Dhayana Fernández Matos, autor en Runrun

Dhayana Fernández-Matos

¿Dónde estará la niña afgana?

Sharbat Gula, la niña afgana de 12 años que Steve McCurry fotografió para National Geographic y ella en 2016. Fotos nationalgeographic.com.es

¿Qué pasará con las mujeres, las niñas y las adolescentes afganas?, ¿dónde queda la responsabilidad internacional y moral con ellas?

 

@dhayanamatos

Lamentablemente, la población afgana ha transcurrido su vida de guerra en guerra. Durante siglos, distintas potencias se han disputado ese territorio, han puesto y quitado gobernantes.

En 1978 hubo un golpe de Estado y el presidente afgano Mohamed Daud fue asesinado. Los comunistas aprovecharon para tomar el poder. Esto generó enfrentamientos con facciones rebeldes, opositoras al régimen.

Para evitar que el régimen comunista cayera, la Unión Soviética envió tropas al país, mientras que Estados Unidos, de forma encubierta, enviaba armas a las fuerzas rebeldes.

Para la URSS, esto fue su Vietnam particular; gastaron grandes cantidades de dinero durante el conflicto armado que duró diez años.

En medio de la guerra, la población civil afgana se trasladaba hacia el vecino Pakistán, donde en la década de los ochenta se comenzaron a instalar campos de refugiados.

La niña afgana

En esa época, Steve McCurry, de National Geographic, fotografió a Sharbat Gula, una niña afgana de poco más de 10 años quien vivía en un campo de refugiados en Pakistán y su rostro apareció en la portada de junio de 1985 de la prestigiosa revista.

La foto de la niña afgana es quizás una de las más famosas de esta publicación. ¿Quién no se ha topado en algún momento, navegando por la red, con la cara de esa pequeña con unos impresionantes ojos verdes que resaltan en su piel morena?

Hay quienes dicen que sus ojos transmitieron al mundo lo que vivía la población afgana de una forma mucho más clara que lo que decían los diplomáticos de este país.

Sharbat se convirtió en un ícono de la guerra de los ochenta, pero como en otros casos, pronto la opinión pública se olvidó de ella.

La invasión estadounidense de comienzo de siglo

Luego de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, de la rápida identificación de Osama Bin Laden como responsable y de la negativa de los talibanes, quienes gobernaban Afganistán en ese momento, a entregarlo a Estados Unidos, este país lanzó una ofensiva aérea que dio comienzo al conflicto armado que duró casi 20 años.

Nuevamente el país se enciende (aunque en realidad los conflictos siempre han estado presentes en este territorio) y la población civil, principalmente las mujeres, las niñas y las adolescentes son las principales víctimas. Es en ese contexto en el que Steve McCurry encuentra a Sharbat Gula luego de 17 años.

Para encontrarla, se usó una técnica de reconocimiento del iris, inventada por el profesor de la Universidad de Cambridge John Daugman, que resulta tan efectiva como las huellas dactilares.

Fue el iris de los ojos lo que permitió corroborar que efectivamente la mujer de rostro cansado, era la misma niña retratada en el pasado.

La encontraron en Afganistán, su rostro y su piel mostraban las huellas de una vida llena de sufrimiento. La casaron cuando tenía entre 13 y 16 años, ni ella misma sabía con certeza su edad. Tuvo cuatro hijas mujeres, una de ellas se le murió. ¡Hijas, mujeres en Afganistán!

Sharbat una mujer cansada y enferma

En 2017, la BBC publicó un artículo sobre Sharbat Gula. Para ese momento vivía en Afganistán, pero no podía volver a su pueblo natal porque estaba en un territorio dominado por el Estado Islámico (ISIS).

Fue arrestada por el gobierno de Pakistán por la falsificación de documentos de identidad pakistaníes, estuvo privada de libertad por 15 días, contrajo hepatitis y volvió a Afganistán.

Como relata su hermano, en su vida nunca ha sido feliz y en alguna de las entrevistas que le hicieron, Sharbat manifestó que lo que quería era paz para su país y que sus hijas pudieran educarse. Parece que ninguno de sus sueños se hará realidad…

La salida de las tropas estadounidenses

La retirada de Estados Unidos de Afganistán y la recuperación del poder por parte de los talibanes han ocupado los titulares de la prensa mundial y han sido tendencia en las redes sociales.

Desde distintas instancias, Naciones Unidas, organizaciones de mujeres, académicas, feministas, activistas de derechos humanos, algunos gobiernos y en general muchas personas, han levantado su voz por la situación de las mujeres afganas.

La forma cómo se ha coordinado la retirada muestra una vez más que la situación de las mujeres afganas no fue un tema evaluado ni considerado importante a la hora de tomar una decisión.

Es cierto que hubo avances en los derechos de las mujeres durante los últimos 20 años; algunas pudieron educarse y ocupar puestos públicos de importancia, pero Afganistán seguía siendo uno de los peores países del mundo para ser mujer.

¿No sabía Estados Unidos esta situación?, ¿desconocía que salir de Afganistán y dejarla en manos de los talibanes significaba dejar a las mujeres en una situación de absoluta vulnerabilidad y negarle la posibilidad de ejercer algún derecho como persona? ¡Claro que lo sabía, pero eso no importó!

Personas expertas en el conflicto afgano que analizan los intereses de las distintas potencias mundiales en la región, que saben de la disputa entre talibanes, ISIS y otros grupos extremistas, han señalado que no había forma de que se diera una retirada que asegurara una convivencia pacífica. ¿Pero quién pensó en la vida de las mujeres afganas?

¿Y ahora qué pasará?

El estrepitoso fracaso en lograr la estabilidad de la región y con una derrota mucho mayor que la sufrida en Vietnam, Estados Unidos deja al país y trata de salvar a sus nacionales, lo cual es válido. Se sabe el destino que pueden tener si caen en manos de los talibanes, pero ¿qué pasará con las mujeres, las niñas y las adolescentes afganas?, ¿dónde queda la responsabilidad internacional y moral con ellas?, ¿es que hay alguna potencia mundial a la que de verdad le importe sus vidas?

Las imágenes de la población afgana pasando niñas a través de un muro a soldados estadounidenses para salvarlas resultan brutales. Las entregan sin saber el destino que tendrán, pero creyendo que en cualquier lugar del mundo tendrán mayores posibilidades que en su propio país. Ojalá que la comunidad internacional les responda a estas niñas y no pasen a engrosar las cifras de personas abandonadas, en situación de pobreza extrema del planeta.

Si eres mujer, pudiste nacer en Afganistán

En las redes sociales se les cuestiona a las feministas que no hagan nada contra lo que está sucediendo, ¡como si de verdad fueran mujeres maravillas para resolver problemas que no han podido los países más poderosos del mundo!

Se les increpa por no actuar, lo cual es falso, hacen lo único que pueden hacer: levantar la voz, sensibilizar, mantener el interés por el tema y apoyar a las mujeres afganas.

Sí a esas mujeres que, contrariamente a lo que señalan los dioses del Olimpo venezolano que las tachan de ilusas, salieron a protestar y a levantar su voz, estando claras a lo que se exponen: a ser asesinadas, pero con la convicción de que no hacer nada, no decir nada, es una especie de muerte en vida, porque lo que les espera ahora les trunca sus sueños, sus esperanzas y sus proyectos vitales.

Y pudimos ser nosotras. Pudimos nacer en Afganistán y tener una vida como la de Sharbat Gula; que nos casaran a los trece años, que no nos dejaran estudiar, que hasta un niño varón de pocos años pudiera decidir sobre nuestras vidas. Por eso, debemos seguir haciendo visible esta realidad y “buscando” a todas las niñas afganas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Las cuotas de género y las elecciones en Venezuela
Los partidos no se deben excusar en la inexistencia de una normativa paritaria para no avanzar en la democracia interna de sus organizaciones

 

@dhayanamatos

Los movimientos sufragistas a lo largo del mundo pensaron que, con el reconocimiento del derecho al sufragio, las mujeres podrían actuar en los espacios políticos en igualdad de condiciones con los hombres. La realidad les mostró que, ni era suficiente que las leyes consagraran que todas las personas eran iguales ante la ley, ni tampoco que se reconociera expresamente a las mujeres los derechos políticos por excelencia: el derecho al sufragio y a la participación política. Era necesario más. Se requería el diseño de mecanismos que aseguraran el avance de las mujeres. Así surgen las cuotas de género.

La división sexual del trabajo, los roles tradicionales de género y los estereotipos son barreras y obstáculos con los que las mujeres han tenido que enfrentarse para actuar en la arena político-pública. De hecho, actualmente, en pleno siglo XXI, todavía pueden observarse comentarios de personas que consideran que la política es cosa de hombres y no es el espacio para las mujeres.

Los partidos políticos, una piedra de tranca para las mujeres

Es importante destacar que uno de los obstáculos más fuertes que tienen las mujeres para su participación política proviene de los partidos políticos; de un conjunto de barreras que les impiden el ascenso a las directivas de estos, a los órganos donde se toman las decisiones y su incorporación como candidatas en las elecciones.

Desde la lógica patriarcal hay un pacto entre hombres del que las mujeres están excluidas. Sirva de ejemplo las distintas mesas de negociación que se han establecido en Venezuela entre el gobierno y la oposición en las cuales las mujeres no han estado o su presencia ha sido mínima. También podemos hacer un análisis de la cantidad de mujeres venezolanas políticas presentes en los medios de comunicación, ¿cuántas son presidentas de partidos?, ¿cuántas secretarias generales?, ¿cuántas voceras?

Además, de acuerdo con testimonios de mujeres políticas, se pretende en las reuniones partidistas que ellas cumplan roles tradicionales de género. En ese sentido, se espera que sean las que tomen notas, se ocupen de temas vinculados con la alimentación, entre otros.

