Dhayana Fernández Matos, autor en Runrun

Dhayana Fernández-Matos

Ellos me explican a mí lo que significa la violencia contra las mujeres, por Dhayana Fernández-Matos

@dhayanamatos

En una fiesta, un señor le preguntó a la escritora estadounidense Rebecca Solnit sobre el nuevo libro que esta acababa de publicar (para el momento, había escrito seis o siete). Cuando ella comenzó a explicarle, él la interrumpió para hablarle de un libro que abordaba el mismo tema, pero que era más importante y de mayor impacto que el de Solnit.

Una amiga de la escritora tuvo que repetirle tres o cuatro veces al flamante expositor que la obra de la cual estaba hablando y alabando, era de Rebecca, hasta que este lo aceptó y enmudeció por unos segundos sorprendido de que ella lo escribiera. Pero dicha sorpresa le duró muy poco, siguió pontificando…

Al respecto señaló Rebecca Solnit: “Los hombres me explican cosas, a mí y a otras mujeres, independientemente de que sepan o no de qué están hablando. Algunos hombres”.

Esta experiencia la recogió la autora en un artículo que tituló Men explain things to me (Los hombres me explican cosas), en el cual explicaba ese exceso de confianza de algunos hombres que los lleva a creer que pueden dominar un tema o un área mejor que cualquier mujer y por eso, de forma prepotente, vienen a explicárselo, aunque estén frente a una mujer con conocimientos del tema en profundidad.

Esta publicación tuvo una rápida difusión y sirvió como referente para que se acuñara el término mansplaining, palabra compuesta de man (hombre) y explain (explicar). En el año 2010, fue elegida como palabra del año por el New York Times y el sustantivo, mansplainer, fue definido como: “Un hombre compelido a explicar o a dar su opinión sobre cualquier cosa, especialmente a una mujer. Habla a menudo con condescendencia, incluso aunque no sepa de qué está hablando o no sea asunto suyo”.

A mí también me explican

Traigo a colación el mansplaining, a propósito de los comentarios, recomendaciones y explicaciones que me han estado haciendo algunos hombres acerca de lo que significa las violencias, así en plural, contra las mujeres; lo que es el debido proceso o el valor del testimonio de la víctima, en el contexto de lo que está ocurriendo con el movimiento #MeToo venezolano.

No se trata solo de abogados que se quedaron en el derecho decimonónico o cuando mucho avanzaron hasta el Código napoleónico (que por cierto no consideraba a las mujeres como ciudadanas activas), sino del profesor de matemáticas que me “enseña” que en Venezuela existen protocolos de actuación para estos casos o cualquier hombre que me explica por qué el testimonio de la víctima no es válido.

Hablo de mainsplaining porque resulta que quienes me explican algunos componentes de las violencias contra las mujeres, desconocen que fui fundadora de la primera cátedra de Derecho y Género que se impartió a jueces, juezas y al personal judicial en la Escuela Nacional de la Magistratura; logré que dicho curso fuera transversal y se diera en todos los programas. Fui la primera que capacitó a los tribunales con competencia especial en violencia contra la mujer en temas de derechos humanos de las mujeres, violencia y aproximación al fenómeno legal con perspectiva de género. Soy cofundadora de la Cátedra Libre de Defensa para la Mujer de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público y su primera conferencista. Gané el concurso de oposición de la cátedra Derechos Humanos de las Mujeres de la maestría en Estudios de la Mujer de la UCV y soy docente en esta materia en Argentina, Colombia y Venezuela.

Pero, para algunos hombres, esto no es suficiente para conocer del tema de las violencias contra las mujeres. Por eso, ellos me lo explican con condescendencia para que yo, en mi situación de minusvalía intelectual (según ellos), entienda el problema.

Por supuesto que esto no me sucede solo a mí, sino a las mujeres venezolanas (y de todo el mundo), de distintas profesiones: politólogas, psicólogas, médicas, economistas, internacionalistas, sociólogas, abogadas… que trabajan con profundidad algún tema vinculado con la situación de las mujeres.

Si alguna persona piensa que no hice bien mi trabajo, dada la situación de los tribunales con competencia especial en violencia contra la mujer, debo señalar que estos temas no se aprenden ni se manejan con profundidad en cursos de una o dos semanas. La gente se va sensibilizando, va reflexionando y va incorporando algunas cosas, pero se necesita más.

La inequidad de género como cátedra

Se precisa erradicar los patrones socioculturales y los roles basados en la inferioridad de las mujeres y la superioridad de los hombres. Este es un mecanismo fundamental en el que se debe actuar.

Se requiere un estudio más riguroso, sistemático y serio. Es hora que las facultades de Derecho de las universidades venezolanas incorporen como materia obligatoria el abordaje del fenómeno legal y su vinculación con las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres.

También es importante entender que, como en otras áreas, es necesario que haya concursos para el ingreso y permanencia en la carrera judicial. Esto implica que las personas designadas como jueces y juezas en materia de violencia, no necesiten un carnet del PSUV para poder serlo, sino que superen las pruebas de conocimiento que los habilita para juzgar asuntos vinculados con esta problemática.

Son muchas las aristas donde se requiere actuar para hacerle frente a las violencias que sufren las mujeres. Hay que reconocerle al movimiento #MeToo que destapó un tema que, quienes lo trabajamos, sabemos que ocurre desde tiempos inmemoriales (o por lo menos desde 1492 si nos orientamos por las corrientes decoloniales): Venezuela es una sociedad machista, misógina y las violencias contra las mujeres están presentes en todas las áreas del accionar humano.

A continuación, hablaré sobre ciertos aspectos que guardan relación con los testimonios de violencias.

Twitter sirve para denunciar la violación de todos los derechos humanos, menos los de las mujeres.

Ante lo ocurrido los últimos días y la proliferación de testimonios de mujeres sobre distintas manifestaciones de violencia a través de Twitter, como mecanismo para hacer públicas sus experiencias y las violaciones de sus derechos, muchas personas han sentenciado que “no es el lugar”, “que está mal estar ventilando la vida privada”, “que para eso están los tribunales”, “que vayan y denuncien”…

Ante esta última “recomendación”, no sabemos si enfurecernos o reírnos, porque quienes se horrorizan porque las mujeres se expresan por redes sociales, son los mismos que apoyan abiertamente que estas sirvan para hacer la denuncia contra la violación de otros derechos humanos.

De esa manera, está bien que se denuncie por Twitter que las vacunas no llegan y que se viola el derecho a la salud; que está bien que se denuncien las desapariciones forzadas y que se increpe al Estado venezolano… Pero está muy mal que las mujeres se expresen porque lo necesitan y porque el derecho a una vida libre de violencias también es un derecho humano.

El doble rasero

También llama la atención que quienes cuestionan a las que relatan sus experiencias por las redes, son los mismos que las usan para hacer cualquier comentario, para increpar al adversario, mofarse de él o contar anécdotas de su vida diaria. Esto se conoce como doble rasero.

El doble estándar o doble rasero es una categoría que permite describir cómo, ante una misma problemática, se juzga o evalúa diferente si la persona afectada o a quien le compete, es un hombre o una mujer. En ese sentido, el mensaje es “denuncie cualquier violación de derechos humanos por redes sociales, menos si se trata de la violación del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias”.

Que quede claro, estoy absolutamente de acuerdo con que las víctimas presenten las denuncias antes los órganos receptores; es necesario activar los órganos de administración de justicia (aunque desconfiemos de ello, en virtud de los altos índices de impunidad). Esta debería ser la vía idónea para la obtención de justicia.

Linda Loaiza, un ejemplo para exigir justicia

Hay que seguir el ejemplo de Linda Loaiza López, quien tiene 20 años exigiéndole al Estado venezolano que le asegure su derecho a la justicia y a la reparación, lo que aún no ha logrado, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en 2018 en la que estableció su responsabilidad internacional y distintas medidas de reparación que no han sido cumplidas.

Linda es un claro ejemplo de que hay que persistir y seguir exigiendo.

Pero no todas son Linda Loaiza y a muchas mujeres les urge contar su experiencia y por eso lo hacen. Es una necesidad. No importa que hayan pasado dos días o 10 años desde que ocurrieron los hechos.

