezuela con Colombia. Muchos se establecieron en la frontera también por la facilidad del cobro de remesas del lado colombiano.

Cientos de migrantes internos se agolpaban en las calles de estas localidades, lo cual era particularmente visible en San Antonio. La avenida Venezuela de esta localidad se colmó de vendedores informales de diversos alimentos y las más variadas mercancías traídas de Colombia. También se ofrecían, con discretos pregones, servicios de traslados y de carga por pasos legales e ilegales.

Economía informal y pandemia

La economía informal en los municipios fronterizos de Táchira ha mermado drásticamente con el surgimiento de la COVID-19. El lugar que antes era una oportunidad para obtener mejores ingresos económicos, ahora representa para muchos el plan frustrado de salir del país o equilibrar su economía como migrantes pendulares.

En este contexto, aumenta la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas que forman parte de esta migración interna, de este desplazamiento hacia la frontera con Colombia.

Los más pequeños deben afrontar las consecuencias de la interrupción de sus actividades escolares y de otras eventuales mudanzas. En algunos casos las pérdidas tienen que ver con la separación de sus padres y madres.