Todo esto implica que aún es largo el camino por recorrer para que las mujeres estén presentes en condiciones paritarias con los hombres en los espacios políticos; y aún es más largo el que hay que seguir para asegurar la representación de los intereses de las mujeres.

Fue precisamente este contexto de desigualdad a nivel mundial para el ejercicio de la representación política de las mujeres lo que impulsó el surgimiento –como medida de acción afirmativa– de las cuotas de género.

Cuotas de género y tipología

Las cuotas de género surgieron como un mecanismo para corregir el déficit de democracia existente. De hecho, si nos enfocamos en los grandes pensadores y teóricos de la democracia y de las transiciones hacia esta, se puede apreciar que entre las variables que establecen para considerar un régimen como democrático rara vez se toma en cuenta la presencia de las mujeres en los órganos de representación política. Por eso hay que insistir en que no es posible hablar de democracia sin mujeres; esas son democracias “chucutas”.

Así las cosas, las cuotas intentan corregir la desigualdad y conseguir mayor presencia de las mujeres en la arena política.

Las cuotas de género pueden ser de tres tipos. Están los escaños reservados, lo que generalmente se hace mediante reformas constitucionales en las que se establecen escaños para un grupo, en este caso de mujeres, como ocurre en Ruanda, por ejemplo.

Luego están las cuotas de partido, que son las que se usan comúnmente en los partidos europeos y consisten en que estos, voluntariamente, sin que exista ninguna ley u órgano que los regule, establecen un porcentaje de mujeres como candidatas dentro de su organización. 

Es importante que los partidos políticos venezolanos tomen en cuenta la modalidad de cuotas de partido y voluntariamente las establezcan. Lo pueden hacer.

No se deben excusar en la inexistencia de una normativa al respecto para no avanzar en la democracia interna de sus organizaciones.

Por último, están las cuotas legislativas. Son las de uso más común en los países de América Latina, las cuales son decretadas por ley por los parlamentos y obligan a todos los partidos a presentar un mínimo de candidaturas de mujeres. En general, se ha considerado que un 30 % representa una masa crítica, pero este porcentaje puede variar.

Las cuotas legislativas de género y el sistema electoral

En América Latina fue Argentina el primer país de la región que estableció las cuotas legislativas en 1991 mediante la Ley de Cupos. Este logro se debió al papel activo del movimiento de mujeres en el retorno a la vía democrática.

Esta medida tuvo efecto expansivo a lo largo de toda la región, con resultados disímiles. Países como Argentina lograron aumentar significativamente la presencia de mujeres, mientras que su impacto fue menor en otros como el caso de Brasil o Paraguay.

Esto implica que el establecimiento únicamente de las cuotas legislativas no garantiza el aumento de la representación política de las mujeres; también debe tomarse en cuenta el diseño del sistema electoral.

Investigaciones realizadas en distintos países con cuotas legislativas evidencian que estas han sido más efectivas en aquellos con sistemas de representación proporcional, listas cerradas donde se establece un mandato de posición, donde hay alternancia; las llamadas listas cremalleras mujer-hombre-mujer-hombre-mujer y claros mecanismos sancionatorios en caso de incumplimiento.

Las cuotas legislativas como medidas de acción afirmativa cumplieron su ciclo en la región latinoamericana. La mayoría de los países las establecieron, con excepción de Guatemala y Venezuela, que sí las llegaron a establecer, pero que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia.

Actualmente hay todo un movimiento regional para establecer la paridad. Esta, a diferencia de las cuotas de género, no tiene carácter transitorio sino definitivo, busca el reparto equilibrado del poder político entre hombres y mujeres.

Pero veamos qué ha pasado en Venezuela con las cuotas de género y su incorporación real en los procesos electorales.

Venezuela y las cuotas de género

En Venezuela, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP) de 1997 consagró por primera vez las cuotas de género. En su artículo 144 estableció que en las listas de candidaturas a cuerpos deliberantes se debía garantizar un porcentaje de mujeres mínimo de 30 %.

Con la entrada en vigor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó de aplicar esta ley bajo el argumento de que era inconstitucional.

Esto llevó a la abogada Sonia Sgambati a interponer un recurso contencioso electoral porque el acto administrativo del CNE violaba el artículo 21 de la Constitución que consagra la igualdad real y efectiva. Además, porque el CNE es un órgano administrativo que no tiene competencias para declarar la nulidad de una ley ni tampoco para interpretar su constitucionalidad.

La decisión de la Sala Electoral en este recurso mostró las debilidades y la ginopia (ceguera de género) en la interpretación del artículo 21. Declaró improcedente el recurso argumentando que el artículo 144 de la LOSPP “ha quedado derogado por no guardar correspondencia con lo establecido en torno al derecho a la igualdad y no discriminación en el texto constitucional” (Sala Electoral, magistrado ponente Octavio José Sisco Ricciardi, expediente N° 0037, 19 de mayo de 2000).

Esta interpretación restrictiva del texto constitucional desconoció el hecho de que el artículo 21, al consagrar la igualdad real y efectiva, establece la obligación que tiene el Estado venezolano en asegurarla mediante distintas medidas, incluidas aquellas de acción afirmativa como las cuotas de género. De esta manera, Venezuela se quedó sin cuotas legislativas.

Posteriormente, en 2005 y 2008, el CNE emitió resoluciones en las que consagró la paridad y la alternancia en las listas de candidaturas para elecciones específicas, pero no estableció ninguna sanción a los partidos políticos que incumplieran, de manera que quedó como una medida discrecional sin que hubiese una verdadera obligación para estos.

En el Proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales se estableció que en la presentación de las postulaciones debía asegurarse “la inclusión de al menos un cincuenta por ciento (50 %) de mujeres”. No obstante, en la ley finalmente aprobada en 2009, la paridad no fue incluida.

En 2015, a través de la resolución 150625-147 del CNE se estableció la “composición paritaria y alterna de 50 % para cada sexo. Cuando no se puede aplicar la paridad, lo mínimo debe ser 40 % y lo máximo 60 %. Tanto cargos principales como suplentes”.

En 2020, para las elecciones a la Asamblea Nacional, el CNE emitió una nueva resolución en la que estableció que “las postulaciones listas deben realizarse de acuerdo a la composición paritaria y alterna de cincuenta por ciento (50 %) para cada género”.

Aunque se reconoció el avance hacia la democracia paritaria, se cuestionó el hecho de que esta decisión haya sido emitida pocas horas antes de que las organizaciones presentaran sus candidaturas. Hubo entidades y personas que manifestaron que esta regulación violaba el artículo 298 de la Constitución que expresamente señala: “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”. Es importante destacar que el texto constitucional habla de la ley, no de actos administrativos como lo son las resoluciones del CNE.

Pese a esta resolución, el único partido que cumplió con la presentación de listas de candidaturas paritarias y con alternancia en todas las circunscripciones fue el Partido Comunista Venezolano (PCV). Una de las razones para que esto suceda es porque no se estableció sanción en caso de incumplimiento y las listas fueron inscritas, aunque no cumplían con la paridad.

Las elecciones de noviembre

Para las elecciones de noviembre de 2021, el CNE emitió el Reglamento Especial para Garantizar los Derechos de Participación Paritaria, Alterna y Política de Legisladoras o Legisladores y Concejalas o Concejales en las Elecciones Regionales y Municipales 2021 (Resolución Nº 210708-0034 de fecha 8 de julio de 2021); así como un Instructivo sobre las postulaciones paritarias y alternas de ambos sexos para las Elecciones Regionales y Municipales 2021, que contempla la paridad en la modalidad nominal, “debiendo darse una paridad de género de 50 % femeninas y 50 % masculinos, si el total de cargos es par; de lo contrario se dará una paridad aproximadamente de 60-40% para cualquiera de los géneros”. La paridad y la alternancia también debe darse en los cargos suplentes, si el principal es hombre, la suplente debe ser mujer y viceversa.

Lo que elaboró el CNE incorpora la obligatoriedad al establecer que las postulaciones por listas que no cumplan con la composición paritaria y con la alternancia se tendrán como no presentadas. No profundiza el reglamento ni el instructivo sobre el conjunto de acciones que se seguirán para monitorear el cumplimiento de la disposición y para que las mujeres no queden solo como figuras de relleno, como ha sido la experiencia vivida en otras latitudes.

Por otro lado, es importante destacar que, en un sistema electoral mixto como es el venezolano, basado, una parte, en el sistema de representación proporcional y la otra, bajo la personalización del sufragio uninominal, es necesario que se haga un análisis más profundo para asegurar una representación más equilibrada de hombres y mujeres electas, no solo en las candidaturas. Para ello se requiere una ingeniería electoral novedosa, que no se concentre en las disposiciones electorales para una coyuntura, para unas elecciones determinadas; sino un cambio institucional más profundo que verdaderamente busque la construcción de una democracia paritaria.

Además, no basta la paridad en las elecciones, sino que esta debe estar presente en todos los ámbitos del accionar humano, se trata de un principio de justicia. #ParidadYa

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Yulimar Rojas y la mirada interseccional

Yulimar Rojas. Foto Yann Caradec, agosto de 2019 / Wikimedia Commons

No solo me alegra el oro, ni el nuevo récord mundial de Yulimar; me alegra que lo lograra una mujer que luchó contra la adversidad

 

@dhayanamatos

No es fácil ser deportista/ y llegar a una olimpiada,/ mucho menos si eres mujer,/ negra, pobre,/ de un país tercermundista  /y lesbiana.

Por eso, no solo me alegra el oro/ ni el nuevo récord mundial,/ me alegra que lo lograra/ una mujer/ que luchó contra la adversidad.

El domingo 1 de agosto, como la mayoría de la población venezolana, amanecí contenta con la noticia del nuevo récord mundial y la medalla de oro obtenida por nuestra compatriota Yulimar Rojas. La cifra 15,67 será recordada en Venezuela durante mucho tiempo y estoy segura de que se convertirá en un número fijo para quienes juegan a la lotería.