Además, es importante tener presente que, salvo los casos de figuras públicas, el grueso de mujeres que cuentan sus experiencias de agresiones sexuales y violencias, no dan el nombre del agresor. Cuentan su historia desde la perspectiva de la víctima y un agresor anónimo.

Si algunas dan nombres y las redes sociales juzgan, esto no es culpa de la que habla.

Hay que dejar la hipocresía y reconocer que Twitter es un medio donde prolifera el odio, la violencia verbal, y otras formas de agresiones virtuales, pero eso no es culpa de las mujeres.

Por cierto, dejen de decir que es la “Inquisición”. Acuérdense de que a las que quemaron, con el alegato de que eran brujas, fueron a las mujeres, por atreverse a saber, a conocer y a ir en contra del orden establecido.

Si algún hombre considera que es falso y que lo están calumniando, también puede denunciar y activar la vía judicial para solicitar el resarcimiento del daño causado. Que se manifieste el principio de contradicción y que un juzgado imparcial (que no decida a partir de prejuicios y estereotipos), con las garantías del debido proceso para ambas partes, decida al respecto.

Denuncia y miedo

Cabe destacar que es necesario desmontar la idea sobre la existencia de un alto porcentaje de denuncias falsas. Hablan de estadísticas inexistentes. Hablan de que “el 80 % de las denuncias son falsas”, “que las mujeres usan eso para castigar a los hombres”, “que el porcentaje de los casos ciertos es muy pequeño” (¡cómo se nota que no son mujeres!). Pero cuando se les pregunta de dónde sacaron los datos, qué medio usaron para obtenerlos, cuál metodología aplicaron, cuál es el tamaño de la muestra seleccionada, qué paquete estadístico se usó para procesarla, no hay respuesta.

Y no hay respuesta porque este dato no existe. Hay estudios que se han hecho en algunos países que hablan de los porcentajes de mujeres que retiran las denuncias, pero no necesariamente porque sus testimonios sean falsos sino porque viven inmersas en un ciclo de violencia, por miedo al agresor, porque el sistema de justicia las revictimiza, entre otras consideraciones.

Esto no quiere decir que no haya algunas mujeres que mientan –pero algunas no significan la mayoría como pretenden hacer creer–, que intenten hacerle fraude a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¡por supuesto que las hay! Pero aquí volvemos al doble estándar o doble rasero, ¿en qué área del Derecho no hay personas que intentan hacer fraude a la ley?

A lo mejor esos que se rasgan la vestidura lo han hecho en más de una ocasión, pero aquí lo que molesta de la denuncia es que se trate de una mujer y en un caso que, pese a los avances normativos, se sigue considerando un asunto privado. Sin olvidar que más de uno actúa así porque tiene “rabo de paja”.

El peso del testimonio de la víctima

En relación con el testimonio de la víctima y su validez como prueba en asuntos de violencia contra la mujer, es preciso que se actualicen y lleguen al siglo XXI.

Si de verdad les interesa el tema, revisen los estándares internacionales en esta materia, acudan al derecho comparado y a los estudios feministas del Derecho.

Las particularidades de este delito, que ocurre en la mayoría de los casos en el ámbito de lo íntimo, sin testigos y donde resulta difícil la recolección de otras pruebas, lleva a que el testimonio tenga gran valor, en concordancia con otros factores que quien juzga debe tomar en consideración al decidir. Dejen de hablar de lo que no saben y no se han tomado la molestia de estudiar.

Por último, a las mujeres que quieren contar su historia, quiero decirles que no dejen que las determine un like en las redes sociales, que no las silencien, que no las callen.

¡Vayan y denuncien ante los órganos judiciales! Conozco cuáles son las fallas del sistema de justicia en asuntos de violencia contra las mujeres: la revictimización, el retardo procesal, la impunidad, la falta de un enfoque de derechos humanos, la presunción de que la víctima miente, no hay reparación integral, entre otras. Pero, pese a esto, creo que se debe denunciar. Hay que activar el sistema, exigirle y monitorear sus actuaciones.

Y si quieren apoyo de las mujeres en redes, saben que ahí lo tienen y también tienen a distintas organizaciones de defensa de las mujeres tales como AVESA, el Centro de Estudio de la Mujer de la UCV, Muderes, Mulier, CEPAZ, Éxodo, Tinta Violeta, La Araña Feminista, Voces de Género, Ámbar, Uquira, entre tantas otras, donde pueden obtener apoyo psicológico, información y orientación.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El #MeToo venezolano, por Dhayana Fernández-Matos

@dhayanamatos

En 2017 el productor de cine hollywoodiense Harvey Weinstein fue destituido de su empresa por las acusaciones de acoso sexual contra actrices y otras empleadas. Fue el periódico The New York Times el que publicó las violencias que Weinstein había cometido contra distintas mujeres durante más de 30 años.

Diez días después de la publicación, el 15 de octubre de 2017, la actriz Alyssa Milano –conocida en Venezuela por el papel que tenía cuando era niña en la serie de televisión ¿Quién manda a quién? (Who’s the Boss? en inglés) y en Charmed– escribía en su Twitter el hashtag #MeToo, en el que invitaba a las mujeres a compartir y hacer públicas sus experiencias de acoso.

Actrices muy conocidas respondieron a este llamado, entre ellas, Ashley Judd, Mira Sorvino, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie. Esto generó que muchas mujeres, no conocidas, también expresaran sus testimonios y quedara en evidencia que el problema no era solo Weinstein, sino una cultura de abuso y acoso sexual “normalizada” que afecta a las mujeres y que responde a ese continuum de violencia que permea los espacios privados y públicos en los que se desenvuelven y que, sin dudas, se constituye en un obstáculo en su vida y en su salud física, psicológica y sexual.

#YoSíTeCreo

A las reacciones al #MeToo gringo, se le unió el lema “Hermana, yo sí te creo”, cuyo origen fue un texto del escritor gallego Roy Galán, en el que manifestaba su apoyo a una mujer víctima de violación por cinco hombres (conocidos como La Manada) durante las fiestas de Sanfermines.

El trato discriminatorio que se le dio los primeros tiempos a la víctima por parte del juez de la causa, y la molestia que provocó en España que los abogados de los acusados se basaran en la supuesta “mala reputación” de esta en los alegatos de defensa, hicieron que el movimiento de mujeres, feministas y la población en general reaccionaran. Las manifestaciones, plantones, campañas por redes sociales, entre otras acciones, se repitieron por todos lados.

Este lema también se viralizó y se extendió su uso por distintas regiones del mundo. En América Latina, #MeToo y #YoSíTeCreo, han sido usados recurrentemente por los movimientos de mujeres y feministas para apoyar a aquellas que no obtienen respuestas a sus demandas de justicia en los casos de violencia y ante la revictimización que sufren por parte de los funcionarios públicos cuando ponen en duda sus testimonios, basados, entre otras razones, en prejuicios y representaciones sociales estereotipadas de lo que “debe ser” una mujer víctima.

También se han usado para manifestar apoyo a alguna mujer que se atreve a romper el silencio y contar su experiencia como víctima de agresión y violencia sexuales.

Esto es lo que ha estado ocurriendo en el caso de las mujeres venezolanas desde el fin de semana pasado. Comenzó con testimonios sobre actos de violencia contra muchachas muy jóvenes cometidos por ciertos músicos e integrantes de algunas bandas musicales nacionales, pero, como en los casos foráneos, fueron extendiéndose a otros tipos de agresores: profesores, jefes, compañeros de clases, vecinos, amigos, conocidos y desconocidos.

Y los testimonios no paran. Basta con entrar a Twitter para encontrar infinidad de venezolanas que cuentan su historia.

Hay quienes comienzan a hablar de una “cacería de brujas”, sin comprender que, como ocurre en los casos de pederastia, procesar emocionalmente las agresiones no es tarea fácil y puede llevar años de terapia lograr hacerlo, o incluso, no superarlo nunca. Pero, cuando alguien se atreve a romper el silencio, las otras personas sienten que su caso no es único y van adquiriendo confianza para contar su experiencia propia. Se genera un efecto dominó.

Bajo la alfombra de la “normalidad”

También es importante tener presente que, muchas de las conductas que hoy en día son claramente reconocidas como violencia, durante mucho tiempo se consideraron “comportamientos normales” y formas de interrelacionarse que eran legitimadas socialmente.