Ya se ha dicho hasta el cansancio que lo logrado por Yulimar ha sido una hazaña extraordinaria que ha requerido talento, mucha disciplina y contar con un buen entrenamiento.

También me llena de mucha dicha que haya sido precisamente una mujer la que le haya dado a Venezuela el mayor triunfo deportivo en toda su historia. ¡No se les olvide, FUE UNA MUJER!

Y destaco este hecho porque si bien es cierto que en Venezuela no hay políticas públicas en materia deportiva ni se les presta atención ni apoyo a las personas deportistas, independientemente de su sexo, en el caso de las mujeres la situación es peor ya que se considera que lo que hacen es secundario, dándosele mayor relevancia a los logros de los hombres.

El sexismo en el deporte es una realidad que en Tokio 2020 quedó en evidencia ante la multa al equipo femenino de balonmano playero de Noruega por usar unos pantalones cortos y no los tradicionales bikinis.

Si se habla de deportes profesionales y desigualdades salariales, observamos que las brechas salariales son abismales. Por ejemplo, en la Copa Mundial de Fútbol Femenino del año 2019 el premio monetario total fue de 30 millones de dólares, mientras que en la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2018 fue de 400 millones de dólares. Esto muestra que las diferencias son muy grandes.

También hay que señalar como fuente de desigualdad, la cosificación de las mujeres deportistas por parte de algunos medios de comunicación social y en las redes sociales. En época de juegos olímpicos abundan los titulares que se refieren a “las deportistas con los mejores cuerpos”, “la atleta más sexy”, “las mujeres deportistas con los rostros más bellos”, entre otros, que aplican un doble rasero, según el cual, mientras que se habla de los hombres por sus méritos y logros deportivos, en el caso de las mujeres se refieren a su apariencia física y no al trabajo que han tenido que realizar para estar en unas competencias deportivas de alto nivel.

Pero volviendo al caso de Yulimar y lo que ha significado para Venezuela, no es cosa menor la representación simbólica que su figura tiene en la juventud venezolana en general y en las niñas y adolescentes en particular. Se trata de una fuente de inspiración, de una modelo a seguir de disciplina y constancia, sin olvidar como señaló alguien por Twitter, que es un paso adelante que las niñas quieran imitar a una deportista y no a una reina de belleza. Parece que avanzamos…

Pero como indiqué en el epígrafe, Yulimar Rojas es mujer, de extracción humilde, negra, lesbiana y venezolana. Estas son características que están presentes en la construcción de su identidad. Y aunque haya personas que digan que estos factores no importan, que lo trascendental es el deporte, ¡claro que son importantes! Por eso resulta útil incorporar el enfoque interseccional para explicar la importancia de sus rasgos identitarios.

Una mirada interseccional

El concepto de interseccionalidad fue acuñado por la profesora afroamericana Kimberlé Crenshaw en 1989 como una crítica feminista y racial a la aplicación del Derecho. Esta autora cuestiona el hecho de que las categorías raza y género se construyan a partir de los grupos dominantes sin tomar en cuenta la pluralidad y heterogeneidad de las mujeres y de las poblaciones afrodescendientes. Así las cosas, cuando se habla de mujer, se privilegian las experiencias de las mujeres blancas, clase media y heterosexuales; mientras que, bajo el concepto de afroamericano, domina la idea de hombres, afrodescendientes y heterosexuales.

La crítica de Crenshaw señalaba que, bajo esas premisas, las mujeres afroamericanas estaban invisibilizadas en los enfoques de género y de raza en los que se basaba el derecho, las políticas feministas y antidiscriminatorias. Por eso su planteamiento va dirigido a visualizar los múltiples sistemas de opresión y las desigualdades de distintos tipos que atraviesan la construcción de la identidad de una persona. Para analizar esta realidad, usa la interseccionalidad como herramienta que permite observar la imbricación o entrecruzamiento de las relaciones de poder.

Para explicar su teoría Kimberlé Crenshaw usa la imagen de una carretera con varios caminos; si se produce un accidente, puede ser ocasionado por un carro, por varios carros de las diferentes vías o por todos los carros. Aplicado al ámbito de las discriminaciones, esto implica que una persona puede ser discriminada por una categoría, por ejemplo, el género o por la articulación de varias: el género, el origen étnico, la clase social, la orientación sexual, entre otras, que no implican una suma de discriminaciones, sino cómo se construye la exclusión a partir de diferentes sistemas de dominación. Esta herramienta es útil para hablar de Yulimar.

Desde la perspectiva epistemológica, no hay acuerdo en cuanto a considerar a la interseccionalidad como una teoría de la subjetividad marginada o como una teoría generalizada de la identidad.

La construcción de la identidad de Yulimar Rojas

Una mirada interseccional de la identidad de Yulimar nos permite evidenciar los múltiples sistemas de desigualdades presentes.

 En primer lugar, es mujer

Y al día de hoy, no hay ningún país en el mundo que trate a las mujeres de la misma forma que trata a los hombres, ni siquiera los nórdicos o Canadá que son los que presentan los índices de desarrollo humano y de género más altos.

En todas partes, ser mujer implica el riesgo de ganar menos por el mismo trabajo que hace el hombre, tener una sobrecarga en las tareas de cuidado, tener menos posibilidades de actuar en la vida política, mayores riesgos a ser violentadas por ser mujer, entre otras diferencias.

 En segundo lugar, es negra

Y este es un concepto racializado, una construcción social y política. No solo es afrodescendiente como lo somos la mayoría de quienes nacimos en este país, sino que su piel es oscura y, como tal, fuente de discriminación y exclusión. Aunque se quiere ocultar, Venezuela es un país racista y el color de la piel se constituye en rasgo identitario que lleva a quienes tienen la piel más oscura a ver limitado el ejercicio de sus derechos humanos.

 En tercer lugar, es pobre

Lo que implica un conjunto de limitaciones para el desarrollo del proyecto vital y en muchos casos, para cubrir las necesidades básicas. A lo que se debe agregar el hecho de que, en un país como el nuestro, donde no hay apoyo a quienes practican deportes, llegar a la cima luego de superar estos obstáculos implica un esfuerzo extraordinario. Caso contrario de países del norte global donde, desde la niñez, se apoyan las prácticas y el entrenamiento deportivo.

 En cuarto lugar, es venezolana

Es decir, proveniente de un país del sur global, que vive una emergencia humanitaria compleja que ha generado el mayor desplazamiento de personas por el continente americano de todos los tiempos; y altos índices de xenofobia presentes en distintos lugares.

 Por último, es lesbiana

De manera que ese país y ese gobierno que la exalta, es el mismo que obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos y la discrimina por su orientación sexual. En su país no se puede casar, ni incluir a su pareja en un seguro, ni heredarla, ni ejercer un conjunto de derechos simplemente por sentir atracción por alguien del mismo sexo.

Esa es la realidad de Yulimar, esa es su identidad, es una campeona olímpica sin dudas. Pero es una persona cuya identidad es construida a partir de los factores explicados y que son importantes tenerlos presentes porque determinan lo que ella es hoy día: una triunfadora que ha superado muchos obstáculos.

¡Muchas gracias Yulimar por darnos esta alegría!

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Las personas desplazadas de la Cota 905
El Estado es el responsable de asegurarles a los desplazados de la Cota 905 condiciones mínimas de existencia digna y garantizarles sus derechos humanos

 

@dhayanamatos

Aunque se haya dicho tantas veces, no está de más repetir que las principales víctimas de las bandas armadas y de la delincuencia social en los barrios son las personas que allí habitan y que desarrollan en esos lugares su vida cotidianamente.

Contrariamente a la opinión frívola y superficial de algunas personas que creen que todos los habitantes de los barrios son malos, vagos o delincuentes, la realidad muestra que la gran mayoría es gente trabajadora, honesta y decente.

Quienes habitan estos espacios son personas que, por un lado, tienen que hacerle frente a las difíciles condiciones actuales existentes en Venezuela para cubrir las necesidades básicas y, por el otro, deben convivir con altos niveles de violencia, resistir a la delincuencia que azota su realidad pero de la cual ni son parte activa ni son cómplices, solo sobrevivientes.

Todo esto viene a colación por los sucesos ocurridos en la Cota 905, en el enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad del Estado y la banda del Koki.

Sin Estado ni liderazgo opositor, manda el Koki

Bastante se ha señalado que la fuerza que han adquirido los grupos delincuenciales en el país obedece a la falta de Estado. En ese sentido, la desinstitucionalización que se aprecia en todos los sectores también se refleja en el poder –sustituto del estatal– que las bandas han ido adquiriendo, ante la vista gorda de las autoridades, en algunos casos y, ¿complicidad en otros?

Es difícil no ser suspicaz sobre este tema cuando se observa el arsenal armamentístico decomisado a los antisociales; se genera el interrogante de si es posible que entre al país ese tipo de armamento sin que sea notado por las autoridades públicas.

Por el otro lado, hay que reconocer la falta de empatía de algunos de quienes se denominan líderes de la oposición venezolana y su falta de conexión con las demandas de la gente, sus necesidades, experiencias, trayectorias y recorridos vitales. Parecen estar más preocupados de tomarse una foto con Biden y de las reacciones de Ursula von der Leyen que de conocer de primera mano los problemas que aquejan a esa población venezolana que pretenden representar.

Esa idea de liderazgo político en la cual hay una conexión entre quien lidera y tiene una visión que quiera compartir, comunicar y conectar con sus seguidores, para organizarlos en aras de una meta común, parece divorciada de la forma en que se comportan algunos de los “líderes” de la oposición venezolana. No saben lo que es “patear calles”, recorrer barrios, conectar, escuchar, sentir a esa ciudadanía que quiere respuestas y reconocimiento de sus problemáticas.

Se trata de un liderazgo que no ha sabido ocupar los espacios abandonados por el gobierno y ante este panorama, donde no están presentes ni los unos ni los otros, las bandas criminales gobiernan, establecen las dinámicas y las normas de actuación: son ellos quienes detentan el monopolio de la violencia, hasta el punto que, donde ejercen su mandato, la policía no se atreve a entrar.

Y en este contexto, se va generando un nuevo grupo de víctimas de la crisis sociopolítica venezolana: las personas desplazadas internas.

Bendiciones a La Vega

Bendiciones a La Vega

Los desplazamientos de la Cota 905

Las imágenes de vecinos de la Cota 905 abandonando sus casas, con unas pocas cosas en la mano y cargando a niños y niñas se volvieron virales… ¡Huyen de la violencia! Y huir, en su acepción común, implica alejarse precipitadamente de un lugar que encierra algún peligro.

Esto fue lo que hicieron, se fueron de sus casas por miedo al peligro que ya habían enfrentado y que temían que volviera a suceder. Además, es importante tener presente la violación de sus derechos humanos.

Cuando se huye no se planifica el viaje, ni se organizan los próximos pasos. Se sale y se deja atrás todo, aunque eso implique una vivienda que costó mucho adquirir, los afectos y el cariño de personas cercanas, los recuerdos, los objetos con valor no solo económico sino sentimental, en definitiva, se deja atrás la vida conocida para enfrentarse a nuevos retos y riesgos. Sin olvidar los efectos del estrés postraumático que pueden llegar a sufrir ante lo vivido.

Eso es lo que ha ido sucediendo en la Cota 905 y sobre lo que es necesario alertar.

¿Refugiados o desplazados internos?

A nivel mundial, hay una clasificación de las personas que huyen de sus hogares y se desplazan según crucen o no una frontera internacional.

Las personas nacionales de un país que huyen de sus hogares por temor a un peligro, se desplazan y cruzan una frontera internacional, es decir, se van a otro país, se les conoce como refugiados. En su caso, opera la protección internacional a la cual los países que han firmado tratados en esta materia se han comprometido.

Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) titulado Tendencias globales desplazamiento forzado en 2020, los cinco países de los cuales proceden el mayor número de personas refugiadas, en orden descendente, son: República Árabe Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar.

Esto quiere decir que los venezolanos representan la segunda mayor proporción de refugiados en el mundo; aunque no se le haya otorgado esa condición expresamente, sí ha habido un reconocimiento de que se trata de una migración forzada por la emergencia humanitaria compleja, agravada actualmente por la pandemia de la covid-19.

En el caso de quienes se desplazan internamente, aunque huyen de su hogar, no hay cruce de fronteras internacionales y se trasladan a otros lugares dentro del territorio nacional (Colombia es el país del mundo con el mayor número de personas desplazadas internamente, aproximadamente 8 millones). En este caso, el Estado en el cual habitan es el responsable de asegurarles condiciones mínimas de existencia digna y garantizarles sus derechos humanos. Así las cosas, el Estado venezolano es el principal responsable de la protección de las personas desplazadas internas de la Cota 905.

En el número 18 de los Principios rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas expresamente se establece que “1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado; 2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes suministrarán a los desplazados internos, como mínimo y sin discriminación, y se cerciorarán de que pueden recibir en condiciones de seguridad: a) alimentos indispensables y agua potable; b) cobijo y alojamiento básicos; c) vestido adecuado; y d) servicios médicos y de saneamiento indispensables; 3) Se tratará en especial de garantizar que las mujeres participen plenamente en la planificación y distribución de estos suministros básicos”… ¿Está el Estado venezolano cumpliendo las obligaciones que tiene con los desplazados de la Cota 905?

Preocupación por lo que vendrá

El caso de la Cota 905 no es el primero en el cual las personas abandonan sus hogares por los enfrentamientos armados, ya en el país se han dado otros casos. Se desconoce la cifra de desplazados internos y desconozco si alguna entidad pública o alguna organización internacional les están prestando apoyo, por ello quiero alertar sobre esta situación, para que se monitoree lo que les sucede y que estas personas no terminen en el olvido, con lo que se profundizaría aun más su actual situación de vulnerabilidad.

Desplazados

Desplazados

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Dhayana Fernández-Matos Jul 18, 2021 | Actualizado hace 4 semanas
No hay migrantes ilegales
Cuando tachan a alguien de nacionalidad venezolana de ilegal, es bastante probable que sea una persona necesitada de protección internacional, que tiene el derecho humano a solicitar refugio 

 

@dhayanamatos

Con bastante frecuencia podemos escuchar o leer –incluso en algunos medios de comunicación social reconocidos– que cuando se hace referencia a las personas migrantes que no tienen documentos oficiales expedidos por el país receptor o de acogida, se les denomina ilegales; con toda la carga estigmatizadora, peyorativa y criminalizante que tiene esta palabra. Hay que entender que no existen personas ilegales.

Puede darse el caso de personas que no tengan documentos para una estancia regular; en ese caso se habla de que se encuentran en una situación administrativa irregular, pero no son ilegales.

Desde varios aspectos se puede explicar los motivos por los cuales es incorrecto hablar de personas ilegales.

Todas las personas tienen derechos humanos (DD. HH.)

Lo primero que debemos tener en cuenta es que todos los tratados, convenciones y declaraciones de derechos humanos tienen como base filosófica la concepción iusnaturalista del Derecho. Parten de derechos inherentes al ser humano.

En ese sentido, como señala Antonio Truyol y Sierra, estos derechos “lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados”. Eso implica que los Estados deben respetar, garantizar y satisfacer dichos derechos; que no los crean, que no se desprenden de su potestad legislativa, sino que forman parte de la naturaleza humana.

Dicho de forma más fácil, “tengo derechos humanos porque soy persona, no por ser nacional de un Estado determinado”.

La aceptación de este carácter inherente de los DD. HH. no deja de ser controversial. Por un lado, señalar que se tienen no es suficiente y se requiere que los Estados regulen y establezcan los mecanismos institucionales, legales y jurídicos para garantizarlos. Por otro lado, están las tesis basadas en que su nacimiento obedece a un proceso histórico marcado por quienes detentan el poder en un momento dado.

Más allá de esas discusiones iusfilosóficas, lo cierto es, como se indicó, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por la mayoría de los Estados latinoamericanos los reconocen como atributos inherentes del ser humano. Esto se puede comprobar en la Convención Americana de Derechos Humanos que expresamente señala en su preámbulo que “los derechos esenciales del hombre [y de la mujer]. No nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.

Dicho esto, queda aclarado que todos los seres humanos tienen derechos inherentes a su naturaleza humana. Y la gente no es ilegal, porque la ley es posterior al hecho de ser persona.

Así las cosas, las personas migrantes irregulares tienen los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, salvo los de contenido político que los ejercen quienes detenten la condición de ciudadanos.

Cabe destacar, no obstante que, aunque las personas migrantes no pueden ejercer los derechos a elegir y ser elegidas (salvo los casos de quienes migran regularmente y de acuerdo a lo establecido normativamente en cada país), en la actualidad se evidencian prácticas informales en las cuales participan activamente. Esto lleva a algunas corrientes a cuestionar que los derechos políticos sigan anclados a cuestiones de nacionalidad y abren un camino para que se extiendan a aquellas personas que participan en las decisiones que afectan el bienestar de donde residen. Pero todavía hay un largo camino por andar en este tema.

Las características de la movilidad de la población venezolana llevan a definirla como una migración forzada.

Esto es algo que se debe tener en cuenta cuando se quiere tachar a una persona de nacionalidad venezolana que entra a otro país sin pasaporte, o sin cumplir con los trámites de visado para una permanencia regular, como “ilegal”. Los Estados partes deben cumplir los compromisos internacionales adquiridos, establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967; además, los países latinoamericanos tienen la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 que, aunque no tiene la fuerza vinculante de un tratado, si hay una obligación moral.

La Declaración de Cartagena incluye en su conclusión tercera, dentro de la categoría de personas refugiadas, a quienes “han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Algunos países de la región han incorporado esta definición ampliada en sus legislaciones y saben que la población venezolana en movilidad entra en esta categoría. Además, conocen las condiciones de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país y saben que debería operar una protección internacional.

Así que cuando tachan a alguien de nacionalidad venezolana de ilegal, es bastante probable que sea una persona necesitada de protección internacional, que tiene el derecho humano a solicitar refugio y que en muchos casos se le está negando esta condición.

Antes de 2019 los mecanismos para permitir la estancia regular de personas venezolanas en los países vecinos tendían a ser más laxos. Sin embargo, a partir de 2019, Perú, Chile y Ecuador, entre otros países del continente, han implementado estrategias de securitización y controles fronterizos más rígidos, que dificultan aun más tener los documentos oficiales del país receptor y profundizan la situación de vulnerabilidad de quienes migran.

Hemos visto cómo, en el caso de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera ha expulsado a compatriotas por no cumplir con los requisitos para una estancia regular en el país austral. Y lo ha hecho de una manera en la cual se han violado sus derechos humanos, lo que ha sido denunciado por organizaciones no gubernamentales chilenas y se evidencia de los relatos de las personas expulsadas.

El presidente chileno que, sin ningún tipo de consideración, expulsa a personas venezolanas, es el mismo que, en febrero de 2019, estuvo presente en Cúcuta en el Live Aid Venezuela; y expresaba que estaba en ese lugar para mostrar su apoyo a la lucha de la población por sus derechos humanos y que conocía las carencias de alimentos, de medicamentos, que existían en el país.

Ese giro en el abordaje de la movilidad de las personas venezolanas obedece únicamente a visiones utilitaristas del problema. Mientras que en 2019 le resultaba útil a su gobierno esa causa en contra de Maduro y en apoyo a la población venezolana, tiempo después, por distintos motivos entre los que pueden señalarse la baja de los índices de popularidad, expulsar migrantes se convirtió en una estrategia para subir los bajos índices de apoyo a su gestión.