Por ejemplo, que en el trabajo hubiese un acosador (no un “picaflor”) que se aprovechaba de su posición de poder para intentar tener sexo con alguna de sus compañeras o empleadas, o un intercambio de sexo por un aumento de salario o por un cargo más alto. El profesor de clases, reconocido, respetado y admirado que invitaba a salir a una estudiante, hasta acosarla sexualmente, a cambio de una buena calificación. El anciano o el adolescente (no hay un grupo etario específico) que tocaba a la vecinita de seis años y le daba caramelo para que no lo contara. El tipo en la calle que se siente con derecho de besar a una desconocida o tocarle una nalga y cree que su comportamiento es gracioso. El cantante, músico o deportista famoso que cree que esta es razón para tratar a las mujeres como objetos desechables y agredirlas sexualmente. El funcionario de prisiones que, en lugar de proteger los derechos de las mujeres privadas de libertad, las viola.

El que emborracha a una mujer para luego violarla, el esposo que viola a su esposa porque la considera de su propiedad, entre tantos otros casos. Todos son actos de violencia contra las mujeres basada en género. Si nos atrevemos a reflexionar y a ampliar nuestra mente, es bastante probable que todos podamos reconocer a un depredador sexual.

La asimetría del poder, pasto para el abuso

En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer aprobada por las Naciones Unidas en 1993, se dejó claramente establecido que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer” y, además, se trata de “uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.

Comprender esta definición resulta fundamental para que se visualice porqué los actos señalados por el movimiento #MeToo venezolano se constituyen en violencia contra las mujeres, ya que se basan en agresiones y asimetrías de poder.

Retomemos los ejemplos señalados para observar cómo se configura la asimetría de poder. El jefe ante la posición de una empleada subalterna; el profesor brillante ante su discípula; el músico famoso ante su fan; el hombre adulto ante la niña; el esposo que se cree propietario de su cónyuge; el hombre de la calle que sabe que la mujer no va a reaccionar porque le tiene miedo… Todos estos casos se definen por ese poder que les permite agredir a las mujeres que se encuentran en una posición subordinada.

Esta subordinación es de origen histórico y hunde sus raíces en los obstáculos que han tenido que ir superando las mujeres para obtener la condición de ciudadanas y ejercer derechos. Lo que hoy día se ha conseguido de manera formal, pero aún falta mucho para que hablar de una igualdad real y efectiva.

Violencia sexual según la justicia internacional

También es importante entender que la violencia sexual va más allá de la violación. Este último delito es solo una de las manifestaciones de este tipo de violencia.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define, tipifica como delitos, 21 acciones, entre ellas, los actos de acoso, amenaza y violencia sexual, que en los testimonios de Twitter son los más numerosos. No obstante, quiero remitirme a la primera definición de violencia sexual elaborada por un tribunal internacional.

Se trata del caso The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, conocido por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), en los crímenes cometidos durante el genocidio ruandés. En su sentencia, el tribunal determinó que la violencia sexual es “cualquier acto de naturaleza sexual que se comete contra una persona bajo circunstancias coercitivas”. Esto incluye también la violación.

Además, agregó que “La violencia sexual no está limitada a la invasión física del cuerpo humano y puede incluir actos que no implican penetración ni contacto físico”.

La importancia de esta definición es que dejó expresamente establecido que se puede dar violencia sexual, incluso cuando no hay contacto físico alguno, siempre que se trate de actos de naturaleza sexual en contra de una persona y que haya coerción, que se le obligue a hacerlo.

Esto implica que, aun ciertos actos que no pueden ser perseguidos penalmente, entran dentro de esta definición.

La violencia contra las mujeres es metaestable, se persiguen ciertas formas de agresión y aparecen otras que no pueden ser enjuiciadas porque no están tipificadas penalmente, pero eso no quiere decir que los testimonios sean falsos.

Todo lo que está sucediendo con el #MeToo venezolano debe llevarnos a reflexionar sobre las barreras, obstáculos y violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres venezolanas por el hecho de serlo. Además, como sociedad debe llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de que se den transformaciones socioculturales que permitan a las mujeres el goce efectivo de su derecho humano a una vida libre de violencias. El cambio cultural, la superación del machismo, es el mecanismo más eficaz para superar esta grave problemática.

Y mientras tanto… #YoSíTeCreo…

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Feminización de las migraciones, por Dhayana Fernández-Matos

@dhayanamatos

Hablar sobre migraciones se ha convertido en un tema cotidiano en la vida de la población venezolana. Todas las personas conocen a alguien o tienen algún familiar que, debido a la crisis humanitaria del país, ha tenido que salir. Y la diáspora no deja de crecer.

Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V), se estima en 5.642.960 las personas venezolanas en movilidad y, a este ritmo, es bastante probable que para finales de año se superen los seis millones.

Colombia con un total de 1.742.927 entre personas refugiadas y migrantes, Perú con 1.049.970 y Chile con 457.324, son los tres países con la mayor proporción de personas de nacionalidad venezolana.

Destaca el hecho de que se trata de una migración sur-sur, ya que más del 75 % del total se concentra en la región latinoamericana. En ese sentido, es importante tener presente que los países de destino no son los que presentan los índices de desarrollo humano más alto; se trata de países que tienen problemas estructurales no resueltos. Se distinguen por tener una institucionalidad débil en la mayoría de los casos, hay corrupción en distintos niveles, presentan altos índices de criminalidad, violencia contra las mujeres basada en el género y descomunales brechas sociales. En ese contexto, muchos venezolanos viven en condiciones de pobreza en países con un alto porcentaje de su población que también está en estas circunstancias.

Aunque estos estados no son el “sueño” colombiano, peruano, chileno o ecuatoriano de alguien, no obstante, son sociedades que, aun en sus circunstancias, están en mejores condiciones socioeconómicas y sanitarias que las que tiene Venezuela. Esto lleva a muchas personas a trasladarse y a insertarse en el mercado laboral de los países de destino, en condiciones precarias y son vulnerables a la explotación en sus distintas manifestaciones.

La magnitud de la migración venezolana –entendiendo migración en sentido amplio que incluye también a las personas refugiadas, solicitantes de refugio, necesitadas de protección internacional, migración pendular y otras formas de movilidad humana– ha sido comparada, por la rapidez con la que se ha dado y por la afectación en los países vecinos, con la ocurrida en Siria.

Se observa que el interés en la migración venezolana ha venido creciendo constantemente. Se realizan investigaciones a nivel nacional e internacional sobre distintas dimensiones de este proceso. En este sentido, se precisa destacar cómo viven las mujeres, las niñas y las adolescentes este fenómeno.

Es importante tener presente que hombres y mujeres no se ven afectados de igual manera por el proceso migratorio. Se requiere tener un enfoque de género, centrado en las mujeres, e interseccional, que permita evaluar el impacto que este fenómeno tiene en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas migrantes venezolanas.

Desde los años 80 del siglo XX, se comenzó a indagar sobre la feminización de las migraciones, que se refiere no tanto al aumento del número de mujeres en los procesos migratorios –lo que no es novedoso– sino a comprender sus propias motivaciones y experiencias en dichos procesos. Además, implicó que se desmontara la falsa creencia de que las mujeres siempre migraban con un hombre: su pareja, novio, padre, hermano, entre otros, para que se empezara a observar que tenían sus propias motivaciones y que sus procesos migratorios diferían de los de estos. En definitiva, que “las aves de paso también son mujeres”, en referencia al título de un trabajo pionero en esta materia, escrito por Mirjana Morokvásic en 1984.

En el caso de las mujeres venezolanas migrantes, se requiere visualizar que su desplazamiento es muy variado. Están las que se trasladan con su pareja y conforman familias nucleares de padre, madre, hijos e hijas, pero existen otras maneras de desplazarse. Las madres que se trasladan con sus hijos sin la compañía de un hombre; las que son madres, pero se trasladan sin sus hijos, quedando estos en Venezuela bajo el cuidado de otra persona, en la mayoría de los casos, otra mujer; las que se van con una pareja y sin hijos; las que se van con familiares hermanas/os, primas/os, entre otras/os; las que lo hacen con amistades y las que lo hacen solas.