Las estrategias de algunos gobernantes contribuyen a que se desprenda esa aura de ilegalidad vinculada con criminalidad hacia las personas migrantes irregulares.

A ello también contribuyen las narrativas que se construyen desde algunos medios de comunicación que llenan los noticieros televisivos, las redes sociales, los periódicos impresos y digitales con información sobre los riesgos que corren los países ante la llegada masiva de migrantes.

Se proyecta la imagen de un hombre migrante como delincuente, como un peligro para el orden público del país receptor; mientras que, en el caso de la mujer migrante, se presenta en una imagen hipersexualizada vinculada con redes de prostitución y portadora de enfermedades. A ello debe agregarse que se constituyen en los chivos expiatorios a quienes se culpa y sobre quienes se proyectan problemáticas sociales. Algunas de ellas de carácter estructural, como la desigualdad y la pobreza existentes en los países latinoamericanos.

El uso electoral del tema migratorio

Durante varios lustros se ha visto cómo en el caso de Europa, en distintos países, se ha usado el tema migratorio con fines electorales. Uno de los casos que más destaca es el del partido VOX, en España, que en 2019 propuso en el Congreso que se levantara un muro en Ceuta y Melilla para evitar la “invasión migratoria”.

Este año 2021, en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid, VOX arremetió contra las personas migrantes menores de 18 años, los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados), poniendo un afiche publicitario que decía «Un mena: 4700 euros al mes. Tu abuela: 426 euros de pensión/mes». Con ello pretendía denunciar supuestamente lo que se estaba gastando en estos migrantes y que generó la apertura de una investigación al partido por la instigación de delitos de odio. Lo más grave de estas acciones es que cuentan con el respaldo de una parte de la población.

Así pueden seguir los ejemplos en Italia, Francia, Austria… El discurso antiinmigrante vende y los políticos lo usan para beneficios propios, sin que les genere ninguna culpa el hecho de que contribuyan con la estigmatización y la criminalización de personas que no han cometido ningún delito.

Pero sin lugar a dudas, un caso de estudio es el discurso antiinmigratorio de Donald Trump en su campaña electoral de 2016 (y durante todo su gobierno). En esta abordó de manera recurrente el tema de la deportación de personas extranjeras, la construcción de un muro con México para detener la migración irregular, suspender el otorgamiento de visas y prohibir la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de países con antecedentes de terrorismo. Pero no se quedó solo en la campaña electoral, sino que tres de los primeros decretos ejecutivos que firmó abordaban estos temas.

En América Latina la situación de las personas venezolanas en movilidad ha sido un tema recurrente en las elecciones. Por ejemplo, en las campañas presidenciales de Colombia y México del año 2018, el tema fue abordado haciendo hincapié, en ambos casos, en que debería evitarse que esos países se “convirtieran en otra Venezuela”; sin que les importara mucho la situación de las personas migrantes.

Pero en el caso de la campaña presidencial de Perú de 2021, país que ocupa el segundo lugar en cuanto a la población migrante venezolana con más de un millón, hemos visto que el tema ha estado marcado, tanto en el caso de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo, por una idea de contención de la migración. Supuestamente para prevenir la trata de personas y en el aumento de los controles fronterizos.

Estos discursos contribuyen a la exacerbación de la xenofobia existente en algunos sectores de la población peruana contra los migrantes de nacionalidad venezolana, lo que afecta principalmente a quienes están sin documentos oficiales y además contribuye con el reforzamiento del imaginario que les considera como ilegales.

Para concluir, solo quiero dejar la idea de que nadie acepte que es ilegal porque no lo es y que tenga claro el hecho de que tiene derechos por ser persona o, parafraseando a Hannah Arendt, tiene “el derecho a tener derechos”.

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Arde la Escuela de Estudios Políticos de la UCV

Dos bomberos sofocan el incendio en la EEPA-UCV. Foto: @MiguelBaroneVE en Twitter (Interv. por Runrunes).

Coincido con algunos en lo metafórico que resulta ver a la universidad venezolana en llamas y precisamente las instalaciones donde se estudia a la Política

 

@dhayanamatos

Quizás pueda sonar chovinista (de hecho, no dudo que en este punto lo sea), pero ese amor rayano en el paroxismo que sentimos quienes nos identificamos como ucevistas, solo lo he visto en esta dimensión en el caso de México con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Allá incluso tienen un equipo de fútbol, PUMAS, que es el orgullo hasta de quienes odian ese deporte. Parecido a lo que sienten por la Virgen de Guadalupe inclusive quienes se califican como no creyentes.

Pero volvamos a la “casa que vence las sombras” como señala la segunda estrofa del himno de la Universidad Central de Venezuela. Esa, más antigua que la República, la de los móviles de Alexander Calder, los murales de Fernand Léger, la del Pastor de Nubes de Jean Arp, la del Orfeón fundado por Antonio Estévez, la que diseñó Carlos Raúl Villanueva y fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Donde la “Tierra de Nadie” es de todas las personas. Donde estudiaron Jacinto Convit y José Gregorio Hernández; José Antonio Ramos Sucre, Uslar Pietri y Andrés Eloy.

De donde salieron las primeras mujeres graduadas universitarias en Venezuela: las hermanas Duarte (Agrimensura), María de Jesús Lión (Odontología), María Fernández Bawden (Farmacia) y Lya Imber (Medicina), como nos lo enseñó la doctora Isabel Zerpa (¡ucevista, por supuesto!) y otras mujeres que le han aportado tanto al país como Inés Quintero, Margarita López Maya, Adícea Castillo, Maritza Izaguirre, Elisa Jiménez Armas, Lilia Josefina Cruz Rodríguez y tantas más…

Esa, que nos formó a centenas de quienes hoy formamos la diáspora venezolana y nos hace sentir orgullo por lo que somos, por lo que aprendimos y nos enseñaron en sus aulas.

La UCV a quien Laureano Márquez (un politólogo ucevista prestado al humor, o un humorista politólogo, o como él se defina, aunque siempre ucevista) le escribió un Credo donde manifestó “la dicha que florece a la sombra de las horas azules del reloj (…)”. Sí, de ese reloj famoso que domina la plaza del rectorado, cerca de donde las chichas y el chichero también son una marca universitaria.

Ya resulta un lugar común señalar que la UCV pasa por el peor momento de su historia, por desidia propia y ajena.

Por una parte, sabemos que a los regímenes autoritarios, como el de Nicolás Maduro, no les conviene que la gente piense, opine, disienta, proponga, analice, debata, cuestione y critique lo que hacen los gobiernos, es decir, no les gusta la razón de ser de las universidades como centros productores de pensamientos e ideas plurales.

Corresponsabilidad de las autoridades universitarias

Por otra parte, no se puede ocultar la deficiente gestión de las autoridades universitarias. Y decir eso, no implica que no se tenga en cuenta los intentos por asfixiarla económicamente, por cortar esa autonomía por la que siempre se ha luchado; eso es innegable, pero no es lo único. Falta más por parte del equipo rectoral; más iniciativas, acciones que vayan más allá del enfrentamiento con el gobierno y se ocupen de los problemas internos. Alguien puede pensar que digo eso porque no soy yo la que tengo que dar la cara y es probable que tenga razón, pero también es cierto que en estas horas aciagas de la UCV se requiere un liderazgo sólido, que defina bien los propósitos y los intereses ucevistas.

Traigo todo esto a colación a propósito de lo que ocurrió el miércoles 30 de junio: el incendio de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos (de la EEPA como es conocida).

Si bien el incendio de cualquier instalación ucevista me entristece, en este caso aun más. No es cualquier escuela, es “mi escuela”, donde pasé tantos momentos increíbles aprendiendo y compartiendo con personas que hoy, después de más de veinte años, se cuentan entre mis amistades.

Desde ya manifiesto que no voy a pedir disculpas en caso de que a alguien le parezca una exageración o cursilería. Es probable que lo sea, pero sí sentí un gran dolor, un desgarro, una rabia inmensa de ver el fuego, a los bomberos universitarios sin agua y sin implementos para apagarlo, los mensajes por las redes pidiendo ayuda porque “la EEPA se quemaba”…

A lo que hay que agregar, como ya han señalado algunas personas, lo metafórico que resulta ver a la universidad venezolana en llamas y precisamente las instalaciones donde se estudia a la Política.

Miopía tuitera

Todo esto generó mensajes de apoyo y de rechazo. Entre ellos, quiero señalar uno de un influencer que se la da de analista político, quien parecía congraciarse con lo sucedido y manifestaba que estaba bien porque de la EEPA salía buena parte de quienes están en la actividad política.

Al leer esto, me acordé de un politólogo ucevista, el profesor Ángel Álvarez, quien fuera director del Instituto de Estudios Políticos (IEP) y mi jefe, famoso por sus comentarios inteligentes, llenos de ironía, que activan a la horda twitera que solo busca a quién atacar.

Y me acordé de él por varias razones. Una, porque como tantas otras personas estudiosas de la Ciencia Política, le explicaría al flamante “analista” que quienes estudiamos esta disciplina sabemos diferenciar lo que significa como objeto de estudio de lo que es la acción política. También le diría que probablemente su análisis político de influencer era mejor que el que podía hacer un humilde politólogo como Álvarez, especialista en temas electorales y con un PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame. ¡Vaya la ironía por delante!

En todo caso, esa confusión de “gimnasia con magnesia” del influencer solo es muestra de lo que la profesora Jacqueline Ritcher llamó en un trino “ignorancia supina” y me hizo acordar al padre Francisco Arruza (también soy ucabista), quien en clases de Lógica Jurídica en la UCAB cuando “metíamos la pata hasta el fondo”, siempre señalaba que en Oxford esas cosas no pasaban y que se trataba de “ignorancia crasa y supina”.

Ningún “nido de comunistas”

Pero allí no se queda la cosa. También se ha venido indicando desde el día del incendio que la EEPA es un “nido de comunistas”, para desprestigiar lo que allí se enseña. Y quiero hablar un poco de mi experiencia como estudiante de esta carrera.

Cuando era estudiante, las materias que cursé y el pénsum de estudio era multidisciplinar y bastante amplio. Por ejemplo, veíamos Economía en varios semestres y estudiamos a John Maynard Keynes, Friedrich Hayek y por supuesto a Karl Marx. Por cierto, en el último curso de Economía del décimo semestre, teníamos que leer El capital completo. Conservo rayados mis tres tomos de esta obra de una edición del Fondo de Cultura Económica. También recuerdo con mucho cariño y respeto a Jesús Guerra, el profesor que impartía el último curso, no solo por lo que me explicó del materialismo histórico sino por su don de gente. En definitiva, estudiamos el marxismo, pero también las corrientes liberales. En este último caso, no solo desde la economía sino desde la filosofía política. Recuerdo haber cursado un par de seminarios sobre John Rawls.

Docencias memorables

Pero aprovechando que estoy recordando cosas de la EEPA, no puedo dejar de hablar de mi gran maestra, mi querida y admirada Magaly Pérez Campos, profesora de Historia de las Ideas Políticas Modernas, que con su manera de dar clases incentivaba el estudio por este tema. Fui su pasante con otros compañeros y compañeras cuando se preparaba para su concurso de oposición para ingresar al IEP. Siempre le estaré agradecida por todo lo que me enseñó.

Unos años después, cuando hacía una maestría en Ciencia Política fuera de Venezuela, me preguntó un compañero de clases cómo yo, “subdesarrollada” (no con esas palabras claro está), estaba tan actualizada en las corrientes teóricas modernas si venía de un país atrasado (tampoco con estas palabras), le contesté como se merecía, pero en el fondo de mi corazón agradecí a Magaly Pérez Campos por lo que me enseñó.

También recuerdo a Luis Salamanca, profesor de Historia de los Movimientos Sociales Contemporáneos, quien nos enseñó La Marsellesa. Mi mente vuelve a esa época y me veo sentada en un pupitre cantando “Allons enfants de la Patrie… Le jour de gloire est arrivé…”.

Las clases de Elena Plaza de Historia de Venezuela también eran magistrales. La memoria me juega una mala pasada, pero creo que en esa época se ganó un premio de la Fundación Polar.

Me vienen a la mente mi primera clase en la EEPA con Henry Georgette, que fue excelente desde el comienzo; las de Estructuras Internacionales con Carlos Romero y un general que fumaba como una chimenea, no me acuerdo su nombre; las de Estadística con Germán Campos y Bertha; Teoría Política con Pedro Guevara; las de Organización con Ana Ortuño y Eduardo Pozo (hablar de Pozo me pone una gran sonrisa en los labios porque disfrutábamos tanto de sus salidas que estaban por encima del bien y del mal); me acuerdo cómo me jactaba de que “jamás” le llevé un café a Leandro Area, el de Psicología Social (sus clases eran a las 7 de la mañana y siempre alguien le llevaba un café) porque yo no iba a “jalarle” a nadie.

Víctima de la «izquierda caviar»

Otra, a quien no olvido, es a la profesora de Sociología, de nacionalidad italiana; se había graduado en La Sorbonne y casado con un venezolano. Era brillante, muy buena profesora, pero con esas actitudes de “izquierda caviar” que juzga sin saber la realidad de las demás personas. No me quería porque yo había entrado por prueba interna y no por el CNU, además, mi pecado no quedaba allí: yo estudiaba dos carreras a la vez y mi peor delito, la otra, Derecho, la estudiaba en la UCAB, en una universidad privada. Me imagino que, en su mente, yo formaba parte de la clase alta venezolana; si me hubiese preguntado, le hubiese contado que mi mamá era maestra y mi papá manejaba un camión, vendía queso llanero, pero que él decía que en mi casa podía faltar plata para comida, pero jamás faltaría para comprar un libro.

Esa profesora tenía un método particularmente sádico para entregar las calificaciones de los exámenes. Empezaba por quien tenía la mayor calificación, la decía públicamente y terminaba con quien tuviera la peor. Ya cuando nombraba a quienes sacaban 11 o 10, a quienes no había nombrado, comenzaban a sudar, estaban en la lista de aplazados. A mí me pasó la primera vez, cuando ya iba por 08, internamente me preguntaba ¿qué hice yo en ese examen?, mientras ella seguía con su tortura. Terminó de dar las calificaciones y no me nombró, le dije que yo faltaba y me respondió que hablábamos al final de clase, lo que hicimos.

Me dijo que mi examen estaba muy bueno y, palabras más, palabras menos, quería saber de quién me había copiado. Tal y como lo cuento. Así que ante una persona prepotente me sale ser prepotente y media, le contesté que, según su argumento, yo me estaba copiando desde preescolar y tuve que confesar que estudiaba en la UCAB. A partir de este día, siempre me llamaba la atención porque me sentaba en las últimas filas de la clase y no adelante con el séquito de admiradores.

La EEPA, una ventana a la pluralidad

Bueno, me extendí contando algo que me marcó, pero la idea era hablar de mi experiencia en la EEPA, además, ligada con mi paso como investigadora contratada por el Instituto de Estudios Políticos. Allí compartí con Rodolfo Magallanes, Gabriel Guerón, con el profesor Ángel, Magaly Pérez Campos, Estrella, Mirtha, con otras personas quienes, como yo, comenzábamos… Veíamos desde lejos a los grandes maestros como Diego Bautista Urbaneja y Miriam Kornblith, nos contaban las historias de García Pelayo, Juan Carlos Rey…

También llegué a participar (en calidad de oyente, estaba para aprender) en unos conversatorios maravillosos donde estaban Arturo Sosa, José Virtuoso, las investigadoras y los investigadores del IEP, a veces había personas invitadas y, quienes estudiábamos, lo veíamos como una oportunidad de poder estar escuchando a las maestras y a los maestros.

Y tenían distintas posturas ideológicas, comunistas, socialistas, liberales, nini, cada quien con su visión del mundo y su forma particular de enseñar. Eso es, era y será para mí la EEPA, una ventana al conocimiento, a la pluralidad y creo que, aunque la infraestructura física esté quemada, existe y existirá en la experiencia de vida de quienes transitamos por los pasillos de ese galpón.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Dhayana Fernández-Matos Jun 20, 2021 | Actualizado hace 4 semanas
La misoginia ilustrada vernácula
Nuestros flamantes intelectuales comparan las luchas reivindicativas de las mujeres con el nazismo ¡Nada más y nada menos!

 

@dhayanamatos

El título de este artículo puede generar cierta confusión y hacer que algunas personas, al leer “misoginia ilustrada”, crean que se va a hablar de los pensadores que, en el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, razonaron su aversión hacia las mujeres mediante postulados que justificaban su condición de subordinación. Voy a hacer una breve referencia a estos señores, porque entre ellos están los llamados “padres” de la democracia moderna; la misma que, hasta el día de hoy, se sigue presentando como huérfana de “madres”; no porque no las tenga, sino porque los padres justificaron de una y mil maneras su inexistencia.

Entre estos padres destaca, sin lugar a dudas, Jean Jacques Rousseau, quien en su obra Emilio, o De la educación, justificó las desigualdades entre hombres y mujeres en una supuesta complementariedad entre los sexos y dejó claramente establecido que “el destino especial de la mujer consiste en agradar al hombre”. Agregó además otras perlitas: si a una mujer la ponen a elegir entre agujas e hilos para tejer, por un lado, y libros, por el otro, las mujeres “naturalmente” elegirán los primeros… Veo a más de un misógino asintiendo, incluso con reverencia, ante semejante afirmación.

Otro de los grandes ilustrados, Kant y su famosa frase sapere aude (atrévete a saber), que implicó sustentar el conocimiento en la razón y desechar el origen divino de este, no se quedó corto a la hora de denostar a las mujeres: le costaba creer que estas fueran capaces de tener principios (imagino la ovación –aplaudiendo y parados– de los misóginos, ¡clap!, ¡clap!, ¡bravo Immanuel!).

Así podemos nombrar muchos otros, antes de la Ilustración, como Aristóteles (para él, la mujer era un hombre mutilado), y después, Arthur Schopenhauer (uno de los que más odiaba a las mujeres) y Sigmund Freud… Sí, Freud. Su teoría está tan imbuida de la cultura patriarcal que deja a las mujeres sin poder.

Misoginia por estos lares

Pero no es a estos misóginos a los que me voy a referir, sino a los nuestros, pertenecientes a la “intelectualidad venezolana”, quienes, en su posición de privilegios de distintos tipos, arremeten contra las luchas reivindicativas de las mujeres por sus derechos. Además, parecen pertenecer a una especie de cofradía donde se dan palmaditas los unos a los otros por ser “provocadores, reflexivos, cuestionadores”… Lo peor de todo es que encontraron en algunos líderes políticos grandes aliados que confirman una hipótesis debatida con bastante frecuencia en los últimos tiempos: LOS PARTIDOS POLÍTICOS VENEZOLANOS SON REACCIONARIOS.

Los partidos políticos y sus líderes misóginos

La crisis que atraviesa Venezuela, en todos los ámbitos, indudablemente afectó también a los partidos políticos. No se trata solamente de desafección partidista, de la falta de democracia interna o de otros problemas que actualmente tienen estas organizaciones en muchas partes, sino que, parece que se les olvida que para competir en la arena electoral necesitan adecuarse al contexto. En este caso, resulta crucial contar con la participación política de las mujeres, de personas sexodiversas, e incluso de poner en el debate público la discriminación contra las personas afrovenezolanas (y no me vengan con que somos “chéveres” y no somos racistas, porque lo somos y mucho).