Esta variedad también se evidencia en las razones que manifiestan para salir del país. Si bien hay una línea de base común, la crisis humanitaria, algunas privilegian la escasez de alimentos, de medicamentos, o ambas, como motivo para irse. Otras, las dificultades para acceder a servicios de salud para sí mismas o para su familia. Para algunas, la inseguridad es el factor que más influyó, mientras que, para otras migrantes, es la desinstitucionalización del Estado, la corrupción y la falta de garantía para el ejercicio de sus derechos humanos, el motivo principal. En no pocos casos, hay una combinación de distintas razones.

Un factor en el cual coinciden las venezolanas migrantes es en la preocupación por su condición migratoria, principalmente en los casos en que se encuentran en una situación administrativa irregular, debido a las limitaciones que ello acarrea para la obtención de un trabajo, acceder a un centro de salud, conseguir que les arrienden una habitación o una vivienda y, en general, para el ejercicio de sus derechos humanos.

Esta preocupación por la condición migratoria la comparten las mujeres con los hombres migrantes. No obstante, si se incorpora un enfoque de género, centrado en las mujeres, se pueden observar las diferencias entre unas y otros.

En cuanto al derecho al trabajo, por ejemplo, la falta de documentos expone a todas las personas a trabajos precarios, pero en el caso de las mujeres, además de la explotación laboral, su condición de vulnerabilidad, las expone a ser víctimas de explotación sexual y de distintas formas de violencia contra las mujeres basada en el género.

En distintas investigaciones hechas en Perú, Ecuador, Colombia –incluidas las realizadas por quien suscribe este artículo–, entre otros países, las venezolanas han dado su testimonio de cómo la estigmatización sexual del origen nacional se convierte en un riesgo permanente y constante en sus vidas.

En el ámbito laboral esta estigmatización se manifiesta de distintas formas. Desde el acoso sexual que sufren por parte de los empleadores, o la discriminación por considerar que todas las venezolanas son “quita maridos”, “ejercen la prostitución”, “son fáciles”, por lo que se rechaza su contratación.

En el caso de las que trabajan como vendedoras ambulantes, diariamente se enfrentan al acoso y a proposiciones sexuales de los hombres, lo que incluye, en no pocas ocasiones, agresiones verbales y violencia física por parte de estos cuando son rechazados.

Los casos de violencia y acoso sexual no son denunciados por las venezolanas por distintas razones, entre las que cabe resaltar el miedo a ser deportadas debido a su situación de migrante irregular.

A este panorama, deben agregarse los riesgos que tienen de ser víctimas del crimen organizado y caer en redes de trata de personas y explotación sexual.

En este sentido, es preciso alertar que hay un tráfico con las mujeres venezolanas que parece no importarle a nadie. Ni al Estado venezolano que no se pronuncia ni toma medidas para proteger a sus nacionales, ni tampoco a los Estados receptores, que no las consideran en sus estrategias y políticas migratorias. Sus vidas son consideradas desechables.

En cuanto a la vivienda, también hay que hacer un análisis diferencial de género que visualice las experiencias de las mujeres, lo que resulta más acuciante cuando se habla de desalojos. Esta problemática se ha visto intensificada en el contexto de la pandemia de la covid-19 y ante las dificultades existentes para la obtención de medios de vida, principalmente en los casos de quienes se dedican a la economía informal.

Una encuesta regional sobre desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, realizada por la Plataforma R4V con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021, arrojó como resultado que, de las mujeres que son cabezas de hogar, el 92 % tiene personas menores de 18 años bajo su cuidado, por lo que un desalojo puede tener un impacto desproporcionado en sus vidas.

A lo dicho en el párrafo anterior, debe agregarse que las venezolanas se ven expuestas a sufrir acoso y distintas manifestaciones de violencia por parte de los arrendatarios, quienes se aprovechan de su situación de poder y de la vulnerabilidad de las migrantes, para solicitar, y en algunos casos exigir por la fuerza, sexo a cambio del pago del arrendamiento.

En materia de salud, se sabe que muchas mujeres se trasladan a parir fuera de Venezuela debido a las circunstancias en las que se encuentran los centros hospitalarios del país, que no aseguran condiciones mínimas de atención ni para ellas ni para las y los recién nacidos. 

Esto genera críticas y rechazo por parte de las poblaciones de acogida, que consideran que los recursos públicos se gastan en extranjeras. A lo que se debe agregar comentarios xenófobos de figuras públicas, como en el caso de la periodista colombiana Claudia Palacios, quien en un artículo de opinión titulado Paren de parir, se preguntaba por qué las venezolanas traían hijos al mundo, ante el futuro incierto que les esperaba.

Este artículo encendió las redes sociales y los comentarios a favor o en contra de la opinión de Palacios no se hicieron esperar. Lo más grave de este caso, es que quien habla, se dice feminista y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero que es incapaz de ver, desde su posición privilegiada, la realidad de las migrantes y mostrar empatía. Que desconoce la mirada interseccional necesaria para visualizar que se trata de mujeres en su mayoría pobres, muchas de ellas sin posibilidades de acceder a métodos anticonceptivos o incluso, sin tener control sobre sus cuerpos y su sexualidad.

También es importante mencionar, en materia de salud, el síndrome de estrés crónico que padecen las personas migrantes en general y en particular las mujeres. El psiquiatra español Joseba Achotegui lo llamó “Síndrome de Ulises”, en referencia al héroe mitológico, vencedor de muchas batallas pero que siente añoranza por Penélope y su vida anterior.

En entrevistas con mujeres migrantes, es recurrente que manifiesten sus emociones y la tristeza por abandonar su tierra. Estas emociones repercuten en su salud física y mental. Algunas expresas ahogos, dolores articulares, cefaleas, irritabilidad, ansiedad, insomnio, entre otros síntomas que no parecen tener una causa física, sino que se encuentran ligados al proceso de extrañamiento, al “Síndrome de Ulises”.

Estos párrafos son solo una pequeña muestra de lo que implica la feminización de las migraciones y el impacto desproporcionado que tienen estas en la vida de las venezolanas que deciden o son obligadas a irse.

La preocupación por la situación de las mujeres venezolanas migrantes y los riesgos que deben enfrentar, llevó a la Asociación Civil Éxodo en alianza con Voces de Género y Mulier, con la adhesión de otras organizaciones, a desarrollar una campaña pública por los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en movilidad llamada “La mejor ruta”, en la que están generando informes técnicos, pódcast, historias gráficas y otros recursos que pueden resultar de gran ayuda para las venezolanas. La información se encuentra disponible en https://linktr.ee/LaMejorRutaVe y @LaMejorRutaVe, para quienes deseen conocer la campaña y adherirse a ella.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La salud es un derecho, por Dhayana Fernández-Matos

@dhayanamatos

El 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. Lo que se busca en los días conmemorativos es hacer reflexionar a las personas sobre las temáticas a las que se refieren.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió que el lema para 2021 era “Construir un mundo más justo y saludable”, un objetivo absolutamente loable, ¿quién en su sano juicio puede negarse al logro de esta meta?, ¿es que acaso este último año no nos ha dejado bastante evidencia de la necesidad de que este ideal sea alcanzado?, ¿no queremos todas las personas, salud para nuestras familias y para nosotras mismas?

Pero si algo nos muestra la realidad descarnada es que esa conjunción de justicia y salud está lejos de lograrse.

En el mundo hay muchas desigualdades para creer que estamos cerca de la construcción de un mundo más justo y saludable. Lo vemos en la inequidad en el acceso a las vacunas contra la covid-19, situación que ha sido denunciada por el presidente de la OMS, quien hizo un llamado a países ricos, como Israel y la Unión Europea, para que dejen el acaparamiento y compartan las vacunas con países pobres que enfrentan dificultades muy grandes por causa del virus.

También se observa al interior de los países en relación con la atención que reciben las personas de acuerdo con su condición social.

Se dice que el virus no discrimina, que no distingue las clases sociales. Puede que la covid-19 no lo haga, pero la atención a la salud que reciben las personas no es igual en ricos que en pobres, de eso no hay ninguna duda. ¿O es que acaso ustedes tienen dudas de que si Elon Musk o Jeff Bezos llegaran a necesitar un respirador (¡y que conste que no se los estoy deseando!), van a tener los problemas que tiene que enfrentar el ciudadano de a pie para conseguirlo? La respuesta a esta pregunta es un no rotundo, ya sabemos que “poderoso caballero es Don Dinero” y de alguna parte saldrá uno.