Con esto no me refiero a que todos los partidos sean feministas (eso no ocurre en ninguna parte del mundo). Por ejemplo, si se ha seguido a Vente Venezuela, queda clara su ideología. Es un partido conservador y defensor del neoliberalismo. Hay bastante claridad en cuál es su posición; no podemos esperar avances sustantivos para las mujeres en sus líneas partidistas. Pero a nadie engañan, su postura es un hecho notorio, público y comunicacional.

Pero hay otros que incorporan en sus discursos aspectos tales como la inclusión, la diversidad, los derechos de las mujeres, entre otros temas sociales y, luego, algunos de sus dirigentes, incluso en cargos de secretarios generales, salen apoyando ideas misóginas, con solidaridades mecánicas con consecuencias para el partido. Tengan presente que las posturas de sus machirulos pueden afectarlos en la contienda electoral.

Vean lo que ha pasado en Chile, en México, en otros lugares con las posturas partidistas misóginas. Si no entienden que es imposible pensar en procesos políticos democráticos sin la presencia de las mujeres –pero, sobre todo, sin tomar en cuenta sus intereses–, entonces dedíquense a la Física Cuántica o a la Ingeniería Mecatrónica, porque parece que los espacios políticos les quedaron grandes.

¿Por qué se habla de misoginia?

Nuestros flamantes intelectuales comparan las luchas reivindicativas de las mujeres con el nazismo ¡Nada más y nada menos!

Parece que se les olvida que la única sangre derramada por las mujeres es la propia, en la menstruación y cuando paren, o cuando se cometen contra ellas femicidios y otras formas de violencia física. Pero esa es una nimiedad. Lo importante es etiquetar estas luchas y compararlas con un régimen que asesinó a 6 millones de personas de origen judío, además de a polacos no judíos, romaníes, entre otros.

Pero no se trata de un solo misógino, sino que vienen en su apoyo otros; entre ellos, un dios del Olimpo –depositario de la verdad verdadera e incuestionable–, a comparar al feminismo, o a algunos feminismos (por lo menos reconoce esta pluralidad) con los fundamentalismos religiosos. ¿Eso será como una especie de feminismo talibán o algo así?

No son originales, eso si no son. Cuando las luchas de las mujeres y otros grupos en situación histórica de desventaja intentan subvertir el statu quo y desafían el pacto patriarcal, salen los garantes del sistema a señalar que se están pasando… Son unas nazistas, fascistas, talibanas y paremos de contar.

Las mujeres que apoyan la misoginia

Y que conste que no solo son machirulos (término que se refiere a los hombres políticos que no tienen ningún empacho en mostrarse abiertamente machista), sino que algunas mujeres legitiman las posturas misóginas. Bien lo decía Simone de Beauvoir: “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”.

Pero también decía esta filósofa existencialista que: “Nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso contra las mujeres que un hombre inseguro de su propia virilidad”. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Eso se lo dejo a las psicoanalistas feministas, esas que, basándose en Freud, cuestionan sus postulados y han demostrado que no hay “envidia del pene”, sino una profunda desigualdad.

Volviendo a las mujeres que aplauden a la intelectualidad misógina y que se jactan de decir que “el feminismo no las representa”, les recuerdo que, si son políticas, estudiaron y tienen un título universitario, se divorciaron, toman pastillas anticonceptivas, e incluso, si tienen una cuenta bancaria, es gracias a las luchas del movimiento feminista… Recuerden que si hubiese sido por los misóginos que tanto defienden estarían, como dice una filósofa española, en una “minoridad perpetua”.

Pasemos a desmontar algunas falacias…

Una violencia específica por ser mujer

Es importante recordarles a los misóginos nacionales que hace ya varias décadas que se logró establecer que hay distintos tipos de violencia; entre ellas, una específica dirigida a las mujeres por el hecho de serlo.

Vamos por partes. Hay más asesinatos de hombres que de mujeres, eso es cierto. Pero analicemos las razones de estos hechos delictivos. A los hombres los matan por razones económicas, ideológicas, religiosas, territoriales; son las principales víctimas (y también victimarios) de la violencia social… A los hombres los pueden matar por su orientación sexual (ser homosexuales) o por su identidad de género (ser transexuales o transgéneros). Pero a los hombres en una posición heterosexual dominante no los matan por ser hombres.

En el caso de las mujeres la situación es distinta. Los riesgos se desprenden del hecho de ser mujer y comienzan antes del nacimiento, con los abortos selectivos (la razón del aborto es que se sabe que será una niña y no un niño), continúa con los abuso sexuales infantiles (también lo sufren los varones pero los porcentajes son más bajos), violaciones sexuales, explotación sexual, violencia en el noviazgo, matrimonio forzado, embarazo forzado, mutilaciones genitales, violencia en el contexto de las relaciones de pareja, violencia en las universidades, en las escuelas, establecimientos deportivos, en orquestas musicales, trata de personas y pare usted de contar. Pero para los misóginos esto es una exageración y lo que pasa es que las mujeres se “victimizan”.

Pero vayamos a las cifras. En la página web de ONU Mujeres hay algunos datos que nos permiten observar la magnitud de esta problemática. En estos datos señalo la fuente de donde los extraigo y quienes lean el artículo pueden constatar su veracidad.

“A escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja”.

“Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia”.

“Las mujeres adultas representan cerca de la mitad (el 49 por ciento) de las víctimas de la trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. Las mujeres y niñas representan conjuntamente un 72 por ciento, y las niñas suponen más de tres cuartas partes de las víctimas infantiles de la trata. La trata de mujeres y niñas se realiza, en la mayoría de los casos, con fines de explotación sexual”. Esto permite apreciar que no se trata de un delito genéricamente neutro.

“Quince millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo”.  En Venezuela, un porcentaje importante de las primeras relaciones sexuales de las mujeres son forzadas.

“En cinco regiones, el 82 por ciento de las parlamentarias denunció haber experimentado algún tipo de violencia sexual durante su mandato. Esta incluía comentarios, gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, amenazas y acoso laboral”. Esta es la violencia contra las mujeres en la vida política y el objetivo es transmitir un mensaje: el espacio político no es para las mujeres.

Las mujeres y los techos de cristal en las empresas

Es sabido que, aunque las mujeres se preparen y estén capacitadas para ocupar los puestos de mayor jerarquía dentro de una organización, tienen que enfrentarse con el techo de cristal, que se refiere a una barrera, a una superficie superior, en principio invisible, pero que está allí e impide que las mujeres alcancen los puestos de mayor jerarquía en una organización.

En el caso de las mujeres políticas, obstaculiza que lleguen a ser jefas de Estado o de gobierno o, incluso, presidentas o lideresas de un partido político (actualmente solo un poco más del 6 % de estos puestos son ocupados por mujeres, según cifras de la Unión Interparlamentaria).

En el ámbito empresarial, aunque se han dado ciertos avances, las mujeres continúan siendo una rara avis en los puestos superiores jerárquicos. Según un informe del Credit Suisse Research Institute para 2019, los hombres ganan más que las mujeres en todas las regiones. Y la brecha salarial de género es el resultado de diferencias bien establecidas. El porcentaje de mujeres en los puestos de CEO es de solo 5 %, mientras que, en los puestos de director financiero, CFO, es de 13 %. Y solo el 20,6 % de los consejos de administración de grandes compañías está constituidos por mujeres.

Eso es en las grandes compañías, pero, en general, la inserción de las mujeres en los mercados laborales, principalmente en los países del Sur global, es en condiciones precarias, en los puestos con menor salario, sin prestaciones de seguridad, cumpliendo dobles y triples jornadas laborales. Todo lo cual se ha vuelto más crítico con la pandemia de covid-19 y la sobrecarga de cuidado que les afecta.

Así que estamos lejos de la igualdad y no se trata de un tema de competencias. En América Latina, por ejemplo, hay una feminización de las matrículas universitarias y en el número de graduadas, pero eso no garantiza mejores puestos de trabajo. Todos estos datos son fuentes serias, rigurosas y confiables. Permiten demostrar la desigualdad, comprender y justificar las luchas de las mujeres por sus derechos.

Un mensaje

No quisiera terminar este artículo sin hacerles un llamado a las jóvenes activistas feministas venezolanas millennial, centennial y, si me apuran mucho, pospandemial: ¡Lean, lean mucho, a los clásicos y a quienes cuestionan sus argumentos! Los talleres son buenos y necesarios, pero para poder tener argumentos consistentes y críticos hay que leer. Necesitamos tener argumentos sólidos frente al establishment.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Una convención para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres

@dhayanamatos

El fin de la II Guerra Mundial marcó un hito histórico en el desarrollo y en el fortalecimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Supuso la instauración de un modelo de protección mediante el cual las personas tienen un conjunto de derechos garantizados en el contexto internacional en virtud de su condición de seres humanos, más allá de aquellos que tienen por ser ciudadanos y ciudadanas de un Estado particular.

Desde la perspectiva histórico-jurídica, a esta etapa se le denomina internacionalización. Y surge de la necesidad de ponerle límites al uso del poder por los Estados, de la preeminencia de la tesis iusnaturalista que parte de la existencia de un conjunto de derechos naturales con validez jurídica internacional y que le compete asegurar a la comunidad internacional.

En este contexto, comienzan a desarrollarse la Organización de las Naciones Unidas y, en el ámbito regional americano, la Organización de Estados Americanos. Ambas nacen en 1948.

En el seno de estas organizaciones se adoptaron una serie de declaraciones y tratados de carácter universal y regional en materia de derechos humanos, que reafirmaron el reconocimiento de la dignidad humana por parte de la comunidad internacional. Además, se crearon órganos con competencia para velar por la garantía y protección de esos derechos.