Ni hablar de las desigualdades de género en la salud, que se han visto agravadas por la pandemia de la covid-19 de distintas maneras. Aumento de la carga laboral de las mujeres, donde se yuxtaponen el trabajo productivo y reproductivo, sin que se diseñen políticas públicas destinadas a hacerle frente a este problema, lo que genera una grave afectación no solo en la salud física sino también en la salud mental. A esto se le debe agregar el aumento de los casos de violencia contra las mujeres en el contexto de relaciones de pareja, al estar encerradas con su agresor. En definitiva, que las mujeres viven una pandemia dentro de otra pandemia.

A lo dicho en el párrafo anterior debe agregarse que, según ONU MUJERES, el 73 % de las personas que trabajan en el sector salud en América Latina y el Caribe son mujeres y si se hace referencia a las personas licenciadas en enfermería, la cifra aumenta hasta el 87 %. Esto implica que las mujeres están en primera línea de atención ante la covid-19 y también en la primera línea de riesgo.

Pero otros factores o condicionantes sociales, están presentes cuando hablamos de la salud, por ejemplo, ese terrible flagelo que azota a América Latina. Me refiero a la corrupción (aunque también se da en otros países fuera de la región) y que genera que se desvíen los recursos destinados a la salud para el peculio de alguna persona corrupta. Y dicho en término coloquial, de esa cabuya, en Venezuela tenemos varios rollos.

Es importante reiterar que la corrupción tiene impacto en la protección de los derechos humanos y es una actividad que genera la violación de estos. Entre ellos, del derecho a la salud.

La salud es un derecho humano y no se refiere a la ausencia de enfermedades, sino, de acuerdo con la Constitución de la OMS, se trata del “goce del grado máximo de salud que se pueda lograr”. Además, como derecho humano, implica obligaciones para los Estados de reconocerlo, garantizarlo y satisfacerlo.

Repito, el Estado venezolano está en la obligación de satisfacer el derecho a la salud de la ciudadanía.

Ya sabemos que la salud pública de calidad en Venezuela es una quimera. Como ejemplo, basta con revisar la página de GoFundMe y ver cuántas campañas hay activas en Venezuela, de personas que buscan recaudar fondos para hacerle frente a la covid-19, a algún cáncer o a cualquier enfermedad grave, ya que el Estado no les garantiza su salud y no tienen recursos para pagar los tratamientos. La cifra es alarmante y preocupante… ¡Cómo me gustaría que nuestro país tuviera los índices de calidad que muestra la salud pública de los países nórdicos! Sí, la pública, aquella que no es gratuita, sino que es pagada con los impuestos de la ciudadanía, ya que los recursos no se desvían a los bolsillos de los corruptos de turno, sino que se usan para lo que fueron programados. Pero bueno, ya sabemos que no somos Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia o Noruega.

Pero, aunque no seamos nórdicos, sí somos personas con derechos humanos que son exigibles. Y no puede el Estado ampararse en el bloqueo económico para dejar de cumplir con la garantía de estos.

En este punto, me gustaría recordarle a Nicolás Maduro, quien ya está vacunado, que la vida de las personas vale más que cualquier razón política; y a Guaidó, por su parte, recordarle que no estamos para repetir el mantra “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Lo que quiere la gente es que lleguen las vacunas y que lleguen pronto.

En momentos como estos es que los grandes estadistas se crecen y ponen el bienestar de su población por encima de sus apetencias personales, así que, a ambos, me gustaría recordarles que es un momento excepcional para todos y todas. Necesitamos las vacunas, tráiganlas, pónganse de acuerdo, nadie, salvo ustedes, está pensando en elecciones regionales, todas las personas en Venezuela solo piensan en cómo hacerle frente a este virus y tener salud, borrar de la memoria ese olor a muerte que tenemos impregnado.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Fernando Albán y la justicia transicional, por Dhayana Fernández-Matos

Foto de posterior: féretro de Fernando Albán (Reuters, en BBC Mundo); foto anterior: Sang Hyun Cho en Pixabay. Comp. N. Silva/Runrunes.

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Fernando fue mi estudiante, lo conocí en el año 2006. Fue uno de los seleccionados para cursar el Programa de Formación Inicial (PFI) para el ingreso en la carrera judicial en la Escuela Nacional de la Magistratura.

Eran otros tiempos. Todavía teníamos la ilusión de que era posible cambiar al Poder Judicial, y la selección transparente de quienes cursarían el PFI nos daba energía para apoyar ese proyecto.

Aunque hoy día cueste creerlo, las personas que hicieron ese primer curso quedaron por méritos propios –salvo dos o tres excepciones–. Eran abogadas y abogados que verdaderamente conocían de Derecho, con sueños por realizar; para algunas y algunos, llegar a ser juez o jueza había sido su meta profesional toda la vida.

Creo que pocas veces en Venezuela ha habido un programa de esta magnitud, que juntara lo más granado de quienes verdaderamente estudian el Derecho; venían de Maracaibo, de Bolívar, de Margarita, de Apure, de todas partes. Invirtieron tiempo, recursos, hicieron sacrificios familiares, perseguían un sueño. Este programa, “supuestamente”, les permitiría ser juez o jueza por méritos propios.

Y digo supuestamente porque después vino la dura realidad que ya se ha normalizado en nuestro país. Si usted no es afecta al gobierno y manifiesta a voz templada que es “roja rojita”, olvídese de que llegará a ocupar un puesto, aunque tenga las competencias y haya estudiado toda la vida para lograrlo.

Eso fue lo que sucedió con la gran mayoría de aquellas personas que hicieron el PFI, jamás las nombraron. Una parte, integra esa diáspora venezolana y se encuentra en distintos países; trabajando, luchando, cayéndose y levantándose para seguir adelante, pero no ingresaron al Poder Judicial. La otra, sigue en Venezuela también luchando, sobreviviendo y resistiendo.

Como dije al principio, Fernando fue un PFI, así los llamábamos. De él recuerdo su sonrisa permanente y unos panes muy ricos que me llevó un par de veces a la biblioteca, donde yo tenía mi oficina.

Él iba a conversar conmigo, hablábamos de lo que nos juntaba: los derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ocasiones, de la familia. Nunca supe si en esa época estaba aprendiendo a hacer pan o si era experto, en todo caso, lo que recuerdo es el cariño con que compartía conmigo.

Unos años después, cuando ya era concejal por el municipio Libertador, me lo encontraba con cierta frecuencia en el Centro Comercial Los Chaguaramos, cuando yo iba a dar clases en los salones de la UCV que se encuentran allí.

El tema de nuestras conversaciones era el de siempre: los derechos humanos. Cada vez que nos encontrábamos, Fernando me decía que iba a preparar unos talleres para que yo fuera a dictarlos. Yo le decía que sí, pero nunca concretamos nada.

Volví a saber de Fernando Albán ese fatídico 8 de octubre de 2018. Estaba en Maiquetía, me iba luego de cremar apenas 8 días antes a mi mamá. No recuerdo si fue por Twitter o por otro medio, pero sí recuerdo la rabia tan grande y el dolor que sentí al enterarme de su supuesto suicidio, que no creí en aquel momento, como sigo sin creerlo actualmente.

Al llegar a mi destino y encender el celular, tenía mensajes de varios integrantes del PFI dándome la noticia. Otras personas me escribían para saber si no iba a decir nada al respecto. La verdad que en ese momento no hice nada, no tenía fuerza. Como dije, habían transcurrido pocos días desde que mi mamá había muerto y no tenía ánimos para nada. Solo quien ha vivido esta situación puede comprender lo que digo. Pero eso no quiere decir que me haya olvidado de Fernando, siempre lo tengo en la memoria con su sonrisa eterna.

Fernando Albán como el resto de las personas muertas o asesinadas en circunstancias que no son claras, merecen que se investiguen los hechos, que se sepa la verdad de lo ocurrido.

Eso se lo debemos como sociedad no solo a quien murió o fue asesinado/a, sino también a sus familiares. Es en este punto que conecto con el tema de la justicia transicional.

Soy una ferviente creyente en el diálogo, en que es necesario negociar, acordar, buscar puntos de encuentro; en que no podemos seguir viéndonos como enemigos y llenándonos de odio porque no resolvemos nada. Sigo creyendo que en Venezuela cabemos todas y todos. Pero yo hablo de un diálogo real, transparente, donde prevalezcan los intereses colectivos por encima de los egos, la corrupción y los abusos de poder.

Creo que en Venezuela en algún momento se instaurará la justicia transicional, como lo han hecho Perú o Colombia, entendiendo por esta –siguiendo al Centro Internacional para la Justicia Transicional– la manera en que los países dejan atrás periodos de conflicto y represión para hacerle frente a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad, que no obtienen respuestas del sistema judicial existente.

El jurista colombiano Rodrigo Uprimny Yepes, gran conocedor del tema de justicia transicional, ha manifestado en reiteradas ocasiones el lugar prioritario que deben ocupar las víctimas en este tipo de procesos, incluidas sus familias y la necesidad de asegurarles una reparación, lo que es imposible de lograr si no hay un esclarecimiento de los hechos. En otras palabras, que si no se judicializan los hechos, no hay garantías para los derechos de las víctimas y sus familiares.

Eso implica que, si en Venezuela algún día se instaura la justicia transicional, hay que investigar qué pasó con Fernando Albán y con tantas otras muertes que no han sido esclarecidas. Se lo debemos o por lo menos siento yo que, como parte de la sociedad venezolana, se lo debo a Fernando, a sus hijos y al resto de su familia.

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Democracia en la calle, en la casa y en la cama, por Dhayana Fernández-Matos

Foto: portada del libro Escritos Feministas. La vigencia del pensamiento de Julieta Kirkwood en el Chile actual. Editorial Universitaria.

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Durante los años de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, las mujeres se organizaron para luchar por el retorno a la democracia, por los derechos de las personas detenidas, para conocer el destino de las que habían desaparecido y también por el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

En ese contexto, una intelectual, Julieta Kirkwood, precursora de los estudios de género en su país, dijo una frase que se convertiría en el lema del movimiento de mujeres chilenas en la lucha contra la dictadura: “Democracia en la calle, en la casa y en la cama”.

Con el tiempo, este lema traspasó las fronteras y, hoy en día, sigue viéndose en marchas y mítines de los movimientos de mujeres de toda América Latina ya que, pese a que han transcurrido varias décadas, aún está lejos el día en que las mujeres puedan decir que se ha alcanzado una verdadera democracia paritaria.

En un artículo publicado en Forbes, expresaba Erin Spencer que, al paso que vamos, la paridad de género se alcanzará dentro de 130 años.

A la fecha, solo 21 países tienen como jefa de Estado o de gobierno a una mujer y, del total de 193 naciones, en 119 nunca se ha elegido a una mujer a estos cargos.

Pero para que se alcance la paridad y una verdadera igualdad de género, no basta con que las mujeres representen la mitad de los puestos de decisión en los órganos políticos en todos los niveles. Se necesita más: la igualdad en las relaciones de pareja, la democratización del cuidado y del trabajo no remunerado o, como dice Julieta Kirkwood, también se requiere democracia en la cama y en la casa.

Democracia en la cama

Se vincula con la posibilidad de las mujeres de tener control sobre su cuerpo, su sexualidad y su capacidad reproductiva. En pleno siglo XXI, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es una utopía en nuestra región. La cantidad de mujeres que señalan que su primera relación sexual no fue consentida; las que son violadas por sus esposos, novios o compañeros; las que no pueden decidir sobre su cuerpo porque tienen al Estado, la medicina, las iglesias, al Derecho y a los hombres dentro de sus úteros inmiscuyéndose en temas que no les corresponden; los embarazos a temprana edad; la estigmatización de las que ejercen su sexualidad libremente, entre otras circunstancias, nos lleva a señalar que hay un largo camino por recorrer para lograr un cambio que democratice verdaderamente las relaciones en la cama.

Democracia en la casa

Obedece a esta separación y división sexual del trabajo que determina que el hogar, lo doméstico, es el espacio de las mujeres, quienes han sido designadas como las principales responsables del cuidado de la familia y de las labores domésticas. Incluso, en algunos casos son las únicas con esta responsabilidad.

Democratizar este espacio supone que se reconozca la corresponsabilidad de todos los miembros de un hogar en las labores domésticas y que el cuidado de los hijos debe ser responsabilidad compartida, de madres y padres. Bien claro lo señala la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) cuando habla de la función social de la maternidad: el hecho de que sea la mujer quien quede embarazada no debe significar que ella sea excluida o discriminada en el ejercicio de sus derechos y, además, que la educación de los niños y las niñas debe ser responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y la sociedad en su conjunto.

Además, debe fortalecerse la organización social del cuidado como tarea compartida entre las familias, el Estado y la sociedad.

Cuidar debe ser visto como un derecho humano de todas las personas y en ese sentido, implica obligaciones para el Estado.

Democratizar la casa también supone reconocer que el trabajo doméstico, no remunerado, crea valor y por tanto debe ser no solo contabilizado en las cuentas públicas, sino reconocido como trabajo. Nos referimos a un reconocimiento real, no solo a su establecimiento en un artículo de la Constitución.

Pensemos en un día en el cual las mujeres deciden no cocinar, ni realizar labores de cuidado, ¿esto paralizaría al país? Sin duda que lo haría, esto quiere decir que para que un país funcione, las labores domésticas y de cuidado son esenciales para la reproducción de la vida.

Tampoco en la casa estamos cerca de alcanzar la anhelada democracia. Y, en medio de una situación que ya era muy difícil para las mujeres por las dobles y triples jornadas laborales a las que tenían que hacerles frente, llegó la pandemia de la covid-19 para agravar la situación.

Las medidas de confinamiento social han tenido un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres por distintas razones. En primer lugar, porque para las mujeres, las niñas y las adolescentes de América Latina, el lugar más peligroso y donde hay más riesgo de sufrir violencia de género, por el hecho de ser mujeres, es su propio hogar. Y los principales agresores son hombres pertenecientes a la familia (esposo, novio, pareja, expareja, padrastro, hermanos, tíos, primos, abuelos) o cercanos a esta. Esta realidad supuso para las mujeres estar encerradas con sus agresores.

En segundo lugar, por la sobrecarga de tareas de cuidado. Si antes de la pandemia las mujeres mostraban promedios de horas de trabajo semanales superiores a los de los hombres, ahora, al no poder ir los niños a clases ni ellas al trabajo fuera del hogar, el tiempo del trabajo productivo (remunerado) y el reproductivo (no remunerado), se yuxtaponen y la sobrecarga laboral es peor. Y, por último, deben señalarse las altas tasas de desempleo, otro aspecto en el cual las mujeres han sido golpeadas más duramente por la pandemia. En algunos casos, el desempleo puede significar pérdida de la autonomía económica, lo que resulta fundamental en el avance de las mujeres y en el logro de relaciones más igualitarias en la casa.

Democracia en la calle

Ante un escenario como el que hemos pintado, se pueden entender las dificultades que existen para que haya verdadera democracia en la calle, vinculada con la presencia de las mujeres en la vida política, con el ejercicio del poder político y la toma de decisiones que afectan al bienestar general.

En este punto hay que señalar que, contrariamente a los mensajes vacíos de Nicolás Maduro el Día de la Mujer Trabajadora, cuando se atrevió a señalar que en Venezuela se había derrotado al machismo y a la cultura patriarcal –palabras irrespetuosas hacia las mujeres venezolanas y sus luchas por el reconocimiento de derechos que, a todas luces suenan a burla por ser falsas y por venir, precisamente, del jefe de un Estado feminicida–, en el país hay un rezago en garantizar los derechos políticos de las mujeres.

Para poner solo un ejemplo, basta señalar que Venezuela está entre los vergonzosos pocos países de la región que no tienen una ley de cuotas legislativas, que ha sido el mecanismo usado en América Latina para el avance de los derechos políticos de las mujeres desde 1991, cuando Argentina las adoptó por primera vez.

Cabe destacar que Venezuela sí tuvo cuotas legislativas. La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1997 las reconoció en el artículo 144, pero el flamante Consejo Nacional Electoral (CNE) las desaplicó en 2000 y dictó una resolución al respecto, alegando que dicha norma violaba el artículo 21 de la recién estrenada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refiere precisamente a la igualdad y que, además, establece la necesidad de que se asegure una igualdad real y efectiva, lo que se busca precisamente con un mecanismo como el de las cuotas de género.

Esta interpretación restrictiva del artículo 21 fue un duro golpe para el avance en los derechos políticos de las venezolanas, pero hay más.