En el sistema interamericano, el primer instrumento que presenta un catálogo general de derechos humanos fue la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en mayo de 1948. Posteriormente, en el año 1969, se adopta la Convención Americana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, conocida como Pacto de San José; en ella se consagra un conjunto de derechos civiles y políticos. En 1988, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, se adopta el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las mujeres y los derechos humanos

En esta etapa de internacionalización, como se indicó, se adoptaron un conjunto de tratados de carácter general, que consagraron la universalidad y que, en principio, reconocieron que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Pero se enunciaron de manera “neutra” y abstracta, bajo un supuesto universalismo que, al omitir precisar los géneros, tenía como referente o modelo a un hombre, por lo que devino en norma masculina y la invisibilización de las necesidades y experiencias de las mujeres. Ni pensar en que se estableciera, además, un enfoque interseccional.

En relación con este aspecto, es preciso reconocer que los hombres y las mujeres tienen experiencias distintas. Esto no implica que las experiencias masculinas se visualicen como las propias de los seres humanos, como el referente universal; mientras que las de las mujeres se identifiquen como experiencias y necesidades específicas.

Como señala la jurista costarricense Alda Facio: “los hombres son tan diferentes y tan semejantes a nosotras las mujeres, como nosotras somos diferentes y semejantes a ellos. Ninguno de los sexos debería ser el parámetro o paradigma de lo humano porque ambos, mujeres y hombres, somos igualmente humanos”.

Lo dicho no pretende negar el hecho de que los catálogos generales de derechos humanos adoptados en el proceso de internacionalización protegen a las mujeres, principalmente porque todos ellos consagran el derecho a la igualdad y la prohibición de no discriminación, pero con el tiempo, esta protección demostró ser insuficiente para las mujeres. Esto implicó buscar otras herramientas normativas que, en aras de la igualdad real, establecieran mecanismos para proteger las diferencias y, en la lucha por combatir la discriminación, persiguieran la erradicación de las desigualdades que generan la violación de los derechos humanos. De esa manera se entró en la etapa conocida como especificación.

Derechos humanos específicos para las mujeres

El jurista Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución española, explicaba que en el proceso de especificación se produce una mutación al modelo original occidental y liberal de los derechos humanos, ya que en esta etapa se parte de sujetos contextualizados, superando la premisa general, universal y abstracta del hombre como referente de la humanidad.

La especificidad está dada por el hecho de que no se reconocen derechos generales para todas las personas, sino que los titulares de los derechos que se consagran pertenecen a grupos que se encuentran en una condición social, cultural o física que genera una situación de vulnerabilidad e inferioridad en las relaciones sociales, por lo que requieren una protección especial para superar la discriminación y la desigualdad existentes.

En el sistema interamericano, en esta etapa de especificación, se adopta el 9 de junio de 1994, en la ciudad brasilera de Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Fue este el primer instrumento internacional, de carácter regional, que reconoce como derecho humano de las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Esto quiere decir que esta semana la Convención de Belém do Pará cumplió 27 años.

En el preámbulo de este texto normativo, los Estados partes reconocen que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, una ofensa a la dignidad y constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Los primeros pasos

Lograr que se adoptara una convención como esta a nivel interamericano no fue tarea fácil. Las activistas, los movimientos de mujeres y feministas tuvieron un papel fundamental.

Durante la década de los ochenta, a lo largo de todo el continente, las mujeres alzaron sus voces y se dieron manifestaciones para denunciar la violencia sistemática a la cual eran sometidas por el hecho de ser mujeres. Su clamor no cayó en saco roto; por el contrario, consiguieron introducir el tema en el debate público nacional y regional. Para lograrlo, contaron con una gran aliada: la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

La CIM es el órgano de la región más antiguo en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Fue creada en 1928, así que es anterior al surgimiento de la OEA. En sus inicios se le encomendó realizar un estudio sobre la situación legal de las mujeres en las Américas. De este trabajo surgieron la Convención interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer y la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer, ambas en 1948.

En 1989, la presidenta de la CIM, la salvadoreña Milagro Azcúnaga de Meléndez, manifestó en una reunión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas que la organización que presidía había detectado un vacío importante en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) –que era considerada la carta magna de los derechos de las mujeres–, en relación con la violencia que estas sufrían y que a nivel regional, aunque en ese momento la información estadística era insuficiente y el problema invisible, se comenzaría a trabajar para hacerle frente a este flagelo. Así se inició el recorrido hasta la adopción de la convención.

Cuenta Linda J. Poole, quien fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres en el periodo comprendido entre 1986 – 1996, que en el año 1991, con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Venezuela, se convocó una reunión de mujeres juristas que tuvieran experticia en temas de derechos humanos y en el abordaje de las violencias contra las mujeres.

Las expertas venezolanas

En el grupo de 10 expertas estuvieron presentes, además de influyentes feministas internacionales conocidas por las nuevas generaciones por los aportes que han hecho a los estudios jurídicos sobre las mujeres; entre ellas, Rebecca Cook (experta en derechos sexuales y reproductivos) y Rhonda Copelon (famosa, entre otras razones, por su abordaje de la tortura en los casos de violencia en la pareja), dos paisanas: la penalista Sonia Sgambatti y la experta en asuntos de familia María Cristina Parra. Ambas continúan activas en la lucha por los derechos de las mujeres.

En mi opinión, es importante que las jóvenes conozcan los aportes que han hecho las feministas venezolanas no solo en el ámbito nacional sino en el internacional.

Es fácil señalar que se trata de un feminismo liberal, que no va a la raíz del problema, que excluye a un amplio sector de aquellas que no son blancas o blanquizadas, o que no incorpora la mirada interseccional que permita ver que no solo es el género sino su intersección con otras formas de dominación lo que mantiene a las mujeres en riesgo…

Es fácil decir eso ahora. Lo difícil era hacer lo que ellas hicieron en su momento: lograr mover los cimientos culturales que consideraban que el problema de la violencia contra las mujeres era un asunto privado, sacarlo de su invisibilidad y posicionarlo como un asunto de derechos humanos, lo que implica un conjunto de obligaciones para los Estados. Esto fue lo que se logró con la adopción de la Convención de Belém do Pará.

Importancia de la convención

Además de dejar claramente establecido que la violencia contra la mujer puede ocurrir en los espacios público o privado, ser cometida en cualquier ámbito: la familia, la comunidad, por el Estado o sus agentes, la Convención de Belém do Pará expresamente reconoce el peso que tienen los estereotipos de género en esta problemática, en la subordinación que afecta a las mujeres, de allí la importancia de tomar medidas para erradicarlos.

En relación con las obligaciones que tienen los Estados, estas pueden ser: educativas, preventivas, informativas, de atención integral, de reparación, de acceso a la justicia y establece la debida diligencia.

En relación con la debida diligencia es importante destacar que no se trata de actuar de cualquier modo y eso es crucial tenerlo presente si examinamos la situación de las violencias contra las mujeres en Venezuela.

No basta con que haya una ley, unos tribunales y todo un sistema jurídico especializado en los asuntos de violencia contra las mujeres si no es oportuno, eficaz y verdaderamente garantiza a las mujeres su derecho humano a una vida libre de violencia. En ese sentido, que ante los testimonios dados por mujeres víctimas de violencia y recogidos por el movimiento #YoSíTeCreo venezolano, el fiscal general de Venezuela diga que se investigará, eso no supone que se esté actuando con la debida diligencia.

Casos emblemáticos

La primera vez que se aplicó la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano fue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso María da Penha Maia Fernandes vs. Brasil. Se trataba de una farmacéutica brasileña a quien su esposo la intentó matar dos veces y la dejó parapléjica. Ante el retardo procesal y la inacción del sistema de justicia brasilero, la comisión manifestó que la falta de debida diligencia en el tratamiento de los hechos no se trataba de una actuación que se hubiese dado solo en este caso, sino que, por el contrario, era la forma de actuar recurrente de los órganos del Estado ante la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, en el espacio doméstico, donde se mostraba una tolerancia hacia las agresiones cometidas y una clara discriminación contra las víctimas.

Es tal la importancia de este caso en Brasil que la ley que regula la violencia contra las mujeres se llama Ley 11.340 Maria da Penha.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado varios asuntos en los cuales ha aplicado la Convención de Belém do Pará. Entre ellos, uno de los más conocidos, es el referido a los femicidios (aunque la corte nunca usó este término) de tres mujeres en Ciudad Juárez, caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México.

Los aportes jurisprudenciales en este caso se vinculan con la falta de debida diligencia por parte de las autoridades mexicanas, a la persistencia de estereotipos de género, a una violencia estructural, a la impunidad, entre otros.

En relación con la impunidad, manifestó la corte que esta es recurrente ante la ineficacia de las autoridades para investigar, lo que envía un mensaje social de que este tipo de violencia es permitida, es legítima, con lo que se normaliza como algo cotidiano en la vida de las mujeres.

Es el incumplimiento de las obligaciones estatales lo que contribuye a un ambiente de impunidad.

Esta pequeña muestra no puede culminar sin mencionar la sentencia de Linda Loaiza, caso López Soto y otros vs. Venezuela, donde por primera vez la corte configuró la tortura en actos de violencia contra la mujer cometidos por un particular debido a la omisión del Estado venezolano en actuar y proteger a la víctima cuando tuvo conocimiento de ciertos hechos del agresor, Luis Carrera Almoina.

La Convención de Belém do Pará fue un gran logro para las mujeres de la región. No se debe olvidar que América Latina es el continente que muestra las cifras más altas de violencia contra las mujeres; que para ellas el lugar más peligroso es su propio hogar y los principales agresores son los cónyuges, las parejas, las exparejas, otros hombres de la familia o con quienes mantienen relaciones cercanas. Pero aun es largo el camino para que las mujeres tengan una vida libre de violencias en los espacios públicos o privados, en la vida real o en la virtual, en tiempos de guerra o en tiempos de paz.

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