El CNE se ha jactado de establecer la alternancia y la paridad en la lista de candidaturas en resoluciones en distintas elecciones, 2005, 2008 e incluso, para las elecciones de diciembre de 2020, pero no se establece sanción en caso de incumplimiento ni se evidencia que haya un monitoreo de los partidos políticos para que cumplan. Así que estas medidas son letra muerta y quedan como un saludo a la bandera.

Si de verdad se hubiese cumplido con la paridad y la alternancia, quizás las mujeres en la Asamblea Nacional no representarían únicamente el 31 % del total de diputados/as principales, según los cálculos que hemos hecho de acuerdo con la información que obtuvimos. Aunque el Estado habla de un 40 %, que no se sabe de dónde lo sacan ya que, como en otros temas, la opacidad y las dificultades para obtener los datos oficiales del CNE dificultan tener información totalmente confiable.

Lo cierto es que, mientras que más de 6 países de América Latina han establecido en sus constituciones y leyes la paridad, en Venezuela no se observa voluntad política para reconocerla.

Pero el irrespeto hacia las venezolanas y sus luchas por derechos políticos sigue. El 15 de marzo, la diputada Asia Villegas publicó en Twitter que fue “con la llegada del CMdte. Chávez que las mujeres pudimos empezar a votar por otras mujeres”. Las respuestas de rechazo ante semejante mentira no se hicieron esperar.

Si bien es cierto que todavía es muy largo el camino por recorrer, no se puede desconocer que antes del chavismo –que en 22 años en el poder no ha hecho avances significativos en los derechos políticos de las mujeres–, en Venezuela hubo mujeres candidatas presidenciales como Ismenia Villalba o Irene Sáez, la gobernadora Lolita Aniyar de Castro, senadoras como Mercedes Pulido de Briceño y Evangelina García Prince o diputadas como Ixora Rojas, Isolda Herrera de Salvatierra y Argelia Laya, para nombrar solo algunas.

Mujeres que lucharon por sus derechos y por los de todas las venezolanas, que lograron la reforma del Código Civil en 1982, que tuvieron que enfrentarse a un ambiente político hostil para las mujeres (continúa siéndolo), que tienen su lugar en esa historia pocas veces contadas de la vida política de Venezuela, que no pueden quedar borradas por la idolatría a un hombre que supo instrumentalizar muy bien a las mujeres en sus discursos, pero que no cumplió con su gran promesa de sacarlas de la pobreza.

Insistimos que estamos lejos de lograr la democracia en la calle, la democracia paritaria. No hay voluntad política ni por parte del chavismo ni por parte de la oposición, pero no es negando la historia y las luchas de las mujeres que vamos a avanzar. Así que a la diputada Asia Villegas le pedimos que, en lugar de borrar la historia de las mujeres políticas venezolanas, trabaje fuerte para que tenga un lugar en ella.

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¿Tiempos de estatutos para la protección de personas migrantes venezolanas?, por Dhayana Fernández-Matos

Biden y Duque le tienden la mano a los migrantes venezolanos. Izq. venezolanos en EE. UU. (foto archivo El Nacional); der.: el presidente Iván Duque (foto Presidencia de Colombia). Comp. Runrunes.

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Como venezolana, migrante, defensora de derechos humanos e investigadora que trabaja con personas migrantes, refugiadas y necesitadas de protección internacional, debo reconocer que el hecho de que Colombia y Estados Unidos hayan emitido estatutos de protección temporal para los venezolanos me llena de regocijo.

Quienes andamos en estas lides, sabemos que un elemento fundamental para hacerle frente a la vulnerabilidad que afecta a la población migrante es regularizar su situación; esto permite tener los documentos en regla, poder buscar empleo formal, abrir una cuenta bancaria, cotizar en la seguridad social, cursar estudios, en fin, poder realizar un conjunto de actividades cotidianas, que son prácticamente imposibles de efectuar por aquellas personas en situación irregular, quienes comúnmente son denominadas “ilegales”.

No hay persona “ilegal”

Cabe destacar que no hay seres humanos ilegales, ya que las leyes son posteriores al hecho de ser persona; y considerar a alguien de esta manera viola su derecho humano al reconocimiento de su personalidad jurídica. A lo que se debe agregar el efecto estigmatizador del uso de este término, lo que lleva a criminalizar, sin justa causa, a quienes están en una situación administrativa irregular.

Las migraciones han sido parte de la vida humana desde tiempos remotos, no obstante, es desde el siglo pasado que se han convertido en un problema fundamental para los Estados. Y este es un punto en el cual se debe hacer hincapié.

Son los Estados los que construyen socialmente la migración como un problema. Son los Estados los que instrumentalizan la migración para sus propios intereses. Son los Estados, en el contexto de la globalización económica, los que apuestan por la liberalización del capital, por el libre intercambio de los productos y, en temas de movilidad humana, por una regulación y control estricto de sus fronteras. Esto es lo que se conoce como las paradojas del proceso de globalización.

Así las cosas, en un contexto como el actual, la restricción de las fronteras y la estrategia de securitización implementada por muchos Estados (ejemplo claro es la estrategia de expulsión y control del presidente Sebastián Piñera de Chile) no logran su cometido, el cual es frenar las migraciones. Las personas siguen desplazándose aunque no tengan una visa u otro documento para su permanencia regular; lo que pasa es que lo hacen con mayores riesgos y esto exacerba su vulnerabilidad.

Además, ante la desesperación por salir y por establecerse en otro país, se convierten en blancos fáciles para las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos de los cuales pueden ser víctimas.

Refugiados, migrantes y DD. HH.

En el caso de Venezuela, donde la migración es forzada y se da ante una emergencia humanitaria compleja, la situación es aun más grave. La distinción entre personas refugiadas, aquellas que huyen por ser perseguidas, y migrantes, quienes se movilizan “libremente” por razones variadas, entre las que se destacan las económicas, no es tan clara como a veces se pretende señalar.

Aunque hay una clara definición de lo que es una persona refugiada, no ocurre lo mismo con lo que es una persona migrante; no existe a nivel internacional una definición jurídica de esta categoría. A lo que se debe agregar, en el caso de las personas venezolanas, que es muy tenue esa línea entre refugiados y migrantes ya que estos últimos, que supuestamente salen por motivos económicos, lo hacen por encontrarse en un contexto de violación de sus derechos económicos, sociales y culturales que les impide proveerse de las condiciones materiales que aseguren una existencia digna.

Este escenario llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 2/18, se refiriera a la movilidad de personas venezolanas como una migración forzada y exhortó a los países de la región a reconocer la condición de persona refugiada, de acuerdo con la definición de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984, que incorpora a esta categoría a quienes huyen de una violencia generalizada o por la violación sistemática de derechos humanos.

Esta declaración es del año 2018, cuando ya se empezaba a hablar de éxodo masivo, que ha ido aumentando hasta el punto de que, para inicios de 2021, ya había más de 5 millones de personas venezolanas fuera del territorio nacional. Este fenómeno solo es comparable por su magnitud, el impacto en los países vecinos y por la rapidez del desplazamiento, con el sirio, con la diferencia de que en este país del Medio Oriente hay una guerra declarada.

Estatutos de protección vs. alambradas

En estas circunstancias, es indudable que medidas como los estatutos temporales para la protección de personas migrantes venezolanas llenan de alegría a quienes pueden regularizar su situación. Pero también lleva a preguntarse si esto implica un cambio a nivel internacional en las estrategias de securitización y controles fronterizos que han marcado las políticas migratorias de la mayoría de los países durante los últimos años, hacia políticas inclusivas y centradas en el respeto de los derechos humanos.

La respuesta a esta interrogante es un no rotundo. No se observa un cambio de enfoque. Lo que se visualiza es, por el contrario, un aumento de los controles fronterizos incluso cierre de fronteras, aumento del personal militar en zonas limítrofes, exigencia de visas con un conjunto de requisitos cada vez más difíciles de cumplir, en fin, una serie de medidas que están muy lejos de centrarse en un enfoque humanitario y de derechos humanos.

Ante este panorama, las decisiones de los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Joe Biden en Estados Unidos destacan. Se presentan como acciones humanitarias, que lo son, pero detrás de ellas hay que hurgar en eso que se conoce como la realpolitik, término de origen alemán, definido por el Diccionario de la lengua española como la “Política basada en criterios pragmáticos, al margen de ideologías”. En otras palabras, que estos gobiernos no tomaron estas decisiones por “buena gente”, sino porque mediante un análisis de costo-beneficio, las consideraron positivas para sus intereses.

El gesto de Duque

En el caso de Iván Duque, poco antes de la presentación del proyecto de decreto del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV), específicamente el 21 de diciembre de 2020, expresaba que las personas venezolanas irregulares no serían vacunadas porque implicaría una estampida de gente cruzando la frontera para hacerlo. ¿Qué llevó al presidente colombiano a cambiar de posición en un mes y extender la protección para los migrantes venezolanos?

Se han dado distintas explicaciones al respecto. Sobre todo tomando en cuenta de que se trata de una medida impopular; la mayoría de la población colombiana no dio su beneplácito a esa decisión.

Uno de los argumentos se vincula con el hecho de que en Colombia se concentra el mayor número de migrantes de nacionalidad venezolana y más de la mitad se encuentra en condición irregular. Regularizar a esta población implica que tendrá que aportar a las arcas nacionales mediante el pago de impuestos, en un momento donde los Estados buscan recursos de distintas maneras ante la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19.

Otros señalan que es un tema de trascendencia. Hasta ahora, Iván Duque no ha tomado ninguna medida que deje una huella histórica de su mandato, lo cual podría lograr con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la más amplia protección humanitaria otorgada a personas venezolanas y que le ha valido elogios de la comunidad internacional.

Pero no se puede olvidar que tanto durante su campaña, como a lo largo de su mandato, el gobierno de Iván Duque ha sido el principal oponente de Nicolás Maduro en la arena internacional, por tanto, esta medida demuestra congruencia entre el discurso y las acciones, de las cuales se espera obtener dividendos políticos.

Biden: giro de timón en temas migratorios

En el caso de Joe Biden, hay que recordar que durante el gobierno de Barack Obama fue vicepresidente y apoyó sus políticas migratorias, entre ellas, la expulsión masiva de migrantes, con cifras superiores a las registradas durante el mandato del xenófobo Donald Trump. Esto llevó a caracterizar al gobierno de Obama como el mayor expulsor en la historia estadounidense. Así que tampoco se puede presentar a Biden como el adalid de esta población.

El estatuto de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) para venezolanos fue una de las promesas del hoy presidente de Estados Unidos durante su campaña presidencial y responde a ese giro de timón que se observa en el abordaje de los problemas migratorios, donde, por lo menos en el discurso, se busca transformar las estrategias de securitización, las medidas de arresto de migrantes y la violación de derechos humanos que fueron recurrentes durante el gobierno de Trump. Por ahora, no ha sido fácil implementar los cambios por las limitaciones legales y burocráticas para hacerlo.

El TPS supone una diferencia importante con su antecesor Trump, quien se concentró en el establecimiento de sanciones para Venezuela y en el apoyo a Juan Guaidó, pero que esperó hasta su último día en la Casa Blanca para prohibir la expulsión de personas de Venezuela, una protección mucho más limitada que la que proporciona el TPS.

Pero independientemente de las razones de los gobiernos, para los venezolanos en Colombia y Estados Unidos los nuevos estatutos les dan motivos para caminar con más tranquilidad, por eso debemos mostrar nuestro agradecimiento.

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Claudia López, la alcaldesa xenófoba y populista, por Dhayana Fernández-Matos

@dhayanamatos

La alcaldesa Claudia López lo volvió a hacer. Nuevamente arremetió contra los venezolanos y los hizo responsables de los índices de inseguridad de Bogotá, por supuesto, sin datos estadísticos que sustenten sus afirmaciones.

Sus declaraciones son simple oportunismo y una búsqueda por mejorar sus índices de popularidad. Esta estrategia no es novedosa, abunda en la historia reciente de los partidos de extrema derecha; hay varios líderes políticos que convierten el discurso “antiinmigración” en un componente clave de su acción política.

Infundir miedo al otro, al extranjero, culparlo de los males estructurales de la sociedad de acogida, ha sido una táctica recurrente a nivel mundial con claros ejemplos como Donald Trump, el partido Vox en España o recientemente, el candidato presidencial peruano Daniel Salaverry.

Lo que llama la atención en este caso, es que se trata de una mujer perteneciente a un grupo humano en una situación histórica de desventaja, la población LGBT, que en principio, debería tener empatía con otro grupo humano en situación de vulnerabilidad; además, porque su trayectoria política se ha fundamentado en un supuesto accionar centrado en las personas, pero para la alcaldesa, los venezolanos no entramos en esa categoría.

Más allá de los fines electoreros y populistas de Claudia López con sus mensajes xenófobos, preocupa el efecto de estos en la población colombiana, donde día a día aumenta el sentimiento antiinmigración.

Y la alcaldesa, en lugar de cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos a TODAS las personas, incita al odio y a la discriminación.

Según el Barómetro de la Xenofobia, citado por Proyecto Migración Venezuela, luego de las palabras de la alcaldesa, los mensajes por las redes que vincularon la migración con la seguridad aumentaron en 1800%, con lo peligroso que resulta la criminalización y la estigmatización de los migrantes, lo cual repercute principalmente en aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Pero ese discurso xenófobo de la alcaldesa no es simple casualidad, no es “que se le salió”, es estudiado, evaluado y analizado los costos-beneficios que le pueden traer usarlo en su carrera por la silla presidencial. Lo que eso implique para la vida de decenas de miles de personas es un mal menor ante las apetencias de poder.

Claudia López forma parte de ese grupo de líderes políticos que son muy buenos en la oposición; llenan y llenan titulares con sus denuncias de corrupción, con sus fabulosas ideas para hacer políticas públicas que mejoren la vida de la población –por ejemplo, mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá–, pero que una vez son electos empiezan a demostrar sus falencias en lo que implica la gestión pública.

Estas falencias las ha demostrado en el tratamiento del tema de la movilidad, su gran promesa electoral, pero también en el manejo de la pandemia de la covid-19.

A diferencia de otras mujeres lideresas como Angela Merkel de Alemania y Jacinda Arden de Nueva Zelanda, así como mujeres representantes de gobiernos subnacionales, que han sido elogiadas por su manejo rápido de la situación y el establecimiento de medidas dirigidas a controlar la pandemia, la alcaldesa de Bogotá se ha distinguido este tiempo por sus constantes discusiones con el gobierno central (¡Dios nos guarde de defender al delfín de Uribe!, pero esa es la realidad) y sus políticas locales de ensayo-error ante el virus.

La guinda en el pastel la puso sus vacaciones a Costa Rica a principios de año, en pleno desarrollo de la segunda ola de covid-19 en Bogotá y después de insistirles a los bogotanos que se quedaran en sus casas. Esto le valió muchas críticas que la obligaron a adelantar su viaje de regreso. Pero más allá de eso, demuestra que la flamante alcaldesa no predica con el ejemplo.

Hasta la fecha y con poco más de un año de mandato, sus comportamientos han generado innumerables críticas, no solo de sus oponentes, sino de personas cercanas a su ideología.

Y, aunque sigue teniendo altos índices de popularidad, estos han caído significativamente; por lo que tenía que buscar generar un impacto en la población para aumentarlos y nada mejor que propiciar el discurso xenófobo y antiinmigración.

Cabe destacar que no es solo la xenofobia, sino peor aun, es lo que Adela Cortina denomina la aporofobia, el rechazo a quien es extranjero y pobre. Esto se nota en las palabras de la alcaldesa cuando constantemente repite que a los venezolanos se les ha “dado de todo”, refiriéndose precisamente a aquellos migrantes en situación de pobreza.

Todo este panorama lleva a que las personas venezolanas migrantes que estamos en Colombia y que día a día trabajamos por este país, que nos encontramos agradecidas por habernos recibido, que aportamos, que sumamos, no aceptemos las palabras de la alcaldesa. Porque nos discrimina, nos estigmatiza y nos criminaliza.

Es cierto que no tenemos un gobierno que nos represente, que reclame por nosotros, porque el que tenemos nos considera traidores a la patria por irnos a buscar vivir con dignidad; pero eso, en lugar de doblegarnos, nos debe fortalecer. Debemos reclamar, protestar y exigir a la alcaldesa de Bogotá que nos respete como personas y respete nuestros derechos humanos.

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